IMPOSICIÓN
DE LA MEDALLA
‘ JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ’ AL MÉRITO JUDICIAL
A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Diciembre
17 de 2002 (Bogotá – Cundinamarca)
Esta distinción reviste especial significación:
premia con estímulos éticos y académicos a
quienes con abnegación y esfuerzo administran justicia en
un contexto de alta conflictividad y violencia.
Rendimos homenaje merecido a quienes, con su diaria y callada labor,
enaltecen la majestad de la Justicia y enriquecen con sus sabias
y oportunas providencias la jurisprudencia colombiana.
Al doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, una vida consagrada a la
teoría jurídica, al derecho internacional, quien
pone su ecuánime criterio al servicio de la guarda de la
Constitución.
Al doctor Germán Gonzalo Valdés Sánchez, alumno
y profesor del claustro rosarista, cultor del derecho laboral y
promotor de la colegiatura profesional.
Al doctor Jesús María Carrillo Ballesteros, salido
de la entraña popular, oriundo de Santiago de las Atalayas
(Norte de Santander), estudioso de la responsabilidad civil, quien
muy joven sirvió a su departamento como Gobernador y hoy
a la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Al doctor Fernando Corral Villota, destacado por su papel como
asesor de la Asamblea Constituyente, jurista equilibrado, en quien
se destaca su compromiso institucional y su laboriosidad.
A los magistrados Felipe Francisco Borda Caicedo de la Sala de
Familia del Tribunal de Buga, Margarita Hernández de Albarracín
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Glenis Cielo Iglesias
de López de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Cesar, y a Yesid Acosta Zuleta,
Juez Promiscuo de Puerto Rondón, Distrito Judicial de Arauca,
el agradecimiento de la Patria porque los servicios de todos ellos
han sido valorados como excepcionales a favor de la justicia.
Igualmente, a las doctoras María Consuelo López Montes
y María Clara Rovira Díaz, jueces de la República,
destacadas por su trabajo en la Red Facilitadora de Formación
y por su participación en el proyecto de modernización,
respectivamente.
Se ha dicho que la tarea de administrar justicia es la “tarea
de dioses”. En las difíciles condiciones de Colombia,
ejercer la jurisdicción con rectitud y oportunidad, es un
apostolado que exige excepcionales condiciones éticas y
profesionales.
Ser Juez Promiscuo Municipal en Arauca exige talante heroico.
También mis felicitaciones a quienes, desde su labor administrativa
o auxiliar, aseguran la continuidad y la eficiencia en el servicio
de justicia. Especialmente a la doctora Martha Victoria Sáchica
de Moncaleano, Secretaria General de la Corte Constitucional;
a Fabio Espitia Garzón, abogado asistente de la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia; a Margarita Díez Ramírez,
Secretaria Nominada del Tribunal Administrativo del Norte de
Santander y a Alamín Alexander Costa Infante, Secretario
de la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura
del Magdalena.
La recuperación de la justicia debe convertirse en propósito
nacional inaplazable. Si queremos que Colombia sea una sociedad
viable, necesitamos todos, reivindicar al juez como institución
social. Si hay un cargo, un funcionario que requiere hoy la demostración
permanente de aprecio y respeto por parte del pueblo colombiano,
es el juez.
El juez, históricamente, precede al legislador y al administrador
en la función de construir el orden social.
Sólo cuando hay un tercero imparcial que, sustituyendo
la fuerza individual y privada, resuelva en forma cumplida y ética
los conflictos intersubjetivos, está garantizada la paz.
El ‘Juez’ es, ante todo, un órgano de la comunidad,
más que un funcionario al servicio del Estado. Queremos
reivindicar el ‘Juez’ como expresión de la
comunidad, mucho más que el ‘Juez’ como funcionario
del Estado.
La Nación le pide a nuestra jurisdicción más
cambios, en la forma y en el fondo. Correctivos eficaces a aquello
que aún no marcha bien.
El imperativo de cumplida justicia, es
el imperativo para que la Nación salga adelante. Jurisdicción extemporánea
es denegación de justicia.
Cuando los procesos ejecutivos se convierten en ordinarios, cuando
la indemnización sólo llega a las manos de la generación
siguiente a la que sufrió el daño; cuando las medidas
cautelares y los correctivos provisionales de juridicidad, toman
ciclos propios de la sentencia de fondo; cuando los delincuentes
son privilegiados con la excarcelación por vencimiento
de términos, entonces la justicia pide a gritos una intervención
para reivindicarla.
Aunque no es justificable el aluvión de tutelas, tal fenómeno
se explica en parte, por la búsqueda desesperada de una
justicia rápida y altamente eficaz.
Fortalecer la justicia no implica su abultamiento burocrático,
ni su eficacia se mide en el presupuesto gastado en ella. El
país ha hecho un gran esfuerzo presupuestal a partir de
1991.
Invito a estudiar, entre todos, la manera de agilizar los procedimientos,
por ejemplo, con la acentuación de las formas orales sobre
las escritas. Ahora ya, con fundamento constitucional.
Más, no es sólo cuestión de recursos y de
volumen de expedientes, miles de jueces y magistrados apagan
muy tarde la luz de su escritorio y la encienden muy temprano,
en la mañana. La ejemplar austeridad en que trabajan y
viven muchos jueces y magistrados probos, conscientes de las
implicaciones sociales de sus providencias da toda la luz de
esperanza sobre las infinitas posibilidades de la justicia para
bien de Colombia.
Necesitamos ese juez enteramente dedicado a su labor, soldado
de la ley y consciente de que la realización de la cláusula
constitucional del Estado Social no es una faena confiada sólo
a su responsabilidad.
Necesitamos un juez que tome su papel como poder de contención
frente a la arbitrariedad, pero que, con Montesquieu, discierna
claramente entre el poder de impedir y el de estatuir, que distinga
entre la justicia y el activismo.
El Gobierno reconoce todos los esfuerzos de la Rama, de todas
las entidades que integran el gran género de la justicia
en Colombia y reitera su propósito de la colaboración
armónica, lo cual impone no sólo cumplir los fallos,
sino también manejo oportuno y control de información
sobre las providencias que a diario se dictan. La falta de coordinación
y oportuna información puede conllevar a la evasión
de la justicia.
Distinguidos jueces de la Patria: la justicia es la primera virtud
de un sistema de Gobierno, entre todos debemos redoblar los esfuerzos
para retomar el imperio de la ley que por momentos quisiera perderse
en la Nación. Sin la contribución de ustedes, todo
esfuerzo es baldío en este campo.
Colombia, para recuperar la Seguridad Democrática, en su
acepción integral, requiere –fundamentalmente- que
todos sometamos nuestras diferencias a la justicia, que todos depongamos
nuestros arrestos a la justicia.
Qué bueno que en este 17 de diciembre, al recordar al
Libertador, podamos distinguir a un puñado de colombianos
ejemplares –como los galardonados esta tarde con la orden
que rememora a ese probo ex Presidente, José Ignacio de
Márquez-, porque Colombia está en mora de la necesidad
de exaltar con más fuerza a sus buenos hijos, en lugar
de seguir publicitando a quienes le hacen daño.
Hoy, 17 de diciembre déjenme recordar con ustedes aquel
párrafo del Libertador a los legisladores reunidos en
Ocaña:
“
Dadnos un Gobierno en que la ley sea obedecida, el Magistrado
respetado y el pueblo libre (…). Considerad que la corrupción
de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y la
impunidad, de los delitos. Legisladores, mirad que sin fuerza
no hay virtud; y sin virtud perece la república”.
Podríamos agregar hoy: “necesitamos la fuerza de
las providencias para que renazca la virtud de la República”.
Muchas gracias.
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