HOJA DE RUTA
Por Jorge H. Botero*
En dos semanas se iniciarán las negociaciones para la
celebración de un tratado de libre comercio entre los
Estados Unidos, Perú, Ecuador y Colombia. El Gobierno
ha expuesto en múltiples ocasiones las razones que inspiran
esa decisión: la necesidad de contar con un "motor" nuevo
que haga sostenible el crecimiento económico, aumente
el empleo, el bienestar social y reduzca la pobreza.
El examen de los progresos alcanzados
por otros países
que han seguido estrategias semejantes, sugiere que nos movemos
en la dirección correcta; es necesario, además,
asumir las implicaciones de tres factores de carácter
estructural: el gasto público, que durante la década
pasada explicó el 20% del magro crecimiento del periodo,
tiene que reducirse para evitar una crisis fiscal; las exportaciones
de petróleo, que son un tercio de las totales, están
disminuyendo y podrían extinguirse pronto; sufrimos una
deficiencia de ahorro doméstico que debe ser compensada
con flujos mayores de inversión extranjera.
Por sólidas que estas consideraciones sean, el debate
sobre la conveniencia de una mayor apertura económica
permanecerá indefinidamente abierto. Tratándose
de cuestiones políticas fundamentales no hay verdades
incontrovertibles ni cabe la "cosa juzgada", aunque
es preferible que las discusiones versen ahora más sobre
cómo lograr un buen acuerdo. El equipo negociador, integrado
por funcionarios de todos los ministerios, ha hecho la tarea
de elaborar el "mapa" de la negociación -un
catálogo completo de intereses ofensivos y defensivos-
que está discutiendo con el sector privado y que el alto
gobierno debe validar en fecha próxima. No obstante, es
bueno recibir todos los comentarios que ayuden a fortalecer la
posición nacional o a corregir el rumbo si fuere necesario.
La confianza en el saber acumulado sobre las fortalezas y debilidades
del sistema productivo, que se ha incrementado con el respaldo
general a la negociación con MERCOSUR, no puede dar sustento
a la arrogancia.
El Senado, a petición de su Presidente y con el beneplácito
del Gobierno, ha constituido una comisión especial de
seguimiento a la negociación con los Estados Unidos, que
estará integrada por un grupo amplio de senadores de las
distintas bancadas y regiones. Hay que pedir a la Cámara
que proceda en el mismo sentido. Si bien es cierto que la conducción
de las relaciones internacionales corresponde, de modo exclusivo,
al Presidente de la República, es indispensable que el
Congreso, que tiene la competencia para aprobar o no los tratados
que éste celebre, participe activamente en el proceso.
Para esto tiene a su disposición el instrumento poderoso
del control político.
Lo anterior explica porque el Gobierno
se opone a un proyecto de ley, presentado por el Senador Rodrigo
Rivera y otros destacados
congresistas, que inspirado en el loable propósito de
darle juego al Parlamento en las negociaciones que recién
comienzan, pretende restringir la autonomía del Presidente
de la República en un ámbito que la Constitución
le asigna por entero. El precedente sería gravísimo
para futuros gobiernos, no sólo para el actual. Recuérdese
que la Carta prohíbe a las cámaras "Inmiscuirse
por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de competencia
privativa de otras autoridades". Sin embargo, lo que no
puede lograrse por la vía de una ley está abierto
al escrutinio riguroso del Congreso y podría ser materia
de un amplio acuerdo político en el que participen sectores
de la oposición.
Esta previsto que las negociaciones terminen
en Enero próximo.
Que así ocurra depende de que todos los estados participantes
estén satisfechos con los resultados. A la luz de experiencias
recientes, tales como la de Centroamérica y Australia,
cabe conjeturar que el tiempo es suficiente. Ya se verá.
*Ministro de Comercio, Industria y Turismo
