INTERVENCIÓN
ANTE LA LVII ASAMBLEA GENERAL
DE LAS NACIONES UNIDAS
Septiembre 13 de 2002 (Nueva
York-Estados Unidos)
Saludo a Su Excelencia el Sr. Jan Kavan
de la República
Checa, Presidente de esta Asamblea General, a la cual me dirijo
por primera vez.
A poca distancia de este lugar, en el fatídico 11 de septiembre,
murieron 2.801 ciudadanos del mundo. En Colombia, la violencia
cobra cada mes igual número de víctimas.
Cuarenta y tres millones de colombianos,
pueblo amante de la paz, soportan una de las más graves
crisis humanitarias del mundo:
- Colombia tiene que enterrar cada año a 34 mil hijos suyos,
víctimas de la violencia. Hemos perdido al 10 por ciento
de nuestros jóvenes.
- El país registró el año pasado la tasa
más alta de homicidios en el mundo: 63 por cada cien mil
habitantes.
- Durante los últimos 5 años, sufrimos 8 mil actos
de destrucción colectiva, cifra superior a la registrada
en los demás casos de violencia del mundo, 280 poblaciones
sufrieron ataques de guerrillas y paramilitares con graves consecuencias
para la población civil y la Fuerza Pública.
- El acto terrorista perpetrado durante
mi posesión, mató a
21 personas humildes.
- Dos millones de personas, el 40 por ciento
niños, sufren
hoy el desplazamiento forzado bajo la presión de grupos
violentos. Equivale a desplazar a las comunidades de Washington
y Manhattan al mismo tiempo.
- En el último lustro, 16.500 personas han sido víctimas
del secuestro. Ayer 6 niños fueron secuestrados y todavía
1 permanece cautivo.
- Los ataques terroristas del 11 de septiembre
conmovieron al mundo y provocaron la justa condena universal.
La humanidad debe
estremecerse ante atentados como el cometido por guerrilleros el
2 de mayo en Bojayá, un poblado de mil habitantes. Allí fueron
asesinadas 117 personas refugiadas en la iglesia.
Esta violencia empobrece cada vez más a la población,
ahuyenta la inversión, estanca el crecimiento económico,
distrae recursos valiosos y nos impide superar la condición
de país rezagado en lo económico y social.
- La violencia compromete 4 puntos del
Producto Interno Bruto del País.
- Diariamente ocurren asaltos, secuestros
y robos en las principales carreteras, como en la que une a dos
de nuestras principales ciudades. ¿Qué tal
que ello sucediera entre Bruselas y París, o entre Nueva
York y Boston?
Los colombianos hacemos hoy un gran esfuerzo
para enfrentar el problema: con políticas de orden público, reformas
del Estado que derroten la corrupción y la politiquería;
mayor crecimiento económico e inversión social.
El objetivo central de nuestra política de Seguridad Democrática
es rescatar el imperio de la Ley. La seguridad no es para perseguir
verdaderos o imaginarios enemigos ideológicos. Tampoco para
sustentar un régimen de partido único.
La Seguridad Democrática es para proteger a todos los ciudadanos
en una Nación pluralista, abierta al fraterno debate creativo.
La Seguridad Democrática es para todos los colombianos.
Para que no desplacen a los campesinos de sus parcelas, no secuestren
a los empresarios, no amedrenten a los periodistas, respeten la
misión de los obispos, sacerdotes, monjas, pastores de culto,
educadores.
Para que los sindicalistas ejerzan libremente
su acción,
los dirigentes políticos se desplacen sin temores, los defensores
de derechos humanos se apliquen a su labor sin amenazas.
Como comandante civil de las Fuerzas Armadas,
estoy comprometido con la observancia rigurosa de los derechos
humanos. Sin éstos,
puede haber apaciguamiento, pero nunca habrá reconciliación.
Nuestras medidas de emergencia no suprimen
derechos humanos pero exigen observar reglas, por ejemplo, en
la movilización
de los ciudadanos, para evitar que en nombre de la libre locomoción
se continúe transportando explosivos para asesinar a la
gente.
Respetamos la controversia. La política de seguridad que
se implementa, no es para acallar la crítica sino para enfrentar
la violencia. Esa política no tiene reversa.
En Colombia, la tasa de personal militar
y de policía es
baja: 3.9 por cada mil habitantes. Nueva York cuenta con 42 mil
policías, toda Colombia con 75 mil.
Tenemos que fortalecer la Fuerza Pública. Hemos decretado
un impuesto al patrimonio, que pagarán las empresas y personas
de mayores ingresos. Se recaudarán recursos cercanos al
1 por ciento del PIB.
En desarrollo de la política de Seguridad Democrática
nuestro Gobierno ha convocado la solidaridad de un millón
de ciudadanos para que, voluntariamente, asuman la tarea de cooperar
con la Fuerza Pública y la Administración de Justicia.
El apoyo de la ciudadanía a las instituciones legítimas
es elemento esencial del Estado Social de Derecho. Es expresión
de la solidaridad de cada individuo con su comunidad, sin la cual
el Estado pierde su naturaleza social. Requerimos romper el miedo
ciudadano a la guerrilla, a los mal llamados paramilitares, crear
vínculos comunitarios con las instituciones democráticas.
La eficacia y la transparencia de la Fuerza
Pública, depende
en alto grado de la cooperación ciudadana.
El problema colombiano es un riesgo para
la estabilidad democrática
de la región. Necesitamos la ayuda del mundo para resolverlo.
Pido la ayuda del mundo porque mi Gobierno tiene la decisión
de derrotar el terror, de que no pasen estos 4 años como
un nuevo triunfo de la delincuencia ni como una nueva prueba de
la vacilación del Estado y la sociedad frente a la arrogancia
de los violentos.
Eliminar las fuentes de financiación
del terror es imperativo. Por eso tenemos que vencer la droga
y el secuestro.
El foro de las Naciones Unidas está preocupado por las
armas de destrucción masiva, y nosotros compartimos esa
angustia. Por favor, debemos entender que la droga tiene una capacidad
de destrucción masiva, como la más temible de las
armas químicas.
Tenemos la determinación de eliminarla. Pedimos al mundo
un compromiso igual. No podemos continuar con decisiones y acciones
a medias, tímidas. Mientras se divaga, el terrorismo siembra
y trafica con más droga.
¡No nos envíen sus armas! ¡Eliminen sus mercados
de droga y sus precursores químicos! ¡Ayúdennos
con la interdicción aérea y el decomiso de la droga
que navega por el Caribe y el Pacífico!
Requerimos recursos para pagar a nuestros
campesinos a fin de que destruyan la droga y cuiden la recuperación
del bosque.
La semana anterior, Carlos Enrique Arenas,
piloto de la Armada Nacional –con 29 años de edad padre de una hija de
apenas dos años y con un segundo hijo en camino- y su auxiliar,
Roberto Enrique Guardo –con tres pequeños hijos-,
desaparecieron en el mar. El helicóptero que operaban cayó,
luego de que interceptaran una lancha con más de 2 toneladas
de cocaína.
Sacrificios como estos demandan el apoyo
de todos los países
para derrotar la droga, pues hasta ahora solamente hemos podido
decomisar un 20 por ciento de la cantidad que sale de nuestro País.
Una resolución de la ONU ordena la confiscación
de las cuentas bancarias, inversiones y bienes de quienes cometen
actos terroristas. Esa resolución ha sido letra muerta en
los países en donde circula el dinero que financia los actos
terroristas en Colombia.
El compromiso de mi Gobierno en materia
de seguridad no se opone al diálogo. Al contrario, lo desea. Por eso hemos pedido
la gestión de buenos oficios de las Naciones Unidas, por
intermedio de un asesor especial del Secretario General. Esa es
la forma para iniciar un proceso serio de paz que parta de un cese
de la violencia.
La Carta de Naciones Unidas nos enseña
que para dialogar con quienes cometen hechos de terror, es esencial
que esos hechos
se suspendan.
El dolor de miles de colombianos por el
secuestro de sus seres queridos –entre quienes se encuentran la ex candidata Presidencial
Ingrid Betancur, varios congresistas, diputados, el Gobernador
de mi Departamento (Antioquia), un ex ministro infatigable en la
lucha por la paz, integrantes de la Fuerza Pública y centenares
de ciudadanos-, nos indica que necesitamos acciones humanitarias,
que sirvan, no para fertilizar la violencia sino para recorrer
caminos de reconciliación.
El mundo está lleno de analistas del problema colombiano.
De críticos de nuestra sociedad y de nuestros gobiernos.
Requerimos menos retórica y más acción. Que
nos ayuden de verdad a solucionarlo.
Demandamos cooperación eficaz porque
esta violencia se financia con un negocio internacional que es
la droga y se ejecuta
con armas no fabricadas en Colombia.
Sufrimos miseria, injusticia, desconfianza
inversionista, alto endeudamiento y déficit fiscal, iguales
a los que agobian a muchas naciones.
Siempre hemos honrado y siempre honraremos nuestras obligaciones
financieras internacionales.
Estamos realizando esfuerzos sin precedentes
para congelar gastos de funcionamiento e incrementar impuestos.
Pero necesitamos un
significativo respaldo económico bilateral y multilateral
para invertir y generar empleo. Esto es, para empezar a pagar la
deuda social.
El triunfo frente a la violencia ayuda
a crecer la economía
y a financiar el desarrollo social que, a su vez, consolida la
paz.
Una reflexión: una libra de café colombiano llegó a
valer más de 3 dólares, hoy gira alrededor de 60
centavos. Los bancos internacionales y las agencias de cooperación
deben duplicar su compromiso y recursos en Colombia. El dinero
no será para pagar derroche ni para rescatar quiebras sino
para invertir en la reivindicación de los pobres, para asegurar
la gobernabilidad.
Los colombianos son un pueblo digno, trabajador,
democrático,
prudente, cuya espontaneidad no ha sido abolida por el martirio.
La Nación tiene la más sólida tradición
democrática, un reconocido buen desempeño económico
de largo plazo, una base industrial con alta diversificación,
una estructura productiva con creciente orientación al mercado
internacional y enorme potencial de la pequeña empresa democrática.
Señor Presidente y distinguidos
delegados:
Con el compromiso y apoyo de ustedes, que
representan a las Naciones del Mundo, y con nuestra determinación, Colombia se liberará de
la esclavitud de la violencia y podrá ser más próspera
y justa.
Muchas gracias. |
