DISCURSO
DE CANCILLER COLOMBIANA EN LA ONU
Diciembre 10 de 2002 (Nueva
York)
“Quisiera
comenzar expresando los agradecimientos de mi país al
Secretario General Kofi Annan por las inspiradas palabras que
nos ofreció al comienzo de esta sesión en la presentación
del tercer informe sobre protección de civiles en conflictos
armados. También deseo agradecer al Director General del
Comité Internacional de la Cruz Roja, señor Angelo
Ganaedinger, por su valiosa contribución a este debate.
Mi
delegación se siente igualmente complacida de contar con
la participación de distinguidas delegaciones de países
no miembros del Consejo, cuyas ideas y recomendaciones ayudarán
a orientar la gestión del Consejo, y contribuirán
a la elaboración de la Declaración que emitirá más
adelante como resultado final de este debate.
Excelencias:
La
naturaleza de las guerras ha variado de manera dramática
en el último siglo y, en particular, en la última
década. En la primera guerra mundial, cinco por ciento
de las víctimas fueron civiles; en la Segunda Guerra Mundial
esta cifra llegó al cincuenta por ciento; y en los conflictos
de la década final del siglo XX, sobrepasa el noventa
por ciento.
Vivimos
no sólo una terrible crisis humanitaria sino una crisis
del régimen legal global humanitario. Los conflictos armados
se han degradado. Hoy el terrorismo lleva esa degradación
al máximo, sus acciones son brutales y de impensable crueldad.
Estamos
aquí y ahora, en las Naciones Unidas, preservando bienes
públicos universales: la dignidad de cada uno y de todos
los seres humanos, el derecho a la vida, el derecho a vivir sin
temor. Son bienes públicos que sólo pueden ser
preservados por todos y con la colaboración de todos.
Esa es la dimensión de nuestra responsabilidad compartida.
Aquí está la pertinencia de las Naciones Unidas.
Y de allí se desprende la ineludible necesidad de fortalecerla
para que esté en capacidad de afrontar debidamente las
nuevas amenazas.
Las
nuevas guerras y el terrorismo hacen evidente que el problema
ya no es el de los crímenes contra los civiles en los
conflictos armados sino, peor aún, que los conflictos
armados de nuestro tiempo están deliberadamente dirigidos
contra los civiles desarmados, instalaciones o medio de transporte
civiles. Las víctimas son civiles inermes.
Cuando
se presentó el primer informe sobre este tema al Consejo,
no teníamos tanta claridad al respecto. El 8 de septiembre
de 1999 es bien diferente al 11 de septiembre de 2001. En ese
primer año, otros informes comisionados por el Secretario
General, como el de “La caída de Srebrenica”,
y el relativo al escalofriante genocidio en Rwanda, dejaron en
claro que los civiles eran las víctimas de tanta atrocidad.
Esos dos acontecimientos deberían haber sido suficientes
para recordarnos siempre que las graves tragedias humanitarias
pueden evitarse o, por lo menos aliviarse, si aprendemos de nuestros
errores y omisiones.
De
hecho, el Consejo de Seguridad cuenta ya con herramientas idóneas
para la protección de civiles en conflictos armados, contenidas
en los capítulos VI y VII de la Carta, así como
diversas resoluciones adoptadas en años recientes sobre
la prevención de conflictos; los niños en conflicto
armado; el comercio ilícito de armas pequeñas y
la lucha antiterrorista, entre otros temas. En este día,
quisiera destacar de manera especial, la resolución 1325
en donde el Consejo abordó la protección de la
mujer y el papel que ella puede desempeñar en la prevención
del conflictos y en el mantenimiento de la paz.
Excelencias:
Colombia
coincide con el Secretario General cuando afirma en la sección
del informe sobre “estado de derecho, justicia y reconciliación”,
que el restablecimiento de la ley y el orden es fundamental para
que un país pueda superar un período de conflicto
y alcanzar una paz sustentable. Y, además, que es necesario
para fortalecer sus instituciones en materia de seguridad y justicia,
y para proteger los derechos y libertades fundamentales de la
población.
Igualmente
concordamos cuando señala que no puede haber solución
de largo plazo a los problemas de seguridad hasta tanto el Estado
cuente con un Ejército y Policía Nacional bien
entrenados, bien equipados y justamente remunerados, en el marco
de un sistema de justicia penal completamente funcional.
Colombia
se identifica con estas ideas porque ellas reflejan elementos
que sustentan la política de Seguridad Democrática
que adelanta el presidente Alvaro Uribe Vélez. Una política
integral con estrategias orientadas a rescatar y consolidar el
contenido democrático del concepto de seguridad; a la
recuperación del orden público y a la promoción
del desarrollo económico y social. Pero también
una política para asegurar la presencia del Estado en
todos los rincones del territorio nacional; garantizar el debate
democrático y ofrecer la seguridad que el individuo requiere
para su desarrollo personal y el pleno ejercicio de sus derechos
fundamentales.
La
evidente determinación del Gobierno Nacional por alcanzar
estos objetivos ha producido un efecto realmente alentador: el
colombiano de hoy aparece más dispuesto a asumir su papel
ciudadano en la recuperación de la seguridad nacional
y su asociación con el Estado para el restablecimiento
del imperio de la ley.
Nuestro
objetivo es el de seguir mostrando resultados, seguros de que
el apoyo de la sociedad en su conjunto es la mejor manera de
enfrentar a aquellos grupos aislados que han tratado de desestabilizarnos
por décadas.
Excelencias:
El
desbordamiento de algunos conflictos internos, o la internacionalización
de los mismos en razón de su asociación con actividades
criminales, nos indica que no siempre un problema nacional se
supera o resuelve con un tratamiento puramente nacional. Se vuelve
necesario enfocarlo en el contexto de la responsabilidad compartida,
para manejar fenómenos asociados como el problema mundial
de las drogas ilícitas. Con mayor razón en tiempos
del terrorismo, que es una amenaza global para la comunidad de
naciones democráticas.
Permítanme,
por tanto, ofrecer una reflexión sobre uno de los aspectos
importantes que el Secretario General nos informa que han surgido
recientemente, en conexión con la protección de
civiles. Es el relativo a la explotación
comercial y financiación ilegal tanto de los conflictos
como del terrorismo.
Colombia
considera que hay tres actividades que forman parte de esta explotación
comercial y la financiación ilegal, que es preciso conocer
y compartir:
1.
La próspera industria criminal de las drogas ilícitas,
en todas sus etapas, mucho más rentable que las de los
diamantes ensangrentados y que otros recursos que han alimentado
varios conflictos armados.
2.
La creciente industria del secuestro, que busca jugosos rescates
en dinero o propiedades y, en ocasiones, es un arma de chantaje
político que sustituye la ausencia de apoyo popular de
estos grupos violentos.
3.
La alternativa criminal al secuestro que es el uso extendido
de la extorsión.
Todos
ellos tienen como objetivo a los civiles inermes. En muchos casos,
alientan ataques contra la infraestructura vital como acueductos,
torres de conducción de energía, puentes, o sitios
tradicionalmente intangibles como las iglesias y los centros
culturales. Y además, siembran destrucción y muerte,
angustia y daños irreparables o muy costosos para el precario
bienestar de millones de civiles. El riesgo se ha vuelto mayor
para los civiles que para las personas que fueron entrenadas
para protegerlos.
Nosotros,
los pueblos de las Naciones Unidas, tenemos aquí un formidable
desafío. Esta noble institución se creó,
entre otras razones, para “preservar a las generaciones
venideras del flagelo de la guerra” y para “... reafirmar
la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad
y en el valor de la persona humana”. Y en esa misión
ha obtenido logros innegables. Hoy existe toda una cultura de
los Derechos Humanos y del respeto a la vida, que es lo que nos
corresponde defender ahora ante las nuevas modalidades de la
violencia y del terrorismo. Y no vamos a ahorrar sacrificios
ni esfuerzos para seguir proclamando y protegiendo estos bienes
públicos universales.
En
ese empeño es urgente que el Régimen Legal Global
Anti-Terrorista y en especial la Resolución 1373 tengan
el más riguroso, pronto y cabal cumplimiento. La barbarie
no impondrá la crueldad de sus métodos.
Nuestro
compromiso en contra de todas las formas de barbarie tiene que
ser contundente.
Nuestros ideales tienen que prevalecer para
que nuestra tarea no sea tanto la de proteger a los civiles en
los conflictos armados sino la de impedir, oportunamente, los
conflictos armados intraestatales e interestatales. Y sin hacer
pausa alguna en esta campaña, la de erradicar el flagelo
del terrorismo.
Colombia
acepta que hay una responsabilidad compartida en la noble tarea
de proteger la dignidad humana. Es una responsabilidad que nuestro
país asume con plena determinación”. |
