INSTALACIÓN
DEL SEMINARIO INTERNACIONAL
‘SEGURIDAD Y LIBERTADES INDIVIDUALES EN COLOMBIA’
Noviembre 20 de 2002 (Bogotá,
Cundinamarca)
Señor Defensor: quiero felicitarlo por
la iniciativa que en buena hora usted ha emprendido, para reunir
a un grupo de expertos
nacionales e internacionales de tan alto nivel, para este tema
acuciante en el mundo contemporáneo.
La tensión dialéctica, entre
el bien colectivo de la seguridad ciudadana y los derechos individuales
-tema de este
Seminario-, amerita ser repensada, sobre todo cuando ella se plantea
en el entorno de sociedades sitiadas por una criminalidad desafiante
o de una comunidad mundial amenazada por el terrorismo globalizado.
La convocatoria de la Defensoría del Pueblo a reflexionar
sobre este tema, reviste plena pertinencia y oportunidad.
Postular la relación entre seguridad versus libertad personal,
como una antinomia insoluble de dos términos que irremisiblemente
se excluyen, traduce una visión distorsionada y estrecha
del concepto de seguridad. Esta visión debe ser superada
en las sociedades democráticas, sobre todo hoy, cuando
el riesgo de sufrir violencia en la persona y los bienes, ha
llegado a ser una posibilidad cotidiana.
A este propósito es preciso, entonces, rescatar el contenido
democrático del concepto seguridad, entenderla como la
posibilidad real de todo ciudadano al goce tranquilo e imperturbado
de sus derechos a la vida, a la integridad, a las libertades
físicas y espirituales, al trabajo, la recreación
y demás ámbitos de desarrollo personal.
Y tal posibilidad sólo se torna real cuando está asegurada
la reacción coercitiva, pronta y efectiva del Estado,
para impedir o doblegar las amenazas de violación, provenientes
de individuos u organizaciones.
Bien entendidas, seguridad ciudadana y libertad individual, son
dos caras de una misma idea, dos maneras de expresar la vigencia
del Estado de Derecho. La primera, como instrumento indispensable
y la segunda como gran fin. Porque una seguridad no traducible
en libertades o que las conculque, carece de todo valor ético.
La Seguridad Democrática es un conjunto integral de estrategias
para recuperar el orden, en cuanto éste constituye el
presupuesto ineludible para la vigencia real de los derechos
y libertades fundamentales. Contrario a las anteriores estrategias
de seguridad que recorrieron el Continente de signo autoritario,
que hacían de una opción ideológica un partido
político, el enemigo interno, nuestra política
de Seguridad Democrática, en cambio, predica que todos
los discursos son bienvenidos en una democracia.
Necesitamos seguridad, no para perseguir verdaderos o imaginarios
enemigos ideológicos ni tampoco para sustentar un régimen
de Partido único. Seguridad para garantizar la más
amplia diversidad del pensamiento, el más creativo debate
en todos los planos de la vida, para que la acción de
las armas jamás acalle las armas de la crítica.
El día en que la Seguridad Democrática se enseñoree
de todo el territorio de la Patria, los campesinos no volverán
a ser desarraigados de sus parcelas, los empresarios y trabajadores
no serán secuestrados, los sindicalistas no serán
amedrentados, los periodistas no sufrirán amenazas, los
defensores de derechos humanos podrán desarrollar sin
temores su actividad legítima y los obispos y pastores
predicar sin riesgo su evangelio.
Para que la libertad ciudadana reine, las sociedades democráticas
han de ser sociedades abiertas, confiadas, con el menor grado
posible de interferencia y molestias en la vida privada. En principio,
cualquier ciudadano puede transitar por la acera de la sede de
Gobierno, por enfrente de los cuarteles. Por eso, nos sorprende
que la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense
consagre el libre comercio y porte de armas como una libertad
básica.
El problema que pone a prueba a las democracias
de hoy, es como armonizar esa confianza en los ciudadanos, que
hace posible el
régimen de libertades, con las amenazas del terrorismo y
el narcotráfico, que se aprovechan y abusan de tal sistema
garante.
La sociedad liberal es vulnerable cuando el terrorista puede
aprovechar las avenidas de libertad para sus tenebrosos objetivos.
Un Estado ingenuo y vacilante frente al crimen, es el camino
abonado a la tentación totalitaria que toma el atajo de
la supresión de la Carta de Derechos.
La Historia ha mostrado que durante los gobiernos débiles
y diletantes, la libertad individual y el Estado de Derecho sufren
atentados irreversibles.
Para armonizar seguridad y libertad, hemos acudido también
a la vía constitucional del Estado de Conmoción.
Hemos recurrido a reglamentar y a veces a restringir, en forma
razonable, moderada y proporcionada, el ejercicio de algunas
libertades y garantías, a fin de maximizar el disfrute
de esos mismos u otros Derechos de igual rango, teniendo buen
cuidado de respetar siempre ese ámbito mínimo e
irreductible del derecho de libertad que la jurisprudencia criolla
denomina su núcleo esencial.
Ningún derecho fundamental hemos suspendido. La prensa
sigue siendo libre y no sometida a censura alguna, el debido
proceso continúa intangible en su núcleo esencial,
los derechos de reunión y manifestación gozan de
plena garantía, al igual que la independencia de jueces
y fiscales para cumplir sus funciones.
Ante la gravedad del drama humanitario que vive el país,
sólo remedios extraordinarios permitirán restablecer
el ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza en manos
del Estado. Con base en los poderes de excepción, hemos
decretado, entre otras, medidas tributarias encaminadas a fortalecer
la capacidad disuasoria de nuestros cuerpos coercitivos; medidas
judiciales para quebrar el poderío económico que
alimenta a los grupos ilegales y medidas procesales para facilitar
la captura y judicialización de los delincuentes.
Con estricta sujeción a la Ley Estatutaria de los Estados
de Excepción, las restricciones, condicionamientos y modalizaciones
a la libertad individual previstas en el Decreto 2002 –tales
como la captura, el registro domiciliario y la interceptación
de comunicaciones con base en orden verbal de autoridad judicial
o en caso extremo, sin ella-, sólo se permiten en circunstancias
graves, en las que tales medidas sean imperiosas para impedir
la violación de un derecho fundamental.
En tales eventos, además del control por parte del Ministerio
Público y del obligado registro de tales órdenes,
la judicialización de las capturas y demás medidas
restrictivas de la libertad deberá ser inmediata y, en
todo caso, no podrá exceder las 24 horas. Tales salvaguardas
conjuran los riesgos de desbordamiento o arbitrariedad en la
aplicación de esas prerrogativas.
La facultad para que las autoridades de las zonas de rehabilitación
y consolidación, condicionen el tránsito, por ciertos
sitios, a registros previos, no impide a ningún ciudadano
honrado su derecho de locomoción. Todo lo contrario, le
asegura su derecho a circular sin ser objeto de agresiones por
parte de la delincuencia. En una sociedad sitiada por el terrorismo,
es natural que el ciudadano deba soportar ciertas cargas e incomodidades,
siempre y cuando no sean excesivas, gravosas o desproporcionadas
y estén inequívocamente enderezadas a salvaguardar
bienes de igual rango axiológico.
Nos han servido como referentes los instrumentos constitucionales
y legales de lucha contra el terrorismo, que hoy rigen en las
democracias europeas. Pero aún así, la severidad
de las disposiciones que hemos adoptado, es menor que las de
la mayoría de ellas. Entre otras, las vigentes en España
desde 1988.
Con todo, en esta materia siempre será aconsejable redundar
en controles y prevenciones. Galvanizar el control inmediato del
Ministerio Público, el control parlamentario y abrir las
puertas a denuncias y veedurías ciudadanas como agentes
de la opinión pública.
Con la tecnificación y refinamiento de los instrumentos
de control a los aviesos métodos del delito, evitaremos
cargas y molestias al ciudadano. Así mismo, el mejoramiento
en inteligencia y la cooperación ciudadana, más que
limitación de la libertad personal, es mejoramiento de ella.
Al animar a ustedes, a examinar con espíritu constructivo
tan difícil pero vital problema de nuestras democracias,
doy la bienvenida a los expositores internacionales y nacionales
que nos acompañan.
Tengo la certeza de que sus luces serán de gran valor para,
entre todos, construir una Patria mejor en la que la libertad y
la seguridad sean dos ideales gemelos con plena realización
para la felicidad de nuestro pueblo.
Muchas gracias. |
