"LAS
MINAS ANTIPERSONAL EN COLOMBIA": DESAFIOS Y RESPUESTAS
Octubre 7 de 2002 (Bogotá, Cundinamarca)
Hoy
y mañana, mientras ustedes realizan este evento, al menos
cuatro colombianos serán víctimas de minas antipersonal
en nuestro territorio.
En
Colombia y en otros países del mundo las minas terrestres
representan una amenaza y un peligro persistente e insidioso
para la población. Son un instrumento repudiable y terrible
de la guerra moderna, por su tremendo impacto sobre los individuos,
en particular sobre la población rural, los niños
y las niñas, víctimas especialmente vulnerables.
Y también por los elevados costos económicos y
sociales que imponen a las comunidades y a los países
a mediano y largo plazo.
Al
menos 68 países en el mundo están severamente amenazados
por más de 110 millones de minas terrestres. Una amenaza
que perdura más allá de los conflictos pues como
ustedes saben, una vez colocada, una mina puede permanecer activa
más de 50 años. Para no hablar de lo largas y costosas
que resultan las tareas de retirarlas.
La
gravedad de la crisis colombiana en relación con las minas
antipersonal, objeto fundamental de este evento, causa grave
y justificada preocupación dentro y fuera de nuestras
fronteras.
Entre
1990 y junio del 2002, han ocurrido en nuestro país 1.806
eventos generados por esos artefactos explosivos colocados por
grupos al margen de la ley. 411 municipios ubicados en 30 de
los 32 departamentos fueron afectados. Esto equivale a decir,
que las minas instaladas por esos grupos, han afectado por lo
menos el 40% del territorio nacional, con incalculables costos
humanos, sociales y económicos, pues las minas antipersonal
no afectan solamente la integridad física y sicológica
de las personas y sus familias, sino que sus devastadores efectos
se expanden para toda una comunidad pues se inutiliza tierra
cultivable, destruyen recursos naturales, bienes y servicios
como carreteras, centros de salud y de educación, fuentes
de agua, entre otros.
Pero
ningún costo es más alto que la pérdida
de seres humanos. Debido a los sub-registros existentes en los
sistemas de información, a la limitación técnica
de los mismos y al desconocimiento del registro de víctimas
combatientes al margen de la ley, es difícil calcular
el número real de víctimas. Los datos provisionales
reunidos por el Observatorio de Minas Antipersonal, permiten
una aproximación que señala que durante el periodo
1990-junio del 2002, se han registrado 1.634 víctimas;
de las cuales el 50% de las víctimas civiles son niños
y niñas, el 67% del total miembros de las Fuerzas Militares.
30% de las víctimas murieron en el lugar del accidente.
El
incremento del uso de minas en Colombia es de tal magnitud, que
durante los primeros nueve meses de este año, 459 personas
han sido víctimas, es decir que cada día hay aproximadamente
dos víctimas nuevas como consecuencia de una explosión
por minas antipersonal. Estamos hablando de un incremento de
eventos de 70% en relación con el mismo periodo del año
2001 y de 530% de víctimas.
Estas
consideraciones subrayan por si solas la importancia y trascendencia
de este evento y de la presencia de los Miembros de la Misión
Internacional Paralela de la OEA y del Comando Sur.
Este
espacio de reflexión, entre la Misión Internacional,
el Gobierno y la sociedad colombiana resalta la importancia y
la necesidad del trabajo conjunto del Estado, la Sociedad Civil
y los Organismos Internacionales para adoptar medidas inaplazables
de aplicación de la Convención de Ottawa.
Es
una forma de consolidar los resultados de la tarea cumplida por
varias organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales
para sensibilizar al país acerca de la magnitud del fenómeno
de las minas antipersonal. El esfuerzo por erradicarlas del territorio
colombiano ha logrado unir al Estado y la sociedad.
Quiero
subrayar al respecto el aporte del gobierno en estos temas. Durante
los últimos años el Estado Colombiano ha establecido
importantes políticas públicas en promoción,
respeto y garantía de los Derechos Humanos y un irrenunciable
compromiso en la aplicación del Derecho Internacional
Humanitario. No hay funcionario público que no haya recibido
instrucciones precisas de cumplir los deberes que señalan
la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos y DIH.
Entre
muchas otras medidas legislativas, instrumentales y operativas
que hemos adoptado, nuestro gobierno firmó y adoptó la
Convención de Ottawa sobre prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal.
Y aplica en forma constante medidas para la destrucción,
incautación, desactivación de esos mortales artefactos,
la prevención de accidentes y la atención a las
víctimas en nuestro territorio.
Desafortunadamente,
la intensificación y degradación del conflicto
armado rebasa en ocasiones la capacidad institucional del Estado
para dar respuestas oportunas y directas que mitiguen el sufrimiento
de las víctimas, sus familias, y que permitan librar al
país de la amenaza de las minas antipersonal y de los
artefactos explosivos abandonados.
El
Observatorio de Minas Antipersonal es un invaluable instrumento
para analizar y definir soluciones y respuestas al problema.
Al mismo tiempo un gran testimonio de la voluntad política
y del compromiso institucional del Estado sobre el particular.
Gracias al apoyo de países como Suiza, de instituciones
como el Centro Internacional de Ginebra para el Desminado Humanitario,
de la OEA, de la Organización Internacional de Migraciones
(OIM), y de otras organizaciones sociales, humanitarias y de
derechos humanos, contamos hoy con una red de información
que nos permite saber en qué lugar ocurren los accidentes,
dónde están las personas afectadas, cuál
es la frecuencia de los eventos, y qué tipo de minas se
están utilizando. La donación que hiciera el Centro
Internacional de Ginebra para el Desminado Humanitario, nos ha
permitido implantar y ajustar a nuestra realidad el Sistema de
Información de Acción contra Minas Antipersonal.
Desde
la entrada en vigor de la Convención de Ottawa, el 1 de
marzo del 2001, mi país señaló la acción
contra las minas antipersonal, como uno de los lineamientos prioritarios
de la política de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario. Por tal razón, en enero de 2001, el Gobierno
Nacional decidió que la acción contra las minas
fuera una responsabilidad de la Vicepresidencia de la República
a través del Programa Presidencial de Derechos Humanos,
y creó a su interior el Programa de Prevención
de Accidentes y Atención a Víctimas Observatorio
de Minas Antipersonal, como centro de coordinación y Secretaría
Técnica de la Autoridad Nacional.
Mediante
nuestros propios recursos hemos realizado el Registro Histórico
de eventos ocurridos durante el periodo 1990-2002. Avanzamos
en el desarrollo del Observatorio y en la atención a las
víctimas en los 36 municipios más afectados. También,
con la participación de la Asociación de Oficiales
Retirados de las Fuerzas Militares y de Ingenieros Militares,
hemos iniciado los Estudios de impacto social y económico
de 138 áreas de riesgo.
Tenemos
la "Comisión Intersectorial Nacional para la Acción
contra las Minas Antipersonal", como la Autoridad Nacional
del más alto nivel, y creamos los Comités Intersectoriales
Técnicos, como responsables de la elaboración y
desarrollo del Plan Nacional de Acción contra las Minas
Antipersonal.
El
25 de junio pasado, fue sancionada la Ley 759, que penalizó las
acciones prohibidas en la Convención de Ottawa, dio fuerza
de Ley a la Autoridad Nacional y al Observatorio de Minas Antipersonal,
determinó las condiciones para facilitar las Misiones
Internacionales, creó las Misiones Humanitarias Nacionales
para verificación de hechos y determinó el régimen
de destrucción de minas antipersonal.
Como
lo hemos señalado en los informes de transparencia determinados
por el Artículo 7 de la Convención, desde el año
1999 la Industria Militar Colombiana, "Indumil", canceló la
producción de minas antipersonal. Igualmente, para cumplir
con el Artículo 4 de la Convención, cuyo plazo
vence para Colombia en febrero del 2005, el Ministerio de Defensa
Nacional sigue adelantando las acciones para la destrucción
de nuestras escasas existencias de minas (20.312).
Hemos
participado activamente en el proceso de Ottawa y en las reuniones
de los Estados Parte. Recientemente participamos en la Conferencia
sobre Avances del Desminado en las Américas, celebrada
en Managua con el apoyo de la OEA, en la cual se estableció la
necesidad de dar prioridad de cooperación y asistencia
a los países que sufren actualmente conflictos armados
internos. Y en la Cuarta Conferencia de Estados Parte en Ginebra,
en la que conjuntamente con Suiza y Filipinas, nuestro país
solicitó a la Comunidad Internacional realizar esfuerzos
para comprometer a los actores no estatales a renunciar al uso
de las minas antipersonal.
La
insurgencia y los grupos de autodefensa deben comprender que
el uso de minas antipersonal es una práctica condenada
universalmente que está ocasionando graves daños
a la población civil.
Nuestro
país se debe preparar para evitar accidentes ahora y en
el futuro cuando retorne la población desplazada al área
rural.
No
tengo duda de que este ejercicio, que cuenta con la presencia
y participación de los delegados del Programa de Desminado
Humanitario de la OEA y del Comando Sur, aportará nuevos
y valiosos elementos para dar continuidad y proyección
a lo que hemos conseguido hasta ahora con la ayuda de la Comunidad
Internacional, el compromiso del Estado y la participación
del pueblo Colombiano para que el nuestro sea un país
en el que la gente pueda caminar sin el peligro latente y espantoso
que hoy implica la presencia de las minas antipersonal".
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