DEFENSA DEL INTERÉS NACIONAL
Por Guillermo Fernández Soto*
El pasado primero de noviembre,
Carlos Villalba publicó el artículo 'Los costos
de la desidia', en el que se refiere al caso iniciado por Nicaragua
contra Colombia
ante la Corte Internacional de Justicia.
No es mi costumbre controvertir este tipo de escritos. Sin embargo,
frente a lo perjudicial que resulta para un tema tan sensible
como es el de la defensa
de la soberanía e integridad territorial de nuestro país, considero
importante hacer algunas aclaraciones, empezando por la afirmación según
la cual fui yo quien, como Canciller, aceptó la jurisdicción de
la Corte.
El columnista desconoce que a la CIJ se llega por varios caminos:
mediante el depósito de una declaración unilateral -Colombia lo hizo en 1937
con una reserva-; por medio de tratados bilaterales o multilaterales que contemplen
una cláusula en este sentido -como el Tratado Americano de Soluciones
Pacíficas (Pacto de Bogotá de 1948), ratificado por Colombia en
1968-, o a través de un acuerdo o compromiso para llevar una controversia
específica a la Corte, como fue el caso de asilo de Haya de la Torre.
Por lo tanto, es claro que no fui yo quien aceptó la competencia obligatoria
de la Corte Internacional de Justicia, sino el Estado colombiano, mediante la
declaración facultativa en 1937 -la cual se retiró- y luego con
el Pacto de Bogotá.
A la fecha de la demanda de Nicaragua,
6 de diciembre de 2001, Colombia tenía entonces que comparecer ante la CIJ en virtud
de las disposiciones del Pacto de Bogotá, aunque dentro
de los precisos términos en él establecidos.
Para hacerle frente a esa demanda, el país optó por
la acción jurídica más sólida y ceñida
a derecho: la presentación de excepciones preliminares para
alegar, de acuerdo con el mismo Pacto, que la Corte carece de competencia
para conocer el asunto elevado por Nicaragua y que debe declarar
la controversia terminada, por cuanto ya fue resuelto y está regido
por el Tratado Esguerra-Bárcenas y su Canje de Instrumentos
de Ratificación.
Colombia no podía arriesgarse a no comparecer ante la Corte. Esa habría
sido una conducta procesalmente irresponsable, contraria al derecho internacional
y gravemente peligrosa para sus intereses.
Si una parte no se presenta, el proceso en todo caso continúa, como
lo establece el artículo 53 del Estatuto de la Corte, sin que el Estado
tenga la oportunidad de presentar sus argumentos.
Especular sobre cualquier decisión adversa de la CIJ, cuando ni siquiera
se han realizado las audiencias relativas a la competencia, es insensato, irresponsable
y antipatriótico.
Es importante que la opinión pública conozca que en la defensa
de Colombia no han existido "secretos", ni actuaciones ocultas, como
se pretende sugerir. Todas las decisiones han sido consultadas y evaluadas
rigurosamente con las instancias necesarias, incluida la Comisión Asesora
de Relaciones Exteriores y el Congreso de la República, como corresponde
a una política de Estado. La reserva a la que obliga el Reglamento de
la Corte y la prudencia no se deben interpretar, con ningún pretexto,
como una equivocación del Gobierno.
Lamento las imprecisiones y críticas contenidas en el artículo.
En especial las que se refieren al ex canciller y agente de Colombia
Julio Londoño, quien con austeridad, seriedad y patriotismo
ha venido coordinando el equipo de expertos nacionales e internacionales,
que ha trabajado con el profesionalismo que requiere este delicado
asunto. Dichas críticas no tienen fundamento fáctico,
ni a la luz del Derecho Internacional, del Estatuto y Reglamento
de la CIJ, ni de su jurisprudencia más reciente.
Infortunadamente, esas críticas solo contribuyen a generar confusión
y no la cohesión que todos los sectores de la sociedad deben tener en
la defensa del interés nacional. Es necesario actuar con prudencia y
sentido de patria.
La opinión pública tiene el derecho de saber que
la estrategia para la salvaguarda de nuestra soberanía e
integridad territorial ha sido la mejor y más conveniente.
Tengo la confianza en que el tiempo nos dará la razón.
*Ex canciller de la República;
embajador en Holanda
Noviembre 08 de 2006
