DESMOVILIZAR
LAS AUTODEFENSAS: UN PROPÓSITO NACIONAL
Por Luis Carlos Restrepo Ramírez *
La política de seguridad democrática del presidente Álvaro
Uribe Vélez no excluye una salida dialogada con los grupos
armados ilegales que declaren un cese de hostilidades, mostrando
así su disposición para abandonar la violencia. A
finales de 2002 varios grupos de autodefensas declararon un cese
unilateral de hostilidades para iniciar diálogos, que condujeron
en julio de 2003 a la firma del “Acuerdo de Santa Fe de Ralito”,
en el que las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC– se
comprometen a desmovilizar la totalidad de sus miembros antes de
finalizar el año 2005.
En cumplimiento del cese de hostilidades
los homicidios atribuidos a los grupos de autodefensa han disminuido
en un 68% y las masacres
en un 86%. Aquellos que han violado el cese de hostilidades han
recibido una dura respuesta militar por parte del Estado. Durante
esta administración se han incrementado en más de
un 300% las bajas, capturas y armamento incautado a los paramilitares.
Hasta la fecha se han desmovilizado 4820
miembros de las autodefensas –25%
del total de su fuerza–, incluidos jefes de alto rango como
Salvatore Mancuso. Se han entregado más de 4000 armas y
se avanza de manera satisfactoria en la recuperación de
la institucionalidad en amplias zonas del territorio nacional,
donde han tenido lugar las desmovilizaciones.
El marco legal para la desmovilización está dado
por la llamada ley de orden público –o ley 782–,
una legislación que ha servido en años anteriores
para desmovilizar grupos guerrilleros como el M-19 o el EPL. Dicha
ley permite brindar un indulto a los responsables del delito de
concierto para delinquir con el propósito de conformar grupos
armados ilegales. Delitos como el homicidio, el secuestro y los
delitos atroces, están excluidos de beneficios.
Para hacer más eficaz la desmovilización, se está tramitando
en el Congreso un proyecto de ley de justicia y paz que permita
conceder algunos beneficios a guerrilleros o autodefensas que siendo
responsables de delitos graves, contribuyan de manera eficaz al
desmantelamiento de sus organizaciones armadas al margen de la
ley. En dicho proyecto se establece que deben pagar una pena básica
de cárcel, entregar todos los bienes adquiridos de manera
ilícita y reparar a las víctimas. Cualquier reincidencia
delictiva conllevará pérdida inmediata de los beneficios.
Desmovilizar las Autodefensas es un propósito nacional,
paso necesario para legitimar el Estado de Derecho y conjurar
una grave amenaza a la democracia. Su desmovilización
es garantía de una negociación exitosa con las
guerrillas, que invocan la existencia de estos grupos como obstáculo
para pactar la paz con el gobierno.
A las desmovilizaciones colectivas de las
Autodefensas debemos sumar más de 7000 miembros de grupos armados ilegales que
han entregado las armas de manera individual durante el gobierno
del presidente Uribe. El gran reto es avanzar en la reincorporación
a la civilidad de estas personas, ofreciéndoles alternativas
vitales y productivas para evitar que se desvíen hacia el
mundo de la criminalidad. Campo en el que resulta de capital importancia
el apoyo de la comunidad internacional.
Febrero 21 de 2005
*Alto Comisionado para la Paz
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