JUSTICIA
Y PAZ
Por Luis Carlos Restrepo Ramírez *
Paz y justicia son dos ejes
regulativos de nuestro ordenamiento jurídico. Tienen además el carácter
de derechos fundamentales que se articulan de manera recíproca.
La paz sostenida es garantía de adecuada aplicación
de la justicia y la aplicación cabal de la justicia es soporte
de una paz duradera.
Dice Paul Ricoeur que el acto de juzgar tiene
dos propósitos.
En el corto plazo, zanjar diferencias ciudadanas para impedir la
aparición de la venganza. En el largo plazo, asegurar la paz
de la comunidad política. También estas son las metas
del proyecto de Justicia y Paz, que bajo la dirección del
Presidente Uribe ha concertado el gobierno con un grupo numeroso
de congresistas, que han pedido un liderazgo del ejecutivo en esta
materia.
Por tratarse de un asunto relacionado con
el mantenimiento del orden público y la consecución de la paz, asignado por Constitución
al Presidente de la República, es necesaria una acción
coordinada con el legislativo, encargado de brindar al presidente
nuevos instrumentos legales en la materia. El presidente Uribe ha
dicho con claridad que asume plena responsabilidad en la expedición
de una ley que debe permitir aplicar la justicia sin impunidad, pero
también avanzar en la paz de manera viable.
Manteniendo el régimen de la ley 782 de 2002, que permite
conceder el perdón a los miembros de la guerrilla y autodefensas
que al momento de desmovilizarse no presenten requerimientos judiciales
distinto al concierto para delinquir, la ley se orienta a los miembros
de éstos grupos responsables de delitos graves, que hayan
contribuido de manera eficaz a la paz nacional.
Para acceder al beneficio la persona desmovilizada
debe hacer entrega de los bienes ilícitos en su poder, confesar responsabilidad
en los hechos que se le imputan y otros que hubiese cometido durante
su pertenencia al grupo, reparar a las víctimas y comprometerse
a no volver a delinquir. Cumplidos los requisitos de la justicia
en materia de investigación, juicio y condena, los magistrados
del tribunal Superior de Distrito encargado de adelantar el proceso,
podrán conceder una pena alternativa a los condenados que
cumplan las condiciones de elegibilidad.
Cumpliendo con todos los principios internacionales
propios del derecho penal, el único que se modifica es el principio de
proporcionalidad, aquel que establece una relación directa
entre el tiempo de condena y la gravedad del delito cometido. Para
los beneficiarios, la ley establece una pena entre 5 y 8 años,
teniendo en cuenta que con el desmantelamiento del grupo armado ilegal
y la reparación de las víctimas se aseguran las garantías
de no repetición, propósito central de la política
penal.
El hecho de reparar las víctimas para sanar el pasado y desmontar
el grupo armado ilegal para evitar nuevas víctimas hacia el
futuro, compensa con creces esta modificación del principio
de proporcionalidad, pasando de una justicia retributiva –centrada
en el castigo al victimario– a una justicia restaurativa, que
busca sanar la sociedad y consolidar la paz nacional.
El proyecto concertado después de dos semanas de arduo trabajo
tiene propuestas importantes como una Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación, con presencia regional
a través de comisiones para la restitución de bienes
urbanos y rurales a las víctimas que lo soliciten. Aplicando
los principios de la justicia restaurativa al resto de la población
carcelaria del país, se establece además la posibilidad
de conceder el beneficio de hasta un 20% de rebaja de pena a los
condenados que, no siendo objeto inicial de esta ley, se comprometan
con acciones de reparación. Igualmente se establece la posibilidad
de aplicar los términos de la ley a miembros de grupos armados
ilegales que adelanten acuerdos humanitarios.
Se trata sin lugar a duda de un instrumento
novedoso y preciso, que por primera vez en la historia nacional
nos permite sacar adelante
procesos de paz teniendo en cuenta los requerimientos de la justicia.
Esperamos que en su sabiduría el Congreso sepa acogerlo y
darle el trámite correspondiente, con altura y patriotismo,
como espera la nación.
*Alto Comisionado para la Paz
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