COLOMBIA: FORTALEZA INSTITUCIONAL
Por Jaime Bermúdez Merizalde
*
Para un lector desprevenido, la información que viene apareciendo
en la prensa en los últimos días acerca de la llamada “crisis
de la parapolítica” en Colombia, podría ser
una prueba más de la infiltración de la ilegalidad
en las instituciones de un país que aparentemente cuenta
con un estado débil y carente de legitimidad. La dura situación
por la que atravesó hace 10 años como consecuencia
de la penetración del narcotráfico en la campaña
presidencial, parecería repetirse hoy con el escándalo
de los vínculos de algunos congresistas y personajes de
la vida nacional con los paramilitares.
Se ha dicho incluso que se trata de la
mayor crisis que enfrenta el Gobierno de Álvaro Uribe, puesto que su Canciller se
vio forzada a renunciar como consecuencia de las investigaciones
que se adelantan contra su hermano, Senador de la República,
y su padre, también presuntamente vinculados con los paramilitares.
El mayor número de congresistas investigados por la Corte
Suprema de Justicia son, además, miembros de la coalición
que apoya al gobierno.
Sin embargo, aunque parezca paradójico, la situación
por la que atraviesa Colombia hoy es, más que una crisis
política, una señal de fortaleza institucional y
democrática. Veamos por qué.
Históricamente el paramilitarismo surge en la década
de los 80s como reacción a las acciones de la guerrilla,
en virtud de la ausencia del estado y la desprotección de
la fuerza pública en muchas regiones del país. Al
igual que la guerrilla, los paramilitares terminan involucrados
en el negocio del narcotráfico y se convierten en un esperpento
de crímenes y masacres. Con el tiempo, los unos y los otros,
logran penetrar las esferas de poder local y nacional.
Durante años se habló en privado y en público
de la actividad de los paramilitares y su capacidad de infiltración,
pero pocas veces se les combatió con determinación.
En 2002, con la llegada del Presidente
Uribe y la determinación
de acabar con el flagelo del terrorismo, el estado retoma la ofensiva.
El Presidente expresamente propone la necesidad de combatir a estos
grupos con todo el rigor, pero al mismo tiempo abre la posibilidad
de iniciar una negociación con toda la generosidad, que
permita reintegrarlos a la sociedad si cesan en sus hostilidades.
Así se inicia el proceso con los paramilitares que ha permitido
desmovilizar a más de 30.000 hombres y recluir a los líderes
de esa agrupación. Cerca de 10.000 miembros de la guerrilla
se desmovilizaron también. El efecto inmediato es una reducción
significativa de homicidios y masacres en todo el territorio.
En ese escenario, el Congreso aprueba una
ley, llamada de Justicia y Paz, como marco jurídico que permite avanzar en la negociación,
mediante la reducción de penas a cambio de la confesión
de delitos, entrega de bienes ilícitos y reparación
de víctimas.
De esa forma, el país asumió el reto de derrotar
el paramilitarismo, con la expectativa de lograr lo mismo con la
guerrilla en el futuro. El proceso, como es natural, es imperfecto
y da lugar a debates intensos al interior y fuera del país;
es un ensayo audaz que acometió la democracia. Colombia,
creó un marco que no permite la impunidad, busca juzgar
a los responsables, saber la verdad de los hechos, y reparar a
las víctimas.
El origen del llamado escándalo de la parapolítica
es precisamente la consecuencia natural de haber emprendido ese
camino. La información que viene conociendo la opinión
pública acerca de las personas implicadas surge, precisamente,
de un escenario democrático en el cual la justicia viene
operando, los medios de comunicación cuentan con un espacio
abierto de denuncia y opinión, el gobierno apoya de manera
decidida el avance de las investigaciones y procura su publicidad
y transparencia.
La fortaleza institucional consiste en
haber asumido el reto de enfrentar a esos grupos y acometer un
proceso de negociación,
en el cual las mismas instituciones, independientes y legítimas,
definan el grado de responsabilidad de cada quien. En los próximos
meses, quizá años, la justicia y los medios de comunicación
seguirán vinculando personas, líderes políticos,
miembros de las fuerzas militares, periodistas, empresarios y personalidades
implicadas con las acciones ilícitas del paramilitarismo.
El país y la comunidad internacional no se pueden escandalizar
porque ello suceda. Todo lo contrario. Lo grave sería que
no pasara nada, que no se supiera nada, que se hablara de la infiltración
de esos grupos en privado y en público, pero las cosas siguieran
igual, silenciadas por la indeferencia o el temor a destapar una
olla en ebullición.
En el proceso que adelanta la Corte Suprema
de Justicia, en el cual están involucrados congresistas de la coalición
uribista, el gobierno ha pedido de manera expresa que la justicia
obre de manera independiente y determine las responsabilidades
del caso. La renuncia de la Canciller Araujo, a quien se le reconoce
su capacidad profesional y transparencia, es una señal de
respeto institucional que favorece el avance de las investigaciones.
A los colombianos nos duele lo que está pasando. Pero somos
conscientes de que se trata de un tránsito necesario, que
seguramente se prolongará en el tiempo, pero que constituye
la única puerta para superar la tragedia del terrorismo
aliado con el narcotráfico. Y en ello, sólo cabe
rodear las instituciones democráticas y legítimas.
* Embajador de Colombia en Argentina
Marzo 2 de 2007
