ECONOMÍA POLÍTICA
Por Jorge H. Botero*
Se entiende por “economía política” el
análisis de los impactos que en los diferentes sectores
de la sociedad tiene la adopción de políticas públicas.
Partiendo de la tendencia natural que individuos y grupos tienen
a maximizar su propia utilidad, es posible determinar ganadores
y perdedores, y predecir cuál será su reacción
ante las medidas que se proponen. En ese escenario de intereses
enfrentados el gobernante tiene la carga de decidir.
Esta responsabilidad es compleja. Elegir entre opciones enfrentadas
es, con frecuencia, un ejercicio basado en consideraciones ideológicas
y no en factores objetivos; no suelen formarse grupos de presión
para la tutela de los intereses generales o difusos de la sociedad
mas sí de intereses sectoriales; dar un peso suficiente
a las conveniencias de largo plazo, como las que inciden en el
crecimiento sostenible y en el bienestar de las nuevas generaciones,
requieren visión y fortaleza que suelen ser excepcionales.
Como es bien sabido el Gobierno pretende acelerar el crecimiento
de la economía y aumentar el bienestar social mediante
un mayor dinamismo del comercio exterior y la inversión
extranjera. Hay en la escogencia de esta alternativa, como en
la aguerrida resistencia que en ciertos sectores ella suscita,
elementos ideológicos respecto de los cuales el debate
resulta baldío. Es bueno aceptar esta realidad, absteniéndose
de agraviar al otro tildándolo de dinosaurio o neoliberal
sin corazón, y limitarse a aportar con serenidad los argumentos
en pro de las tesis que se defienden. El conocimiento de los
resultados que otros países que han obtenido abriendo
sus economías -España, Chile, China, India, Irlanda,
Corea del Sur- nos persuade de que nos movemos en la dirección
correcta. En todos ellos ha aumentado el ingreso per cápita
y se ha reducido la pobreza.
Existe, de otro lado, sólida evidencia empírica
para afirmar que un grado mayor de exposición de la oferta
doméstica a la competencia externa beneficia a los consumidores,
reduce el desempleo, alienta el desarrollo de sectores productivos
incipientes y estimula los flujos de inversión. Acontece,
sin embargo, que suele ser débil el respaldo político
que estos intereses logran movilizar. En casi ninguna parte hay
movimientos poderosos de consumidores o de quienes carecen de
empleo pero que podrían tenerlo en un ambiente de mayor
competencia; desde luego, tampoco los eventuales inversionistas
se organizan en defensa de unas posibilidades promisorias pero
no a priori evidentes. Por contraste, es significativa la fuerza
política que de ordinario tienen los empresarios y trabajadores
que ven amenazados los márgenes de rentabilidad y salarios
que en ciertos casos son factibles en economías cerradas.
En último termino, vale la pena mencionar que las políticas
que tienen por objeto reconversiones del aparato productivo mediante
la reducción de los niveles de protección tienen
costos sectoriales visibles y beneficios perdurables de naturaleza
incierta que se difunden en el conjunto de la sociedad. De ahí que
los opositores se movilicen con facilidad y sea ardua tarea conseguir
respaldo para las reformas. Juega aquí el conocido aforismo
que justifica el status-quo: “Más vale pájaro
en mano que ciento volando”.
Si con lo dicho queda formulado correctamente el problema de
economía política derivado en las negociaciones
comerciales con otros países se habrá avanzado
en su resolución. La tarea por delante es, sin embargo,
abrumadora: negociar bien, mantener el respaldo del empresariado
rural y urbano, persuadir a las regiones de que tienen un potencial
de crecimiento inexplotado, convencer al Congreso de que vote
los tratados y a la Corte Constitucional de que ellos son congruentes
con las normas superiores, son cuestiones en las que es mejor
no pensar los domingos en la tarde.
* Ministro de Comercio, Industria y Turismo.
