CABALLO DE TROYA
Por Jorge H. Botero*
Desde el comienzo de las negociaciones del tratado
de comercio con los Estados Unidos sabíamos que la negociación
sería difícil en la mesa de propiedad intelectual,
uno de cuyos capítulos versa sobre los farmacéuticos.
Esas dificultades, provienen, en primer término, de las ambiciones,
en gran medida inaceptables, de la contraparte; y, en segundo, de
la presión que sobre el equipo negociador ejercen sectores
domésticos que se arropan en el tricolor nacional para defender
respetables intereses privados.
O de quienes, desde posiciones maximalistas, procuran
el fracaso del acuerdo. En fin de cuentas los movimientos de izquierda
no se acabaron con el colapso del sistema comunista: se transformaron
en ambientalistas intransigentes, defensores a ultranza de los pueblos
indígenas, objetores de la economía de mercado y en
enemigos de la globalización en todas sus modalidades, incluido,
por supuesto, el comercio. Está bien que así ocurra
porque no hemos llegado al “Fin de la Historia”; las
ideologías siguen influyendo en la formación del pensamiento
político y, por lo tanto, la democracia preserva su valor
para confrontar y sintetizar visiones antagónicas. Lo que
está mal es que les permitamos utilizar la vieja estrategia
del “Caballo de Troya”.
Asediado, pues, desde flancos opuestos, al Gobierno,
y, en última instancia, al Congreso, corresponde hallar formulas
que satisfagan los superiores intereses nacionales. Desde esta óptica,
importa -y mucho- garantizar el acceso de la población a los
medicamentos, para lo cual es indispensable llegar a un buen acuerdo
en la mesa de propiedad intelectual, pero, también, abrirle
a Colombia, mediante una inserción profunda y permanente con
la primera economía del mundo, nuevas posibilidades de crecimiento
que contribuyan a generar más empleo y, por esa vía,
a incrementar la cobertura de la Seguridad Social en sus módulos
contributivo y subsidiado.
Estados Unidos no ha cejado en su empeño
de obtener en el acuerdo con los países andinos una ampliación
sustancial de los derechos correspondientes a los titulares de patentes
de medicamentos. Entre ellos cabe mencionar la redefinición
del concepto de patentabilidad, la ampliación de los plazos
para su ejercicio, el patentamiento de procedimientos terapéuticos
o de usos nuevos de fármacos patentados para otros fines (el
caso célebre e insular del viagra). Hemos sostenido, con obstinada
firmeza, que no estamos dispuestos a ceder en estas solicitudes.
Se nos ha solicitado, así mismo, que aceptemos modular los
instrumentos que permiten hacer prevalecer los superiores intereses
de la salud pública sobre los de los titulares de patentes.
(En lenguaje técnico: “importaciones paralelas” y “licencias
obligatorias”). Hemos dicho que no estamos dispuestos a hacerlo,
como no lo hicieron en sus recientes tratados Chile y Centroamérica,
países a los que los adversarios del tratado acusan de haber
realizado una negociación torpe. La posibilidad de adoptar
controles de precios, que nuestra legislación contempla para
evitar abusos, no ha sido cuestionada. La generalizada idea de que
se va a prohibir o limitar la comercialización de productos
genéricos carece, por lo tanto, de fundamento.
El lector perspicaz se dirá que no cree
que en una materia tan importante los “gringos” se vayan
a regresar a casa con las manos vacías. Tiene razón.
En lo esencial, consolidarán -porque ya existe en nuestra
legislación- la protección temporal de los “datos
de prueba”; es decir de la información reservada sobre
seguridad y eficacia de los medicamentos que se aporta a la autoridad
sanitaria para respaldar la licencia de comercialización.
También la compensación parcial del tiempo que eventualmente
se pierda en el goce de las patentes como consecuencia de la negligencia
grave de nuestras autoridades en otorgarlas. Negarnos a esto último
equivaldría a preservar una coartada para actuar de mala fe.
*Ministro de Comercio, Industria y Turismo
