LANZAMIENTO
DEL LIBRO “POR EL BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS”
Febrero
4 de 2003 (Bogotá – Cundinamarca)
Compatriotas:
Quienes día a día nos empeñamos en construir
un Estado eficaz y transparente en el manejo de los recursos de
la comunidad, un Estado que sirva a la comunidad, que por eso llamamos “Comunitario”,
saludamos la publicación de la obra del doctor Antonio Hernández
Gamarra, Contralor General de la República, “Por el
buen uso de los recursos públicos”, como un gran esfuerzo
intelectual al servicio de los más altos intereses de la
Patria, que fija un métodos, que es compromiso y que es
guía para el control, que forzosamente, a él tendrá que
ajustarse el Gobierno y que será de gran importancia para
la información ordenada a la ciudadanía.
Condensar diagnósticos serios mediante el estudio de casos
reales en todos los sectores del Estado, describir con rigor técnico
las prácticas viciosas que han erosionado toda confianza
en la gestión estatal y ensayar correctivos audaces y oportunos
para erradicarlas, son los aportes más destacables de este
libro que hace honor al control fiscal. Es un libro vivo.
Además de su impecable formación académica,
da cuenta del conjunto de estrategias e instrumentos que conforman
el programa para el buen manejo de los recursos públicos
llevado a cabo por la Contraloría General.
Digna de encomio, es la puesta en marcha
del sistema de información
para la vigilancia, la contratación estatal y, en especial,
la aplicación del registro único de precios y de
referencias, valioso instrumento para cortar los circuitos privados
de corrupción que nos carcome.
El Gobierno Nacional hará su aporte y es así cómo,
el próximo viernes, entregaremos actualizada, a la opinión
colombiana, la página web del Gobierno para contribuir a
este sistema de control.
Cabe resaltar –también- la implementación
del programa de planes de mejoramiento como instrumento para inducir
a la administración a corregir las fallas de gestión
detectadas en el ejercicio de la auditoria.
El Gobierno recibe con interés las advertencias generales
y específicas del señor Contralor sobre ciertos riesgos
de ineficiencia y de corrupción que se solapan tras los
procesos de liquidación de entidades oficiales.
Somos solidarios con estos propósitos de regeneración
moral y nos congratulamos con la renovadora actitud del organismo
de control fiscal. Un Estado Comunitario reclama, como ningún
otro modelo, intensificar y optimizar los mecanismos tutelares
de los bienes colectivos. Leer tan rigurosos diagnósticos
y tomar nota de los correctivos en que está empeñada
la Contraloría General, reafirma la convicción de
que este organismo nacional debe asumir, cuanto antes, el control
fiscal de las entidades territoriales.
En esta obra, hay argumentos irrefragables
para votar afirmativamente en el referendo la supresión de las contralorías
departamentales y municipales. Lo planteado en el libro por el
señor Contralor guarda perfecta armonía con los objetivos
y estrategias del Gobierno en esta materia.
Por muchos años, la corrupción, el clientelismo,
han sido la más abominable forma de apropiación privada
de los recursos comunitarios, la más repudiable privatización
del Estado. La contratación se ha convertido en el flanco
más vulnerable para la avidez de corruptos y el desangre
originado en la ineficiencia.
Aspiramos, nosotros, que los colombianos
nos acompañen
masivamente en la lucha contra la corrupción que trae en
el referendo, un paso en la dirección correcta.
Por ejemplo, se ha dicho que la eliminación de las contralorías
departamentales y municipales es un paso atrás en materia
de descentralización. ¡De ninguna manera! La discusión
de la descentralización ha girado, históricamente,
alrededor del tema de la descentralización política,
de la descentralización fiscal, de la descentralización
operativa, pero en ningún momento ha tenido como elemento
esencial el control fiscal.
El control fiscal ha mi juicio, hoy no
tiene que ser central y descentralizado sino técnico y
transparente.
El control fiscal hoy no tiene que estar
en cabeza de amigos del Gobierno o de la oposición, sino en manos transparentes,
en organismos técnicos, imparciales, que le den total garantía
a la comunidad.
Además, la propuesta de referendo que tuvimos oportunidad
de consultar en ese punto y de acordar con el señor Contralor,
en el caso de las contralorías, define que la Contraloría
General, para sustituir las territoriales, se apoyará en
universidades, en cooperativas, en entidades sin ánimo de
lucro, y que los funcionarios que requiera para cumplir la tarea
de vigilancia territorial, deben ser oriundos en el respectivo
departamento y seleccionar mediante procedimientos objetivos.
Con el decreto 2170 de 2002, reglamentario
de la ley 80, hemos tratado de precaver en la fase preparatoria
de la licitación
u oferta, otorgar transparencia en los procesos de selección
y abrir oportunidades de contratación al mayor número
de personas. Que los pliegos de condiciones no se elaboren secretamente
por las entidades públicas. Que en la etapa de pre-pliego
cualquier ciudadano pueda participar con observaciones y sugerencias
antes que ese pre-pliego quede convertido en pliego definitivo.
Que cualquier persona pueda inscribirse ante una entidad estatal
para ser invitada a presentar oferta, previa selección aleatoria
de entre inscritos. Que con tales medidas logremos una amplia concurrencia
de oferentes, garantizada por la publicación de los procesos
y la ampliación de la oportunidad para llegar a ser contratista.
El decreto estable, además, las veedurías comunitarias
obligatorias, convocadas a ejercer control de contratación.
Aspiramos que podamos cumplir con instrumentos que exijan la obligatoriedad
de esas veedurías.
Hemos pedido a organismos como Findeter
que se imponga como condición,
a las entidades territoriales, para acceder a sus líneas
de crédito, que acrediten la observancia del decreto 2170,
que demuestren que están cumpliendo con el pre-pliego, que
están cumpliendo con las veedurías comunitarias,
que están cumpliendo con las audiencias públicas
para la evaluación de las propuestas y la adjudicación
de los contratos.
El Estado Comunitario procura acercar a
la comunidad a la gestión
pública, para garantizar que la comunidad sea la única
beneficiaria de los recursos del Estado.
La descentralización tan debatida en el mundo y tan reclamada
ante los visos de crisis del Estado – Nación, exige
que los recursos públicos –y especialmente aquellos
que se llevan a la descentralización- presten el servicio
de reivindicar a las comunidades en los sectores más pobres
y vulnerables.
Eso exige que, para que la comunidad sea
beneficiaria, participe activamente en la definición de las políticas públicas,
en la ejecución de las políticas públicas
y al mismo tiempo en la vigilancia de esas políticas públicas.
La comunidad tiene que ser la gran compañera del Ejecutivo
y de la Contraloría para poder erradicar la corrupción
en Colombia.
Es necesario erradicar los auxilios parlamentarios,
la falta de planeación, la no definición de prioridades, el derroche
y la politiquería, eso queda claro en esta formulación
llena de método que es el libro “Por el buen uso de
los recursos públicos”.
Mucha democracia participativa y reglas
de juego abiertas y limpias, es el camino para definir la inversión estatal, la experiencia
de los Consejos Comunales de Gobierno nos ha permitido descubrir
una forma de democracia y de transparente expresión de todos
los sectores de una región. En ellos se definen las verdaderas
necesidades, estas se expresan y también la propia comunidad
hace asomos muy importantes a la calificación de prioridades.
Es un ejercicio directo de democracia,
que al contrario de hacer populismo con los recursos públicos, exige del diálogo
sincero con la comunidad reconocer las limitaciones, cuantificar
la escasez y entonces, definir con mayor rigor la prioridad.
Aspiramos que el referendo nos ayude a
erradicar la manipulación
clientelista y nos ayude a que aumente la participación
comunitaria. También la participación del Congreso
en el debido camino, de las asambleas y de los consejos, para que
estos, en lugar de estarse peleando por auxilios parlamentarios,
participen activamente como líderes políticos de
la comunidad, al lado de la comunidad, en la formulación
y control en los presupuestos de ingresos y gastos del Estado.
Así como no puede haber contribuciones sin consentimiento
de la representación popular, tampoco debe haber gastos
sin la participación comunitaria.
Con el referendo, proponemos que el pueblo
tenga una participación
directa más eficaz en la ordenación de los gastos
de inversión, que las audiencias públicas consultivas,
convocadas por los diferentes niveles de gobierno, recojan esas
aspiraciones populares.
Igualmente se ordenará que se analice ese presupuesto de
manera abierta por las comisiones constitucionales y las bancadas
de cada departamento y de Bogotá.
El presupuesto ya no incluirá, para inversión, partidas
globales –excepto las necesarias para atender emergencias
y desastres-. El mismo Gobierno, como ejecutor del presupuesto,
tendrá que ser muy cuidadoso tanto para proponer un presupuesto
desagregado, como para participar en su discusión y aprobación,
como para ejecutarlo con rigor en el respeto a esa desagregación.
En lugar de que el Congreso tenga una privada
connivencia con el Ejecutivo para repartirse el Presupuesto Nacional
a cambio de
votos, el Congreso de la República participará activamente
y de manera pública en la dirección y control de
los ingresos y gastos.
Hemos propuesto que la práctica de negociar en una oficina
una partida presupuestal contra un voto, se elimine y se sustituya
por las audiencias públicas especiales de control político,
en las que los congresistas, diputados y concejales, formulen los
reclamos y aspiraciones de sus comunidades para la elaboración
del presupuesto. Que no puede haber negociaciones de partidas por
debajo de la mesa, que haya representación y control ciudadano.
El referendo prohíbe en consecuencia, a los miembros de
las corporaciones públicas convenir directamente o por intermedio
de terceros, la apropiación de partidas presupuestales con
organismos o funcionarios o adoptar las decisiones sobre la destinación
de la inversión de dineros públicos.
Habrá pérdida de investidura por gestionar o aceptar
auxilios con recursos públicos, cualquiera hubiese sido
su forma de aprobación o ejecución. Y el servidor
público que ofrezca cuotas o prebendas burocráticas
a un congresista, diputado o concejal a cambio de su voto, será sancionado
por falta gravísima con pérdida de empleo.
El pueblo, en el referendo, decidirá la separación
de las funciones legislativas y administrativas del Congreso, para
que los congresistas bajo ninguna circunstancia, participen en
las funciones administrativas de dicha rama del poder. Que no se
repitan escándalos, que los congresistas se consagren plenamente
a la función legislativa y al control político.
Con el referendo no se acaba el control
fiscal en lo local, se le arrebata a los directorios de la politiquería regional
para que los realice con profesionalismo, con criterios técnicos,
con total imparcialidad, la Contraloría General y además,
de manera austera.
La amplia autonomía de las entidades territoriales para
gestionar sus recursos, no sufre desmedro cuando se establece un
control fiscal sustraído de los vicios de la baja política
local.
Tal función fiscalizadora requerirá el auxilio técnico
de fundaciones, corporaciones, universidades, instituciones de
economía solidaria o empresas privadas y escogidas en audiencia
pública, celebrada previo concurso de méritos. Pero
las decisiones administrativas, las decisiones judiciales, serán
de competencia privativa de la Contraloría.
Todos aquellos que concurrirán a poyarla, serán
simplemente instructores de acuerdo con lo que defina la propia
Contraloría.
Por mandato del referendo, el ahorro por
la supresión de
las contralorías y las personerías se destinará a
la ampliación de la cobertura y al mejoramiento de la calidad
de educación preescolar, básica y media. Además,
a la construcción y sostenimiento de restaurantes escolares
y al saneamiento básico.
Los dineros dedicados a educación, financiarán los
costos de matrícula de los estudiantes pertenecientes al
estrato uno.
El Fondo de Regalías, en el que se ha despilfarrado tanto,
sin misericordia, empieza a tener en el referendo un paso muy importante
de reestructuración. Nos hemos quedado cortos, nos toca
ahora empezar a pensar en correctivos para las regalías
territoriales.
El Gobierno después de muchos esfuerzos infructuosos, de
invertir las regalías territoriales de Arauca. Queremos,
señor Contralor, su compañía, su crítica,
sus luces, para garantizar la mejor destinación de esos
recursos, para que esos recursos no vayan a ninguno de los destinos
de la corrupción, para que simplemente sirvan al pueblo
araucano.
Y ese caso nos debe dar una idea para una
norma general sobre el manejo de las regalías territoriales,
tema que ha quedado por fuera del refrendo.
Señor Contralor: la confluencia de propósitos estratégicos,
me permiten pensar que marchamos hacia un horizonte que la Patria
requiere. Valoro el trabajo intelectual que se plasma en esta obra
y lo aliento a poner en ejecución las medidas que se ponderan
inaplazables. El Gobierno estará presto a ofrecer la colaboración
necesaria.
El mundo hoy no discute la empresa privada,
las naciones del otrora mundo socialista ponen sus ordenamientos
jurídicos en la
vanguardia para hacer más atractivos a la inversión
internacional privada. El propio gobierno de Cuba, de no ser por
la ley Burton – Helms, sería hoy el principal captador
de inversión privada internacional.
La gran discusión hoy, es la equidad y la pertinencia.
Por eso nosotros tenemos que hacer esfuerzos muy grandes desde
el punto de vista del Gobierno para poder avanzar hacia la equidad.
Y esa equidad no se logra si no hay transparencia, porque los recursos
para la equidad han sido devorados por la corrupción y por
el derroche.
Alguno de los ministros de Hacienda de
administraciones pasadas dijo sabiamente que “el problema de Colombia hoy es más
de política que de recursos, los recursos son escasos pero
el rigor de la escasez golpea con mayor severidad a los sectores
populares cuando hay derroche”.
En buena hora necesitamos este reto que
usted nos propone, señor
Contralor, del buen uso de los recursos públicos.
La legitimidad es un elemento esencial
hoy para la elección
de los gobiernos, para la gobernabilidad, para las políticas
del Estado y para la permanencia de las instituciones estatales.
La legitimidad es ese grado de aceptación
popular de las instituciones.
Hoy, la legitimidad depende mucho más de la transparencia
de los gobiernos, que de la disponibilidad de recursos para realizar
grandes obras. Lo dicen los sectores populares de la Patria, ellos
le reclaman a alcaldes, a gobernadores, a ministros, a mi –como
Presidente en este periodo-, que no demandan tanto grandes obras
como gobiernos que tengan transparencia y que den credibilidad.
En materia de honradez, el gobierno de
Colombia tiene que proceder como un buen padre de familia: convencido
que no puede proveer
a sus hijos con cuantías infinitas de recursos, pero sí que
tiene que tener la credibilidad en el hogar por su buen manejo.
La honradez en el Gobierno es necesaria
no para el periodo circunstancial de esta administración, sino para el fortalecimiento de
la credibilidad popular en nuestras instituciones democráticas.
En buena hora sus esfuerzos, señor
Contralor. Cuente con todo nuestro apoyo.
Aspiramos que rápidamente los pactos de transparencia involucren
todas las entidades del orden nacional, todas las gobernaciones,
todos los municipios. Y aspiramos empezar con 190 entidades del
Estado en la página web, que ayudará a la ciudadanía
y a los organismos de control a ejercer fiscalización sobre
las compras y contratos.
Y aspiramos que eso avance geométricamente y que en no
mucho tiempo, Colombia pueda tener un sistema de control ciudadano
estimulado por el Gobierno y por los organismos de control que
nos permita contar con la más valiosa condición de
transparencia: el control comunitario.
Muchas gracias señor Contralor y le reitero toda la disponibilidad
del Gobierno de contribuir para el éxito de su tarea de
transparencia. Éxito que demanda la patria entera.
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