EL AÑO AGRÍCOLA
Por Carlos Gustavo Cano *
Con base en cifras ya conocidas y comprobadas
sobre las áreas
cultivadas y la producción agropecuaria entre enero y septiembre
de 2004, es posible concluir que la superficie sembrada se amplió dicho
año en 5.8 por ciento, es decir 243.000 hectáreas,
extensión que sumada al incremento alcanzado en el 2003,
arroja un total de 402.000 hectáreas entre el 2002 y el
2004. Y que gracias a ese crecimiento se han creado en este mismo
lapso 371.000 nuevos puestos de trabajo directo y permanente en
la agricultura, y 303.000 en oficios conexos y derivados en las
zonas rurales. O sea la mitad del área y de los empleos
que se habían perdido durante la gran crisis agrícola
de la década de los años 90.
Entre los cultivos de ciclo corto sobresalen
los incrementos de algodón, maíz, soya, yuca industrial y tabaco rubio.
Y entre los de ciclo prolongado, los de palma de aceite y cacao,
aunque en menor proporción que los anteriores. Sin embargo,
tras la ley presentada por el Gobierno y aprobada el mes anterior
por el Congreso, que estableció una exención del
impuesto de renta durante los primeros diez años del período
productivo para nuevos cultivos de tardío rendimiento – palma,
cacao, caucho y frutales -, además de la exención
del impuesto a las ventas y del tributo global al diesel de origen
biológico destinado a sustituir el diesel fósil,
su desarrollo constituirá un hito histórico para
el agro al representar el más eficaz estímulo en
pro de su reconversión. Así las cosas, el crecimiento
del PIB agrícola sin café en 2004 será del
6 por ciento, en tanto que el de la ganadería bovina del
7.5. No obstante, debido a la gran baja del PIB cafetero 6.3 entre
enero y septiembre, y al modesto crecimiento de silvicultura, caza
y pesca, el incremento del PIB sectorial total será equivalente
al del total de la economía.
Ahora bien, cabe destacar que la tan favorable
evolución
de la agricultura y la ganadería - sin contar café ni
cultivos ilícitos - observada durante los dos últimos
años, ha sido propiciada de manera notable por tres factores,
a saber: los progresos logrados en materia de seguridad democrática
en el campo; la solidez de las instituciones del Ministerio de
Agricultura encargadas de ejecutar bajo su rectoría la política
sectorial; y la protección que le hemos otorgado a la actividad
frente a las importaciones de productos subsidiados en el exterior.
Primero, la fuerza pública merece nuestro profundo reconocimiento
por su patriótica tarea. Segundo, no obstante la sensible
disminución de la inversión pública en infraestructura
y ciencia y tecnología por razones de índole fiscal,
la institucionalidad del sector es una de sus fortalezas. Basta
subrayar la recuperación del crédito en cabeza de
Finagro y del Banco Agrario, con la más amplia red de servicios
financieros de la Nación, los cuales, en conjunto, han incrementado
los desembolsos en más del 80 por ciento, en especial para
los pequeños productores. Y la creación del Incoder,
una entidad más pequeña pero más eficiente
que la suma del Dri y el Inpa, ya liquidadas, y del Incora y el
Inat, en la última etapa de disolución. Por último,
hay que señalar la prohibición de las importaciones
de leche; la suspensión de las de arroz y de maíz
blanco; la salvaguardia para el azúcar; la protección
de la cadena avícola y los trozos de pollo; y el sistema
de subastas públicas para las importaciones a fin de garantizar
las compras internas de buena parte de las cosechas nacionales.E/5
*Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
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