LA GUERRA PROLONGADA ENNEGRECE EL ALMA
Por José Obdulio Gaviria*
Dentro de 30 años -cuando seamos viejitos
retirados, o alabemos a Dios en su presencia-, otros leerán
en las enciclopedias, artículos como “Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC)” que serán, más
o menos, de este tenor: fue una confederación paramilitar.
Declaraba proteger a ganaderos, narcotraficantes y otros ciudadanos,
de las guerrillas. Una conspiración derrocó y asesinó a
su líder, Carlos Castaño. Por sufrir fuertes bajas,
capturas y deserciones, acordaron con el Gobierno Uribe (2002-2010)
desmovilizarse. Ideológicamente se les clasificó como ‘derecha’,
en contraposición a las guerrillas de ‘izquierda’.
Todas, AUC, FARC y ELN, fueron clasificadas como terroristas,
y sus jefes pedidos en extradición. No obstante, en un
equilibrio entre justicia y paz, se determinó juzgar a
los arrepentidos y purgar penas alternativas en penitenciarías
de Colombia.
Pero, mientras el tiempo -que hace definiciones
certeras-, nos permita ver con perspectiva histórica, los colombianos,
en la coyuntura, oiremos más bochinches. Como los de Sierra
y Mejía, por ejemplo, y habrá nuevos titulares
insidiosos como “Gobierno volvió 'para' al otro
'Mellizo'; o “a Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso', el
Presidente, en un escandaloso reversazo, le dio el estatus de
jefe de las Auc”.
¿Por qué publican esos ‘escandalizados’ y
descalificadores titulares y comentarios sobre la desmovilización
de las AUC? La causa es que hay una antagónica caracterización
de la situación de inseguridad que vivió Colombia
hasta 2002. La una, elaborada por las FARC y acogida implícitamente
en los redactores de los titulares –la de la “solución
negociada”-; la otra, de Uribe, llamada Seguridad Democrática-.
Las FARC se autodefinen como fuerza insurgente,
antagonista del Estado colombiano y de las ‘elites dominantes’,
en conflicto social y político armado; y a las AUC como
organización de narcotraficantes que hacen trabajo sucio
para los opresores. Las Farc impusieron la idea de que, como
son nuestros libertadores, lograr la paz supone, primero, eliminar
las justas causas objetivas de su lucha, la del ‘pueblo
en armas’; y, segundo, arrasar a los paras. Esa definición
lleva a hacer calificaciones bondadosas para unos y trinantes
para los otros, como que las FARC aprovechan creativamente el
tráfico para obtener la renta de la coca, mientras los
paras son simples traquetos; que las Farc incurren tangencialmente
en actos de terrorismo; pero las AUC son terroristas..., etcétera.
La Guerra prolongada amella las espadas,
oxida los fusiles y, sobre todo, ennegrece el alma. Kant nos
recordó que la
guerra es mala, porque hace más hombres malos que los
que mata. La guerra volvió igualitos a FARC y AUC. Tanto
que se diferencian apenas en los brazaletes, que se intercambian
como la cosa más natural. Los que comenzaron, ¡hace
ya cincuenta años!, hablando de política y viajando
a Moscú o La Habana, hoy van a Nueva York a inspeccionar
embarques; quienes comenzaron con embarques, hoy se reúnen
con el Presidente Arias, la OEA o el CICR, y hablan de política.
Y mientras subsistan, los guerreros seguirán haciendo
masacres y ajusticiamientos, como los de Tacueyó o el
de Castaño.
La doctrina de Seguridad Democrática, en cambio, predica
que es obligación enfrentar a todos y que un final negociado
depende solamente de ellos mismos. Si cesan acciones hostiles,
la sociedad les ofrece penas alternativas y reinserción.
El mérito de Uribe es habernos sacado de una maraña
teórica. Colombia, dice, es una democracia legítima;
alzarse contra ella, aduciendo motivos políticos, no es
eximente sino agravante de la responsabilidad. Con la aplicación
de esa doctrina, hoy las FARC padecen lenta extinción
(cero reclutamientos, deserciones, bajas y capturas); el ELN
está en diálogos formales; y las AUC tienen a sus
líderes en prisión, sometidos por voluntad propia
a la justicia, confesando masacres, secuestros y expoliaciones
a los campesinos, quienes se aprestar a reclamar reparación.
Otros jefes huyen, solitarios, pero no representan grave peligro
para la sociedad.
¿Vale la pena, es legítimo, sí o no, suspender las órdenes
de extradición de desmovilizados de AUC, FARC y ELN, a
fin de garantizar procesos de paz? Máxime sí, como
dicen los indicment de extradición de Sierra, Mejía
y los de las FARC, todos ellos son reconocidos dirigentes de
bandas terroristas. Uribe decidió que sí. Por eso
otorgó la suspensión de la extradición de
Sierra y cuatro jefes más, y hará igual con otros
que, habiendo pertenecido a organizaciones armadas en cese de
hostilidades, se manejen bien desde el momento en que se desmovilicen.
*Consejero presidencial
Agosto 30 de 2006
