EL
REFERENDO TIENE VIDA
Por
Jorge H. Botero*
Cabal
salud (Diciembre 13 de 2003)
Las
autoridades electorales se encuentran próximas a decidir
sobre el resultado del Referendo votado el 26 de octubre.
No
es esta una cuestión trivial. Por el contrario, se trata
de determinar el alcance exacto del veredicto popular expresado
en las urnas por más de seis millones de colombianos
sobre la moralización del quehacer político,
la corrección de severas inequidades en el sistema pensional
y la adopción de medidas que contribuyan a la solución
de los graves desequilibrios que afectan las finanzas públicas.
Según
la Constitución, su reforma por la vía del Referendo "requiere
el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes,
y que el número de estos exceda de la cuarta parte del
total de ciudadanos que integran el censo electoral".
Sabemos con certeza absoluta que el primero de estos requisitos
se cumplió: sin excepción alguna, todas las preguntas
fueron votadas a favor por más del 90 por ciento de
los sufragantes. Sin embargo, muy pocas de ellas remontaron
el "umbral" con respecto al censo electoral aprobado
días antes de los comicios. Hoy sabemos que ese ejercicio
tuvo graves errores. Veamos:
El
censo electoral consiste en el registro de las personas en
capacidad de ejercer el derecho del sufragio. Tal vez no sea
necesaria una argumentación compleja para sostener que
las personas fallecidas no pueden votar y que, por lo tanto,
deben ser eliminadas del censo electoral. Tampoco para que
este sea depurado con la lista de quienes hacen parte de la
Fuerza Publica, que está integrada por militares y policías,
dado que, por orden de la Constitución, no pueden votar.
En último término, es claro que quienes por sentencia
judicial han perdido sus derechos políticos -el más
importante de los cuales consiste en elegir y ser elegido-
deben ser excluidos del censo electoral.
El
Código Electoral no dice de modo expreso que del censo
también deben ser excluidas las personas que, teniendo
derecho a votar, no pudieron hacerlo porque la Registraduría
no les entregó, antes de los comicios, la cédula
de ciudadanía. De acuerdo con información suministrada
por las autoridades electorales, que por mandato constitucional
son independientes del Gobierno, en esta situación se
encontraban 604.900 personas. ¿Debe procederse también
a su exclusión? Sin duda alguna. Según la Corte
Constitucional, la cedulación "constituye un servicio
público que se cumple mediante la emisión y entrega
de la cédula", y como a falta de esta no es posible
votar, es forzoso concluir que las cédulas no entregadas
antes de la votación del Referendo tienen que ser sustraídas
del censo electoral.
La
decisión que en los próximos días adoptarán
las autoridades electorales tiene, pues, singular importancia.
Quedarían aprobadas las preguntas que se refieren a
la muerte civil de los corruptos; la supresión de las
suplencias y la adopción del voto público en
el Congreso, así como la eliminación de los privilegios
pensionales. Esto es lo que la mayoría del pueblo respaldó con
su voto.
Algunos
se han apresurado a decretar el fracaso del Referendo mientras
que el Gobierno ha guardado discreto silencio. Para bien de
Colombia, confío en que un conocido refrán tenga
cabal cumplimiento: "Los muertos que vos matasteis gozan
de cabal salud".
*Ministro de Comercio, Industria y Turismo
