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DAR A CADA UNO LO SUYO

Por Javier Lastra Fuscaldo*

El Gobierno Nacional además de ordenar la liquidación de Telecom lo hizo con trece de sus empresas telefónicas en las que participa como socio mayoritario. La decisión, adoptada el 12 de junio de 2003, causó desconcierto en algunos ciudadanos y dirigentes de aquellos municipios o departamentos que cuentan con acciones en esas telefónicas.

No fueron pocas las ocasiones en que los funcionarios del Gobierno Nacional fueron convocados al Congreso de la República para explicar el por qué de esas decisiones. Algunos Alcaldes y congresistas argumentaban que las empresas liquidadas eran solventes y rentables y según ellos para los ojos de los municipios las liquidaciones se percibieron como si alguien arrebatara de sus manos algo que es suyo y sorprendido ve como corriendo desaparece.

Lo sucedido, lejos estuvo de ser una improvisada arrebatiña. Decisiones de esta naturaleza, deben soportarse en principios y elementos jurídicos contundentes y argumentos de conveniencia para la continuidad en la prestación del servicio público de telecomunicaciones. Telecom desde el año 1996 venía en un progresivo deterioro de sus márgenes operacionales. En el 2001 y 2002 sus pérdidas eran del orden de los 500 mil millones de pesos.

Mientras las utilidades de la Compañía caían, el pasivo pensional ascendía. En el año 2002 este pasivo se situó en 5.6 billones de pesos. Pero ojo, la situación pensional era parte del problema, pero no la totalidad del mismo. Si del análisis financiero de Telecom se excluye el pago de las pensiones, los márgenes operacionales seguían siendo negativos. Por cada 100 pesos de ingresos la empresa arrojaba pérdidas de 14.5 pesos en el año 2002. Cifra contundente para demostrar los bajos niveles de eficiencia operativa por los que Telecom atravesaba.

Los reclamantes, en su posición legítima de defensa de los intereses regionales, comprendían la caótica situación de Telecom pero solicitaban separar del problema a las prósperas y boyantes telefónicas. Siendo Telecom el dueño mayoritario de esas empresas (cuentan entre todas con un millón de líneas aproximadamente) y por la conveniente estrategia de explotar el servicio de manera integral, esa separación resultaba imposible. Es apenas lógico que lo accesorio siga la suerte de lo principal.

Sin embargo, lo que si ha sido posible es excluir a los entes territoriales del riesgo financiero de Telecom. La figura que la ha sustentado consistió, sencillamente, en valorar las telefónicas como empresas en marcha tomando como base la situación en que se encontraban un día antes al que se decretó la liquidación. Obtenido el valor, utilizando la metodología más favorable para los intereses de los minoritarios, se les devuelve la totalidad de los recursos que les corresponde.

Las valoraciones ya están listas. Por haber tomado como base la situación de las empresas en junio de 2003 y las proyecciones del sector de las telecomunicaciones en ese momento, los valores de las telefónicas son excelentes, oscilan entre 750 y 1100 dólares por línea.

Como la devolución de esos recursos se hará ahora, dos años y medio después de haber surtido el proceso de liquidación, se actualiza el poder adquisitivo a la fecha en que se haga la devolución y listo, resuelto el problema de los entes territoriales. No obstante, las telefónicas cuyo valor es negativo no habría nada que devolver, caso en el que lamentablemente se encuentra Telecartagena y Telesantamarta.

Con ese procedimiento se cumple uno de los tres preceptos del jurisconsulto romano Ulpiano: Dar a cada uno lo suyo. Lo que antes se traducía para los municipios en eventuales y escasos dividendos anuales, ahora se convierte en la devolución completa de los recursos correspondientes a su participación en la empresa. Lo que iban a recibir durante 30 años, ahora, después de la liquidación, lo recibirán máximo en tres dependiendo de la liquidez disponible en cada compañía.

Hay municipios como Tulúa y Armenia que recibirán como pago por las empresas liquidadas alrededor de 70 mil millones de pesos cada uno, monto que representa el presupuesto municipal de un año.

Ante tamaña novedad económica, es apenas prudente desear que los proyectos que emprendan los municipios con los recursos para libre inversión que reciben de estas telefónicas sean asertivos y se reflejen en el bienestar y prosperidad de sus ciudadanos.

*Gerente liquidador de Telecom
Noviembre 23 de 2005

 
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