¿CONFLICTO
ARMADO O AMENAZA TERRORISTA?
Por Luis Carlos Restrepo Ramírez *
Conflicto armado interno es el término contemporáneo
que se utiliza para designar una situación de guerra civil.
No es ese el caso de Colombia. Aquí no podemos hablar de enfrentamiento
de dos sectores de la población que dirimen sus diferencias
por las armas.
Tampoco existe en Colombia una dictadura
personalizada o una constricción
constitucional que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales,
argumentos alegados dentro de la tradición liberal y marxista
para justificar la acción violenta. Colombia es una república
democrática, con separación de poderes, libertad de
prensa y plenas garantías para la oposición política.
Su Constitución está centrada en la defensa de las
libertades individuales y garantías ciudadanas.
Carentes de apoyo popular, los grupos armados
ilegales se perpetúan
en Colombia por su vinculación al narcotráfico, que
les ofrece recursos ilimitados para financiar sus acciones. Sus “objetivos
militares” son en gran parte ciudadanos desarmados, la infraestructura
civil y autoridades regionales. Como en muchos países de la
Europa contemporánea, llamamos terroristas a estos grupos
minoritarios que intentan imponer sus ideas o intereses por medio
de la violencia. Y los caracterizamos como una grave amenaza para
la democracia.
De allí la premisa central que invoca este gobierno: en Colombia
no existe un conflicto armado interno sino una amenaza terrorista.
No se trata de un cambio caprichoso de los términos. Es un
asunto conceptual de vital importancia para el destino de la nación.
Es cierto que el término “conflicto armado interno” ha
sido consignado en normas jurídicas e incluso, anteriores
gobiernos validaron la existencia de un “conflicto social y
armado”, dando a entender que la situación de violencia
tenía como causa un conflicto social, que al no encontrar
cauces democráticos terminaba expresándose como acción
armada.
Es hora de corregir este grave error. Reconocemos
la existencia de múltiples conflictos en el seno de la democracia, pero
todos ellos pueden dirimirse a través de mecanismos constitucionales,
apelando a la decisión del pueblo. En las modernas teorías
de negociación, conflicto es un término noble y positivo.
Pero en vez de estimular caminos creativos para solucionar los conflictos
sociales, los terroristas los bloquean y aplastan. Los terroristas
no permiten dignificar el contradictor; al contrario, lo matan.
Temen algunos que por no reconocer la existencia
de un conflicto armado interno, se desconozca la aplicación del Derecho Internacional
Humanitario. Con la aparición de la Corte Penal Internacional,
la jurisdicción penal universal y la tipificación en
nuestros códigos internos de las conductas violatorias del
DIH, no hay ninguna posibilidad de impunidad para estos delitos.
Ni el gobierno dejará de educar a los miembros de la Fuerza
Pública en el respeto al DIH, ni se violarán los derechos
fundamentales de los terroristas cuando caigan bajo el poder de las
autoridades. Tampoco se violará, como dicen algunos, el principio
de distinción, que obliga a las Fuerzas Armadas a respetar
a los civiles. Lo que no podemos hacer es reconocer a los terroristas
derecho para atacar a nuestros policías y soldados, como se
deriva del hecho de considerarlos “parte del conflicto”.
Tal calificativo, sugiere además que nacionales o extranjeros
podrían declararse neutrales ante las partes, poniendo en
igualdad de condiciones a los miembros de la Fuerza Pública
y a los ilegales.
Colombia gana en claridad llamando las cosas
por su nombre. Eso no quiere decir que cerremos las puertas a una
salida dialogada.
Si los terroristas muestran voluntad de abandonar sus métodos
sangrientos y declaran un cese de hostilidades, estamos dispuestos
a explorar con ellos caminos de paz. En eso se diferencia nuestra
política contra el terrorismo de la que adelantan otros países.
Nuestro talante liberal y pluralista nos lleva a dejar abierta la
salida dialogada.
En verdad no es mucho pedir. Sólo que dejen de matar y secuestrar.
Lo demás lo arreglamos en el camino.
*Alto Comisionado para la Paz
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