APOYO
DEL GREMIO CAFETERO AL REFERENDO
Febrero
26 de 2003 (Bogotá – Cundinamarca)
Compatriotas:
Quiero saludarlos muy respetuosamente a
todos. El Gobierno agradece este nuevo gesto de solidaridad con
las instituciones democráticas,
del gremio cafetero.
Si recorremos hacia atrás la historia de Colombia, lo único
que encontramos en el gremio cafetero es, capital social para superar
todas sus dificultades y capital social para darle la mano a la
Nación en el momento en que la Nación lo ha requerido.
Cuando vemos al gremio cafetero asumiendo
el liderazgo de esta tarea del referendo, los caminos se despejan.
Son ustedes unos
compañeros necesarios para que la Nación salga victoriosa
de este desafío, como gracias a la compañía
de ustedes, la Nación ha sido victoriosa en tantos desafíos
del pasado.
Tres temas generan el norte de este Gobierno:
el rescate de la seguridad, la reforma profunda del Estado con
la derrota de la
corrupción y la reactivación económica y social.
Con los tres tienen profunda relación el referendo.
Con el tema de la seguridad, el país para poder tener una
política sostenida de seguridad, de largo plazo como se
requiere porque los resultados no se obtienen en el corto plazo,
porque en esta política hay que insistir, porque el fenómeno
de la violencia está tan hundido en los tejidos colombianos
que para erradicarlos se requiere tiempo, persistencia en la acción,
lo que llamamos: sostenibilidad de la política; para eso
también se exige que el pueblo tenga credibilidad en las
instituciones democráticas.
Y la tarea de mejoramiento democrático, de derrota de la
corrupción –que en buena parte se le asigna al referendo,
es una tarea llamada a obtener credibilidad popular en nuestras
instituciones, que es a su vez un presupuesto necesario para darle
sostenibilidad a una política de orden público.
El segundo tema, el tema de la corrupción que hace parte
de ese primer gran referente, encuentra en el referendo avances
muy importantes, por ejemplo: el referendo permite que el pueblo
colombiano de manera directa la muerte civil de los corruptos.
Norma bastante discutida, muchas veces propuesta y bien difícil
de incorporar al ordenamiento jurídico. Una sanción
permanente, la prohibición de que las personas condenadas
por corrupción puedan volver al Estado por nombramiento,
por elección o por contrato.
Es tal el fenómeno de la corrupción que hemos tenido
que apartarnos de los principios que enseñaban las facultades
de derecho, uno de los cuales, era que no podía imponerse
una pena a perpetuidad. Aquí se impone una pena a perpetuidad.
Se excepciona ese principio, pero se hace ante la necesidad de
adoptar las decisiones más drásticas para poder derrotar
la corrupción.
Creo que es un gran avance para el país, que es la demostración
de un compromiso férreo de toda la sociedad colombiana para
erradicar ese mal que tanta legitimidad le resta a nuestras instituciones.
Nosotros, le hemos propuesto a Colombia
pasar de un Estado burocrático
y derrochón a lo que llamamos un Estado Comunitario, en
el cual la comunidad tenga creciente ingerencia en la toma de las
decisiones oficiales, en su ejecución y en su vigilancia,
para que a través de esas tres instancias de intervención
comunitaria, se garantice que los recursos públicos beneficien
exclusivamente a la comunidad, al colectivo.
Pues bien, el artículo 4 del referendo propone un sistema
muy importante para discutir el presupuesto: un sistema de audiencias
públicas para que el presupuesto no se convierta en una
negociación entre sectores parlamentarios y el Ejecutivo,
entre cuatro paredes, a escondidas de la opinión general.
Practicar la democracia es mucho más difícil que
predicar la democracia. Practicar la democracia participativa en
la adopción del presupuesto es mucho más difícil
que predicar la participación popular, pero es un gran reto
para la legitimidad democrática.
Qué bueno que en lugar de negociar partidas presupuestales
de aquellas que se llaman auxilios parlamentarios, que el referendo
prohíbe totalmente, pueda el país practicar las audiencias
que establece el artículo 4 del referendo.
Eso nos va a ayudar –también- a practicar una democracia
participativa sincera, hay que perderle el temor a la democracia,
hay que tener la capacidad de decir: ‘esta obra se puede,
esta no se puede’, decirlo de frente al pueblo. Hay que tener
la capacidad de examinar las finanzas públicas de cara al
pueblo, de examinar cuándo los recursos son escasos, cuándo
los recursos impiden satisfacer determinadas aspiraciones populares
de involucrar al pueblo en el análisis de nuestras limitaciones,
de nuestras dificultades y en la priorización en la aplicación
de los recursos. Creo que ese es un buen paso para la democracia
colombiana.
El referendo nos ayuda a transformar el
Estado –para derrotar
ese gigante que es el Estado burocrático, el Estado derrochón-,
conseguir que el país pueda aumentar ahorro y dedicar ese
ahorro sustancialmente a construir equidad, a mejorar la competitividad
a través de una mejor infraestructura y atender lo social,
el referendo es un paso en la dirección correcta. Tiene
ese componente fiscal en esa dirección, que es de gran importancia.
Quiero referirme a algunas de las normas.
Se propone la congelación de los gastos de funcionamiento
del Estado durante dos años, con una excepción en
aquellos casos del Congreso, de funcionarios y servidores públicos
de alto rango, con remuneraciones y pensiones por encima de 25
salarios mínimos legales mensuales, la congelación
no es por dos, sino por cuatro años. Pero en el otro extremo,
en el extremo de los salarios y de las pensiones por debajo de
dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, no hay
congelación.
Y además se procede con prudencia, porque, si llegare a
haber –y aspiramos que así no sea- un comportamiento
inflacionario superior a determinadas metas, se hace un ajuste
automático al punto de la congelación.
Entonces, nos parece que ese es un tema
bien importante ¿por
qué?, porque nos va a ayudar a sanear las finanzas públicas.
Cuando este Gobierno empezó con un déficit del 4.2
por ciento (del PIB), la solución que nos presentaron fue
una reforma tributaria que gravara el 70 por ciento de nuestros
bienes y servicios con un IVA del 16 por ciento. Eso implicaba
derramarle un IVA del 16 por ciento a las matrículas universitarias,
a las matrículas de educación primaria, de educación
secundaria, de educación media técnica. Eso implicaba
un IVA del 16 por ciento a las facturas de los servicios públicos,
un IVA del 16 por ciento a las cotizaciones a la seguridad social.
El Gobierno descartó esa reforma tributaria extrema y buscó lo
que ha llamado una canasta de herramientas para hacer frente a
la situación fiscal de la Nación.
Entonces, adoptamos una reforma tributaria
que aumenta la base, incrementa impuestos, pero es mucho menos
dramática que
la que estaba propuesta. Basta recordar que se haría la
ampliación de la base en el impuesto al valor agregado en
dos etapas: en una primera etapa pasamos de 41 a 51 por ciento
de los bienes y servicios que se gravan pero con una tarifa, inicialmente
del 7 (por ciento) y después del 10.
Y en una segunda etapa, que habrá de empezar a aplicar
el primero de enero de 2005, llegamos al ciento por ciento de los
bienes y servicios, pero con una tarifa del 2 por ciento. Esto
es, se va a pagar por todo, pero con una tarifa escalonada, que
es más baja y llega hasta el 2 por ciento, en la medida
que más se aproxima al corazón de la canasta familiar.
Es una solución razonable pero no
suficiente, por eso hemos tenido que hacer un esfuerzo con la
reforma administrativa y proponer
estas normas fiscales del referendo.
La reforma administrativa es muy ambiciosa,
ya empieza a producir sus primeros efectos. Alrededor de 30 mil
personas que habrán
de jubilarse en este Gobierno, sus cargos serán suprimidos
una vez esas personas se jubilen. Y, estamos disminuyendo la nómina
en muchas entidades del Estado de manera bastante ambiciosa y eliminando
entidades del estado que no se requieren.
Pues bien, eso se está haciendo con criterio social. Excluimos
de la desvinculación del Estado a la mujer cabeza de familia
sin alternativa económica, excluimos al discapacitado y
excluimos al que esté próximo a jubilarse.
Y otra expresión de ese criterio social, es que aquellos
que finalmente sean retirados del Estado y que estén por
debajo del nivel directivo, salen con el derecho a una bonificación
que se puede percibir durante los siguientes 12 meses, mes a mes,
después de la desvinculación. Una bonificación
semejante en cuantía al nivel de remuneración que
se venía devengando. Y lo único que se exige para
que se perciba esa bonificación por la persona desvinculada,
es que acredite que está estudiando.
Es traumático hacer una reducción de nómina
del Estado en momento difíciles de la economía, pero
en este caso, gracias al criterio social con que se está haciendo,
eso se va a convertir en una gran oportunidad, porque todos estos
colombianos desvinculados, van a percibir una bonificación
por estar estudiando, lo cual les va a ayudar muchísimo
en materia de readaptación laboral.
Esa reforma administrativa incluye elementos
muy importantes como el avance hacia el Gobierno electrónico e incorpora una
serie de herramientas que van a contribuir muchísimo en
la eficacia de la lucha contra la corrupción.
Entonces, llevamos hasta ahí, esa
reforma administrativa, la reforma tributaria y viene el refrendo.
Esa congelación de gastos de funcionamiento en el referendo
tiene una significación coyuntural y estructural muy importante.
Coyuntural ¿por qué?, porque la sola congelación
en los dos año, en los gastos de funcionamiento, sumados
el año 2003 y el año 2004, representa un ahorro para
el Estado de cerca de tres billones –dos billones 900 mil
millones y algo más-, ahorro distribuido ente la Nación,
entre las entidades territoriales y entre las empresas industriales
y comerciales del Estado.
¿Dónde va ese dinero que
se ahorra en los municipios y en los departamentos? Va a los
fondos de pensiones, del sector
salud, del sector educativo y a los fondos territoriales de pensiones.
Por eso le he dicho a sectores del Magisterio:
ustedes por qué se
oponen al referendo so pretexto de la norma de congelación,
si esa norma de congelación lo que hace es proveer de recursos
los fondos requeridos para pagarle las pensiones al Magisterio.
Ese referendo, en materia de reducción de gasto público,
propone –también- eliminar una serie de entidades:
las contralorías, las personerías.
Las contralorías departamentales, distritales, municipales,
salvo honrosas excepciones, son un foco de derroche de recursos
públicos con muy poco beneficio recíproco para el
colectivo nacional. Aspiramos que sin mayores costos, con el presupuesto
actual, esa tarea sea reemplazada por la Contraloría y por
la Procuraduría General de la Nación. Y que esos
ahorros por la eliminación de contralorías y de personerías
los puedan llevar, los distritos, los departamentos y los municipios,
fundamentalmente, a fortalecer el presupuesto educativo.
En Bogotá, solamente, el referendo implica para la ciudad
un ahorro de 100 mil millones de pesos al año, una de las
reformas tributarias propuestas por el alcalde (Antanas) Mockus
estimaba proyectar un recaudo adicional para el Distrito de 70
mil millones. Pues bien, las solas normas del referendo rebasan
las aspiraciones de esa reforma tributaria distrital. ¡Cuánto
le va a ayudar a la Capital de la República un ahorro de
100 mil millones de pesos al año, para dedicarlo fundamentalmente
a la tarea educativa!
Todo esto muestra cómo el referendo va castigando el Estado
burocrático y clientelista y privilegiando el Estado social,
porque la discusión en Colombia hoy no es cuánto
más eliminamos el Estado sino cómo hacemos que el
Estado cumpla los objetivos sociales que le ha asignado la Constitución
del 91 y como hacemos que las instituciones del Estado sean sostenibles.
¡Qué bueno derrotar Estado burocrático
y clientelista para poder fortalecer el Estado social!
El referendo avanza para ponerle orden
al tema pensional de la Nación. Se propone que por tarde, en el año 2007,
estén eliminados los regímenes privilegiados de pensiones.
Ejemplos –hay muchos-: el Congreso de la República,
Ecopetrol, Telecom, etcétera. Creemos que ese plazo que
convino el señor ministro Juan Luis Londoño con el
Congreso de la República, es prudente y además necesaria.
El país no puede seguir con este déficit pensional
y al mismo tiempo con unos costosísimos regímenes
privilegiados. El 86 por ciento de los colombianos que tienen pensión,
tienen pensión por debajo de dos salarios mínimos
legales mensuales. Y, en ese mismo porcentaje, se espera que tengan
pensión, de acuerdo con ese nivel.
Cuando eliminamos los regímenes privilegiados, es para
que el Estado se pueda hacer a los recursos que garanticen el pago
de las pensiones que hoy tienen o a la que aspira el 86 por ciento
de los colombianos, que son pensiones superiores a dos salarios
mínimos.
Y esto es justo, porque la reforma pensional
no fue suficiente y de pronto se necesita otra en el futuro,
entonces necesitábamos
tocar el nivel constitucional y eliminar por Constitución
los regímenes privilegiados de pensiones.
Eso va a ayudar muchísimo para resolver un problema de
una magnitud infinita: hoy, por cada peso que producimos, necesitamos
dos pesos con 30 centavos para cubrir el déficit pensional.
Eso es una de las bombas de tiempo más graves que afectan
contra la estabilidad de la Nación.
Y para dar ejemplo, ese referendo también desmonta –sin
afectar derechos adquiridos- el régimen especial de pensión
de los ex presidentes de Colombia. Yo seré el primer ex
presidente sometido al régimen ordinario de pensiones porque
es necesario dar ejemplo en las altas esferas del Estado para poder
pedir a los colombianos estos sacrificios.
En 1994, el entonces vicepresidente de
Colombia, el doctor Humberto de la Calle Lombana –quien tendrá que ayudarnos muchísimo
para sacar adelante el referendo-, propuso una reforma constitucional
para que el país reestableciera la posibilidad de sancionar
el consumo de droga. No fue aprobada. Él conoce cómo
esa sentencia de la Corte Constitucional –que respetamos
pero que no compartimos- del año 93, ha hecho un tremendo
daño porque prácticamente legalizó la dosis
personal y eso ha tenido incidencia para que hoy cerca de un millón
de colombianos sean consumidores de droga.
El país no es solamente un país productor o un país
traficante, el país es -también- hoy un país
consumidor, con grave daño para las familias. En casi todos
los asesinatos sicariales de nuestras ciudades, aparece el tema
de la droga. Hoy no se puede desvincular el sicario del consumo
de droga, la droga ha sido un factor de estímulo a la contracultura
del asesinato sicarial en Colombia.
El país está haciendo grandes esfuerzos y los tiene
que aumentar para derrotar la droga en todas sus facetas, en la
producción, en el tráfico y también tiene
que hacerlo en el consumo. Si no damos ejemplo, derrotándolo
en el consumo, perdemos autoridad moral para exigirle a los países
industrializados que hagan lo propio y perdemos autoridad moral
para maltratar campesinos del Putumayo con las fumigaciones o para
seguir extraditando colombianos.
Yo creo que la imposición de sanciones al consumo es un
paso necesario para demostrar el compromiso integral de la Nación
contra la droga. Eso nos va a dar una inmensa autoridad moral al
interior de la Nación y también en el contexto de
las relaciones internacionales. Un país con la decisión
de incorporar, por participación popular directa, al texto
constitucional la posibilidad de sancionar el consumo de droga.
Es un referendo sin populismo, algunos
analistas internacionales me han dicho: ‘el pueblo colombiano, si gana el referendo,
se tiene que ganar el campeonato mundial de seriedad en el manejo
de los temas políticos y de las finanzas públicas,
porque un pueblo pobre, con desempleo y atreverse por ejemplo,
a congelar los gastos de funcionamiento por dos años, eso
le agrega al referendo elementos que lo enaltecen’.
Es un referendo sin populismo, un referendo
de temas serios, de temas controversiales pero necesarios y convenientes
para la Nación
y por eso la compañía del gremio cafetero es muy
importante.
Va a ayudar el referendo a sanear costumbres
de la política,
indudablemente, sin afectar el derecho de los colombianos de fundar
partidos políticos, de presentar sus aspiraciones al Congreso
de la República.
Sí crea el referendo unos mínimos para que los partidos
funcionen verdaderamente como partidos, para que las aspiraciones
al Congreso de la República, a las asambleas y a los consejos,
no estén motivadas por el ánimo de ir a obtener un
salario o de tener ‘palanca’ para influir ante las
decisiones del Estado de buscar una pensión, sino por reales
compromisos de servir a las conveniencias colectivas.
Ustedes conocen de manera detallada las
propuestas de ese referendo, serán unos compañeros muy importantes en el proceso
pedagógico de convencer a los colombianos para que lo aprueben
mayoritariamente y yo por eso, no quiero, saturarlos más
esta tarde con el examen de unas materias tan importantes.
En ningún momento de la vida nacional ha brillado por su
ausencia el gremio cafetero, toda la vida nacional ha estado caracterizada
por la presencia oportuna, diligente, constructiva y patriótica
del gremio cafetero. Compañeros, ustedes, en esta nueva
etapa importante para la Patria, les queremos expresar toda nuestra
gratitud.
Digo hoy a mis compatriotas, todos, que
la compañía
del gremio cafetero en la tarea del referendo es garantía
de éxito y es la protocolización –por parte
de una entidad como es la cafetera, tan apreciada por los colombianos-
de que el referendo vale la pena por Colombia.
Doctor Gabriel Silva y distinguidos dirigentes
cafeteros: nuestra inmensa gratitud por esta nueva expresión
superior de patriotismo de ustedes.
Muchas gracias.
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