AUDIENCIA
PÚBLICA
- CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Alocución Presidencial
Diciembre 18 de 2003 (Bogotá – Cundinamarca)
Compatriotas:
Al medio día de hoy acudí al Consejo Electoral para
solicitar respetuosamente que en el Censo Electoral, frente al
cual se computa el referendo, no se tengan en cuenta las cédulas
de personas que no pueden votar como los difuntos, los integrantes
de la fuerza pública y los jóvenes a quienes no les
había llegado la cédula y solamente tenían
la contraseña.
La Constitución exige que para la validez de un referendo,
debe sufragar un número de ciudadanos por lo menos igual
al 25 por ciento del Censo Electoral. El Censo Electoral es el
universo de ciudadanos de carne y hueso que pueden votar. Luego,
no existe justificación jurídica alguna para sumar
a quienes no pueden hacerlo. El Censo Electoral no es una figura
jurídica formal sino simple y sencillamente el grupo de
ciudadanos habilitados para votar.
Tanto el referendo como el Censo Electoral
tienen que cumplir con la Constitución, acatarla. El Censo Electoral no puede
estar viciado ni por exceso ni por defecto. Esto es, no puede incluir
más ni menos de los que pueden votar.
La exigencia de que el referendo requiere
participación
válida de por lo menos un 25 por ciento de integrantes del
Censo Electoral, hace que a diferencia de otras elecciones, el
Censo Electoral cobre especial importancia para la elección
del referendo. Por ejemplo, para que un candidato presidencial
gane en primera vuelta no se necesita porcentaje de Censo Electoral
sino que obtenga el 50 por ciento más uno de los votos válidos
depositados.
Después de revisar, apenas 497.799 cédulas del Censo
Electoral han aparecido 51.148 que corresponden a personas difuntas.
Entre ellas figuran el ex presidente Alberto Lleras y la ex ministra
Consuelo Araujo. Si el Gobierno hubiera hecho trampa para que los
difuntos votaran a favor del referendo y se cumpliera con el umbral, ¿ustedes
se imaginan el escándalo internacional contra el Gobierno,
contra nuestra democracia y contra el Presidente?
Lo justo es que los muertos no voten y tampoco se contabilicen
en el Censo Electoral. Es todo cuanto pedimos.
Con la debida antelación al referendo, el Ministerio de
Defensa envió a la Registraduría la lista de 32.980
integrantes de la Fuerza Pública, que como ustedes conocen,
tienen prohibición Constitucional de intervenir en política
y de votar. Todavía figuran en el Censo Electoral. Eso es
incomprensible. ¡¿Qué tal que militares y policías,
inscritos en el Censo Electoral, hubieran votado por el referendo
en abierta violación de la Constitución?!
Hace pocos días, la Registraduría certificó que
634.900 cédulas se encontraban pendientes por reclamar el
24 de Octubre, la víspera del referendo. De ellas –óigase
bien- 342.077 de jóvenes que por primera vez solicitaban
cédula. La Registraduría aduce que las había
despachado, pero, no habían llegado a sus destinatarios.
Y lo que más preocupa: la misma Registraduría informó el
4 de Noviembre que hasta el 23 de Octubre se despacharon cédulas. ¿Cómo
se pretende que en un día lleguen a las manos del nuevo
ciudadano esas cédulas despachadas el 23 de octubre, cómo
se pretende que esos ciudadanos pudieran votar el 25?
La jurisprudencia ha dicho que la expedición de la cédula
exige la emisión del documento y que se entregue al titular.
Estas cédulas no llegaron a sus titulares, por ende, estos
no podían votar y no deben estar en el Censo Electoral. ¿Ustedes
se imaginan la protesta si se hubiera permitido que los muchachos
en proceso de cedulación hubieran votado con la contraseña?
Es claro que no pueden votar con la contraseña y la consecuencia
debe ser que tampoco se incluyan en el Censo Electoral.
¿Por qué estas reclamaciones de elevan ahora? Porque
apenas, recientemente se ha contado con las constancias emitidas
por la Registraduría, como la concerniente al número
de cédulas no entregadas a los titulares porque oportunamente
el Ministerio de Defensa entregó el certificado de los integrantes
de la Fuerza Pública y la Registraduría no lo descargó en
el momento oportuno ni aún lo ha hecho. La Registraduría
certificó sobre el Censo Electoral solamente en la víspera
del referendo y el examen de las cédulas ha tomado tiempo.
Muchos ciudadanos han presentado sus recursos
a la autoridad electoral y todavía no ha habido respuesta. Aún no se sabe
el número de ciudadanos que votó por el referendo
y esto demuestra que estamos a tiempo de presentar estas reclamaciones.
Algunos preguntan: ‘¿el Gobierno ejerce presión
sobre el Consejo Electoral?’ Acudí al Consejo Electoral
a plena luz del día, respetuoso de su investidura Constitucional,
a presentar abiertamente los argumentos. También acudí a
la Corte Constitucional en su momento y recientemente a una indagatoria
del Congreso. Es preferible tratar los temas interinstitucionales
con franqueza y de manera directa y no con intrigas, cócteles
y politiquerías, que si constituyen las verdaderas presiones
ocultas que el País debe erradicar.
Otros afirman: ‘El Presidente es mal perdedor’.
El Presidente es un combatiente de la democracia.
El juramento que presté de cumplir y hacer cumplir la Constitución
me obliga obedecerla y cuidarla. Es tan grave ser mal perdedor
en la democracia, como que el Presidente por descuido, temor o
connivencia con la politiquería, sea mal guardián
de la Constitución.
Abstencionistas y opositores al referendo
tuvieron todas las garantías.
Los muertos no pueden votar ni ser contabilizados en contra o a
favor de los abstencionistas. Defendí el referendo con exclusiva
apelación a los argumentos, sin causar heridas personales.
Las reglas de juego tienen que soportarse en hechos veraces no
en supuestos falsos. Reglas de juego alteradas manchan la democracia.
El referendo no se puede ganar o perder
por fraude o por una supuesta defensa de reglas de juego contrarias
a la verdad de los hechos.
Muchos dicen que nuestras pruebas son irrefutables pero que sería
inconveniente desde el punto de vista político descargar
las cédulas de quienes no podían votar. La mejor
política, la única política es el cumplimiento
de la ley. Aceptar la violación de la ley por motivos políticos
es deslegitimar la política y su escenario natural que es
la democracia. Violar la ley para salvar apariencias políticas
es tanto como cambiar la política por la politiquería.
Otros alegan la imposibilidad de corregir
a tiempo todos los problemas del Censo Electoral. Para eso existen
espacios de tiempo como el
período que todavía transcurre anterior al escrutinio
final del Consejo Electoral, que aún no se ha dado. Aquí no
se alegan minucias. Aquí hay un problema de centenares de
miles de cédulas sumadas en el Censo Electoral de personas
que no podían votar. ¿Qué diría el
mundo si el Gobierno hiciera algo parecido?
Recientemente el Congreso elevó la jerarquía del
Consejo Electoral al nivel de las otras cortes. Esta circunstancia
me causa una reflexión adicional: un organismo de tal entidad
Constitucional no puede dar un resultado sin corregir errores esenciales
de hecho como la inclusión en el Censo Electoral de difuntos,
integrantes de Fuerza Pública y jóvenes con contraseña
de trámite pero todavía sin cédula. Lo único
que pido es que la autoridad electoral falle sobre hechos veraces.
Compatriotas: el Congreso y el Gobierno
han estado trabajando sobre alternativas de solución a los problemas del fisco.
Así y todo, mi deber es luchar por la transparencia de la
democracia. En las elecciones que acaban de transcurrir, dimos
garantías eficaces a los grupos, llámense de izquierda,
de oposición. En el pasado las habían tenido retóricas,
ahora las acaban de tener no en la forma sino en la realidad.
Un Gobierno respetuoso de la democracia tiene autoridad para pedir
respeto total a la democracia.
Para nuestra democracia es fundamental
que exista total claridad acerca de la forma como se vota y se
escruta el referendo. Siento
la obligación de garantizarle al país que la experiencia
democrática del pasado 25 de octubre constituya doctrina
y ejemplo en la manera como se deben realizar los referendos del
futuro para bien de la legitimidad institucional.
Buenas Noches.
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