MATICES DEL GRIS
Por Jorge H.
Botero*
Las patentes surgieron como un incentivo
al desarrollo tecnológico
y a la innovación. El incentivo es el derecho temporal de
exclusividad que otorgan los gobiernos para que nadie se lucre del
producto patentado sin licencia del inventor. A cambio, este debe
entregar a la sociedad la información pertinente para que
cualquier persona produzca el invento después de vencido el
periodo de protección.
De esta forma, la sociedad recibe diversos
beneficios: la disponibilidad de un invento útil para los consumidores; el acceso a los
avances del conocimiento que permitieron fabricarlo, lo cual orienta
a la comunidad científica hacia el desarrollo de nuevas líneas
de investigación; otros empresarios pueden empezar a fabricarlo
cuando termina el tiempo de la exclusividad, lo cual debe incidir
positivamente en los precios. Pero es obvio que el incentivo también
tiene un costo social, pues el inventor tratará de aprovechar
la exclusividad para vender su producto a precios no moderados por
la competencia.
Aún cuando estos son principios de aceptación general,
hay campos, como el de los medicamentos, en los que se genera controversia. ¿Se
deben excluir los medicamentos del sistema de patentes? La discusión
es pertinente porque es necesario armonizar los intereses de la salud,
que, por cierto, deben prevalecer, con los de tutelar adecuadamente
a los innovadores para favorecer por esa vía el avance científico.
La discusión tiene particular relevancia en los países
de menor desarrollo; en ellos la investigación es mínima
y vastos sectores de la población no gozan de acceso adecuado
a medicinas de buena calidad.
Diversos estudios se han orientado a estimar
cuál es el costo
monetario que asume la sociedad por cuenta de las patentes sobre
medicamentos. Esta cifra no dice mucho si no se tienen en cuenta
otras dimensiones relacionadas con las patentes, que permitan hacer
un balance neto para la sociedad.
En primer lugar, es necesario examinar si
se están generando
los esperados impactos en transferencia de tecnología y desarrollo
de nuevos conocimientos. En segundo lugar, cuáles son los
beneficios que está recibiendo la sociedad en términos
de reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad, así como
las potenciales caídas de gasto de los sistemas de seguridad
en salud por cuenta de enfermedades que se controlan o desaparecen.
Sólo en este contexto tiene sentido el dato del costo que
asume la sociedad por la existencia de patentes sobre medicamentos.
Lejos de seguir esta senda, algunos trabajos
recientes realizados en Colombia pretenden medir el costo de las
patentes en términos
de la mortandad causada por la falta de acceso de la población
derivada de un incremento súbito, no controlado por el Estado,
del precio de los medicamentos. Al margen del dudoso sustento econométrico
de esos cálculos alucinantes, bueno sería recordar
que: “El hecho de que miles de millones de personas no tengan
acceso a medicamentos esenciales, la mayoría de los cuales
no están protegidos mediante patentes, pone de relieve la
existencia de otros problemas que limitan el acceso a ellos: sistemas
de suministro y distribución escasamente desarrollados; falta
de recursos financieros; falta de capacidad de importación
y producción de medicamentos genéricos; e insuficiente
poder adquisitivo para pagar incluso medicamentos genéricos
entre la población de los países más pobres”.
Esto lo dicen conjuntamente la Organización Mundial de la
Salud y la Organización Mundial de Comercio.
El tema resulta, pues, harto más complejo de lo que ciertos
actores en el debate sobre la salud pública postulan. Entre
el blanco y el negro caben infinitas variedades del gris.
*Ministro de Comercio, Industria y Turismo
Noviembre 29 de 2005
