A DIOS ROGANDO
Jorge H Botero*
El precio de equilibrio de un producto
o servicio cualquiera es aquel al cual se igualan las cantidades
demandadas y ofrecidas;
de ordinario, si la cantidad ofrecida aumenta, el precio cae
y, a la inversa, si ella se reduce, el precio tiende a subir. Por
lo tanto, si el bien o servicio es gravado, la demanda tenderá a
reducirse.
Basado en estas nociones, ANIF considera
un disparate el proyecto de ley que pretende, mediante la ampliación del catálogo
de contribuyentes al Fondo de Promoción Turístico,
y la creación de un impuesto a la entrada de viajeros, expandir
las fuentes de recursos que se destinan a difundir los destinos
turísticos maravillosos -ignotos en muchos casos- que Colombia
tiene. Estos tributos, es su conclusión, antes que estimular
la venida de turistas se convertirá en un obstáculo.
Esta afirmación sería correcta si se asume que existe
una alta elasticidad de la demanda en función del precio,
que es lo que ANIF cree porque: “1. El turismo no es un bien
de primera necesidad; y 2. Abundan los bienes sustitutos en otras
zonas geográficas (sin guerrilla o narcotráfico,
etc.)”. La primera de estas afirmaciones es muy discutible:
El turismo ha dejado de ser, desde mediados del siglo XX, un consumo
elitista en los países desarrollados; y aún en los
de desarrollo intermedio, en la medida en que las vacaciones remuneradas
son una prerrogativa a la que acceden grupos cada vez más
amplios de la población. La segunda es verdadera, pero ignora
los enormes avances que el país ha logrado en la lucha contra
la delincuencia. Cruzarnos de brazos en las tareas promocionales,
mientras logramos índices de seguridad como los de Suiza,
no es la actitud adecuada. “A Dios rogando, y con el mazo
dando”.
De otro lado, la formación de precios en un mercado competido
supone que compradores y vendedores cuentan con la información
necesaria para tomar decisiones racionales. ANIF considera que
esto es lo que ocurre con los productos turísticos; basta
buscarlos en Internet. Si esto fuera suficiente, los vendedores
de automóviles, zapatos, o de casi cualquier cosa, no
gastarían enormes sumas de dinero en publicidad.
Las cifras disponibles demuestran que existe
una alta correlación
positiva entre las sumas que el país invierte en la promoción
y la llegada de turistas extranjeros; y que todos ellos destinan
sumas superiores a las muy exiguas que nosotros dedicamos a ese
propósito: México, US$80 millones; República
Dominicana, 27; Perú, 21; Guatemala, 10.5; Colombia 2. Como
estas expensas son financiadas con impuestos a los viajeros y cargas
parafiscales, la “peregrina idea”, según ANIF,
de hacer lo mismo, es, más bien, “el estado del arte”.
Dado que con la aprobación de la ley, pasaríamos
a tener una suma superior a los US$8 millones anuales para la promoción
turística, la cuestión pasa a ser otra: cómo
utilizarlos bien. Postulo tres criterios: Evitar que los recursos
se atomicen, destinar una buena porción a la promoción
externa, y en cuanto a la doméstica establecer reglas claras
de equidad regional.
Llegados a este punto hay que preguntarse: ¿Cuál
sería la razón para financiar con impuestos la promoción
de países o regiones? Por tratarse de bienes públicos,
cuya provisión beneficia a todos, o a contingentes amplios
de personas, contribuyan o no a sufragar las correspondientes expensas,
los particulares no tienen estímulos suficientes para realizarlas.
Hay, por último, una cuestión de equidad. Desde
1996 sectores como el hotelero y el de agencias de viajes contribuyen
al fondo promocional, mientras que otros, que también se
benefician, como los de transporte aéreo y los concesionarios
viales, no lo hacen. La ley propuesta resuelve el punto.
* Ministro de Comercio, Industria y Turismo
Agosto 01 de 2006
