INSTALACIÓN TERCERA REUNIÓN DEL FORO
INTERAMERICANO SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS
Noviembre 23 de 2003 (Cartagena de Indias – Bolívar)
Señoras y señores:
Saludo, en nombre de todos los colombianos
a esta Tercera Reunión
del Foro Interamericano sobre los Partidos Políticos, foro
convocado por la Secretaría General de la Organización
de Estados Americanos.
Que la presencia en la bella y heroica
Cartagena de los representantes de los partidos políticos, académicos y autoridades
electorales de los 34 países miembros de la organización,
genere ideas que se constituyan en referente obligado para la definición
del devenir de la democracia en nuestro Continente.
LOS PARTIDOS
La revolución de las comunicaciones y la democracia de
educación e información, son realidades que plantean
el debate entre democracia participativa y representativa, en un
marco bastante diferente al de los estadios anteriores de la historia.
Ahora que todos nos podemos comunicar fácilmente, que la
información carece de privilegios y que es menos difícil
el acceso a la educación, parecería ser el tiempo
de la democracia participativa y a fe que lo es, pero no de modo
exclusivo o con prescindencia de la representativa.
La democracia representativa y sus agentes,
que son los partidos y movimientos políticos, se requieren para definir a través
de la agrupación popular, los lineamientos filosóficos,
políticos y programáticos del Estado, de los gobiernos
y de las propuestas alternativas.
La democracia participativa tiene que ser
el método de
relación de los ciudadanos con los partidos y los movimientos
a los que pertenezcan o habrán de pertenecer, de relación
de los ciudadanos con la institución parlamentaria representativa,
también con los gobiernos y de manera más puntual
con los procesos descentralizadores.
Signada nuestra época por el ideal de hegemonía
democrática, los partidos y movimientos tienen que ser ampliamente
participativos y deliberantes en su interior. Partidos cerrados
a las personas y mediante dogmas, cerrados también al debate
de las ideas, parecerían carecer de espacio en la prevalente
tendencia pluralista.
Los pueblos, en determinadas circunstancias,
pueden vivir sin los partidos. Los partidos, en ninguna circunstancia
pueden vivir
sin el pueblo, sin el contacto diario con él, sin pulsar
sus anhelos y esperanzas, sin oír sus críticas y
reclamos.
En Colombia, la unidad y duración de los partidos ha sido
el resultado en buena parte de la existencia de tendencias, que
indistintamente han resuelto sus discrepancias por procedimientos
internos o con apelación directa al electorado. La solución
al interior se ha dado por acuerdos o votaciones. La apelación
al pueblo ha producido que los partidos se dividan, pierdan elecciones,
pero también, aunque parezca paradójico, ha garantizado
su duración histórica.
Por eso no he estado de acuerdo con las
listas únicas,
recientemente aprobadas en nuestra Constitución. Se da la
impresión de querer enriquecer el debate interno, pero finalmente
se atenta contra el partido o movimiento, porque al impedir que
se acuda al electorado universal, no necesariamente al partidista,
la contradicción se resuelve con mayor homogeneidad a favor
del triunfador circunstancial, con búsqueda forzada de otros
partidos por parte de las tendencias diferentes, con separación
irreconciliable, distinta de la “división creadora”.
La historia recuerda con admiración y afecto a los “hombres
de las dificultades”. Las crisis han existido, existen y
existirán siempre y de ellas han nacido las grandes ideas,
las soluciones, las transformaciones sociales. Hay dos versiones
sobre el diagnóstico y las soluciones a la crisis colombiana:
la aparente y la real.
Los que sólo ven las apariencias, creen que la crisis es
un presunto desentendimiento entre el Congreso y el Ejecutivo.
Que el gobierno debiera construir unas mayorías artificiales.
Que no es necesario, por ejemplo, demostrar con argumentos la utilidad
de unos impuestos o la inconveniencia de otros, sino que el Ejecutivo
debe comprar las conciencias, recurrir al contratismo, a los auxilios,
a los puestos, para que los congresistas voten por cuidar las prebendas
a pesar de que lo hagan en contra de sus convicciones.
Los gobernantes demócratas van armados a los Congresos
a ganar su opinión con razones. Muestran las cifras, analizan
las normas, debaten con espíritu democrático sobre
aquello que conviene o no a la nación. Un Congreso independiente,
deliberante, cuyas bancadas voten los proyectos porque están
persuadidas, no porque están compradas, es lo que merecen
las democracias y es lo que requiere Colombia.
Los partidos no necesitan que el Ejecutivo
los fortalezca y consolide con sobornos burocráticos que
los apaciguan y destruyen.
La unión interna de los partidos no se estimula con halagos
de los gobiernos sino con el trabajo cotidiano, persistente, inteligente
y leal de su liderazgo, que se desvela pensando en el bienestar
del pueblo. Así se construyen los partidos, se conserva
su unidad y se mantiene la vocación de triunfo.
En la relación con el Congreso y los partidos, el Gobierno
tiene que respetar la independencia del uno como órgano
y de los otros como referentes políticos, no obstante que
alguno o algunos de estos constituyan el respaldo parlamentario
del Gobierno.
Dicha independencia demanda cooperación armónica,
que obliga a identificar propósitos nacionales y a descubrir
soluciones. Estas deben surgir del debate de los argumentos, de
la capacidad de persuadir o de dejarse persuadir. También
del buen juicio para establecer la línea entre lo que admite
y no admite transacción. Lo transigible impone que cada
uno reflexione para ceder parte de su desacuerdo.
En Colombia avanzamos en el bello trance
de recobrar la independencia de los partidos y la causa de las
ideas como motivo esencial del
Congreso. Ello genera debate que con patriotismo y razón
debe conducir al mejor resultado para el bien público. La
deliberación destapa la crisis y encuentra las soluciones.
La crisis proviene de todo lo opuesto: de la apariencia de paz
política cuando los congresistas y el ejecutivo acuerdan
sobre prebendas y arrasan con el interés popular. En estos
casos, la institución Congreso y la institución del
Ejecutivo, terminan de cómplices y desacreditadas ante el
pueblo.
La democracia participativa no se agota
al interior de los partidos pues tiene un espacio necesario enfrente
del Ejecutivo, del Congreso
y de la descentralización.
La relación del Ejecutivo no se puede limitar al Congreso
ni a los partidos. El Ejecutivo requiere un trabajo permanente
y directo con el pueblo. Esto contribuye a verificar los mensajes
que transmiten el Congreso y los partidos. También a recibir
la presión de la ciudadanía que sacude al Ejecutivo
de la negligencia en que incurre cuando se siente en el ficticio
paraíso de pensar que todo anda bien.
El contacto directo con la ciudadanía
muestra una y otra vez que las realizaciones oficiales, que con
vanidad muestran todos
los gobiernos, son infinitamente menores que las dolencias populares
desatendidas.
Uno de los imperativos de nuestro tiempo
radica en reconocer el carácter de co-legislador del pueblo. Esto es, la intervención
de la democracia participativa para garantizar el mejor producto
en la actividad de las instituciones representativas. De ahí que
hoy no se requiera tanto el tamaño del Congreso como su
integración con la ciudadanía.
Y la ciudadanía, sujeto de la democracia participativa,
requiere escenarios de expresión directa para la toma de
decisiones oficiales, para contribuir a ejecutarlas y para vigilarlas.
La participación ciudadana directa es lo único que
garantiza que los recursos lleguen directamente a la gente, que
construyan equidad, que haya transparencia y que se pueda asignar
la responsabilidad política a quienes fallen en el proceso
de conducción de los asuntos públicos, por ejemplo,
en la ejecución de las tareas de la descentralización.
La participación ciudadana directa puede darse por intermedio
de los partidos y a través de todas las formas posibles
y legítimas de organización como gremios, sindicatos,
agrupaciones religiosas, Ong’s y asociaciones en general.
La diferencia entre los partidos y las demás organizaciones
ciudadanas radica en que sobre los primeros recae la mayor responsabilidad
de la orientación política del Estado y los gobiernos.
Dos párrafos de Radbruch, traen muy bien la justificación
plena del equilibrio entre democracia representativa y participativa.
La formación de mayorías y minorías operativas
políticamente, pasa, inevitablemente, por la estructuración
de las mismas en partidos o coaliciones. Lo advirtió el
filósofo y jurista en 1930 al señalar que en una
concepción sociológica –y no simplemente ideológica-
de la democracia: “el pueblo no se compone de hombres libres
e iguales sino de grupos o partidos de distinta magnitud”.
O sea, según su texto:
“…mayorías y minorías no son el resultado
de votos libres e iguales sino expresiones predeterminadas del
mayor o menor influjo de cada partido. Los electores no son libres,
no son personalidades individuales, sino miembros o seguidores
de un partido…. el diputado no es una personalidad solamente
vinculada a su conciencia y sometida al mandato imperativo, sino
que es un ejemplar del género partido…”
Para evitar el abuso que denuncia el filósofo y jurista,
los partidos requieren estar integrados por seres humanos, pero
que sean libres. Y para garantizar esa libertad el individuo debe
disponer de la posibilidad de la militancia partidista o de la
participación directa en las tareas públicas, de
manera combinada o excluyente.
Los partidos son los órganos originarios de la formación
del Estado, por ellos empieza a construirse el edificio estatal.
Son los protoórganos estatales, como que ellos insertan
al pueblo orgánico –no a la masa amorfa e inorgánica-
en las instancias de decisión del Estado. Huelga citar a
Radbruch en este sentido:
“…los partidos como último órgano de
creación de todos los demás órganos, ya que
sin su mediación, la masa amorfa no podría derivar
de sí misma los órganos del poder del Estado”.
En síntesis, para que los individuos
no integren una masa amorfa, circunstancial e impredecible, se
requieren los partidos
y movimientos, esto es, la base de la democracia representativa.
Pero para que los individuos no enajenen su libertad, se necesita
un gran espacio de democracia participativa.
Países europeos que han sufrido el terrorismo –como
Inglaterra y España-, por convicción moral y por
definición legal, establecieron que es terrorismo la sola
amenaza del uso de fuerza para obtener un resultado político.
El Gobierno, consecuente con ese avance
político y jurídico,
define como terroristas a las organizaciones armadas que ejercen
actividades violentas en Colombia. Esa violencia se expresa en
agresiones a las comunidades más pobres, a los indígenas,
a las aldeas pequeñas y alejadas, a los colonos establecidos
en las selvas. Sus actividades sólo tienen que ver con la
política porque publican discursos amenazantes o los propagan
por intermedio de unos pocos activistas encubiertos en actividades
legales o por otros simplemente engañados. No son partidos
políticos, su realidad es el narcotráfico, el secuestro,
la destrucción de infraestructura, el asesinato y el reclutamiento
forzado, particularmente de niños.
Ninguno de los aquí presentes ignora mi decisión
frente a los grupos armados. He convocado a mis compatriotas a
adelantar un ejercicio de eliminación de la violencia para
liberar a la Nación de la pesadilla del terrorismo. Ese
ejercicio está contenido en nuestra política de Seguridad
Democrática.
Seguridad Democrática por su causa
y por su objeto.
La causa de nuestra Seguridad Democrática está en
el ideal del pluralismo democrático pleno, en nuestro respeto
sin reservas a las libertades públicas.
El objeto de nuestra Seguridad Democrática lo configura
el universo de los colombianos, que sin distingos ideológicos
o por grado de afinidad o de actitud crítica frente al Gobierno,
constituyen los destinatarios de nuestra decisión de protección
frente a la violencia, cualquiera sea su origen o su actor.
Para que el País no continuara su desagregación
en pequeños feudos armados de fusiles y de explosivos, adoptamos
la política de seguridad para recuperar el orden que indica
la ley y la libertad emanada de la Constitución. La libertad
que venía en camino de abolición por obra de los
terroristas y de la debilidad institucional.
La tarea toma tiempo. En España e Irlanda del Norte, los
terroristas se han contado por docenas y aquí llegaron al
colosal número de 30 mil.
A medida que se ha afirmado la voluntad
de seguridad democrática
se ha reverdecido la democracia. A las últimas elecciones
concurrieron más de 76 mil candidatos cuando en las anteriores
comparables fueron 40 mil aproximadamente. La Fuerza Pública
protegió el 95 por ciento de los lugares de votación,
lo cual representa el porcentaje histórico más elevado.
Reconozco que siempre los diferentes candidatos
habían
gozado de voluntad formal de protección por parte de las
autoridades. Sin embargo, debo decir, que nunca antes los candidatos
de grupos alternativos, de oposición, de izquierda, llámense
como se quieran llamar, habían tenido la protección
efectiva de que ahora gozaron.
La Fuerza Pública atendió nuestro llamado de proteger
a estos candidatos totalmente, de impedir que se les causara siquiera
un rasguño.
El Gobierno propuso un referendo contra
la corrupción y
la politiquería que incluyó temas fiscales de ardua
controversia. Se sometió a todas las instancias sin considerar
mayorías o minorías en el Congreso, simpatías
o antipatías en las Cortes o la independencia o mayor presencia
de la oposición en los órganos de poder electoral.
Los medios de comunicación pudieron ofrecer a los opositores
al tema todos los espacios y el Gobierno utilizó los suyos
para defender sus tesis, con exclusivo apoyo en los argumentos
y la confesa intención de agitar la pedagogía democrática
sin causar heridas personales.
Que la historia señale los resultados y también
el valor pedagógico del proceso.
Los terroristas han pretendido justificar
sus acciones en falta de democracia. Imposible encontrar un país con semejante
desafío terrorista y la infinita voluntad democrática
del Estado y los ciudadanos.
Los terroristas han pretendido justificar
sus acciones alegando permisividad oficial con la violencia paramilitar.
Vamos por el
buen camino del desmonte del paramilitarismo con la acción
de las Fuerzas Armadas y el diálogo para la desmovilización.
Guerrilleros y paramilitares saben que
tenemos tanta firmeza para combatirlos como determinación para albergarlos en la rectificación
de su camino. Casi 2.800 integrantes de grupos violentos, el 70
por ciento de ellos provenientes de las Farc, se han desmovilizado
y gozan de trato oficial propio de la reconciliación.
No aceptamos el terrorismo pero preferimos
a nuestros compatriotas con las armas depuestas, abrazados a
la Constitución, reconciliados
con el respeto a la vida, en lugar de que los tenga que dar de
baja la Fuerza Pública o llevarlos a la cárcel para
acicatear su odio.
Cuando no hay terrorismo de Estado nadie puede alegar validez
de las razones de los terroristas que en contra o por fuera del
Estado acribillan a la comunidad.
Llegan ustedes a un país que quiere recuperar plenamente
la confianza. Que lucha contra el terrorismo, contra la politiquería,
contra la corrupción.
Que el Gobierno pierda todas las elecciones
pero que Colombia gane la batalla contra el terrorismo y contra
la corrupción.
Que Colombia fortalezca su democracia para que la economía
crezca con justicia social, que buscamos en nuestras Siete Herramientas
de Equidad.
Sin equidad no hay partidos capaces de
sostener la legitimidad democrática. Para construir esa equidad social trabajamos
siete temas: la revolución educativa, la protección
social en salud y alimentación, el impulso a la economía
solidaria, el manejo social del campo, de los servicios públicos,
la construcción del país de propietarios y la lucha
por la calidad de la vida urbana.
Señor ex Presidente Gaviria, Secretario General de la OEA,
mil gracias por darnos la posibilidad de que Colombia albergue
el tercer foro de este tema tan importante para la democracia del
Continente. Usted ha sido un campeón de la democracia, se
jugó la vida contra el terrorismo para contribuir a sacar
adelante la democracia e impulso uno de los procesos democráticos
de nuestra historia: la Asamblea constitucional de 1991, donde
lo acompañó nuestro Embajador ante al OEA (Horacio
Serpa), como uno de los tres presidentes de esa Asamblea.
Al saludarlos efusivamente a todos ustedes,
debo concluir con las evidencias de mi propio corazón: odio el terrorismo,
tengo toda la decisión de que lo derrotemos a las buenas
o las malas y amo más a la democracia.
Muchas gracias.
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