EL
SENTIDO DE LA RENOVACIÓN DEL ESTADO: "LIBERAR
RECURSOS
PARA INVERSIÓN SOCIAL"
Por Claudia Jiménez*
Los resultados del Estado colombiano en el
cumplimiento de sus funciones esenciales son hoy, por decir lo
menos, muy mediocres y, en todo caso, bastante incongruentes
con los esfuerzos fiscales y administrativos realizados por el
país: en la última década, se comprobó un
crecimiento extraordinario del sector público no financiero,
un importante incremento del gasto del gobierno central, un vertiginoso
aumento de las transferencias territoriales, y una impresionante
proliferación de entidades.
No obstante lo anterior, se ha hecho igualmente
evidente una muy baja correlación entre el incremento
del gasto y el mejoramiento de la provisión de bienes
y servicios, bien sea en cuanto a su cobertura o en cuanto a
su calidad. Así, para nadie es un secreto que es muy poco
lo que el país ha avanzado en materia de reducción
de la pobreza y, de hecho, en la última década
se observa un retroceso; en educación, los importantes
incrementos experimentados por el gasto de educación desde
1996 no han mejorado de manera significativa ni la cobertura
ni la calidad educativa; y algo similar ocurre en el caso de
los sectores de salud y justicia, en los cuales las asignaciones
presupuestales desde 1992 han representado esfuerzos fiscales
con pocos antecedentes previos en el país, pero de pobre
impacto.
Con estos resultados, sorprendente sería
no cuestionar la legitimidad de un Estado colombiano que, a pesar
de sus desalentadores resultados, ha ido absorbiendo cada vez
más recursos, privando de éstos a otros actores
sociales que eventualmente podrían utilizarlos en una
forma socialmente más productiva.
La renovación de la administración
pública, entonces, es una tarea urgente y ambiciosa. Su
propósito fundamental es la recuperación de la
legitimidad del Estado para ejercer el liderazgo requerido con
miras a que la sociedad colombiana pueda alcanzar las metas previstas
en la Constitución Nacional y que justifican su existencia.
Esta es la razón por la cual la renovación de la
administración pública propuesta por el gobierno,
no se entiende como un simple proceso de reestructuración
organizacional que eventualmente lleve a reducir los costos de
operación y a mejorar la eficiencia operativa de algunas
entidades, sino más bien como un replanteamiento del aparato
estatal dirigido a la materialización de una nueva concepción
del Estado: el Estado Comunitario.
El Estado Comunitario puede definirse como
un Estado al servicio del ciudadano, cuyos objetivos primordiales
son un Estado gerencial (que administre lo público con
eficiencia, honestidad, austeridad y por resultados), un Estado
participativo (que tenga en cuenta las demandas de la gente)
y un Estado descentralizado (que tenga en cuenta las necesidades
locales sin perjuicio del interés nacional y de la solidaridad
regional).
En efecto, el gobierno nacional se ha trazado
como objetivo primordial fortalecer la participación ciudadana
en la definición, la ejecución y la vigilancia
de las tareas públicas, atendiendo a que el ciudadano
no sólo puede ser receptor de los productos y usuario
de los servicios del Estado, sino que además debe ser
parte activa en la construcción social cumpliendo con
la responsabilidad política de la participación.
En este sentido, se está garantizando la participación
ciudadana en la formulación de las políticas públicas,
a partir de los consejos comunales de gobierno, en los que confluyen
la ciudadanía, las autoridades locales y el gobierno nacional;
igualmente, el referendo propuesto por el gobierno nacional,
es el primer ejemplo del Estado Comunitario en su componente
de participación ciudadana; se está impulsando
la integración de veedurías comunitarias en todas
las actividades de la administración y, particularmente,
en la contratación administrativa; y se expedirá el
marco legal necesario para que exista la obligación de
todas las entidades estatales de entregar información
en tiempo real sobre el avance en la ejecución de los
proyectos públicos, estableciendo consecuencias jurídicas
claras en caso de incumplimiento.
Con la vigilancia, el seguimiento y la censura
de la ciudadanía, se logrará que los recursos públicos
sean destinados de forma transparente al cumplimiento de la misión
esencial de la actividad pública: mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos.
La ciudadanía también está llamada
a participar directamente en la ejecución de las políticas
públicas. En este contexto, una dimensión fundamental
de la renovación del Estado, es el afianzamiento de las
relaciones entre el sector privado y el sector público.
Con frecuencia estas relaciones se presentan como antagónicas,
cuando en realidad son complementarias. No podrá haber
un Estado Social de Derecho ni un Estado Comunitario, sin un
sector privado vigoroso y dinámico. Tampoco podrá haber
un sector privado próspero, sin un sector público
que contribuya a la creación de capital social, que procure
reglas ordenadas y que se cumplan para el funcionamiento de las
empresas y de la economía en su conjunto, y que ofrezca
una infraestructura social, económica y de seguridad democrática
básica que estimule el desarrollo del país.
Con la noción de Estado Gerencial, el
segundo elemento clave del Estado Comunitario, se busca la construcción
de un Estado que se legitime con una nueva cultura de administración
de lo público. Esto implica: austeridad, eficacia, eficiencia
y productividad en el cumplimiento de las tareas públicas.
Para que la dimensión de la fuerza laboral
de la administración sea la adecuada, se está llevando
a cabo un rediseño institucional al interior de las 302
entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, con la finalidad
de reducir el costo del aparato, de la burocracia y de los privilegios.
El objetivo es aumentar la eficiencia y la gestión mediante
una recomposición de las plantas de personal hacia las
labores misionales y un ajuste de las estructuras hacia lo que
verdaderamente se requiere, buscando generar ahorros. Ahorros,
que sólo tienen como destino, luego del pago de las indemnizaciones
a que haya lugar y de la implementación de un Plan de
Protección Social, la creación de un millón
y medio de cupos escolares, la instalación de 10.000 computadores
en 1.000 escuelas, la ampliación del régimen subsidiado
de salud (Fosyga) a 289.000 nuevos beneficiarios, la creación
de 1.950.000 nuevos cupos para los usuarios del Sena, por sólo
citar algunos ejemplos de las metas sociales del Gobierno Nacional.
Pero la renovación de la administración
pública no sólo busca una profunda reorganización
de las estructuras administrativas del Estado colombiano, sino
que también consiste en un análisis riguroso de
los procesos básicos de la administración pública,
que permita su replanteamiento y optimización, con miras
a facilitar el logro de los objetivos sociales del Estado dentro
de un marco de eficiencia económica. En este sentido,
una de las características más importantes es que,
a diferencia de lo ocurrido en el pasado, el proceso de renovación
del Estado se concibe como un ejercicio integral, no exclusivamente
centrado en los aspectos organizacionales. Se parte del principio
de que el buen funcionamiento de la administración pública
depende de una buena combinación de la "organización
vertical" con los "procesos operativos básicos" a
través de los cuales se materializa el contenido funcional
de la gestión pública.
Es por esta razón que, con la finalidad
de superar algunos problemas estructurales de la administración
pública colombiana, el gobierno se encuentra adelantando
unas reformas transversales que tienen un impacto en todos los
niveles del Estado. Dichas reforman son: a) la reforma al sistema
del empleo público; b) la reforma al sistema de contratación
administrativa; c) la creación de una estrategia gubernamental
(con la correspondiente institucionalidad) para la defensa judicial
del Estado; d) el diseño de una política integral
para la gestión productiva de los activos de propiedad
del Estado; e) la implantación de un sistema de evaluación
por resultados; f) la reforma a los organismos de regulación
y control; g) la reforma al sistema presupuestal; h) la unificación
de los sistemas de información al interior del Estado
y de éste con los ciudadanos; i) el fortalecimiento del
gobierno electrónico; j) la estrategia antitrámites;
y k) la política de racionalización y calidad normativa.
Finalmente, el Estado Comunitario es
un Estado administrativamente más cercano al ciudadano,
lo cual implica, desde el punto de vista de su organización,
un compromiso decidido de fortalecimiento y profundización
de la descentralización a través del traslado
de competencias nacionales hacia los entes territoriales. El
programa de Renovación de la Administración Pública,
busca una mayor delegación de funciones y competencias
en el orden territorial, la eliminación de las duplicidades
entre el gobierno central y los entes territoriales, la recuperación
de la fortaleza del nivel intermedio de gobierno, la promoción
de la acción conjunta y articulada de los diferentes
niveles de gobierno a través de alianzas, asociaciones
y convenios de delegación, y el incentivo de la integración
de regiones, nuevamente con un fin último, cual es la
liberación de recursos con destino a actividades sociales,
pues en la medida en que se eliminen duplicidades y se asegure
la gerencia adecuada de las regiones y de sus instituciones,
se logrará un ahorro significativo en los gastos gubernamentales.
* Directora del Programa de Renovación
de la Administración Pública, Departamento Nacional
de Planeación
