ACUERDO
HUMANITARIO: ¿CÓMO DESATAR EL NUDO?
Por Luis Carlos Restrepo R *
Nos duele en carne propia el drama de los
secuestrados. Se trata de un crimen atroz que ataca con premeditación al vínculo
amoroso, poniendo en indefensión a la víctima para
extorsionar al familiar acongojado. Las Farc manejan con precisión
este instrumento de terror, sometiéndonos a un chantaje colectivo.
Toman ciudadanos inocentes para obligar al Gobierno a liberar de
las cárceles a los guerrilleros presos, con un doble propósito:
propinar un golpe político y moral a las fuerzas del Estado,
y recuperar hombres que necesitan para fortalecer su aparato de guerra.
No obstante ser los victimarios, con audacia
invierten las cargas, mostrando al Gobierno como responsable de
su delito. Con maestría
sofística pretenden cambiar el carácter de los hechos
con juegos de palabras, llamando a los secuestrados “prisioneros
de guerra”, para igualarlos al delincuente que paga en la cárcel
su ofensa contra la sociedad. Y manipulan los sentimientos de los
familiares, buscando acorralar al Gobierno al que muestran como insensible
e indiferente por no ceder a sus pretensiones.
Mirando la cara de esta dura realidad, jamás hemos dejado
de buscar alternativas humanitarias para la liberación de
los secuestrados. El recuento de esfuerzos es largo. No quiero ahora
detenerme en los detalles. Sólo recordar que desde diciembre
pasado, hemos planteado a las Farc una propuesta que no ha tenido
respuesta. La posibilidad de encontrarnos en cualquier iglesia rural
o urbana del país. El procedimiento planteado es sencillo.
En un gesto de buena voluntad las Farc liberan un grupo de secuestrados
en su poder. Acto seguido procedemos al encuentro para ultimar detalles
del acuerdo, y como resultado final de éste las Farc liberan
el resto de personas privadas de la libertad.
El Gobierno ha fijado unos criterios que
es sano recordar. En primer lugar, los guerrilleros liberados deben
comprometerse a no volver
a delinquir. Así lo exige la ley penal colombiana y también
la política estatal de preservación del bien común.
Si a un condenado se le ofrece el beneficio de la excarcelación,
lo mínimo que puede exigirle la sociedad es su compromiso
de no volver a delinquir. Esta garantía básica de no
repetición es eje del derecho penal y de cualquier esfuerzo
que se adelante por la paz del país.
En segundo lugar, no podemos caer en el juego
de desmilitarizar extensas zonas del territorio nacional para propiciar
encuentros
con los ilegales. Este mecanismo está agotado y en vez de
acercarnos al acuerdo humanitario, nos aleja de él. La propuesta
del Gobierno es sensata: definir un punto de encuentro y brindar,
en compañía de la Iglesia colombiana y la Cruz Roja
Internacional, las condiciones de seguridad para dicho encuentro.
Finalmente, poco sentido tiene recurrir una
y otra vez a fórmulas
que se inscriben en lo que el anterior director del CICR en Colombia
llamaba “interpretaciones criollas del DIH”. Decir que
se pueden aplicar normas del Protocolo I –que rige los conflictos
internacionales–, al ámbito del Protocolo II, con el
propósito de pasar por encima de la ley penal interna que
el mismo Protocolo II insiste en preservar, es un salto mortal que
resulta interesante como hipótesis académica, pero
carece de realismo para ser una fórmula viable. El día
que el Presidente acepte liberar guerrilleros de las cárceles
sin tener en cuenta la ley penal interna, termina antes de 24 horas
acusado de prevaricato ante el Congreso, que bien podría condenarlo
por dicho delito.
El acuerdo humanitario, lo hemos dicho, es
un acuerdo de buena voluntad. Político, si así se quiere llamar, pero ajustado a
las leyes nacionales e internacionales. No se trata de una negociación
sobre secuestrados, pues sería colocarnos por debajo del mínimo
humanitario, como nos lo dejó claro Naciones Unidas al comienzo
del gobierno. Se trata de un acuerdo de voluntades.
El Gobierno hace, de buena voluntad, lo que
quiere y puede hacer; la guerrilla hace, de buena voluntad, lo
que quiere y puede hacer.
En otras palabras, el Gobierno libera, de acuerdo con las leyes colombianas,
guerrilleros presos que se comprometan a no volver a delinquir; y
la guerrilla libera al grupo de políticos y militares, que
según sus comunicados públicos está dispuesta
a liberar. Así de simple. Sin interpretaciones adicionales.
Debería levantarse un clamor nacional para decirle a las
Farc que acepte la propuesta de ubicar una iglesia en cualquier lugar
del país y proceder al encuentro. Mandemos un mensaje de unidad
a los secuestradores, que se confunden al interpretar nuestras diferencias
sobre el tema como fisuras por donde pueden colarse para ejercer
mayor presión y alcanzar sus propósitos.
Encuentro ya, en cualquier iglesia del país.
*Alto Comisionado para la
Paz
| 
