DESASTRES IMAGINARIOS
Por Jorge H. Botero*
Firmado el tratado de libre comercio con
los Estados Unidos, es normal que se incrementen los debates
sobre sus beneficios, tanto
en la prensa como en el Congreso, que es quien finalmente debe
impartirle o negarle su aprobación. Es entonces oportuno
recordar los numerosos desastres que según sus adversarios
era inminente que ocurrieran, pero que una lectura serena del texto
(www.tlc.gov.co) demuestra que no se materializaron.
En el caso de medicamentos no podrá decirse con fundamentos
sólidos que el Acuerdo los volverá inaccesibles para
los colombianos. El Gobierno no amplió el espectro patentable,
no extendió la protección a los datos de prueba,
no renunció a la posibilidad de establecer controles de
precios para evitar que, cuando haya restricciones en la oferta,
se abuse de los consumidores. Igualmente se preservaron dos importantes
limitaciones a los privilegios que las patentes implican: la posibilidad
de autorizar “importaciones paralelas”, o la de conceder “licencias
obligatorias” para la producción de medicinas. Cierto
es que se aceptó compensar los tiempos perdidos por la eventual
negligencia de las autoridades que conceden patentes o licencias
sanitarias, pero de allí no se deriva que los precios tendrán
alzas dramáticas o que desaparecerán del mercado
los productos genéricos. Durante la negociación se
prometió que “se harían prevalecer los intereses
de la salud sobre los del comercio”. Así ocurrió.
En contra de pronósticos apocalípticos, no se negoció el
acceso ni la propiedad sobre los recursos naturales y la biodiversidad
colombiana; tampoco se modificaron las normas colombianas que protegen
el medio ambiente. Dicho de manera más general, se conservó la
soberanía del Estado para trazar su política ambiental.
Adicionalmente, y por primera vez en un tratado de comercio suscrito
por Estados Unidos, se incluyó un reconocimiento de la importancia,
tanto de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad,
como de la preservación de los conocimientos y prácticas
tradicionales de las comunidades indígenas, afrodescendientes
y locales. Se adoptaron normas para prevenir la biopiratería,
cuestión de primordial importancia para nuestro país.
El acuerdo no contiene el compromiso de
privatizar la educación
pública; tampoco se eliminó el carácter no
lucrativo de las instituciones de educación superior, de
modo que no resultó acertado que se dijera que la educación
iba a quedar convertida en un “mero negocio”. Desde
luego, el creciente desarrollo de la educación técnica
por Internet implicará una competencia creciente para las
instituciones colombianas. Pero ella provendrá del avance
de las telecomunicaciones, no del Tratado.
“Mediante la eliminación de la cuota de pantalla
en televisión -se dijo- va a arrasarse con una faceta fundamental
de nuestra cultura”. Esta es otra profecía fallida,
dado que se conservó la cuota de pantalla existente de lunes
a viernes en la franja triple A, tal como lo quería la industria
nacional y los gremios de actores. Más aún: El Estado
conservó todos los instrumentos de promoción de la
cultura en sus diferentes modalidades: música, artes plásticas,
teatro, etc.
Un último ejemplo de los desastres anunciados que resultaron
imaginarios fue el de la apertura del mercado doméstico
para de los bienes usados con lo cual se acabaría con la
producción nacional de vestuario, automóviles y llantas,
entre otros. Tratándose de estos bienes o de equipos remanufacturados,
el Estado conserva la facultada de autorizar o prohibir su importación
con plena autonomía.
Si tantos sombríos pronósticos no se cumplieron,
tal vez haya que concluir que el Tratado se negoció con
buen juicio, y que bien haría el Congreso en impartirle
su aprobación, así no pueda tenerse certeza sobre
sus efectos, supuesto que ellos están sometidos a las incertidumbres
propias de cualquier otra decisión política, más
si el horizonte es de largo plazo.
*Ministro de Comercio, Industria
y Turismo
Noviembre 14 de 2006
