EL PLAN DE DESMOVILIZACIÓN
ES UN CAMINO PARA TERMINAR LA VIOLENCIA
THE MIAMI HERALD
23 DE AGOSTO DE 2005
OPINIÓN
Por Francisco Santos Calderón
Los colombianos han vivido con la violencia
terrorista por más
de 40 años. Estos grupos guerrilleros – y más
notablemente las FARC y el ELN – emergieron en la década
de los 50 como organizaciones de izquierda. Pero a lo largo de
los años, han abandonado su agenda política, y
hoy son redes sofisticadas y bien organizadas que trafican con
droga y aterrorizan a la población civil por medio de
la violencia, ataques y secuestros.
En respuesta a años de violencia guerrillera, un número
de grupos paramilitares emergieron para proteger a los hacendados
de la extorsión y el secuestro. Pero con el paso del tiempo,
igual que las guerrillas, se vincularon a las actividades del
narcotráfico y el secuestro. En años recientes,
estos grupos, bien financiados y altamente armados, se unieron
para conformar lo que hoy se conoce como las Auto Defensas Unidas
de Colombia o AUC.
Luego de décadas consumidas combatiendo estos grupos
en esfuerzos para traer la paz a Colombia, es claro que un proceso
de negociación es la única y definitiva manera
de ponerle fin a la violencia.
Previos esfuerzos para negociar un fin
a la violencia con estos grupos armados ilegales han fallado.
Pero en los últimos
tres años, el Gobierno de Colombia ha reforzado su habilidad
para perseguir a los terroristas y, como resultado, los homicidios
han reducido en un 40%, los secuestros por 70% y los ataques
han decaído sustancialmente. Ahora es el momento preciso
para extender una mano para desarmar y desmovilizar a los grupos
terroristas.
Por cerca de dos años, el Congreso de Colombia debatió intensamente
las condiciones para la paz. Todos los sectores de la sociedad
colombiana y muchos de la comunidad internacional participaron
en este proceso democrático, por medio de consejos comunales,
audiencias legislativas, conferencias y los medios. El 22 de
junio, el Congreso aprobó la ley.
La nueva ley establece un marco legal
y global para desmantelar estas organizaciones – tanto las guerrillas como los paramilitares – y
asegura la futura seguridad de los ciudadanos colombianos a la
vez que garantiza un nivel de castigo y reparación para
enmendar los crímenes cometidos.
Con esta ley, los combatientes pertenecientes
a grupos armados ilegales deben entregarse al gobierno, renunciar
al terrorismo,
confesar la totalidad de sus crímenes y aceptar los cargos
formulados en su contra. Más aún, deben desmantelar
completamente todas las estructuras de sus grupos, entregar sus
bienes mal habidos, liberar a los secuestrados, compensar financieramente
a sus víctimas y jurar a no reincidir en conductas criminales.
Quienes cumplan con todas estas condiciones
se vuelven elegibles para una sentencia de 5 a 8 años por los crímenes
que confesaron. Hasta 18 meses del tiempo empleado en las áreas
de concentración durante las negociaciones, pueden ser
contabilizadas como tiempo cumplido de esa condena. La ley no
otorga futuras reducciones a las sentencias.
Los críticos de esta medida, conocida como la Ley de
Justicia y Paz, afirman que otorga amnistía para crímenes
graves. Pero esto no podría estar más alejado de
la verdad: La ley no otorga amnistía en absoluto. Ofrece
una sentencia de 5 a 8 años, lo cual es un precio razonable
a cambio de la posibilidad de alcanzar la paz. A todo esto solo
pueden acceder las personas que confiesen; cualquier crimen que
los excombatientes no confiesen – pero del que son sospechosos – puede
ser investigado y enjuiciado, sin acceso a los beneficios de
la ley. Por estos crímenes, pueden cumplir sentencias
de hasta 40 años.
Los narcotraficantes nos son elegibles para beneficiarse de
esta ley en absoluto.
Además, la cuestión de la extradición no
se negocia, por ende el Gobierno de Colombia mantiene su poder
discrecional para autorizar las extradiciones requeridas. El
Gobierno de Álvaro Uribe ha usado la extradición
como una herramienta poderosa en contra del narcotráfico,
enviando a 270 sospechosos a EEUU en los últimos 3 años – más
que cualquier otro país. La política de extradición
en Colombia nunca ha sido sujeto de negociación con los
grupos armados ilegales.
Los derechos de las víctimas son plenamente garantizados.
La ley crea una Comisión Nacional de Reparación
y Reconciliación y un Fondo para la Reparación
de las Víctimas y además crea una serie de comisiones
regionales para la restitución de propiedad.
Las cortes están dirigidas a ordenar medidas de reparación – que
serán pagadas por el estado con recaudos provenientes
de los bienes mal habidos o ilegales entregados por los desmovilizados – inclusive
en casos cuando no es posible identificar al autor del crimen.
La tarea crítica del gobierno ahora es implementar efectivamente
la ley de Justicia y Paz. Para esto se necesita una cantidad
considerable de recursos, personal e instituciones y una firme
determinación por parte de la nación. El Presidente
Uribe se merece una oportunidad de producir resultados para Colombia.
La ley no es perfecta, es el producto
de un compromiso político.
Pero es más firme – y hará mayor justicia – que
cualquier otro esfuerzo de desmovilización previo en la
historia del país.
* Vicepresidente de la República de Colombia
