TRANSICIÓN
PENSIONAL
Por Alberto Carrasquilla*
Tras un debate amplio,
la Comisión I de la Cámara
aprobó una reforma constitucional en materia pensional.
Por fortuna, el país contó con parlamentarios serios
que, en dos ponencias, resistieron arrebatos populacheros y le
pusieron, ambos, altura y sensatez. Qué bien por los doctores
Devia y Piedrahita, quienes coordinaron estos esfuerzos.
La única diferencia importante entre lo
aprobado en Comisión
frente a lo propuesto inicialmente por el Gobierno se refiere
al régimen de transición. Este régimen de
transición
fue definido en la misma Ley 100, nuestro Sistema General de
Pensiones, y dice que aquellos colombianos que hoy tienen 50
años o
más, y todas aquellas colombianas que hoy tienen 45 años
o más, están cobijados por el viejo régimen
pensional.
En blanco y negro, ello significa que se van
a jubilar a los 60 y 55 años, respectivamente, siendo que
la regla es 62 y 57 años. Por otra parte, significa también
que pueden obtener una pensión significativamente más
alta, como porcentaje del salario en el momento del retiro, respecto
de lo que es la regla general en el régimen de prima media.
Los
regímenes de transición tienen mucho sentido.
Resulta insensato que un cambio fuerte en el sistema pensional
afecte a unas pocas personas que están a punto de recibir
una determinada mesada. Pero, ojo: en esto la vela hay que manejarla
con el sabio criterio de “Ni tanto que queme al santo,
ni tan poco que no lo alumbre”. Hoy día, el régimen
es demasiado generoso y amenaza con quemar al santo. El Gobierno
ha propuesto, y en ello fue respaldado en el debate por un número
significativo de importantes parlamentarios, que corramos la
vela un poco. Que protejamos a los hombres que hoy tienen 53
años
o más y a las mujeres con 48 años o más,
y que, para bien del sistema en su conjunto, le alejen la vela
a
los demás.
Se verán afectados, es cierto, algunos
colombianos. ¿Cuántos?
Por el ISS se jubilarán unos 150.000 colombianos que hoy
tienen, los hombres, entre 50 y 53 años y las mujeres
entre 45 y 48; por Cajanal y demás sistemas públicos,
quizás
otros 100.000, llevando el gran total a 250.000 personas. El
hecho es que estas 250.000 personas se jubilarán más
jóvenes
y lo harán con mesadas más cuantiosas. ¿Por
qué el Gobierno, y diversos parlamentarios, insisten en
que no sea así?
Ciertamente, no es por maldad, sino por
dos factores. Primero, por el costo que ello representa. Segundo,
por justicia con quienes
tendrían que sufragarlo. En plata blanca, ello vale $45
billones en valor presente. Buena parte de esta suma, la van
a poner los contribuyentes a lo largo de la vida, ojalá larga
y saludable, de estos 250.000 colombianos. Lo demás, y
en la lógica del esquema de reparto, lo pondrán
los trabajadores jóvenes y sus empresas.
Bien sé que
en estos asuntos resulta difícil y complejo
decidir. Al fin y al cabo, los legítimos intereses de
unos y otros se contraponen bruscamente. En este debate particular
sobre
la Transición, buenos ejemplos de las partes son mi amigo
Julio César y sus hijos colegiales. Entre más se
acepte el punto de vista del Gobierno, más se protege
a los hijos de Julio César, descargándoles un pedazo
de su ya cuantiosa deuda como futuros contribuyentes. Entre más
mantengamos el esquema actual de la Ley 100, más joven
se jubila mi amigo Julio César y más protegido
queda. Estoy seguro que hablo a nombre de decenas de miles de
compañeros
de mi amigo: bien pensadas las cosas, honorables parlamentarios,
ese favor no lo necesitan.
*Ministro de Hacienda y Crédito Público
