BANCA ESTATAL
Por Jorge H. Botero*
Está ampliamente demostrado que la expansión del
sistema financiero es un factor, entre muchos otros, crucial
para acelerar el crecimiento económico: mientras mayor
sea la correlación entre activos de la banca –crédito
e inversiones de riesgo- y PIB, tanto mayor suele ser el ingreso
per-capita. También lo está que pocas actividades
puede acometer el Estado con mayores posibilidades de fracaso
que la provisión de servicios financieros. La crisis financiera
de finales del siglo XX consumió recursos fiscales por
una suma aproximada a los ocho billones de pesos, buena parte
de los cuales se destinaron a recuperar la solvencia de la banca
estatal.
No es fortuita la propensión de la banca pública
a tener un comportamiento inadecuado. Dominados por una visión
de corto plazo, la misma del ciclo político, los banqueros
públicos tienden a propiciar altas dinámicas
crediticias, que, por razones de “compromiso social”,
es lo que se espera que hagan, pero poca atención suelen
conceder a la recuperabilidad de las carteras que generan:
su vencimiento, por lo general, ocurrirá después
de que hayan abandonado sus cargos. Con pocas excepciones tienden
a seguir aquel refrán que dice: “El que venga
atrás que arree”.
Si esto es así, ¿Por qué mantener entidades
financieras oficiales? Hay una razón poderosa: resolver
fallas de mercado; no competir con el sector privado. Ella explica
que hayan ido desapareciendo los bancos estatales de primer piso;
que es lo mismo que debería acontecer con las sociedades
fiduciarias. En ambas actividades existe suficiente competencia.
Igualmente, cabe vaticinar el marchitamiento progresivo de las
operaciones de redescuento. Ya no tiene sentido captar fondos
de mediano plazo para prestárselos a los bancos de primer
piso.
Se justifica, por el contrario, mantener
una activa tarea de suministro de servicios financieros para
los sectores pobres
diseñado con el criterio de propiciar la participación
de la banca privada pero manteniendo en cabeza del Estado responsabilidades
de promoción y cobertura de riesgos. Se trata de “La
Banca de las
Oportunidades”, la cual tendrá un vigoroso crecimiento
el próximo año.
Guiado, igualmente, por estas convicciones,
el actual Gobierno tomó tres determinaciones que quiero destacar: la disolución
del Instituto de Fomento Industrial que padecía una situación
de grave insolvencia; el sometimiento del Fondo Nacional de Garantías
a la jurisdicción de la Superintendencia Financiera; y
la realización de una reforma estructural de Bancoldex.
Lo primero, cerró una cuantiosa hemorragia de recursos
fiscales; lo segundo, fortaleció la capacidad del FNG
para emitir garantías a los préstamos concedidos
por la banca a pequeños empresarios e, inclusive, emprendimientos
de mínimo tamaño.
Quiero detenerme un instante en la reforma
de Bancoldex. En el 2002 era, en esencia, una institución que suministraba
crédito de capital de trabajo a empresas exportadoras
grandes; hoy se focaliza en las pymes, vinculadas o no al comercio
exterior, con énfasis en la financiación de planes
de modernización. Destacable también el respaldo
que brinda a entes financieros sin ánimo de lucro que
atienden a sectores marginados.
Hay que ir más allá. En el Plan Estratégico
del Banco para el periodo 2006/2010 está previsto que
bajo rigurosas reglas de prudencia se abra una facilidad de capital
de riesgo a favor de las empresas pymes que, dado su grado de
madurez, podrían incursionar en el mercado de capitales
pero que requieren un impulso externo inicial. También
deseo destacar la ampliación del portafolio de garantías
que permitirá ofrecer coberturas a tipos de cambio, interés
o precios de materias primas, productos estos que aún
carecen de suficiente desarrollo. Y, por último, el fortalecimiento
de las funciones de agente de la banca multilateral. Haber tenido
una modesta participación en estos procesos, me deja honda
satisfacción.
*Ministro de Comercio, Industria y Turismo
Diciembre 12 de 2006
