PALABRAS
DEL VICEPRESIDENTE EN SEMINARIO DE REFORMA DEL ESTADO
Septiembre 24 de 2002 (Bogotá, Cundinamarca)
"Si
tuviera que resumir con un ejemplo la realidad económica
de la Colombia de hoy, diría que se asemeja al peor esposo
que alguien quisiera para su hija: gastamos más de lo
que ganamos, destinamos la mayor parte del gasto a temas improductivos
y no tenemos demasiado claro de qué vamos a vivir en el
futuro.
Se
lo acaba de recordar el presidente Uribe a los colombianos en
su alocución televisada: el presupuesto del año
entrante tiene un faltante de 6.5 billones de pesos. El endeudamiento
es muy alto: la Nación gasta 42 por ciento por encima
de sus ingresos.
Es
una situación realmente calamitosa, a la cual llegó nuestro
país a lo largo de la última década. Desde
1990 hasta hoy el gasto del sector de gobierno central, sin incluir
el sector descentralizado, pasó de cerca del 9.4 por ciento
al 20.8 por ciento.
Lo
más grave es que este crecimiento del gasto sin precedentes
en la historia reciente de Colombia, no representa beneficios
para la mayoría de la gente.
Tuvimos
aumento del gasto de más de 10 puntos del PIB, pero crecimiento
económico casi nulo. El aumento de 3 puntos del PIB en
inversión social tampoco ha representado cambios ni mejoras
en la educación ni en el sistema de salud.
Para
financiar parcialmente esta desmesura en los gastos del gobierno
central, los colombianos hemos tenido que aceptar y asumir el
costo de siete reformas tributarias que produjeron en los períodos
1990-1994 y 1998-2002 un importante aumento de los ingresos públicos,
a través del incremento del IVA y del impuesto a los movimientos
financieros, especialmente.
Y
es aquí donde quiero hacer el primer contacto con el tema
objeto de este importante evento: "Reforma a la Estructura
del Estado y Derechos Humanos": ¿cómo justificar
este enorme incremento de los gastos del Gobierno, si no beneficia
a la gente?
Estamos
gastando muy mal nuestros recursos. Destinamos un margen cada
vez más reducido a inversión mientras cada vez
gastamos más en funcionamiento y en el pago de intereses
de la deuda.
Tenemos
un Estado capturado por los políticos y por los intereses
de los grandes empresarios. Un Estado que no rinde cuentas. Un
Estado cerrado que trabaja para sí mismo. Un Estado burocrático
e ineficiente, carcomido por la corrupción. Un Estado
que parece ir en dirección contraria a los derechos y
a las necesidades de las mayorías.
El
altísimo costo de los gastos de funcionamiento y del pago
de intereses de la deuda minimiza el presupuesto para inversión.
Esto equivale a decir que en la Colombia de hoy no es posible
alcanzar metas de interés público a través
de la acción gubernamental.
Que
nadie se llame a engaño: hay que romper ese círculo
vicioso de frivolidad y de egoísmo. Mantener un Estado
en franco crecimiento, con una vocación productiva tan
limitada y decreciente, es una locura insostenible.
Desde
esa óptica es fácil entender los fundamentos del
programa económico del presidente Alvaro Uribe: para reencausar
el desarrollo del país es urgente devolver al Estado a
una senda de estabilidad macroeconómica y de inversión
productiva, de manera que el sector público, más
que una pesada y amenazante carga para el país, recobre
su papel fundamental de contribuir al desarrollo nacional, dentro
de claros principios de austeridad y productividad de los recursos
públicos.
Hacen
carrera en la Colombia de hoy, los chistes y comentarios acerca
del intenso ritmo en que los funcionarios del alto Gobierno tenemos
que trabajar, trabajar, trabajar.
Y
hay quienes se preguntan si no resulta temerario acometer al
mismo tiempo tantas reformas como las que propone el presidente
Uribe. Yo les diría sin temor a equivocarme que es indispensable.
El
presidente Alvaro Uribe fue elegido para dar el timonazo que
garantice el profundo cambio de rumbo que necesite el país.
Y para cambiar las muy lesivas tendencias que traía la
economía es indispensable acometer reformas fundamentales
en varios frentes concurrentes y complementarios, el pensional,
el endeudamiento, la eficiencia en las regalías y transferencias
y desde luego la renovación del Estado. No hacerlas haría
imposible el regreso a la estabilidad y al progreso.
El
espíritu de la Constitución de 1991 es descentralista
por lo cual requeriría un Estado central muy esbelto que
traslade el peso de las decisiones a las regiones. Pero en la
práctica ha ocurrido lo contrario. Lejos de reducir su
tamaño el Estado central crece desmesuradamente año
tras año.
El
mayor impacto de este proceso corresponde al crecimiento de gastos
en defensa, sector social, transferencias territoriales, y gastos
de hacienda pública (deuda pública, entre otros).
La
Rama Ejecutiva consta hoy de cerca de 300 entidades. Eran 189
en el año de 1990, 219 en el 1994 y 291 en 1998.
Desde
1990 hasta hoy hemos creado 3 ministerios (Comercio Exterior,
Medio Ambiente y Cultura) 4 superintendencias y hemos tenido
un inusitado crecimiento en el número de entidades vinculadas,
pasando de 31 en 1990 a 78 en 2001. Dentro de las entidades vinculadas
se destacan las corporaciones de investigación y los organismos
autónomos.
En
el Estado colombiano trabajan 817.000 personas, entre las cuales
sobresalen claramente tres grupos: Policía, Fuerzas Militares
y docentes, que en conjunto explican un total de 590.000 empleados
públicos de un total de 760.499, es decir el 77 por ciento
de los empleados públicos.
Cuatro
entidades tienen plantas superiores a 20.000 servidores: el Ministerio
de Defensa (esto sin incluir uniformados), el Instituto de los
Seguros Sociales, la Fiscalía General de la Nación
y el Consejo Superior de la Judicatura.
Siete
entidades tienen plantas superiores a los 5.000 funcionarios:
Inpec, Telecom, Dian , Ecopetrol, Sena, DAS y el Icbf.
Las
siete entidades más grandes (Ministerio de Defensa, aún
sin incluir uniformados, el Instituto de Seguros Sociales, la
Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior
de la Judicatura, Inpec, Telecom, y Dian) concentran una cifra
del 50 por ciento del empleo de la administración pública
colombiana, sin incluir a los uniformados y los maestros.
Igualmente
sólo 20 entidades concentran el 70 por ciento del empleo
en el sector público.
Desde
el punto de vista de su red institucional y del número
de entidades adscritas o vinculadas -superintendencias, comisiones
de regulación y unidades administrativas especiales- hay
ministerios gigantes.
Es
el caso del Ministerio de Educación con 46 entidades,
el Ministerio de Agricultura con 40 entidades (esto si se toma
en cuenta los 24 fondos ganaderos), el Ministerio del Medio Ambiente
con 39 entidades, donde se resaltan las 34 corporaciones regionales,
el Ministerio de Minas con 29 entidades, el Ministerio de Hacienda
con 17 y Defensa con 16.
Si
se excluye los tres grandes sectores de la administración
pública (Policía, Fuerzas Militares, Educación
Básica), se encuentra que cincuenta entidades, menos del
16.6 por ciento de las entidades existentes, tienen el 90 por
ciento del empleo del sector público.
De
estas cifras se puede concluir hacia dónde hay que orientar
los esfuerzos para lograr una verdadera renovación de
la administración pública. Y una reforma de la
estructura del Estado requiere, en primer lugar, invertir considerable
tiempo y esfuerzo en mejorar estos tres grandes sistemas públicos
nacionales, elevar su eficiencia y eficacia, y encontrar o crear
condiciones institucionales que permitan su mejoramiento.
Para
salir de la pobreza los colombianos necesitamos un Estado más
comprometido con la construcción de ciudadanía,
con vocación y acento social dentro de un claro espíritu
descentralista, que exija y aplique austeridad, buena gerencia
y administración, tanto a nivel central como en los departamentos
y municipios.
Lograr
esos propósitos es objetivo principal de la reforma del
Estado que tiene que estar profundamente conectada con los derechos
económicos y sociales de la enorme mayoría de los
colombianos, hoy excluidos de las decisiones y de las oportunidades.
Estoy
hablando de construir la Seguridad Democrática que además
de la no violencia, involucra la capacidad de todos los colombianos,
ricos y pobres, para vivir, para comer, para existir sanamente,
para educarse, para participar en las decisiones, para que la
totalidad de sus derechos les sean respetados.
La
burocracia es doblemente costosa para la sociedad porque además
de los costos de los salarios inmoviliza a miles de mujeres y
hombres cuya iniciativa y trabajo son indispensables en actividades
productivas.
Tenemos
que sustituir la mentalidad burocrática y clientelista
que ha dominado a nuestro Estado por una mentalidad productiva.
No se trata de promover enormes podas burocráticas para
lanzar a más colombianos al desempleo. Se trata de llevar
el tamaño del Estado a sus justas proporciones y a la
vez propiciar y facilitar el ingreso de quienes dejen el servicio,
a actividades productivas que jalonen el crecimiento de la economía.
El
presidente Alvaro Uribe lo dijo en su campaña "Sueño
con un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la
corrupción y la politiquería. Hoy el Estado es
permisivo con la corrupción, gigante en politiquería
y avaro con lo social. El Estado burocrático y politiquero
ha engañado al pueblo con un discurso social que no ha
cumplido porque los recursos se han ido en clientelismo y corrupción".
Por
eso, complementariamente con las reformas y los ajustes tenemos
que construir un Estado abierto, competitivo, transparente. Un
Estado para el ciudadano que es la base de un Estado que respete
y responda a los Derechos Humanos.
Además
de una drástica reducción de gastos, este Gobierno
ha puesto en marcha una decidida lucha contra la corrupción.
Estamos
construyendo los fundamentos legales y tecnológicos indispensables
para que muy pronto y para siempre todas las compras y las licitaciones
del Estado sean públicas.
También
crearemos un sistema electrónico integral de contratación,
como herramienta que integre, combine y proporcione en un solo
sitio la información relevante acerca de los procesos,
que promueva la interacción entre las entidades contratantes,
de control y contratistas, que facilite la selección objetiva
de estos últimos, la celebración de contratos electrónicos
y la vigilancia ciudadana de los procesos.
Vamos
a acabar las cooperativas y asociaciones de bolsillo de contratistas.
Y
pusimos en marcha proceso para seleccionar por méritos
los directivos regionales del ISS, Icbf, Sena y las oficinas
regionales del Ministerio de Trabajo. Hay millones de colombianos,
que tras realizar grandes esfuerzos culminan sus estudios y se
ven desplazados del mercado laboral, porque carecen de influencias.
Este Gobierno está decidido a corregir esta situación.
Queremos trabajar con los mejores. Y hacer respetar el derecho
que tienen los colombianos a acceder en igualdad de condiciones
a los cargos del Gobierno, si reúnen las condiciones y
experiencia necesarias, así no tengan padrinos políticos.
Esta
primera convocatoria servirá de referencia piloto para
extender el procedimiento a futuras convocatorias en las demás
entidades del Estado y su objetivo central es buscar en el mercado
laboral a las personas con la más alta capacidad gerencial,
nivel de compromiso social, voluntad de defensa del patrimonio
público, iniciativa para mejorar procesos, procedimientos
y resultados institucionales, dedicación y defensa de
la gestión pública.
Nada
más importante para lograr estos propósitos que
la participación de la gente.
El
predominio de lo público sólo se logra con ciudadanos
que participen con decisión y con entusiasmo en la construcción
y gestión de lo público. Una sociedad civil, fuerte,
institucionalizada y organizada.
Hace
pocos días tuve la suerte de participar en una rendición
de cuentas en Aracataca, el legendario pueblo costeño
en donde nació Gabriel García Márquez. Con
visión, fortaleza y voluntad política el alcalde
de ese municipio, Efraín García, logró la
hazaña que parecía imposible de poner la casa en
orden. Redujo la nómina de empleados de 500 a sólo
8. Y con las finanzas saneadas puso los recursos al servicio
de los grandes intereses de la gente: desatrasó el pago
de maestros, el pago de pensiones y reinició inversión
de obras para la comunidad ante la cual rindió cuentas
en esa reunión.
En
Colombia necesitamos muchos alcaldes así y muchos más
ciudadanos que participen en la definición de metas de
interés público, en los procesos de vigilancia
de la gestión estatal para lograr transparencia y una
mejor utilización de los recursos.
La
construcción de la autoridad democrática sólo
será posible si derrotamos la corrupción y el despilfarro.
Si salvamos para el beneficio común los cuantiosos recursos
públicos que hoy se desvían de los fines sociales
del Estado.
El
Estado burocrático está totalmente capturado por
intereses particulares y por esto tiene una pobre incidencia
en el bienestar de la población. El Estado burocrático
es un gran destructor de posibilidades actuales y futuras y es
el enemigo por excelencia de la acción pública
y de la posibilidad de reivindicar metas de interés colectivo.
Necesitamos
más participación ciudadana, que profundice nuestra
democracia, permita una más rápida construcción
de equidad y garantice que la inversión pública
cumpla su cometido de erradicar la pobreza.
El
nuevo Estado debe ser un Estado Comunitario, que vincule al ciudadano
a la gestión pública. Un Estado con vocación
de servicio público, en el cual no existan funcionarios
públicos sino servidores públicos. Un Estado que
utilice enfoques gerenciales y administrativos en el cumplimiento
de las tareas públicas. Un Estado productivo, que oriente
los recursos a actividades de proyección social y eficacia
pública. Un Estado austero.
Colombia
tiene que avanzar hacia lograr un Estado cada vez más
productivo y más social, que alcance o construya un alto
valor público por cada peso gastado. Un Estado que cree
riqueza pública, que logre invertir sabiamente los recursos,
propendiendo por el ahorro público, para darle más
confianza a la economía y la sociedad.
Nuestro
Estado no puede seguir siendo una fuente de privilegios para
unos pocos, ni una tierra de nadie que no contribuye a las metas
colectivas. Este es un principio que cobija a todas las ramas
del poder público que tenemos que buscar y encontrar siempre
las mejores formas para hacer las cosas.
La
decisión del Gobierno es realizar una Reforma a la Estructura
del Estado conectada con los intereses y con los derechos de
la mayoría. Para lograrla hay que eliminar y suprimir
instituciones, programas, procesos o trámites que erosionan
valiosos recursos públicos y que no tienen ninguna vocación
de defensa del interés público. Y al mismo tiempo
defender y mejorar instituciones y programas que efectivamente
contribuyen a alcanzar objetivos valiosos.
Queremos
establecer parámetros muy altos sobre toda la actuación
estatal en el campo público y exigir resultados a los
funcionarios y a las entidades. Un punto de mira ambicioso y
concreto para ello sería lograr que al final del cuatrienio
todas las entidades del orden nacional estuvieran certificadas
por la norma de calidad ISO 9001.
Y
desde luego extenderemos los objetivos de esta reforma del Estado
a vincular vigorosamente a la sociedad civil en el proceso. Queremos
y necesitamos un Gobierno y una sociedad civil unidos, para tratar
de enfrentar estos y otros retos que tiene la sociedad. Una nueva
alianza que abarque todas las fases de la administración,
planeación, presupuestación, ejecución,
control y veeduría de la gestión pública.
Un Estado al servicio de todos". |
