ABOGADOS & ECONOMISTAS
Por Jorge Humberto Botero *
El Estado moderno es un Estado tecnocrático. La magnitud
creciente de las tareas que se le asignan hace indispensable que
cuente con una burocracia estable, dotada de sólidos conocimientos
técnicos, que suministre la materia prima para que los políticos
tomen las decisiones que les corresponden.
Desde luego, una administración pública
competente requiere expertos en muy diversas disciplinas, pero,
dada su naturaleza
social, especialmente de abogados y economistas.
Durante todo el siglo XIX y hasta la mitad
del siglo XX, la gran mayoría de los integrantes del estrato superior de la administración
pública carecían de formación económica.
En 1950 la situación comenzó a cambiar. La creación
de un sistema de cuentas nacionales, que permitiera medir la producción,
el empleo, el comercio exterior y los agregados monetarios, hizo
indispensable que el Estado contara con economistas profesionales.
En ese mismo año el recientemente creado Banco Mundial
eligió a Colombia para realizar su primera misión
en un país de desarrollo incipiente. Como se recordará,
esa tarea estuvo dirigida por Lauchlin Currie. Estos factores,
entre otros, fueron determinantes para que el gobierno iniciara
el reclutamiento de economistas profesionales.
En la década de los sesenta, dos eventos fortalecieron
esta tendencia: la creación de Planeación Nacional
y de la Junta Monetaria. La elaboración de los planes de
inversión del gobierno central y el manejo de una política
monetaria pensada en función del crecimiento económico
y la estabilidad de los precios, incrementaron la demanda por funcionarios
con formación económica.
La creación de un banco central independiente, ocurrida
en 1991; el alto grado de profesionalización que han alcanzado
el Ministerio de Hacienda y la hoy Superintendencia Financiera;
y la creación del Ministerio de Comercio Exterior, fueron
determinantes del impulso definitivo al diseño de política
económica con adecuado soporte técnico y al reclutamiento
de economistas profesionales por parte de la administración
pública nacional.
Estos mismos eventos han jalonado la demanda
de abogados con formación
en derecho económico. El Presidente Carlos Lleras Restrepo
fue, sin duda, el pionero en estas nuevas disciplinas jurídicas,
las que aprendió, no en las aulas, sino en el ejercicio
del gobierno. Con el paso del tiempo, las universidades nacionales
han venido ampliando la oferta de especializaciones en un campo
que ha dejado de ser novedoso.
Este desarrollo en paralelo de los economistas
y abogados que dan respaldo conceptual a la formulación de la política
económica tiene un vacío. En general, a las altas
cortes no llegan abogados con entrenamiento en áreas económicas.
Esto ocurre así porque el estrato superior de la magistratura
suele estar integrado por abogados que se han formado en la carrera
judicial. Por tal razón, probablemente su educación
y, sin duda, su experiencia, están referidas a los asuntos
civiles, penales, laborales y administrativos que se ventilan en
juzgados y tribunales.
Esta es una limitación grave que
puede dar por resultado decisiones de muy
discutible calidad. Es lo que, a mi juicio, ocurrió a fines
de los noventa con los fallos que adoptó la Corte Constitucional
con motivo de la crisis del sistema Upac.
La mayoría de los magistrados de entonces tenía
serias dificultades para entender conceptos tales como el valor
constante del capital y la tasa real de interés.
Es claro que la Corte Constitucional debe
estar integrada por profesionales del Derecho.Pero convendría que algunos de
ellos tuvieran formación en cuestiones económicas;
también que se creara un cuerpo asesor de primer nivel que
pudiera explicar a los magistrados los alcances económicos
de sus fallos. Todo ello redundaría en sentencias de mejor
calidad.
* Ministro de Comercio, Industria y Turismo
Mayo 24 de 2006
