LA CÁRCEL
Por Luis Carlos Restrepo*
El común denominador de las dificultades que enfrentan el
proceso de paz con las autodefensas y un eventual Acuerdo Humanitario
con las FARC, es el tema de la cárcel. A los jefes paramilitares
les asusta la cárcel, pues consideran que una vez en manos
de la justicia, resultará fácil extraditarlos. Aunque
la ley de Justicia y Paz establece penas de cinco a ocho años,
no creen que les dé seguridad jurídica. Preocupa a
las autodefensas que la norma pueda caerse por un fallo de la Corte
Constitucional o ser desconocida por tribunales internacionales,
lo que los dejaría expuestos a una pena plena. Y como ya han
confesado todos sus delitos, bastará simplemente dictar las
nuevas sentencias.
Por otro lado, las FARC están empecinadas en sacar a sus
hombres de las cárceles. Esa es la única razón
que tiene para mantener secuestrados a un grupo de ciudadanos inocentes.
Ellos no reconocen la competencia del Estado ni de la comunidad internacional
para juzgar los graves crímenes que han cometido sus hombres.
Esperan, mediante este chantaje, imponernos sus condiciones y sacar
a sus hombres de las prisiones colombianas y extranjeras, para integrarlos
de nuevo a su estructura delictiva. Aún más, ni siquiera
cuentan para esto con la opinión de los presos, motivo por
el cual la mera presión y exigencia por un canje, actúa
como factor de intimidación frente a los miembros de ese grupo
encarcelados. Es tanto como decirles: pórtense bien, no colaboren
con el Estado, no olviden a la organización, pues un día
el Estado nos los devolverá, y ajustaremos cuentas con los
traidores.
No es bueno simplificar el asunto de la cárcel. Resulta tan
inadecuado menospreciarlo en el caso de los paramilitares, como en
el caso de los guerrilleros. Un proceso de paz sólo puede
avanzar si ofrece alternativas diferentes a la del cumplimiento de
una pena plena de cárcel. Así de simple. De allí la
necesidad de mantener una actitud ponderada que nos permita, tanto
en el caso de los extremistas de derecha como de los extremistas
de izquierda, mantener una posición unificada.
Hoy no sucede así. Mientras en el proceso de paz con las
autodefensas sectores importantes de opinión minimizan el
componente político, centrándose tan sólo en
el componente judicial y la exigencia de cárcel para los responsables
de delitos graves; en el caso del llamado acuerdo humanitario con
las FARC se minimiza el componente judicial y se magnifica el componente
político, a tal punto que se da por hecho que responsables
de delitos atroces van a salir de las cárceles, sin reparar
a las víctimas ni comprometerse a dejar de delinquir.
Resulta por demás curioso que los mismos sectores que piden
cárcel perpetua para las autodefensas, defiendan un intercambio
humanitario con las FARC, para que liberemos a los presos de ese
grupo que están en las cárceles, sin exigirles ninguna
contraprestación. Es como decir que la cárcel es para
quien entrega las armas y se desmoviliza, pero a quien chantajea
secuestrando inocentes se lo premia con la libertad. Esto envía
un pésimo mensaje a los ilegales y favorece posturas como
la asumida por el ELN, que critica la ley de Justicia y Paz diciendo
que favorece la impunidad, pero pide indulto y amnistía para
todos sus miembros, sin importar los delitos cometidos. Se hace necesario
enviar un mensaje a los miembros de los grupos ilegales para que
entiendan que la ley es para todos.
Pues el único instrumento que tenemos para conceder beneficios
jurídicos que permitan la excarcelación de responsables
de delitos no indultables, es la ley de Justicia y Paz. En esta norma
se establecen tres vías de acceso a los beneficios: desmovilización
individual, desmovilización colectiva y acuerdos humanitarios.
En el caso de la desmovilización individual el beneficiario
debe contribuir con información para desmantelar la estructura
ilegal a la que pertenecía. En el caso de la desmovilización
colectiva, dicho desmantelamiento debe hacerse de manera directa
por el interesado. Y para los acuerdos humanitarios, los miembros
del grupo armado ilegal deben contribuir a la paz del país
con actos que quedan sujetos a la calificación del Presidente
de la República. En todos los casos se deben confesar los
delitos, pagar una pena privativa de la libertad mínima y
reparar a las víctimas.
Resulta dañino enviar mensajes equívocos. Como hacerle
creer a las FARC que van a obtener su propósito del canje
pasando por encima de las leyes nacionales e internacionales. A paramilitares
y guerrilleros hay que ofrecerles reglas claras de juego, que serán
respetadas por la sociedad si hay seriedad en su comportamiento y
credibilidad en los acuerdos que se logren.
El tema de la cárcel no se puede seguir viendo como un asunto
secundario. Querámoslo o no, por él pasa en parte el éxito
o fracaso de los esfuerzos por consolidar la paz en el país.
Más vale empezar a tratarlo a fondo.
*Alto Comisionado para la Paz
Noviembre 10 de 2005
