CLAUSURA
DEL FORO “CONFLICTO ARMADO, LA CARA URBANA”
Noviembre 27 de 2002 (Bogotá,
Cundinamarca)
Compatriotas:
Quiero saludarlos muy afectuosamente, felicitarlos
por este gran esfuerzo, en tema tan difícil todos tenemos que aprender
diariamente. El Gobierno tiene que dar ejemplo para saber combinar
la tozudez para insistir en sus políticas con la vocación
de dejarse permear por la crítica constructiva, de asimilar
esa crítica para poder enderezar y ajustar esas políticas.
No es fácil trazar esa línea divisoria entre la
determinación y la capacidad de ajuste, pero hay que hacerlo.
Sobre el primer punto, el de los desplazados. Hoy estuvimos evaluando
el tema de desplazados, justamente, con la Red de Solidaridad y
con el Alto Comisionado para Refugiados, que esta de visita en
Colombia.
La estrategia del Gobierno en el proyecto
de desplazados busca: primero, refrenar desplazamientos. ¿Hemos
sido eficaces? No. A hoy, en estos tres largos meses de gobierno
el resultado
es el siguiente: 25 mil nuevos desplazamientos, 25 mil nuevos desplazados
y en la estrategia de regresar hemos regresado 12 mil. O sea que
el neto es negativo.
Encontramos hoy dos sitios de desplazamiento:
el Catatumbo y Sucre. En Sucre estamos interviniendo, hace parte
de la zona de rehabilitación,
todavía nos falta mucho recurso –que les habrá explicado
el general Teodoro (Campo, director de la Policía Nacional)-,
los recursos para fortalecer la seguridad en todo el país
a penas se están incorporando, vamos a contar con nuevos
contingentes de soldados y policías en una primera etapa
en marzo, en otra segunda etapa en junio del año entrante.
En el Catatumbo tengo una gravísima preocupación
porque el centro del problema en el Catatumbo hoy, lo causan 12
mil hectáreas de droga y la sacan por muchas partes. Por
ríos, la sacan a Venezuela, la sacan por Cúcuta,
la sacan por la Costa Caribe colombiana.
Está demorado nuestro programa de fumigación, ¿recuerda
en el calendario nuestro cuándo debemos llegar al Catatumbo,
señor General?
General Teodoro Campo. Director de la Policía Nacional:
señor Presidente en abril cogemos Perijá y Catatumbo.
Presidente de la República: de aquí allá se
nos destruye el Catatumbo. Ahí vamos a tener que hacer algo
excepcional para modificar ese cronograma porque es la zona que
hoy está generando mayores desplazamientos.
Y ahí hay un programa muy grave también, hay que
buscar cómo, con estos países vecinos, cerramos esas
fronteras para la droga y para los grupos violentos porque, en
el Catatumbo se muestra la relación de que utilizan nuestros
países vecinos para esconderse. Eso les ayuda –también-
a manejar el tráfico de drogas.
Todas estas circunstancias confluyen a intensificar la violencia
y a provocar mayores desplazamientos.
El segundo punto del proyecto del Gobierno
en materia de desplazamientos es regresar 30 mil familias a sus
lugares de origen, con subsidio
de vivienda, proyecto productivo –financiado a través
del programa de microcrédito- y seguridad.
Hemos avanzado bastante en lo del programa
de microcrédito.
Esta semana se tomaron unas decisiones muy importantes –que
confío que el Ministro de Comercio (Jorge Humberto Botero)
las comunique rápidamente a los medios y a la opinión
en general-, se involucra Bancoldex en el tema.
El Gobierno tiene asegurados 500 mil millones
de pesos por año
para microcrédito, para completar en el cuatrienio los 5
billones vienen unos recursos del plan de financiación de
los bancos internacionales y unos recursos comprometidos con la
banca nacional.
En el primer compromiso que se hizo con
la banca nacional, en la Convención Bancaria de Cartagena, de 300 mil millones
de pesos, ya lo han cumplido en 57 mil a fecha de hoy. Por fortuna,
el Fondo de Garantías va bien.
Entonces, con el capital y el crecimiento
con capitalización
de utilidades que se da en el Fondo de Garantías, podemos
triplicar el aseguramiento de créditos de microcréditos.
Eso nos va a permitir, a nosotros, avanzar hacia cumplir esa meta:
5 billones de financiación del microcrédito en el
cuatrienio, de gran importancia dentro de nuestras 7 herramientas
de política social, dentro del capítulo 4 de la política
económica que es reactivación y dentro del programa
de desplazados.
Esa parte la veo financiada, también hay ahí un
compromiso de FINAGRO. Lo que no tenemos financiado son los 30
mil subsidios para vivienda esas 30 mil familias de desplazados.
Hoy se le presentó al Alto Comisionado de Refugiados y
de Desplazados esa solicitud, le dijimos: nosotros financiamos
el crédito productivo y ustedes nos ayudan a financiar los
subsidios de vivienda que hoy no los tenemos financiados.
El otro punto, que es de organizar socialmente,
crear un buen tejido social con esas familias en los vecinos
que regresen. Regresa
un grupo de mil familias a una región específica
del Chocó, pues crear una red social entre todas ellas,
que se convierta en el gran factor de protección para todos.
En eso no vemos problema. En el desplazado
encontramos una gran inclinación a hacerlo, en el desplazado –paradójicamente-
se despierta la solidaridad, el desplazado es mucho más
propenso a involucrarse en esos compromisos de construcción
de red social que personas, que de pronto no han tenido que pensar
en el problema porque no han sufrido estos fenómenos.
Esta el tema ahí –también- de la seguridad,
en ese estamos regular. ¿Por qué?, por que no hemos
conseguido de la comunidad internacional el compromiso que llamé simbólicamente
de los Cascos Azules a la colombiana.
Dije: donde regresemos unas familias de
desplazados, ayúdennos
ustedes con una presencia de civiles, en una acción humanitaria
para estar allí acompañando esas familias. Destacamos
unos soldados y unos policías de Colombia al servicio de
esa delegación humanitaria de Naciones Unidas y le ponen
el sello de Naciones Unidas para producir un fenómeno de “detente” frente
a guerrillas y a paramilitares.
Mi conclusión de la reunión es que eso no lo van
a aceptar, que es posible que acepten la primera parte –que
es la delegación de civiles para cumplir una labor ahí de
presencia humanitaria y de acompañamiento de las familias
que retornen durante un tiempo.
Entonces nos tenemos que comprometer a
preparar unos grupos de Fuerza Pública, de manera muy
eficiente para proteger esas familias.
Ustedes tocaron ahí un tema que es bien importante y que
no lo tenemos en las prioridades, nos llama la atención
y nos obliga a ajustar el programa y que es el desplazamiento intraurbano.
Por ejemplo, Medellín lo mostró ahora, en los meses
reciente, no sé alcalde (Antanas Mockus) cómo lo
han identificado ustedes en Bogotá, pero Medellín
muestra unos desplazamientos de un sector a otro de la ciudad,
con problemas sumamente graves.
La Red de solidaridad está muy desfinanciada, esto es un
déficit del 4.2 (por ciento del PIB), un endeudamiento de
100 billones que representa el 54 por ciento del PIB y le dicen
a uno: ‘pero es que Japón debe mucho más que
su PIB’, si, pero es que aquí de 67 billones de presupuesto
del año entrante, el servicio de deuda representa 27. O
sea que, es un endeudamiento que si bien sería presentable
en términos de su proporción frente al PIB, es muy
difícil de manejar en términos de capacidad de pago
del presupuesto, pero eso hace parte del proyecto de manejo económico
que incluye cinco puntos, vamos a ver cómo lo vamos resolviendo.
Hoy tenemos ese problema de financiación de la Red de Solidaridad.
En la presentación del doctor Sierra, nos contaba él
que este fenómeno de esta violencia urbana –en la
modalidad que lo estamos viviendo- es nuevo, viejo.
La verdad es que en algunas partes aparece
ya viejo. Cuando uno examina el proceso de gestación –en la causas solamente
las voy a enumerar- , he creído que hubo un fenómeno
de industrialización atractiva pero insuficiente. Las dos
palabras claves para señalar esa industrialización
son esas, a mi juicio: atractiva pero insuficiente. Y en la medida
en que se da esa segunda, entonces eso empieza a incidir en la
génesis del problema urbano. Urbanismo atractivo pero insuficiente.
El tema del narcotráfico, el tema de las células
guerrilleras, lo que pasó en las treguas de los años
80.
Por ejemplo, en Medellín, en esa época coincidieron
campamentos de guerrilla entrenando grupos urbanos y organizaciones
de narcotráfico entrenando sicarios. Y aparecían
en extremos opuestos y el proceso los fue juntando. Después
aparecen los paramilitares a hacer lo mismo.
Entonces es un proceso en algunas partes,
como en Medellín,
que no es nuevo.
Y ahí encontramos –para agregarle un comentario a
los que le escuchamos al doctor Sierra- múltiples maneras
como se ha expresado. Yo le he querido clasificar en dos grandes
grupos: como unos actores urbanos de movimientos en una etapa,
y en una segunda etapa y en un segundo grupo, de posiciones.
Lo que hemos visto en la Comuna 13 de Medellín, era que
ya se había llegado a una situación de posición,
se creía que se tenía un control territorial, que
se tenía la capacidad de tomar decisiones y de hacerlas
cumplir coercitivamente, coactivamente por sus métodos y
la prueba de ello es que: entra la Fuerza Pública y se le
hace frente.
Y es una batalla campal, cuerpo a cuerpo
en las calles de Medellín.
En otra etapa y otro sitio lo que hemos visto es que es todavía
un problema de violencia urbana, de movimientos, apelando exclusivamente
a la clandestinidad, sin presunciones de control territorial pero
sí con un gran poder de hacer daño en una u otra
parte.
La sociedad frente a ellos. El fenómeno de la aceptación
no es solo para los paras sino para todos, en diferentes momentos
históricos. Al narcotráfico se le vio como unos muchachos “Robin
Hood”, recuerdo que los campamentos de la guerrilla en la
década de los 80’s, en mi ciudad, eran lugar de turismo,
eso parecía muy gracioso y muy importante, no se midió lo
que ellos estaban preparando allí.
Mientras el visitante llegaba allí frívolamente,
ellos estaban preparando un proyecto, no frívolo sino profundo
y tenebroso, cuyas consecuencias hemos visto todos estos años.
Las autoridades quisieron tratar eso con
todo menos con autoridad, este problema no se devuelve sino dialogando,
vamos a negociar
con los muchachos, todo el mundo lo legitimaba, en las campañas
políticas la competencia era ver quien tenía el respaldo
de esos muchachos. Entonces nunca se tuvo presente la necesidad
de ejercer autoridad para tratar el problema. Se les legitimaba,
se les reconocía, se les buscaba, se competía a ver
quién obtenía el apoyo de ellos.
Es sumamente grave para sociedad colombiana asumir actitudes permisivas
frente a cualquiera de estos grupos.
El doctor Darío (Arizmendi) mencionaba la presencia del
señor Alcalde Barranca. Es una ciudad que pasó de
25 años de permisividad con el Eln a un periodo de permisividad
con los paramilitares.
Hoy, hablando con el Ejército, ahí hay un procedimiento
muy importante que nos va permitir avanzar en el desmantelamiento
de esos grupos en Barranca, pero Barranca –a mi juicio- es
un ejemplo de que se hizo el tránsito de permisividad con
el Eln a la permisividad con los grupos paramilitares.
En ese panel, presentan ustedes la preocupación de que
las medidas del Gobierno puedan ser desproporcionadas, en algún
momento.
Yo soy un convencido de que desde nos mantengamos
en la línea
de la Seguridad Democrática, con la capacidad de que cuando
se cometan errores los corrijamos, que no es fácil, no se
puede perder la proporción, no vamos a afectar las libertades
públicas.
Además, la política de Seguridad Democrática,
don Hernando Santos, me decía hace muchos años y
lo digo aquí en su casa y al oído del doctor Rafael,
estábamos en una reunión con él los doctores
Ernesto Samper, Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy gobernador del
Tolima, Horacio Serpa, otras personas, estaba yo, y nos puso a
discutir dos o tres temas sobre el tema de la violencia en Colombia.
Nos dijo: ‘vea muchachos, váyanse a estudiar el Brasil,
el Ecuador, el uno, el otro, aquí lo que ha faltado es autoridad’.
Entonces apareció todo el tema de las libertades públicas,
de los derechos humanos y él decía: ‘mire,
es que esta es una historia –era un concepto muy respetable
de él, bien importante para examinarlo- de tratamiento peyorativo
al ejercicio de autoridad desde 1832 y eso ha llevado a que se
confunda la civilidad con la permisividad, a que se crea que la
civilidad es la negación de la autoridad, de la autoridad
coercitiva, de la autoridad con capacidad de represión y
con capacidad de contención’.
Yo comparto eso con don Hernando Santos,
pero soy muy conciente que un país que ha tenido tantas décadas de un concepto
colectivo imperante, en contra de la autoridad y que necesita instalar
muchas décadas a favor de la autoridad, para que haya sostenibilidad
en ese concepto de autoridad, esa autoridad tiene que tener un
profundo respaldo popular, tiene que ser sostenible. Y esa sostenibilidad
no se gana sino en la medida que esa autoridad sea democrática,
respete los derechos humanos.
Ahora, para que esa autoridad sea democrática y respete
los derechos humanos hay que preguntarse por muchas cosas, una
de ellas el marco jurídico. Hay personas que en Colombia
creen que el marco jurídico garantista es el marco jurídico
débil. Yo no. Yo creo que frente a esta amenaza, el marco
jurídico garantista, es el marco jurídico fuerte,
que le permite al Estado actuar con agilidad y con fortaleza. Lo
importante es que el Estado, en esa actuación respete derechos
humanos y cumpla con el propósito esencial de la Seguridad
Democrática, que es proteger a todos ciudadano independientemente
de su estatus económico, de su credo, de su grado de afinidad
o de su actitud crítica frente al Gobierno, frente a cualquier
agresor.
Y ahí entran ya, casos específicos, como el tema
de la Policía judicial o la Fuerza Pública, el Ejército.
Creo que eso parte de un marco jurídico fuerte que en la
sociedad contemporánea no tiene porqué afectar las
libertades públicas ni tiene porqué afectar los derechos
humanos y que al contrario, si puede dar muchas posibilidades para
actuar más eficazmente y controlar a los violentos. Esa
es una discusión bien importante.
Aquí veo caras con quienes he discutido mucho, a lo largo
de la vida, estos temas, siempre he salido de esas discusiones
con un sentimiento fraterno, doctor Gallón, y seguramente
seguiremos discutiendo el resto de la vida.
Pero está bien, la seguridad que sí les quiero dar
es que el afán del Gobierno en esa materia es tener un marco
jurídico fuerte y un resultado de respeto a los derechos
humanos, porque no solamente hay una convicción filosófica
sino práctica. Es la única manera de hacer sostenible
una política de seguridad que Colombia la necesita por décadas.
Y el tercer tema que nos presenta Judith
(Sarmiento) es el tema de los cooperantes, de la necesidad de
construcción de ciudadanía
alrededor del respeto, de la convivencia,
La política nuestra de Seguridad tiene una acepción
conceptual que parte del calificativo de democrática, tiene
unos instrumentos: la búsqueda de un marco jurídico,
el crecimiento de la Fuerza Pública, la tecnología
y la cooperación ciudadana.
En el escenario más favorable de disponibilidad de Fuerza
pública, Colombia necesita la cooperación ciudadana.
Imagínense que no tuviéramos 75 mil Policías
que hoy tenemos disponibles, sino que tuviéramos 300 mil
y que no tuviéramos 54 mil soldados profesionales que hoy
tenemos disponibles sino 100 mil. Un escenario ya favorable de
Fuerza Pública sin embargo, necesita la cooperación
ciudadana.
Por fuerte que llegue a ser el Estado,
en su aparto coercitivo para su eficacia y su transparencia,
necesita la cooperación
ciudadana. En la extensión geográfica de Colombia,
en su complicada geografía, ante esa manera tan avezada
como se actúa terroristamente en nuestra Patria, la cooperación
ciudadana es una necesidad.
Nosotros entendemos que la cooperación ciudadana se convierte
en un acicate a la Fuerza Pública para que sea eficaz y
en una vigilancia a la Fuerza Pública para que sea transparente.
La Fuerza Pública solita, aislada en sus cuarteles, es
una fuerza más proclive a ser ineficaz y a violar derechos
humanos. Integrada con la ciudadanía, tiene que entender
y asimilar esa integración como un requisito para ser eficaz
y como una vigilancia que la obliga a ser transparente.
Esta semana hubo un descuidito porque no
se reaccionó,
por falta de esa integración en Caldas, entonces se robaron
la cosecha de café de Samaná, allá llegamos
tarde, hasta ahora que salía yo para acá, todavía
la cooperativa de cafeteros no había podido reanudar la
compra de café, todo ese minifundio campesino en la ladera
oriental del departamento de Caldas.
Entonces ahí qué necesitamos: Fuerza Pública
y cooperación ciudadana. Que todo el mundo esté atento,
llame, informe y la Fuerza Pública reaccione y se gane esa
confianza.
¿Qué más le hemos dicho a la Fuerza Pública?:
esa cooperación ciudadana tiene que conseguirla ustedes. ¿Cómo?:
de manera voluntaria y sostenerla. Para eso tienen que construir
confianza en la ciudadanía. Le hemos dicho a la Fuerza Pública:
cada soldado, cada policía tiene que ser un pedagogo que
convenza a la ciudadanía en la necesidad de que le colabore.
No queremos una sola denuncia de que a la gente se le está coaccionando
para que coopere.
Ha habido una profunda discusión sobre el alcance de la
solidaridad de nuestra Constitución. Algunos juristas expresan
que de acuerdo con la Constitución, la cooperación
es voluntaria, la Corte Constitucional –en su última
sentencia- sobre la ley de seguridad, adoptó esa doctrina
en su jurisprudencia, la cooperación voluntaria.
Yo, particularmente, estoy convencido de
lo contrario, que el Estado Social de Derecho, el principio de
la solidaridad, incorporado
a nuestro ordenamiento, exige una cooperación tan obligatoria
como es la obligación de la denuncia.
Algún día le escuché al señor Alcalde
de Bogotá, en sus ejercicios de construcción de ciudadanía
y convivencia, unas anotaciones referidas al texto constitucional
que me hicieron pensar que la obligación de solidaridad
en Colombia, de acuerdo con el texto constitucional, va mucho más
allá de lo que ha entendido la honorable Corte Constitucional.
Yo soy de la idea de que es obligatoria,
sin embargo en el Gobierno la queremos practicar de manera voluntaria,
por eso le hemos dicho
a la Policía y al Ejército que hay que conseguirse
pedagógicamente el apoyo voluntario de la ciudadanía.
Si uno obtiene el apoyo hay que sostenerlo
y hay que construir confianza y para sostenerlo hay que tener
mucha disposición
para recibir cada denuncia, hay que tener los medios, ahí empieza
a entrar la tecnología, las suficientes líneas telefónicas,
que la ciudadanía se pueda comunicar rápidamente.
Y además de la tecnología, la parte humana, que
quien conteste al otro lado de la línea tenga disposición,
ganas, que escuche a la gente con atención. Pero, alguien
llamando a comunicar un secuestro un sábado a las dos de
la tarde y que el que está al otro lado de la línea
le conteste con un bostezo y vamos a ver y el lunes. ¡No,
eso no puede ser así! Es que tiene que tener toda la diligencia,
toda la gana, toda la prontitud, eso es bien importante.
En seguida que la ciudadanía vea que se emprendió la
acción y que la acción se cumple con transparencia
y que cuando nos equivoquemos, la ciudadanía vea que somos
capaces de rectificar.
Yo le acabo de decir al Presidente del
Comité de Cafeteros
de Caldas: reanuden esas compras, la señora Ministra (de
Defensa, Marta Lucía Ramírez) está organizando
en este momento a ve cómo les damos la protección.
Allá nos equivocamos, pero vamos a ver cómo rectificamos.
Uno es vanidoso y entonces uno es muy contrario a rectificar,
pero en esa materia cuando uno se equivoca tiene que rectificar
porque sino, no se construye confianza ciudadana. Sostener esa
confianza ciudadana exige mucho detalle de parte de las autoridades.
Y ahí está el tema de la solidaridad y su aparente
contraposición con las recompensas. Lo fundamental es despertar
un sentimiento general de solidaridad para cooperar con la Fuerza
Pública, también necesitamos recompensas y nos ha
ido bien. Ayer las evaluábamos con el señor General
Teodoro.
Nosotros instauramos el Lunes de la Recompensa
y lo estamos cumpliendo en muchas ciudades y lo queremos generalizar
en todo el país.
La recompensa no puede ser reactiva ni ocasional, tiene que ser
proactiva y ocasional, tiene que ser proactiva y permanente. Si
es proactiva y permanente es creíble.
Entonces hemos querido que los ciudadanos
sepan que la Fuerza Pública paga los lunes recompensas, aquellos ciudadanos
que con su información hayan permitido evitar un acto violento
o capturar unos terroristas. Y recompensas no muy cuantiosas pero
que la gente sienta que llega el chorrito todos los lunes y que
se les va a cumplir con eso y que el Estado no les falla la palabra.
Y en eso vamos a insistir.
Por ejemplo, un Coronel de la Policía de Sincelejo ha tenido éxito
con recompensas de 150 mil pesos, que la gente sabe que se pagan
los lunes y que son cumplidas. El ideal sería que se impusiera
la solidaridad pero la práctica nos ha enseñado que
requerimos –también- apoyar eso en la política
de recompensas.
Hay temas que yo quisiera que no los recogieran
los medios, bien afectada Bogotá en los últimos meses con acciones
terroristas y la política de recompensas ha sido eficaz.
Aquí hemos avanzado mucho en captura de delincuentes, fue
bien eficaz en el rescate del Obispo de Zipaquirá. Ha sido
bien eficaz la política de recompensas en el desmantelamiento
de las milicias de las ciudades de Arauca, en Barranquilla y empieza
a ser eficaz en Santa Marta.
Lo que pasa es que nosotros tenemos que
anunciar el pago de la recompensa pero no podemos ser muy prolijos
en el discurso público
sobre la estrategia antimiliciana, que es el instrumento para transportar
este terrorismo a las ciudades.
Y soy conciente que no basta con cooperantes,
que hay que construir ciudadanía, respeto, convivencia. Vamos a ver, el doctor
Luis Carlos Restrepo (Alto Comisionado para la Paz y la Convivencia)
cómo va a avanzado con eso.
Yo creo que, doctor Antanas Mockus, la
Alcaldía de Bogotá nos
van a tener que ayudar a trasladar, al resto de las ciudades colombianas,
muchas de sus experiencias y a que se empiecen a aplicar allí.
Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo
para capacitar promotores de negociación pacífica y conflictos y el proyecto
es muy grande. Vamos a ver en este Gobierno cómo capacitamos
un millón de colombianos en eso. Luis Carlos Restrepo ya
empezó y creemos que eso puede ayudar bastante.
La gente pregunta: ¿y a quienes van a capacitar, al guerrillero,
al paramilitar? No, se capacita al padre de familia, al profesor,
al estudiante, a la acción comunal, al empresario, al líder
sindical, a los dirigentes de los partidos políticos. En
la medida que todos estos grupos ciudadanos sepan que cualquier
conflicto se puede resolver pacíficamente, en esa misma
medida vamos creando una especie de impermeabilización social
frente a la violencia.
Reconozco que no nos podemos quedar solo
en lo de los cooperantes, tenemos que avanzar hacia allá.
Muchas gracias a todos. |
