TOMAR UNA LÍNEA DURA
Por Francisco Santos*
El compromiso de Europa para con los derechos humanos y el medio
ambiente debe combinarse con la auto-examinación en torno
al consumo de drogas, dice el vicepresidente Santos.
El mes pasado volé por una extensión prístina
de la selva tropical de la Costa Pacífica colombiana,
una región que cuenta con una de las mayores biodiversidades
del planeta, según afirman ambientalistas. Pero mientras
me maravillaba con la alfombra verde de árboles, observé que
a lo largo del terreno había muchos huecos rectangulares.
Estas cicatrices negras son producto de dos acciones - tajar
y quemar - que no fueron ejecutadas por multinacionales madereras,
sino por cultivadores de coca que buscan sembrar más
hojas de esta planta para cumplir con la gran demanda de la
misma que existe en Europa y los Estados Unidos.
Los cultivadores de coca en Colombia trabajan directamente para
los grupos ilegales paramilitares, las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) y los dos grupos izquierdistas que las AUC combaten:
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército
de Liberación Nacional (ELN). Las AUC son responsables
de la mayoría de abusos de derechos humanos que hay en
Colombia y, juntos, los tres grupos son los peores violadores
de derechos humanos en las Américas.
Aparte de los asesinatos, secuestros y otras actividades criminales,
las AUC, las Farc y el ELN han gasto aproximadamente 1.8m hectáreas
de selva tropical.
Hace falta algo en esta destrucción de la selva colombiana,
que constituye el 10 por ciento de la biodiversidad del planeta.
No ha habido indignación. Por el contrario, las organizaciones
de derechos humanos se centran en la presunta relación
del Gobierno con las AUC y sus políticas para con las
Farc y el ELN, que se dice son duras. Pero las organizaciones
series de derechos humanos y los ambientalistas deben dirigir
sus energías para detener el enorme daño ambiental
y las violaciones a los derechos humanos causados por estos grupos
rebeldes, calificados en su totalidad como terroristas por la
Unión Europea.
En Colombia, la producción de cocaína no es una
extensión orgánica de la cultura medicinal indígena,
como algunos nos lo harían creer. Es una industria liderada
por las AUC, las Farc y el ELN que contamina los ríos
y los bosques con millones de galones de fertilizantes tóxicos,
que quema los hábitat naturales de especies en peligro
de extensión.
Las políticas de mano dura del Gobierno de Colombia no
son implementadas en una aspiradora. Sin una respuesta a la violencia
financiada directamente por las ganancias que produce el narcotráfico,
negocio administrado por los grupos rebeldes. Estas ganancias
ilegales trastocan cada comunidad, cada individuo, cada sistema,
incluyendo la banca, el fortalecimiento de las leyes, el sistema
judicial y el legislativo.
Algunos europeos han criticado abiertamente las "instituciones
débiles" en Colombia y el "gasto excesivo" en
seguridad. Pedimos a estos mismos críticos que miren con
honestidad al efecto debilitador del narcotráfico internacional
en nuestras instituciones democráticas, los cuerpos que
necesitamos para fortalecer la ley y prevenir las violaciones
de los derechos humanos.
El Informe 2003 de Derechos Humanos de Naciones Unidas claramente
relaciona a las AUC, Farc y ELN con el narcotráfico, extorsión
y el uso de minas antipersonales. Adicionalmente, Human Rights
Watch ha documentado el reclutamiento forzado de niños
para ejercer actos criminales y violentos por parte de estos
tres grupos en un informe llamado "Aprenderán a no
llorar". No obstante, el nexo entre estas atrocidades y
el consumo internacional de drogas parece caer en oídos
sordos.
Si la industria petrolera financiera directamente dicha violencia
o destrucción ambiental, los activistas europeos ya lo
hubieran reprochado. Pero a pesar del hecho de que la violencia
y la destrucción ambiental es una consecuencia directa
de la demanda de cocaína y del consumo por parte de su
propia sociedad, los europeos permanecen en silencio frente a
lo que no es más que un ciclo de consumo y violencia de "cocaína
para la sangre."
Este fracaso para conectar el consumo de drogas de los europeos
con las violaciones de los derechos humanos en Colombia expone
una paradoja moral. Los países europeos cuyos hábitos
en torno a las drogas han creado la necesidad de estrictas medidas
antiterroristas en Colombia son los mismos que critican las políticas
de seguridad del actual Gobierno.
Europa no puede tener un ponqué moral de derechos humanos
y, además, la cocaína. Hasta que Europa reduzca
su consumo de cocaína y haga un compromiso multilateral
para enfrentar este crimen transnacional, se necesitará en
Colombia un gasto sacrificado en defensa y no en la reducción
de la pobreza.
La Unión Europea ha aumentado recientemente el número
de sus miembros en 10. Si el aumento en el consumo de la cocaína
crece a la par de la expansión económica, entonces
los colombianos sufrirán de más violencia, más
minas antipersonales, más soldados infantes, más
secuestros y más cicatrices en la selva.
* Vicepresidente de la República
de Colombia.
