AÑO 2003

SALUDO AL CUERPO DIPLOMÁTICO ACREDITADO EN COLOMBIA
Enero 30 de 2003 (Bogotá- Cundinamarca)

Compatriotas:

Quiero agradecer, en primer lugar, las palabras de su excelencia el Nuncio Apostólico, decano del Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia. Manifestar el reconocimiento del Gobierno por ese mensaje lleno de talento, bondad, de espíritu de cooperación para resolver los grandes problemas de Colombia y de puntos de reflexión.

Como muy bien lo ha dicho su excelencia reverendísima, el Nuncio, esta es una ocasión consagrada formalmente, dentro del cronograma diplomático de Colombia. Una ocasión para reiterar a ustedes, a sus gobiernos, a sus familias, a todos sus compatriotas, el deseo del Gobierno y del pueblo de Colombia de que este año sea bueno para todos, para el mundo, para la convivencia. Y para aprovechar –también- esta ocasión, a fin de hacer algunas observaciones del mayor interés para las relaciones internacionales de Colombia.

El tema del terrorismo. Hace 30 años las cátedras universitarias hacían grandes esfuerzos para establecer las diferencias entre tres categorías delictuales: el delito común, el delito político y el terrorismo. Enseñoreada del mundo, la democracia pluralista como ideal de Gobierno, hoy es imposible establecer diferencias entre ellos, cuando se tipifican con actos de violencia.

Si la democracia funciona, el delito político violento es asimilable al delito común y no diferenciable del terrorismo. Lo importante para eso es que la democracia funcione, con criterio pluralista, con respeto a todas las expresiones del pensamiento, con una sola limitación: que el titular de cualquier expresión del pensamiento respete el derecho ajeno, de acuerdo con los textos de los convenios internacionales, de la Constitución y de la ley.

Derrotado el terrorismo de Estado, eliminadas sus justificaciones o explicaciones, el paso que toca es no permitir que, en nombre de objetivos políticos, se siga produciendo el terrorismo de aquellos que están en contra de las formas estatales.

Pueden tener la certeza que Colombia, para tener la autoridad moral que le permita combatir con toda ardentía, con toda determinación, la violencia contra nuestro pueblo, le reitera al mundo, la garantía del esfuerzo por introducirle todos los días mayor transparencia al ejercicio democrático en un amplio marco pluralista.

Cuando no hay terrorismo de Estado es imposible que surja alguna razón para justificar los hechos violentos de quienes están contra el Estado.

El Gobierno, en el examen de la naturaleza de los hechos violentos, simplemente hace un cotejo del hecho con los textos internacionales. Muchos de los países que ustedes representan tienen consagraciones en su legislación interna, como aquella que define el terrorismo como cualquier acto de violencia o de amenaza de violencia por razones ideológicas, religiosas o políticas.

Yo comparto esas definiciones, sobre todo cuando ese terrorismo se expresa contra una sociedad que vive en un Estado que actúa con un amplio marco democrático.

Allí aparece el tema de la Seguridad Democrática. ¿Por qué hemos insistido en calificarla como democrática?: porque su objetivo es implementarla dentro del marco democrático, de acuerdo con la Constitución y a favor de todos los ciudadanos.

Que la seguridad, para ser democrática, proteja por igual al empresario, al líder sindical, al dueño de la finca, al trabajador agrario, a quien se exprese en los medios de comunicación a favor o en contra del Gobierno.

Democracia en la seguridad es igual a seguridad para todos.

Nosotros tenemos la decisión de proceder con toda contundencia para recuperar la seguridad y ustedes tienen hoy la reiteración de que nuestra voluntad es que esa Seguridad sea Democrática.

Ustedes son testigos de que todos los días hay esfuerzos y reveses, de que logramos evitar un secuestro en una parte y nos secuestran a alguien en otra parte, de que se evita un acto terrorista en una parte y nos aparecen con un acto terrorista en otra. Eso nos indica que Colombia tiene que recorrer muchos años, dando prioridad a la seguridad para reestablecerla, que los logros no se van a conseguir por milagro, no van a aparecer de la media noche para las primeras horas de la mañana, crecerán fruto de esfuerzos ingentes sostenidos en el tiempo.

La acción de seguridad necesita sostenibilidad.

Esa sostenibilidad requiere apoyo popular, es la única manera y ese apoyo popular requiere que la política de seguridad sea creíble y para que la política de seguridad sea creíble tiene que ser eficaz y transparente y para que sea transparente tiene que ser respetuosa de los derechos humanos y tiene que buscar proteger a todos los ciudadanos.

Como una expresión de que la política de Seguridad tiene que ser Democrática, hemos firmado sin vacilación y sin deliberación, la carta de Chapultepec.

Como una expresión de que la política de Seguridad tiene que afianzar las libertades públicas y no para reprimirlas, no hemos querido incorporar a nuestros decretos de conmoción y a nuestra legislación permanente, restricciones al ejercicio periodístico.

Incomoda saber que un periodista puede llegar donde está escondido un terrorista y el Gobierno no puede llagar allá.

Incomoda saber que el periodista se informa de un acto terrorista que se va a cometer y el Gobierno es sorprendido. Pero esos son los costos de la democracia.

Hay dos caminos para corregir eso, el de la limitación democrática no es el nuestro. Por eso, como lo reiteré ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la política de Seguridad de este Gobierno descarta limitaciones al ejercicio de la libertad de prensa, bien sea en la legislación permanente o en los decretos excepcionales.

El otro camino es el correcto: una reflexión en los medios de comunicación nacionales e internacionales, para que ellos se pongan sus propias limitaciones, para que ellos escojan entre el derecho de los ciudadanos a que no los asesinen o el show de la chiva noticiosa. Lo quiero remitir al ejercicio deliberativo y autónomo de los propios periodistas nacionales e internacionales para que definan qué es lo ético, para que definan cómo cumplen con su deber ético de informar objetivamente y cómo no estimulan con sus acciones la posibilidad de que haya más derramamiento de sangre.

Otra expresión de la Seguridad Democrática es la preocupación del Gobierno por proteger específicamente tres sectores: los periodistas, los maestros y los líderes sindicales. Hemos dado instrucciones a todos los comandantes de policía, a todos los comandantes de diferente rango en la estructura del Ejército, al Das, de esa prioridad.

Hemos pedido a los gobernadores y a los alcaldes que nos ayuden. Hemos dicho: es una vergüenza para una democracia que los líderes sindicales, que los periodistas, que los maestros sean asesinados.

Y les hemos pedido, respetando su independencia, una cooperación muy eficaz en esa materia al señor Fiscal General de la Nación.

Cercano a ese hay otro tema. Hace pocos días le expresé a un Presidente latinoamericano que siendo yo, gobernador de Antioquia, en medio del debate de opinión, vi una gran oposición de Ong's internacionales y de medios de comunicación a mi gestión, una de mis preocupaciones fue proteger la vida de los militantes de la UP y se logró. Terminó esa gobernación y los diputados de la Unión Patriótica recibieron protección eficaz del Gobierno y gracias a Dios no los pudieron asesinar.

Recuerdo mucho al pensador ingles: “odio tus ideas, pero daría la vida para que puedas defenderlas”. Ese es un valor democrático irrenunciable.

Pueden decir ustedes hoy, a todos los disidentes de Colombia que aquí hay toda la determinación para proteger la vida de los disidentes.

Ayer recibí la queja de que hay amenazas contra los militantes de la antigua Corriente de Renovación Socialista del ELN y esta mañana hemos dado instrucciones por escrito a todos los organismos competentes de que se les proteja. Hicieron un gran esfuerzo a favor de la paz, perfeccionaron acuerdos de paz con el Gobierno de entonces, los han cumplido, con su presencia en la vida democrática de Colombia honran el pluralismo. Nuestro deber es protegerlos eficazmente.

Y le decía yo, a ese casual interlocutor, Presidente de una nación hermana, que este Gobierno tiene la decisión, con cualquiera, que se haga un acuerdo de paz, de poner todo el aparato coercitivo del Estado detrás para proteger su vida.

Me preguntaba con sorpresa: ‘y ¿usted lo cumple? Y le dije: a fe que lo cumplimos. Y dijo: ‘pero si en el pasado mataron 3 mil de la Unión Patriótica’. Respondí: errores de la historia que no se pueden repetir, errores de la historia que hay que analizar para no dejar que se repitan, errores de la historia que nos indican que no se puede combinar la política con la acción armada y que tiene que haber decisiones de Estado para honrar los pactos de paz, con la protección efectiva de quienes se reincorporen a la vida nacional.

Ruego a ustedes transmitir esta decisión del actual Gobierno: cualquier acuerdo de paz que se haga con cualquier grupo, todo el aparato coercitivo del Estado estará apoyando el ejercicio de los derechos democráticos con las personas que suscriban ese acuerdo de paz, para que esas personas tengan el derecho eficaz a hacer valer sus ideas en Colombia.

Por eso la semana pasada le decía al grupo de países amigos que, conjuntamente con la Comisión Facilitadora, que se ha reactivado para buscar acuerdos de paz con el ELN, que hasta ahora el Gobierno ha estado esperando propuestas concretas del ELN para entrar en un proceso de paz y lo único que hemos recibido es un regaño ideológico.

Está bien que discrepen de nosotros, pero está mal que no hagan la paz. Para discrepar hay que hacer la paz, los fusiles no dejan discrepar, los fusiles ponen a los seres humanos ante la disyuntiva de aceptar o morir.

Veo allí dos etapas. Una etapa ahora: la concreta, práctica, puntual, de definir cómo se hace un proceso de paz. Y la siguiente: hecho el proceso de paz, el debate ideológico con la oferta de plenas garantías para que se les respete la plenitud de sus derechos y no se repita lo que ocurrió con la Unión Patriótica.

Por supuesto, es bien importante la cooperación de ustedes y quiero reiterar la gratitud al Grupo de Países Amigos.

Con el tema de las Farc, el Gobierno ha estimado que para un proceso se necesita un interlocutor de la mayor jerarquía internacional que garantice la seriedad de ese proceso y su irreversibilidad. Por profundas reflexiones alrededor de esa consideración se le propuso a los ciudadanos de Colombia la tesis de buscar la gestión de buenos oficios de Naciones Unidas. Creemos en ella, pensamos que todos los que nos puedan ayudar deben ayudarnos a que se dé ese proceso con Naciones Unidas.

Por razones humanitarias me he visto obligado a cambiar lo que fue mi inicial decisión en esa materia. Dije en la campaña y en las primeras semanas de Gobierno, que el acuerdo humanitario tenía que darse en el esquema del reinicio serio del proceso de paz, que tendría que ir acompañado del cese de hostilidades y de iniciación de diálogos.

Al examinar el tema con Naciones Unidas, con el Gobierno de Francia, al escuchar a la Iglesia, al escuchar a los familiares de tantos colombianos secuestrados, el Gobierno modificó la decisión: aceptamos un acuerdo humanitario con condiciones razonables, que tenga el aval, la gestación a través de Naciones Unidas, que todo el que quiera ayudar sea un facilitador para que se pueda hacer con esa gestación a través de Naciones Unidas.

Es justo que si el Gobierno renuncia a que tenga que ir acompañado del cese de hostilidades y de la iniciación del diálogo, por lo menos pueda insistir en que tenga que ir gestado por quien habrá de ser el interlocutor de largo plazo a ver si es posible llegar a la paz.

También hemos considerado que debe beneficiar a todos los secuestrados y que aquellos que de acuerdo con el ordenamiento jurídico puedan salir de las cárceles, no regresen a la militancia delincuencial, que retornen a la libertad bajo la custodia de un país hermano, responsable, amigo, solidario, con la garantía de que no van a incorporarse a la actividad de grupos armados.

Quiero repetir ante ustedes –porque sé de su preocupación- que con condiciones razonables, el Gobierno comparte la angustia de los familiares de los secuestrados y está dispuesto a ese acuerdo humanitario.

El tema de las autodefensas.

La verdad es que hoy no vale la pena entrar en el debate de su naturaleza jurídica.

Hace 30 años las facultades de derecho y de ciencias políticas enseñaban que las guerrillas eran actores políticos, porque su propósito era sustituir el Estado que combatía y que los sectores de autodefensa no podían ser calificados como actores políticos porque su propósito era defender intereses personales o defender el orden establecido.

Tan político puede ser atacar un orden establecido como defenderlo. No vale la pena esa discusión, creo que hoy debe ser objeto del examen científico de las universidades, pero no determinar las acciones de Gobierno.

Lo que necesitamos es lo práctico y lo práctico lo vemos en tres puntos: a partir de que los hechos han sido tan graves por unos y por otros, lo práctico es eliminar un actor de violencia, eliminar un actor de narcotráfico y facilitar el camino del restablecimiento de los derechos humanos.

Sobre esa base, nosotros ofrecimos en la campaña que también negociaríamos con ellos y exigíamos como condición que se comprometieran a un cese unilateral de hostilidades integrado, que implique no asesinar colombianos, terminar la práctica del secuestro, eliminar el narcotráfico.

La Iglesia Católica venía en una mediación desde la administración presidencial anterior, nosotros aceptamos que continuara y el Comisionado (de Paz, Luis Carlos Restrepo) se vinculó a esas conversaciones, con la presencia de la Iglesia, solamente en el momento cuando estas organizaciones –no todas, parte de ellas, expresaron su voluntad de aceptar ese cese de hostilidades.

El tema avanzará con prudencia, hemos nombrado una comisión exploratoria para que explore prudentemente temas: ubicación sin zona de despeje, vigilancia, garantía del cumplimiento de los compromisos. Por supuesto, queremos mantener informada a la comunidad nacional e internacional sobre el tema, prudentemente. Manejar el tema sin espectacularidad publicitaria y sin cartas guardadas y, por supuesto, reconocemos que hay intereses legítimos de la comunidad internacional sobre el tema por tratados como los de extradición, situación que nos obliga a consultar con los respectivos países que tienen ese interés legítimo, cada uno de los pasos que se dé.

El tema de los desplazados.

La política del Gobierno es: primero, con la Seguridad Democrática, frenar el desplazamiento. No lo hemos logrado aún, veíamos las cifras y encontramos que entre agosto y diciembre las familias regresadas a los lugares de origen todavía no compensan el número de desplazados que se dio en ese periodo, pero el Gobierno va a seguir insistiendo.

Lo segundo, es una acción de regreso. Aspiramos regresar este año 6 mil familias, con subsidio de vivienda y con programas de microcrédito. Bien importante es la cooperación de ustedes.

Y tercero, definitivamente, incorporarlos en la política social para aquellos que no quieran o no puedan regresar a sus lugares de origen.

Es bien importante para el regreso a los lugares de origen de ellos, que la comunidad internacional nos acompañe, sobre todo en el tema de que tengan seguridad.

El tema de Venezuela.

Quiero reiterar hoy nuestra expresión de solidaridad con la hermana Nación. Antes queríamos que superara la crisis, hoy lo necesitamos.

En el desarrollo de la crisis de las familias, en las etapas iniciales del sufrimiento de uno de los seres integrantes de la familia, los otros miran el desarrollo con más o menos grado de solidaridad e inicialmente no se sienten afectados pero llega un momento en que esa crisis se profundiza tanto que afecta a todos los hermanos.

La verdad es que la crisis de Venezuela ha dejado de ser un problema de Venezuela, es un problema de todos sus hermanos y es un problema del mundo democrático.

Jamás renunciaremos a la prudencia que hemos querido mantener, pero hoy insistimos en la necesidad de que se apresure una solución para bien para la democracia de la hermana Nación, para bien de todo el pueblo venezolano.

Deseo hacer llegar al pueblo de Venezuela la expresión de solidaridad, de nuestro deseo de que rápidamente se recupere esa mínima unidad fundamental que requiere cualquier pueblo para proceder como Nación.

Queremos hacer énfasis en nuestras relaciones económicas con todos los países que ustedes representan.

Queremos avanzar en los tratados de libre comercio, con el buen cuidado de buscar mecanismos para compensar desventajas, para mejorar competitividad, para tratar cuidadosamente el sector agrícola de Colombia. Ustedes saben que allí, donde se debilite el sector agropecuario en Colombia, surge la coca y la amapola.

Queremos avanzar para firmar en el primer semestre los tratados de protección de inversiones que están en marcha.

Y queremos mostrar unos resultados de crecimiento del comercio en las balanzas con cada uno de los países que ustedes representan.

Necesitamos que nos ayuden en el marco de la cooperación internacional y que nos ayuden a financiar el programa para sustituir droga por árboles. Hace dos días, en Santa Marta, se hizo el primer acuerdo con 1.200 familias de la Sierra Nevada. Esas familias se han comprometido en dos meses a mostrar sus terrenos sin amapola y sin coca, a partir de ese momento el Gobierno empezará a pagarles una suma de 5 millones de pesos al año por familia, siempre y cuando la monitoría de Naciones Unidas confirme que el terreno se mantiene libre de droga y que hay un proceso de recuperación de la vegetación, del bosque.

Estamos adelantando ya, preacuerdos con familias en el Putumayo y con familias en el Cauca. Queremos terminar este año con 15 mil familias en ese programa y recordar al mundo que la droga ha venido destruyendo la ecología en el país, que es el segundo en disponibilidad de agua dulce y uno de los primeros 7 en biodiversidad.

Si no derrotamos la droga, en 20 años la droga puede tener destruida la cuenca amazónica. ¿Ustedes se imaginan esa tragedia? Por eso he dicho que ese es un problema de mediano y largo plazo mayor de la humanidad y que necesitamos una gran decisión mundial, no retórica sino efectiva, para derrotar la droga.

En lo militar a nada renunciamos, pero necesitamos –para derrotar la droga-, darle alternativas a nuestros campesinos y una alternativa es la de avanzar en este proyecto piloto.

Hemos hecho una serie de reformas bien importantes cuyo proceso ustedes siguieron en el Congreso de Colombia, falta el referendo, pero esas reformas configuran un programa profundo de cambios y de ajustes.

¿Qué necesitamos?: divulgarlas y promoverlas, hacerlas traducir en confianza al inversionista nacional e internacional, tener respuesta de los mercados. Hemos tenido dos respuestas de los mercados: la primera, hace semana y media, recibimos ya un crédito en el mercado por 500 millones de dólares, a 30 años de plazo. Y la segunda: se han reducido sustancialmente los spreads para Colombia.

Pero, yo le tengo que dar respuesta al pueblo colombiano, le tengo que decir al pueblo colombiano: nuestro programa de ajuste vale la pena, ya nos han rebajado los intereses, eso lo vamos a llevar a inversión social y tenemos la financiación de todo lo social. Para lograr, plenamente ese objetivo, Colombia requiere que se le restituya el estatus de “investment credit”. Es una necesidad.

Creo que podemos hoy, pedir en todos los foros esa restitución, porque tenemos herramientas que soportan nuestro pedido: las reformas aprobadas.

Indudablemente falta el referendo, vamos a trabajar para sacarlo adelante y ustedes serán testigos de un proceso democrático bello. El Gobierno ha definido no hacer campaña política, sí hacer campaña cívica. Hacer una campaña exclusivamente argumental y pedagógica para mostrar a la totalidad de nuestros compatriotas la conveniencia de esas decisiones.

Quiero –también- pedir a ustedes que, teniendo en cuenta las reformas aprobadas, nos ayuden a estimular la inversión extranjera en Colombia. Una decisión del Gobierno es resolver todas las reclamaciones que hay de inversionistas extranjeros, hay casos excepcionales que están sometidos a la justicia, donde no puede hacer nada el Gobierno. Hay casos en los cuales será muy difícil encontrar arreglos directos, pero en todos aquellos donde podamos encontrar conciliaciones, transacciones directamente, estamos dispuestos a avanzar para que eso dé más confianza a los inversionistas internacionales.

Y queremos tener, en cada caso, una persona de la más alta condición profesional y moral que ayude a avanzar en ese proceso y una vez haya un acuerdo no perfeccionarlo hasta que se le haya comunicado plenamente al pueblo colombiano y la opinión y los organismos de control se puedan expresar sobre él.

La reforma tributaria, da un conjunto de estímulos de gran importancia focalizados a sectores específicos.

Nosotros queremos empezar promoviendo la inversión en tres sectores: necesitamos recuperar nuestra producción de petróleo –la sísmica quedó exenta en la reforma tributaria-, necesitamos explotar la gran ventaja potencial que tiene Colombia en la producción de madera y requerimos inversionistas internacionales que hagan alianzas estratégicas en Colombia con los grupos que trabajan esa área y con los dueños de la tierra. Y necesitamos avanzar en turismo.

El país movilizó en la última temporada 19 millones de turistas internamente, eso ayudó mucho a la economía, ayudó mucho a recuperar confianza. Tenemos que seguir en esa tarea bajo la conducción de la señora Ministra de Defensa (Marta Lucía Ramírez) y del señor Ministro de Comercio encargado del área de turismo (Jorge Humberto Botero) y eso tiene que reflejarse –también- en un proceso de recuperación de confianza del turismo internacional.

Queremos inversionistas para que nos ayuden a financiar el desarrollo de infraestructura en sitios muy concretos, en parques ecológicos –turismo ecológico-, en unos sitios avizorados desde hace muchos años, turismo que atraiga contingentes bien importantes del mundo a pasar allí sus días de descanso, sus días de vacaciones.

Piensen en esos tres sectores: reimpulsar vigorosamente el petróleo y traer inversionistas a los sectores de turismo y al sector de madera.

Estamos examinando otros sectores, la reforma tributaria ha dado una exención a la producción de medicamentos y de software con gran componente de investigación nacional, para lo cual también necesitamos la colaboración del capital internacional.

Reitero a ustedes nuestro saludo lleno de afecto, nuestro saludo lleno de consideración, el deseo de que sus países tengan un año de prosperidad, de tranquilidad y el pedido de que ustedes, todos los días, hundan más su acción en el alma del pueblo colombiano para que nos ayuden a salir adelante.

Muchas gracias”.