COMPROMISO:
SOLIDARIDAD FRENTE AL DESPLAZAMIENTO
Octubre
3 de 2002 (Bogotá – Cundinamarca)
Compatriotas:
Por las características tan dramáticas que reviste
el desplazamiento forzado en Colombia, conmueve las bases éticas
de toda la comunidad nacional y aún más de la internacional.
El Estado y las instituciones sociales tienen el compromiso jurídico
y moral de brindar solidaridad real, coordinada y eficaz con quienes
padecen esa dolorosa negación de la dignidad humana.
El desplazamiento originado en la coacción de grupos armados
ilegítimos sobre la población civil, agrava la crisis
humanitaria que atraviesa nuestra sociedad, constituye de por sí una
violación al Derecho Internacional Humanitario.
Desarraigar a una persona, es negarle todo
aquello que le da sentido y hace posible su existencia: su familia,
su techo, su entorno,
su trabajo y la propiedad, producto de su trabajo. El desarraigo
está arrasando el tejido social y familiar de nuestra Nación.
La Red de Solidaridad registra hoy una
población de 174.160
hogares en situación de desplazamiento, otros censos nos
hablan de más de dos millones de personas desarraigadas.
De ellas, el 44 por ciento son menores de edad, es decir, casi
900 mil niños.
El número de desplazados crece abrumadoramente cada año.
De 120 mil en el 2000, se pasó a 190 mil en 2001 y a 170
mil en sólo el primer semestre de 2002. Es un fenómeno
que está alimentando la miseria de pueblos y ciudades y
la degradación moral de parte de nuestra población.
Cuando el desplazamiento forzado expulsa
de su terruño
a empresarios del campo, medianos y pequeños agricultores
y a trabajadores agrarios, produce desolación, pérdida
de productividad de nuestras zonas agrícolas y acrecienta
el desempleo y el subempleo. Es una amenaza a la seguridad alimentaria.
Ningún sector social se escapa de sufrirlo y este éxodo,
se ensaña con mayor dureza sobre la población económicamente
más vulnerable.
De cada 100 familias desplazadas, 31 viven
en la total pobreza y 54 en el límite de ella.
Es un fenómeno que se expande territorialmente, hoy los
flujos de éxodo forzado se originan en el 87 por ciento
del territorio nacional y de ser un éxodo de la población
rural ha venido, gravitando también sobre los habitantes
de las comunas populares de algunas ciudades. Genera situaciones
casi irreversibles.
El retorno de los desplazados a su lugar
de origen es mínimo,
eventual y decreciente. Entre el año 2000 y 2002, sólo
71.056 personas pudieron regresar. En el 2000 retornó el
37 por ciento de los desarraigados, el 11 por ciento en el 2001
y sólo el 2 por ciento en lo corrido del 2002.
Déjenme expresar nuestro total compromiso para que Colombia
enfrente este problema que ha tocado tan hondamente las fibras
sociales y democráticas de la Nación.
Nos encontramos en un momento de muy serias
dificultades económicas,
el país ha tenido antecedentes de crisis fiscales –como
la que hoy padecemos-, pero jamás una crisis fiscal de estas
proporciones había estado acompañada de una crisis
de endeudamiento como la que padece la Nación.
Tenemos seriamente afectadas todas las
posibilidades presupuestales. Por eso nos hemos dado a la tarea
de buscar mayores ingresos para
el Estado, de derrotar la corrupción, de derrotar la politiquería,
de reducir costos. Vamos a persistir en ese esfuerzo.
Uno en el Gobierno, encuentra las crecientes
necesidades de la educación y de la salud. Nuestra incapacidad financiera,
fiscal, de atender el problema del desplazamiento y tropezamos
contra un Estado impotente, afectado por la falta de prioridades
en el gasto público, por eso este problema no lo podemos
examinar como un problema micro, no lo podemos examinar solamente
como un problema que exige compromiso y que demanda recursos, también
hay que examinarlo dentro del conjunto económico y fiscal
de la Nación.
Este foro es una oportunidad que aprovecho
para llamar la atención,
los colombianos tenemos que tomar decisiones: hay que derrotar
la politiquería, hay que derrotar la corrupción,
hay que aumentar los ingresos del Estado y hay que favorecer la
inversión social. El desplazamiento tiene que ser una de
las prioridades de la inversión social.
Por eso nosotros vamos a insistir en el
referendo, para dar ejemplo, para reducir costos de Congreso,
para derrotar auxilios parlamentarios,
para reducir costos politiqueros, eliminar contralorías.
Para que sea un gran paso para la derrota de la corrupción
con la muerte civil de los corruptos.
Por eso, vamos a insistir en la reducción de los costos
burocráticos del Estado, por eso vamos a insistir en la
reforma administrativa para que el Estado cueste menos en lo burocrático
y llegue a tener mejores disponibilidades de recursos para lo social.
Por eso vamos a insistir en la derrota de la corrupción.
Hasta el momento hemos presentado dos puntos:
la propuesta de muerte civil de los corruptos en el referendo
y también
otras allí, como el voto público de los congresistas
y la eliminación de los auxilios parlamentarios.
Hace dos días expedimos un decreto reglamentario de la
ley 80 que estimula veedurías comunitarias, las hace obligatorias,
hace obligatorias las audiencias públicas en los contratos,
la publicación de los prepliegos para introducir transparencia
en las licitaciones y continuaremos este proceso con una reforma
a la ley 80, para derrotar la politiquería y la corrupción
para que el país llegue a tener recursos presupuestales
suficientes para atender estos flagelos sociales.
Y tenemos que dar ejemplo por eso me he
empeñado en que
la Presidencia de la República reduzca sus costos de 50
mil millones a 30 mil, en una primera etapa, para poder tener la
autoridad moral de convocar todos los días a mis compatriotas
para que cambiemos la estructura financiera de nuestro Estado.
En ese orden de ideas, permítanme decir que queremos emprender
dos acciones en favor de las víctimas del desplazamiento.
Primero: frenar desplazamientos.
Quiero informar a ustedes que uno de los
objetivos de la Seguridad Democrática es frenar el desplazamiento. Nosotros no queremos
campesinos desplazados por la guerrilla. Nosotros no queremos campesinos
desplazados por los grupos paramilitares. Todos los colombianos
tenemos que rodear a nuestra Fuerza Pública para que nuestra
Fuerza Pública sea eficaz en aquello de proteger a todos
nuestros ciudadanos y en aquello de evitar desplazamientos. Es
una necesidad.
Cuando hablo de que un componente esencial
de la política
de Seguridad Democrática es que todos los ciudadanos apoyemos
a la Fuerza Pública, que aquellos que por una u otra razón
han tenido vínculos con la guerrilla o los paramilitares,
los rompan y se enlisten en los grupos ciudadanos de apoyo a la
Fuerza Pública, esa convocatoria está pensando en
una seguridad completa, integral, democrática para todos
los colombianos que frena desplazamientos.
En segundo lugar, quiero proponerles una
acción concreta:
que nos demos a la tarea, sector privado y Gobierno, las organizaciones
de la Iglesia, las diferentes instituciones comunitarias que generosamente
nos ayudan a enfrentar el problema del desplazamiento en Colombia,
los organismos internacionales y el Gobierno –con la responsabilidad
del doctor Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, director de la
Red de Solidaridad-, nos demos a la tarea de ejecutar un proyecto:
un experimento para que 30 mil familias desplazadas regresen a
sus parcelas.
Lo propongo de la siguiente manera: ustedes,
selecciónenlas
con toda libertad, nos indican cuáles son las familias que
tendrían esa voluntad y el Gobierno Nacional ayuda con subsidio
de vivienda. Que en cada ocasión que el Gobierno pueda asignar
subsidios de vivienda se separe una porción de ese número
de subsidios para ir ajustando la meta de 30 mil para familias
de desplazados que quieran regresar.
La condición es que la familia se
haya comprometido a regresar y entonces va a tener el subsidio
de vivienda.
Segundo, que tengan crédito productivo. Para el crédito
productivo ofrezco la siguiente alternativa: si la familia regresa
a una zona rural, el crédito tendrá un originador
de recursos: Finagro. Y se puede colocar ese crédito a través
de una Ong que tenga la responsabilidad de orientar esa familia
de desplazados. Entonces Finagro le redescuenta a esa Ong el recurso
de crédito y esa Ong adquiere el compromiso de capacitar
ese desplazado en su proyecto económico de regreso, de orientarlo
y de vigilar y administrar el crédito.
Finagro origina los recursos y ustedes
nos ayudan con la administración
de los recursos. Hasta ahí llevaríamos dos componentes,
el componente del subsidio familiar y el componente del crédito
productivo.
El tercero: seguridad. Cuando en la campaña hablé de
la necesidad de un experimento de Cascos Azules a la Colombiana
pensaba en lo siguiente que hoy reitero: si se define el regreso
de 30 mil familias a sus lugares de origen, entonces que esas familias
tengan acompañamiento, ojalá haya una delegación
civil de Naciones Unidas que acompañe a esas familias para
que esas familias estén totalmente seguras una vez regresen
a sus lugares de origen.
Y que haya unos soldados colombianos internacionalmente certificados,
preferiblemente por Naciones Unidas, para que cuiden esas familias
y les garanticemos total seguridad, para protegerlas frente a ataques
de organizaciones guerrilleras u organizaciones paramilitares.
Pienso que si podemos tener éxito y vamos, poco a poco,
avanzando en ese objetivo de regresar 30 mil familias con subsidio
de vivienda, crédito productivo y seguridad podremos encontrar
un camino, un camino efectivo.
Por un lado, contención a través
de seguridad para que no haya nuevos desplazamientos y por otro
lado, el experimento
del regreso de 30 mil familias.
Cardenal (Pedro Pubiano), en medio de todas
las dificultades presupuestales que tenemos, comprendemos los
esfuerzos de la Iglesia, los esfuerzos
de la comunidad internacional por ayudar a Colombia en este problema
y tengan ustedes la expresión, por mi conducto, de toda
la voluntad del Gobierno, deseo todos los éxitos en este
Foro y que nos dé luces para resolver un problema que afecta
tan hondamente las fibras sociales de la Nación.
Muchas gracias. |
