LOS
NUEVOS RETOS DE LA RENOVACIÓN DEL ESTADO
- El Departamento Nacional de Planeación
presenta los logros del Plan Nacional de Desarrollo, las últimas
cifras que éste ha arrojado y el paso siguiente en el
camino hacia un "Estado Comunitario".
Por Claudia Jiménez Jaramillo*
Una noción invocada con tenaz empeño
por el presidente Álvaro Uribe desde la Gobernación
del departamento de Antioquia, durante su campaña como
candidato a la Presidencia y ahora como Presidente de la República,
es que las políticas del Gobierno consagradas en el Plan
Nacional de Desarrollo 2002-2006 (Ley 812 de 2003) tienen como
objetivo último materializar la noción del Estado
Comunitario.
En síntesis, el Estado Comunitario es
un Estado formado, organizado y administrado en función
del servicio al ciudadano, en cuya concepción, ejecución
y control participa activamente la comunidad.
El desempeño de la administración
pública colombiana ha sido deficiente en cuanto a la provisión
de los bienes y servicios públicos fundamentales para
los ciudadanos. No obstante, las estructuras administrativas
han ido demandando cada vez más recursos, privando de
estos a otros actores que podrían utilizarlos de una forma
socialmente más productiva. En estas circunstancias, el
Estado debe recuperar su capacidad para cumplir eficaz y eficientemente
sus funciones esenciales al servicio de la ciudadanía. "El
Estado es hoy permisivo con la corrupción, gigante en
politiquería y avaro con lo social".
Por esta razón el Gobierno ha planteado,
con obstinada insistencia, la necesidad de la integralidad del
esfuerzo: las reformas laboral, pensional y tributaria aprobadas
en diciembre de 2002 son un gran esfuerzo solicitado a los ciudadanos
en su calidad de trabajadores, de pensionados y de contribuyentes;
el Referendo constituía un llamado a la clase política
colombiana para que modificara sus costumbres, además
de contener algunos puntos económicos fundamentales para
la estrategia gubernamental encaminada a superar el déficit
fiscal; el fracaso del Referendo forzó una contribución
suplementaria por parte de los colombianos con la nueva reforma
tributaria aprobada en el mes de diciembre de 2003; la propuesta
de reforma a la justicia, que sigue en el ambiente, exhorta a
la rama jurisdiccional y a su estructura administrativa a participar
en el proceso de racionalización del Estado, y a los actuales
funcionarios públicos, a través del Programa de
Renovación de la Administración Pública
(Prap), se les ha solicitado su grano de arena.
En este contexto, también el Prap pretende
implementar, en lo que le corresponde, la noción del Estado
Comunitario: un Estado participativo (que estimule la participación
y que tenga en cuenta las demandas ciudadanas), un Estado gerencial
(que administre lo público con eficiencia, honestidad,
austeridad y por resultados) y un Estado descentralizado (que
tenga en cuenta las necesidades locales sin perjuicio del interés
nacional y de la solidaridad regional).
El proceso de renovación instaurado
por el Gobierno -y esta es quizás una de las principales
características que lo diferencian de las demás
iniciativas de reforma del Estado- no sólo es de corto
plazo sino, y sobre todo, de mediano y de largo plazo. Más
allá de los cambios inmediatos que se puedan adoptar en
la estructura de la administración y de los procesos inherentes
a su operación, el Programa implica un cambio profundo
en la cultura de la administración pública del
país. En este sentido, el desarrollo del Prap parte de
la definición de lo que debe y no debe hacer el Estado,
del tipo de relación entre éste y la sociedad civil
y del examen de los procesos estructurales de la administración
pública, en función del interés colectivo
y de las alternativas tecnológicas disponibles.
Con base en lo anterior, se está entonces "repensando" la
administración pública, al menos en dos dimensiones:
una dimensión "vertical", la cual involucra
la organización de los 19 sectores de la rama ejecutiva
del orden nacional, compuestos estos por las entidades cabeza
de sector y la red institucional respectiva, y una dimensión "transversal",
en la que se hace referencia a los procesos estructurales necesarios
para el correcto funcionamiento de la administración pública,
comunes a todos los sectores e incluso al orden territorial,
a los organismos autónomos e independientes y a las demás
ramas del poder público.
Para nadie es un secreto que el Estado debe
racionalizar sus gastos, no sólo porque así lo
indique una coyuntura fiscal determinada, sino porque los recursos
gastados en el funcionamiento de las estructuras administrativas
disminuyen los bienes y servicios que se deben proveer a los
ciudadanos. En consecuencia, el objetivo fundamental de la renovación
de la administración pública es una adecuada relación
entre el presupuesto de funcionamiento y el de inversión,
maximizando el impacto de este último. En términos
simples, se trata de liberar recursos actualmente destinados
a pagar la burocracia para destinarlos a una mayor inversión
social en educación, salud, vivienda, acueducto, saneamiento
básico, etc.
Las reformas verticales
En qué consisten
El proceso de renovación de la administración
se inició en septiembre de 2002, con fundamento en la
Directiva Presidencial N°. 10 del mismo año. Dicho
proceso hace énfasis en la necesidad de repensar los sectores,
analizando cuál debe ser el papel del Estado en cada uno
de ellos. La unión de la reflexión sobre el papel
del Estado en el sector y la necesidad de ajustar correspondientemente
las estructuras organizacionales de las entidades cabeza de sector,
sus redes institucionales y sus recursos humanos, administrativos
y financieros, lleva a lo que en el Prap se ha denominado la "reforma
vertical".
Para el diseño de la organización
interna del organismo cabeza de sector y de las entidades que
conforman su respectiva red institucional, se han tenido en cuenta
los lineamientos metodológicos definidos por el Departamento
Nacional de Planeación (DNP), la autoridad técnica
coordinadora del proceso de renovación de la administración
pública.
Qué se ha hecho
El Prap ha logrado una reducción importante
de los gastos burocráticos de la rama ejecutiva del orden
nacional. Con las decisiones tomadas en los 17 meses que van
de Gobierno, dichos ahorros ascienden a cerca de $473 mil millones,
los cuales se consolidarán de forma permanente en 2006.
De este monto, cerca de $235 mil millones ya son parte del ahorro
logrado para las finanzas de la Nación. En términos
de puestos de trabajo, este enorme esfuerzo del Gobierno corresponde
a una supresión de 16.772 puestos en la rama ejecutiva
del orden nacional, esfuerzo que terminará de ejecutarse
a finales del cuatrienio; hasta hoy, ya se han suprimido 8.711
puestos, de los cuales 5.603 corresponden a cargos de nómina
y 3.108, a contratos de prestación de servicios que no
se han renovado.
Se han intervenido 94 entidades, así:
25 liquidaciones, 3 fusiones, 3 escisiones, 6 cambios de adscripción,
4 creaciones, 19 modificaciones de estructura, 23 modificaciones
de planta, 18 sólo han suprimido contratos de prestación
de servicios y 45 sólo han suprimido cargos vacantes.
Valdría la pena mencionar que, en desarrollo
de este Programa, se tomaron decisiones de suma importancia y
que requirieron una voluntad política difícilmente
constatada en la historia administrativa del país, tales
como:
-La liquidación de Telecom y de sus
12 Teleasociadas -por la evidente inviabilidad financiera de
estas entidades-, acompañada de la creación de
la empresa Colombia Telecomunicaciones, para garantizar así la
integración de las operaciones con el fin de capturar
sinergias y asegurar la prestación del servicio en el
largo plazo;
-La escisión de los negocios de Ecopetrol
en la sociedad pública por acciones Ecopetrol S.A., la
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Sociedad Promotora de
Energía, separando así la función de regulación
de las actividades de exploración, explotación,
refinación y comercialización del crudo y de sus
derivados;
-La escisión del Instituto de Seguros
Sociales, mediante la separación de los negocios de EPS
e IPS de la entidad, la creación de 7 nuevas ESE, la reducción
de 33 cargos directivos redundantes en la presencia regional
de la entidad y la supresión de cerca de 2.300 contratos
innecesarios para su funcionamiento;
-La liquidación de 4 entidades del sector
de agricultura (Incora, DRI, Inpa e Inat) para unificar la ejecución
de la política agropecuaria y de desarrollo rural del
país en un solo instituto (el Incoder), que está implementando
un progresivo pero decidido proceso de descentralización
de funciones;
-La liquidación del IFI con el consecuente
traslado de sus funciones a Bancoldex y la absorción por
parte de éste de los activos y pasivos de aquel, con el
fin de ejecutar una más eficaz estrategia de apoyo financiero
a las Mipymes;
-El cambio de adscripción del Instituto
Caro y Cuervo y de Coldeportes del Ministerio de Educación
al Ministerio de Cultura, lo cual evidencia un cambio de política
en estos temas de mucho fondo;
-La unificación de las funciones de
vivienda, agua potable y desarrollo territorial en el Ministerio
de Ambiente, estableciendo un marco integral de la perspectiva
ambiental y habitacional;
-Y la liquidación de Ferrovías
y de Caminos Vecinales, con la consecuente creación del
Instituto Nacional de Concesiones (Inco), entidad de muy alto
perfil especializada en la estructuración, el diseño
y la administración de las concesiones del sector transporte.
Todo esto, para citar algunos de los ejemplos
más representativos de la renovación administrativa
que se lleva a cabo.
El Plan de Protección Social
(PPS)
Para mitigar los efectos generados por la desvinculación
de un número importante de servidores públicos,
el Gobierno ha establecido un Plan de Protección Social
(PPS). Bajo la iniciativa del presidente Uribe, la Ley 790 de
2002 (modificada en cuanto a su vigencia por el artículo
8 de la ley del plan 812 de 2003), estableció como PPS
una garantía de estabilidad laboral para las madres cabeza
de familia sin alternativa económica, los discapacitados
y los prepensionados ("retén social"), un reconocimiento
económico para los funcionarios provisionales y de libre
nombramiento y remoción no directivos, así como
programas de capacitación para la rehabilitación
profesional y técnica.
Con fundamento en el PPS, en desarrollo del
Prap se ha garantizado la estabilidad laboral de 9.837 servidores
(3.903 madres cabeza de familia sin alternativa económica,
5.609 pre-pensionados y 325 discapacitados), 747 ex servidores
han sido beneficiarios del reconocimiento económico y
1.821 se encuentran inscritos en los programas de rehabilitación
profesional y técnica.
Entre indemnizaciones y reconocimientos económicos,
con las decisiones que se han tomado hasta hoy, este proceso
le costará al fisco cerca de $300.000 millones. Igualmente,
aunque pocos son conscientes del esfuerzo, el compromiso del
Gobierno de aplicar el retén social en sus procesos de
reestructuración ha tenido un costo cercano a los $127.000
millones.
Qué sigue
Durante el último trimestre de 2002,
se diseñaron y aprobaron los instrumentos jurídicos
y metodológicos necesarios para ejecutar el Prap; en marzo
de 2003, se realizaron algunas reestructuraciones de entidades
y se materializó la fusión de los ministerios;
en junio del mismo año, se culminó la etapa de
la reforma en la que se utilizaron las facultades extraordinarias
que para el efecto el Congreso, a través de la Ley 790,
le atribuyó al Presidente de la República. Actualmente
se impulsa el rediseño de otras entidades cuya reestructuración
está prevista para antes de marzo de 2004, por cronogramas
y por compromisos de ahorro.
Tal y como han sido planteadas hasta la fecha,
las reformas verticales del Prap deberán culminar durante
el primer trimestre del presente año. En consecuencia,
las entidades y organismos administrativos del orden nacional
que no se han renovado, por ahora realizan los estudios técnicos
necesarios para respaldar sus respectivas reestructuraciones.
Por instrucción presidencial, "todos" los sectores
que hacen parte de la rama ejecutiva del orden nacional, sin
excepción, incluido el sector Defensa, se encuentran involucrados
en este proceso.
Adicionalmente y para evitar que cada gobierno
ejecute una reforma administrativa de manera aislada y sin coherencia
con las iniciativas precedentes -pues se correría el riesgo
de una desarticulación de las instituciones del Estado-,
las reformas verticales del Prap plantean, en adelante, la intervención
de un número determinado de entidades prioritarias por
cuatrienio. Estas deberán ser seleccionadas al inicio
de cada gobierno, con base en un modelo de selección que
el Departamento Nacional de Planeación (DNP) está ajustando
para el efecto. Dicho modelo contiene indicadores ponderables
de selección como, por ejemplo, el número de servidores,
los costos de nómina, los gastos de funcionamiento, la
profesionalización de los funcionarios, la escala salarial,
los resultados de su gestión, la percepción de
transparencia y el riesgo financiero de las entidades, entre
otros.
Los objetivos son entonces concebir y consolidar
una estrategia que permita apoyar, de manera permanente, renovaciones
de entidades con alto impacto en el cumplimiento de la misión
del Estado; diseñar unos criterios técnicos que
permitan la escogencia de las entidades que serán apoyadas;
focalizar los esfuerzos en operaciones de alto impacto sectorial,
tanto en la generación de ahorros como en el mejoramiento
del cumplimiento de la misión institucional, y apoyar
a entidades que por la magnitud de su estructura, su alto componente
en la prestación de servicios comunitarios y su importancia
en el marco del PND requieran asegurar un proceso de cambio institucional.
Las reformas transversales
La eficacia y la eficiencia de la administración
pública dependen no sólo de su organización
administrativa, sino de la racionalidad de los procesos estructurales
sobre los cuales se basa su operación (presupuestación,
contratación, manejo de información, administración
de recursos humanos, etc.). En efecto, si no hay productividad
en el ejercicio de la función pública, no se generará el
ahorro necesario para invertir y, en consecuencia, para crecer.
Por tanto, el Prap parte del principio según el cual el
buen funcionamiento de la administración pública
depende de una buena combinación de la organización
vertical con los procesos básicos obligatorios y comunes
a todos los sectores estructurales, a través de los cuales
se materializa el contenido funcional de la gestión pública.
Por sus características, las reformas a dichos procesos
deben considerarse "reformas transversales".
Durante el período gubernamental 2002-2006,
los temas transversales del Prap son: empleo público,
gestión de activos, estrategia jurídica de la Nación,
sistema presupuestal, gestión por resultados, gobierno
electrónico, sistemas de información, sistema de
contratación pública, control interno, estrategia
antitrámites y regulación, supervisión y
control. Cada uno de estos temas es lo suficientemente interesante
y complejo como para ameritar un artículo independiente.
Aquí, nos limitaremos a realizar una breve descripción
del tema y de la estrategia que el Gobierno se encuentra implementando
para cada uno de ellos.
Empleo público
El objetivo de esta iniciativa es definir una
política estatal integral sobre el empleo público
y diseñar e implantar una nueva institucionalidad para
la gestión del personal al servicio del Estado. Con base
en un análisis de la situación del sistema de administración
de personal, de los empleados públicos de la rama ejecutiva
en los órdenes nacional, departamental, distrital y municipal,
y con base también en el estudio de las experiencias exitosas
de otros países, el Gobierno está diseñando
un nuevo esquema institucional para la regulación y la
administración del empleo. Dicho sistema pretende centralizar
la formulación de la política y la expedición
de normas y descentralizar la gestión, dejando su aplicación
en cabeza de cada entidad. Acceso meritocrático, mantenimiento
por desempeño y flexibilidad en la salida son los principios
característicos del nuevo esquema de empleo público
en Colombia, los cuales se encuentran, en parte, consagrados
en el proyecto de ley No. 216 de 2003 Cámara y su acumulado
No. 262 de 2003 Cámara, "Por el cual se expiden normas
que regulan el empleo público, la carrera administrativa,
la gerencia pública y se dictan otras disposiciones",
pendiente de su segundo debate en el Congreso de la República.
Gestión de activos
El objetivo de esta iniciativa es establecer
una política para la administración productiva
de los activos del Estado, incluidos los procesos de inventario,
titulación, adquisición, asignación, uso
y disposición de los bienes del Estado. Se pretende que
la administración de los activos responda a criterios
de seguridad, productividad, eficacia y eficiencia, en función
del interés general. Se encuentran en elaboración
los inventarios y la definición de los mecanismos para
la valoración y el saneamiento jurídico de los
bienes de la Nación, así como el establecimiento
de un cronograma para su gestión productiva. Se cuenta
además con un proyecto de marco normativo para la adquisición,
el registro y el uso de nuevos activos por parte de las entidades
del Estado. Una descripción más amplia y precisa
sobre esta reforma, se encuentra consagrada en el documento Conpes
3251 sobre "Renovación de la administración
pública: Programa para la gestión eficiente de
activos públicos (fase I activos fijos inmobiliarios)".
Estrategia jurídica de la Nación
El propósito de esta reforma es diseñar
una estrategia jurídica y judicial del Estado para establecer
una política integral en la materia, prevenir el daño
patrimonial derivado de las actuaciones antijurídicas
y de la pobre defensa que se hace de los intereses del Estado,
y minimizar el número de demandas y de condenas en contra,
así como el costo de estas. El equipo encargado del tema
desarrolla una estrategia preventiva, un "sistema de garantía
de calidad y salvaguarda" con provisiones especiales para
los sectores de alto riesgo y unos mecanismos alternativos de
defensa. Igualmente, se están identificando las reformas
normativas necesarias, las acciones proactivas contra quienes
desconocen los intereses del Estado, y se analiza la conveniencia
de proponer reformas a la rama jurisdiccional.
Sistema presupuestal
El Gobierno nacional está comprometido
con el rediseño de las políticas de gasto público
y la revisión de la estructura institucional del presupuesto.
En efecto, es necesario redefinir las instituciones presupuestales
para que el presupuesto sea un instrumento que permita asignar
de manera eficiente y equitativa los recursos públicos,
así como facilitar su ejecución por parte de todas
las entidades. La disciplina fiscal, la flexibilización
presupuestal, la eficiencia técnica, la transparencia
y el logro de una clasificación coherente con los estándares
internacionales son los objetivos fundamentales de la reforma
al sistema presupuestal. Así mismo, los mecanismos de
evaluación y de rendición de cuentas y de transparencia
en el manejo del presupuesto público deben profundizarse.
La reforma del sistema presupuestal contempla la revisión
de la normatividad que introduce rigidez en el proceso de asignación
de los recursos y de ejecución de los gastos, garantizando
así una articulación eficiente y sostenible entre
las disponibilidades de recursos y las necesidades de gasto,
pero sobre todo, privilegiando el interés colectivo. En
este sentido, el Gobierno, en desarrollo de lo previsto en el
Conpes 3252, radicó el pasado 16 de diciembre un proyecto
de ley por medio del cual se modifica el Estatuto Orgánico
del Presupuesto.
Gestión por resultados
Su objetivo es formular una política
integral de gestión pública que permita fortalecer
los instrumentos gerenciales de la administración del
Estado para garantizar el logro de resultados. En desarrollo
de dicho cometido, el DNP ha impulsado de forma decidida la evaluación
de las principales políticas y programas del Gobierno
con miras a que, en conjunto, estos aspectos hagan más
eficiente y transparente la asignación de los recursos,
mejoren la eficacia de las políticas, los programas y
las instituciones del Estado y permitan la rendición de
cuentas a la ciudadanía. El objetivo final es vincular
la programación y la asignación del presupuesto
a los resultados obtenidos por cada sector.
En relación con este tema hay logros
importantes: la Cartilla de Metas del Plan Nacional de Desarrollo
para el cuatrienio, la Cartilla de Metas 2003 del Plan de Reactivación
Social, el Informe de Resultados del Presidente al Congreso 2003,
los informes trimestrales de resultados del Plan Nacional de
Desarrollo, los resultados del Plan de Reactivación Social-Siete
Herramientas de Equidad, el Informe de Balance del Plan Colombia,
la clasificación programática (según el
PND) del Presupuesto General de la Nación, los resultados
del Seguimiento a los 100 proyectos prioritarios de inversión,
el diseño general del sistema de evaluación del
Prap, el análisis de evaluabilidad del Prap, la línea
de base del Programa Familias en Acción y los primeros
resultados del Programa Familias en Acción, entre otros.
Gobierno electrónico
La finalidad de esta estrategia es definir
una política y un conjunto de instrumentos adecuados para
el manejo de la información en el sector público,
de modo que se garantice plena transparencia de la gestión,
alta eficiencia en los servicios prestados a los ciudadanos y
en las relaciones con el sector productivo y condiciones adecuadas
para promover el desarrollo interno y la inserción internacional.
Esta política confiere sentido a la incorporación
y al uso de la tecnología informática en el desarrollo
de las operaciones de las entidades estatales, tanto en sus actividades
internas como en sus relaciones con otras entidades públicas
y privadas, con los ciudadanos y con el sector productivo. El
propósito último es facilitar las relaciones del
ciudadano con la administración e incrementar la eficiencia,
la transparencia y el desarrollo territorialmente equilibrado
del Estado.
Este es un tema que, bajo el liderazgo de la
Vicepresidencia de la República, ha sido ardua y constantemente
trabajado por el Gobierno. Ya existe un portal de servicio en
línea en el cual los trámites del sector salud
se encuentran simplificados, está en elaboración
del mapa de ruta para la implementación en línea
de la afiliación al sistema de pensiones y se encuentra
en desarrollo el proyecto de pagos en línea, entre otros.
Sistema de contratación pública
La reforma a la contratación pública
tiene como eje la formulación de una política pública
en la materia, basada en la lucha contra la corrupción
y en la búsqueda de la eficiencia en la ejecución
de los recursos. El objetivo es lograr que toda la contratación
esté a la vista de los ciudadanos, estandarizar los procesos
para evitar procedimientos complejos o amañados, eliminar
requisitos y costos innecesarios y garantizar el seguimiento
de la ejecución de los contratos. Para el efecto es necesario
modificar sustancialmente las prácticas actuales y diseñar
un nuevo marco normativo e institucional para la contratación
estatal, que permita mejorar la transparencia del proceso, eliminando
las posibilidades de direccionamiento en la selección
de los proponentes pero a la vez aumentando la eficiencia (especialmente
a nivel sectorial), incrementando su impacto sobre el sector
productivo y generando una reducción de los costos de
transacción para las entidades públicas.
En ese sentido, la modernización de
la contratación pública tiene los siguientes elementos
esenciales: mayor publicidad de los procesos contractuales; eliminación
de los regímenes especiales de contratación, con
lo que se le devuelve al Estatuto de Contratación su carácter
general; establecimiento de un organismo o instancia que se encargue
de la reglamentación específica de la contratación,
de la administración de la misma y de la implementación
de un Sistema Integrado de Contratación Electrónica
que ensamble los sistemas de información actualmente existentes,
incluidos aquellos de los organismos de control, para proporcionar
información sobre la contratación pública
y facilitar que las entidades estatales modernicen la gestión
contractual a través de mecanismos electrónicos.
En este sentido va el proyecto de ley No. 018/02 Cámara "Por
medio del cual se modifica la Ley 80 de 1993, estatuto general
de contratación de la administración pública".
Una descripción más amplia y precisa sobre esta
reforma se encuentra consagrada en el documento Conpes 3249 sobre
la "Política de contratación pública
para un Estado gerencial".
Sistemas de información
El propósito es lograr una gestión
pública moderna que tenga como eje la información.
La política en este campo incluye una estrategia integral
sobre la obtención, la administración y el uso
de la información estratégica, incluido el esquema
institucional recomendable. En desarrollo de esta reforma, el
Gobierno está adoptando un esquema institucional de racionalización
de la estructura institucional, la optimización de la
cooperación entre los sectores público y privado,
y la transparencia y la confiabilidad de la información
resultante.
Igualmente, se procurará garantizar
la disponibilidad, la accesibilidad y la aplicabilidad de la
información oficial básica relacionada con los
aspectos sociodemográficos, el territorio y el medio ambiente.
Para esto se estructuró el Sistema Nacional de Información
Oficial que reordena las entidades públicas encargadas
de la gestión de la información oficial del país
y busca la optimización de su calidad, accesibilidad y
uso adecuado.
Este es quizás el más importante
de los temas transversales del Prap. Por esto los logros han
sido, aunque poco difundidos, de fundamental importancia: ya
se inició el inventario de las tecnologías de información
en el Estado, con su respectivo grupo de trabajo, plan de acción
y cronograma en ejecución; están definidos el presupuesto,
los planes de acción, el ente ejecutor y el espacio fiscal
para la Intranet Gubernamental, y se creó jurídicamente
el sector de la información básica liderado con
el Dane.
El más reciente logro en este tema radica
en la expedición de un decreto por el cual se crea la
Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión
de la Información para la Administración Pública.
Dicha comisión se encargará, entre otros aspectos,
de definir las estrategias y los programas para la producción,
el uso y la explotación de la información necesaria
para lograr una óptima generación de bienes y servicios
públicos por parte del Estado.
Estrategia antitrámites
Mediante esta estrategia se pretende establecer
un marco de política que permita simplificar, integrar
y racionalizar los trámites de la administración
pública, tanto en su operación interna como en
sus relaciones con el ciudadano. El Gobierno está adelantando
acciones para diseñar e implantar proyectos de racionalización
de trámites en entidades o sectores de la administración
pública, en función de la relación beneficio/costo
de los proyectos identificados, como por ejemplo, para el sector
de las exportaciones. Igualmente, el DNP está diseñando
un programa de gobierno en línea para la prestación
de servicios y trámites al empresario y ciudadano, llamado
el Punto Focal Virtual, que se encuentra en la etapa de implementación
y pruebas. Se lleva a cabo un plan de acción para estandarizar
la codificación de las entidades públicas y se
están realizando pruebas piloto.
Regulación, supervisión
y control
El objetivo es establecer un marco de política
para el ejercicio de las actividades de regulación, supervisión
y control por parte del Estado, definiendo el esquema institucional
más apropiado y sus competencias. El Gobierno estableció los
principios que permiten racionalizar la actividad estatal en
esta materia, a efectos de minimizar los costos de transacción
para el Estado, los regulados, los supervisados y los controlados.
De igual manera, circula dentro del Gobierno un proyecto de régimen
jurídico único para los organismos de regulación,
supervisión y control.
En síntesis, los temas transversales
del Prap son quizás el componente más importante
y cuyos beneficios serán los de mayor envergadura para
el funcionamiento de la administración pública.
Por lo tanto son temas de mediano y de largo plazo. El Gobierno
sabe que su concepción e implementación superan
la actual y las próximas dos administraciones, pero confía
en poder sentar las bases (ojalá irreversibles) y comenzar
a ejecutar los elementos esenciales de esta ambiciosa estrategia.
Para 2004 y hasta 2006, las prioridades serán
entonces la consolidación de las decisiones tomadas hasta
la fecha, el rediseño de las entidades identificadas como
prioritarias, las reformas de carácter transversal y la
institucionalización del Prap.
Esta reforma del Estado se diferencia de las
anteriores en que la voluntad política del presidente
Uribe y de su gabinete es toda; en que se está actuando
en función de la idea de que la renovación responde
a una perspectiva de Estado y no de gobierno; en que el criterio
central de la transformación es económico y no
sólo administrativo; en que el proceso de renovación
se entiende como un mejoramiento continuo y no como acciones
puntuales, y en que el proceso instaurado tiene vocación
de permanencia y por lo tanto se institucionalizará en
el DNP y tendrá un horizonte temporal que trascenderá la
presente administración.
*Directora Programa de
Renovación de la Administración Pública
(Prap). Departamento Nacional de Planeación.
