RARA AVIS
Jorge H. Botero *
Incluso en un país con tan variada fauna aviar como el
nuestro, es difícil encontrar un sólo pájaro
que esté dispuesto a defender la propuesta de reforma fiscal
que ha presentado el Ministro de Hacienda. Asumiré, sin
embargo, ese papel, porque me parece que ella apunta a la solución
de las graves falencias del sistema tributario actual, así sea
susceptible de algunos ajustes que, manteniendo su orientación,
faciliten el tránsito por el Congreso.
Se ha dicho, con razón, que el impuesto de renta para la
generalidad de las empresas -no para las que gozan de alguno de
los varios regímenes de excepción que hoy existen-
es demasiado elevado, lo cual nos resta capacidad para atraer inversión
extranjera, y, aún, para retener en Colombia la capacidad
de inversión generada por empresas nacionales que, como
se sabe, están facultadas para invertir fuera del territorio
nacional. Para afrontar el problema de falta de competitividad
que la estructura actual genera, se plantea bajar la tarifa de
renta al 32%, eliminar la renta presuntiva, flexibilizar el crédito
fiscal por pérdidas, extinguir gradualmente el 4X1000, y
hacer deducible, como costo del ejercicio, la inversión
realizada en activos fijos. Hay que admitir que esta última
propuesta es bastante audaz; equivale a disponer que las empresas
sean gravadas por la renta repartida, pero no sobre la capitalizada.
Por primera vez en la prolija historia
de las reformas tributarias, la que ahora se plantea no pretende
aumentar el recaudo, que debería
de todos modos ocurrir como consecuencia de un mayor crecimiento
de la economía, y de los progresos en la eficiencia de la
DIAN, sino de una recomposición de las fuentes de ingreso:
los menores gravámenes a la renta de las empresas tendrían
que ser compensados con mayores ingresos, fundamentalmente por
concepto de la ampliación del impuesto al valor agregado,
el cual vendría a gravar renglones tales como los servicios
públicos y algunos bienes integrantes de la canasta familiar
que hoy no tributan. Esta opción ha sido considerada por
muchos comentaristas como regresiva y, por ende, como contraria
a la equidad.
La cuestión debe ser examinada con cuidado para no caer
en generalizaciones maniqueas. Cierto es que el IVA, al gravar
con una misma tarifa el consumo de bienes y servicios, independientemente
del poder adquisitivo de quienes los adquieren, no es, en principio,
progresivo. Pero es factible diseñarlo de modo tal que esta
característica se atenué, bien sea a través
de tarifas más bajas para los consumos básicos y
mayores para los suntuarios, que es lo que aquí siempre
se ha hecho, ya sea mediante la figura de la devolución
del tributo marginal a los estratos 1 y 2, que es la novedosa y
muy interesente alternativa propuesta. En esta categoría
se encuentran 20 millones de personas, casi la mitad de la población.
De otro lado, no puede ignorarse que en
todas partes del mundo la presión competitiva ha obligado a que los gravámenes
a la renta empresarial no puedan superar ciertos techos, lo cual,
por fuerza, obliga a que los aplicables al consumo tengan un peso
creciente sobre la tributación global. Chile, el país
más exitoso del continente en la reducción de la
pobreza, tiene un recaudo por IVA muy superior al nuestro. Así las
cosas, la necesaria progresividad del sistema fiscal debe provenir
de la estructura del gasto público, y no tanto del diseño
impositivo.
Recuérdese, por último, que si nuestras empresas
no compiten en los mercados del mundo, no podrán incrementar
el empleo en la medida necesaria para sacar de la pobreza a tantos
colombianos que la padecen. Y esta es la principal fuente de inequidad
social.
* Ministro de Comercio, Industria y Turismo
Julio 11 de 2006
