LA LIBERTAD DE PRECIOS
Por Andrés Felipe Arias*
Esta libertad no puede traducirse en abusos contra el productor.
Los esquemas de fijación de precios y compra/venta de cosecha
por parte del Gobierno Nacional indujeron ineficiencia y corrupción
en el pasado, no solo en Colombia, sino en muchos otros países.
Son esquemas obsoletos y peligrosos, que no podemos revivir, a pesar
de la tentación a hacerlo en coyunturas de caídas de
precios como la que estamos viviendo en algunos productos agrícolas,
y mucho menos cuando algunos otros presenten un drástico repunte
de su precio.
El Gobierno, por ejemplo, no puede ni fijar
el precio de un producto deprimido como el arroz, ni salir a comprar
la cosecha. Si lo hiciéramos,
tendríamos que hacerlo con cuanto producto agrícola
sufra una fuerte caída de precios. Eso es insostenible fiscalmente.
El Gobierno tampoco puede controlar el precio de la papa, el cual
viene subiendo significativamente en los últimos meses y determina
una parte importante de la inflación que afecta a todos los
colombianos. Hacerlo sería ineficiente económicamente
e injusto con quienes hoy producen papa.
Por el contrario, estamos buscando liberar
el último precio
regulado que teníamos: el de la leche (aunque manteniendo
la protección comercial con arancel de 50 por ciento, que
inclusive estamos buscando consolidar en la Comunidad Andina).
Si el Gobierno fija un precio (o un sistema
de precios tipo cuota-excedente) para la leche por resolución, solo algunos compradores e industriales
lo cumplirían. Los demás no lo cumplirían simplemente
porque no lo entienden, o porque buscarían abusar del precio
excedente para siempre pagar al ganadero a precios artificialmente
bajos, o porque saben que este tipo de distorsiones siempre crea
un mercado paralelo más barato que el mercado regulado, mercado
paralelo que termina siendo aprovechado por unos pocos en detrimento
de los más frágiles de la cadena.
Entonces, algunos ganaderos recibirían los precios regulados,
pero el resto tendría que evacuar su producción de
leche a través de la producción (informal) de quesos
o con precios más bajos que los de un mercado libre. Eso es
simplemente injusto e inequitativo, pero, además, induce informalidad
y menor calidad de la leche, especialmente por parte de quienes no
cumplen el sistema de precios.
Ahora bien, esta libertad no puede traducirse
en abusos de los industriales contra el productor. Para evitar
esto, hemos reglamentado un artículo
de la Ley 155, que permite a la Superintendencia de Industria y Comercio
sancionar a los compradores de leche que sistemáticamente
apliquen al productor un “precio inequitativo”. Este último
se define como un precio que se ubique en determinado porcentaje
por debajo de un precio de referencia en el mercado.
Por otro lado, esta libertad vigilada de
precios puede traer importantes beneficios al consumidor y a los
niños más pobres de
este país. Las caídas en precios al productor deberían
traducirse (por lo menos con algún rezago) en mejores precios
al consumidor. Esto lo monitorearemos semana a semana con la Superintendencia
de Industria y Comercio. Pero, adicionalmente, esperamos no volver
a enfrentar las dificultades que hemos sufrido en los dos últimos
años para que el ICBF pueda licitar exitosamente la leche
que merecen los niños más pobres de este país.
En síntesis, la libertad vigilada de precios es algo bueno
para el sector lácteo. Algunos resisten el cambio y eso es
entendible. El cambio genera temor. Sin embargo, no se nos puede
olvidar a Gandhi: “Si queremos progresar, no debemos repetir
la historia, sino hacer una historia nueva”.
* Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
30 de julio de 2005
