INTERVENCIÓN ANTE LA CORPORACIÓN
EXCELENCIA EN LA JUSTICIA
Septiembre 09 de 2003 (Bogotá – Cundinamarca)
Compatriotas:
Acudo esta noche, en primer término, a expresar nuestra
gratitud por toda la obra realizada por la Corporación Excelencia
en la Justicia y a agradecer al sector privado colombiano el apoyo
que le ha dado y el que debe seguir ofreciéndole.
Estos esfuerzos, por un lado empujan al
Estado, por otro lado lo limitan y siempre le colaboran y se
constituyen en una enorme
garantía para la comunidad.
Las intervenciones que hemos escuchado
esta noche acá,
son de inmensa importancia. Empezando por todo el plan estratégico
de diagnóstico y de acciones que ha presentado el presidente
Ejecutivo de la Corporación.
Y hemos asistido también, a la firma del acuerdo entre
la Corporación y el Consejo Nacional gremial, que debemos
agradecer.
La palabra clave para este Gobierno es
confianza. Recuperar la confianza de los inversionistas en Colombia,
de los ciudadanos
para vivir en Colombia, de los trabajadores para trabajar en Colombia,
de la juventud para realizarse en toda la dimensión de sus
sueños en nuestra Patria.
Por supuesto, la justicia es un elemento
esencial para la recuperación
de la confianza.
El Gobierno se comprometió, con un antecedente en la campaña
presidencial, a acompañar el proyecto de reforma constitucional
para incorporar el sistema acusatorio y el principio de la oralidad.
Tenemos mucha confianza que esto nos va
a permitir avanzar. No solamente en el mejoramiento de la calidad
de la justicia, sino
también en su transparencia y en su velocidad.
Después de haberse aprobado el acto de reforma constitucional,
se ha venido en la tarea de preparar diferentes códigos
que se requieren para poner este acto en plena marcha: el Código
Penal, el Procesal Penal, el Estatuto de la Fiscalía, el
Estatuto Penitenciario, el Estatuto de la Defensoría Pública,
todos a consideración del honorable Congreso.
Quiero referirme a algunos puntos de ese
Código Penal.
Se eleva la pena máxima de 40 a 60 años y se presentó por
parte de los ponentes de esa iniciativa, la tesis de que el juez
debe tener la posibilidad de adelantar una negociación con
el procesado en el proceso y que por eso es necesario elevar el
tope.
En el Estatuto Antiterrorista –en el nivel legal- que ha
venido preparando el Ministerio de Defensa, hemos tomado la decisión
de que se pueda incorporar como un capítulo de ese Código
Penal –si bien lo aprueba así el Congreso-, pero que
sea ese capítulo de aplicación inmediata.
Quiero hacer unas referencias al Código. Nos falta el tema
del delito de evasión fiscal. El Gobierno lo presentó con
el proyecto de reforma tributaria del año pasado y finalmente
ese articulado fue retirado por solicitud del Congreso.
Ahora hemos venido en un proceso de concertación con el
sector privado. Aspiramos presentar esa normatividad en las próximas
semanas y que al aprobarla se incorpore como un capítulo
del Código Penal y pueda ser de aplicación inmediata.
Estimamos que es tan necesario consagrar
el delito de evasión,
como tipificarlo de la manera más juiciosa para evitar abusos.
Por eso nos hemos demorado en esa discusión –que se
propuso desde la campaña- a fin de obtener el mayor nivel
posible de consenso.
Me preocupa en el Código Penal el
tema de la edad penal, de la edad de imputabilidad. Nada hemos
avanzado en el tema, es
uno de los puntos sobre el cual el Congreso debe adelantar un gran
debate.
Muchas opciones se han propuesto, entre
ellas sugiero considerar las siguientes: que se permita, a criterio
del juez, cuando estime
que las condiciones de peligrosidad del menor así lo justifiquen,
trasladarlo de la justicia del menor infractor a la justicia plena.
Y la segunda, buscar cómo podemos rehabilitar al menor
infractor, en lo cual el país va muy mal. Los centros de
rehabilitación que existen implican un costo para el Estado,
por menor atendido, inmensamente superior a la más costosa
de las universidades. Ahí estamos tropezando con muy serias
dificultades fiscales.
Por eso hemos propuesto también que, para el caso de la
rehabilitación del menor infractor que no le despierte al
juez temores de alta peligrosidad, se confeccione una lista de
familias de la mayor solidez moral que puedan encargarse de una
tutoría sobre el menor infractor en el período de
rehabilitación, que pueda ser remunerada por el Estado,
para compensar a esas familias los gastos en que incurran.
Recientemente el Congreso de la República aprobó leyes
que debemos incorporar al Código, aumentando penas para
evitar la excarcelación en algunos delitos, excarcelaciones
que han producido grave daño social, como la excarcelación
en el robo de vehículos y en el delito de receptación.
Confiamos que con esos instrumentos, esos delitos se reduzcan drásticamente.
Veníamos haciendo un esfuerzo policivo importante que nos
mostraba una reducción en el año de casi el 30 por
ciento en el robo de vehículos. Y estamos optimistas de
que con la entrada en vigencia de esta nueva ley, esos porcentajes
se van a reducir más severamente.
También es necesario avanzar en el tema del robo de combustible
y del contrabando de combustible. Inicialmente expedimos un decreto
de Conmoción Interior que autorizaba el decomiso del vehículo
de transporte del hurto o del robo de combustible. La honorable
Corte Constitucional lo declaró inexequible. Ahora les hemos
pedido a los fiscales que en ese delito, que el vehículo
de transporte de combustible robado, se asimile a cuerpo de delito
y se convierta en objeto de decomiso y de declaratoria de extinción
de dominio.
Estamos haciendo un esfuerzo en armonía con la Fiscalía
en las últimas semanas y en el mes de agosto se ha presentado
una reducción sustancial en el robo de combustible. En la
misma dirección tenemos que avanzar en el contrabando.
La semana pasada tomamos decisiones claras
en Cúcuta. Dijimos:
aquí ha habido un diferencial histórico, ahora más
agudo, tenemos que administrarlo fundamentalmente con criterio
social. Allá hay 5 mil distribuidores de pequeñas
cantidades de combustible, que en la capital nortesantandereana
llaman pimpineros. Ahí tenemos un dramático problema
social. Vamos a dedicar buena parte de los recursos de reducción
del robo de combustible a buscarle alternativas económicas
a estas personas.
La idea es darle un tratamiento eminentemente
social al área
de frontera, pero contundentemente represivo al contrabando que
intente ingresar al interior del país. Sobre esos temas
necesitamos mucha claridad en el Código Penal, que se ha
puesto a consideración del Congreso.
Como ustedes bien saben, el Congreso nos
aprobó en un plazo
récord la Ley de Extinción de Dominio que agiliza
el procedimiento. A 7 de agosto del año pasado, habían
quedado ejecutoriadas 5 sentencias, ahora tenemos 68 -63 que corresponden
a este Gobierno- representan 285 mil millones (de pesos) de bienes
declarados cuyo dominio ha extinguido.
También presentamos el proyecto de norma constitucional
antiterrorista. Lejos de proponer para la Fuerza Pública
poderes que se observan en legislaciones como la española,
la inglesa, la alemana, allí hay cuatro temas: la facultad
de la Fuerza Pública para realizar el empadronamiento en
regiones colombianas donde la situación de orden público
y de terrorismo lo ameriten.
Les he dicho, respetuosamente, a las organizaciones
críticas,
que lo primero que nos exigen a los colombianos al llegar a establecernos
por un tiempo en una capital de las democracias occidentales, es
registrarnos, acudir al empadronamiento. ¿Cómo no
lo vamos a poder hacer aquí, cuando se trata de perseguir
el terrorismo?
Y se proponen tres facultades para la Fuerza
Pública: que
pueda allanar con orden administrativa, interceptar comunicaciones
con orden administrativa y capturar con orden administrativa. Pero
con control y revisión inmediata de fiscales y jueces, con
informe inmediato a la Procuraduría y con un control político
del Congreso, que tendrá que efectuarlo por lo menos cada
seis meses.
Estos tres últimos puntos: el control posterior y la revisión
por parte de jueces y fiscales, la intervención de la Procuraduría
y el control político por parte del Congreso, sometido a
término, es lo que me he atrevido a llamar ‘las salvaguardias
humanitarias de la norma’.
Por eso le he pedido encarecidamente al
Congreso que si se insiste en someter la norma a que sea desarrollada
por una ley estatutaria,
ante la emergencia terrorista que vive el país, nos permita
poner a regir la norma aún antes de que entre a regir la
ley estatutaria, por el tiempo que tomaríamos mientras termina
de aprobarse el acto constitucional, se aprueba la ley estatutaria
y la ley estatutaria pasa el examen obligatorio en la Corte Constitucional.
Se está discutiendo un anteproyecto de reforma constitucional.
Hemos hecho esfuerzos con los presidentes de las Altas Cortes,
la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el Ministerio,
para encontrar el mayor nivel posible de consenso.
El tema es muy controversial y por eso,
cuando se quería
presentar el 20 de julio, en ese momento tomamos la decisión
de un aplazamiento para buscar un buen nivel de consenso. Tenemos
que presentar el proyecto rápidamente, porque de lo contrario
no tendrá tiempo el Congreso de debatirlo.
En ese proyecto el Gobierno quiere proponer
la oralidad, porque en la reforma constitucional que introdujo
el sistema acusatorio,
el principio de la oralidad se incorporó solamente para
la justicia penal. Aquí la queremos proponer para las otras
expresiones de la justicia, como quiera que es uno de los instrumentos
más importantes para dar transparencia y agilidad.
En ese proyecto, entre los puntos controversiales,
quiero destacar tres: la tutela, el fortalecimiento del alcance
jurisprudencial
y el tema de la organización de justicia.
LA TUTELA
La tutela le ha permitido sentir a los
colombianos que la Constitución
es algo de carne y hueso. A mí no me asusta que se propongan
reformas a una institución que el país unánimemente
aplaude. ¿Por qué? Porque todos estos años
que han transcurrido hay que entenderlos como unos años
de aprendizaje sobre la tutela.
En estas mesas ha habido discusiones sobre
tópicos y me
quiero referir a algunos.
Por ejemplo: ¿cuáles son los derechos fundamentales
tutelables?, ¿los que están en el respectivo título
de la Constitución o además aquellos calificados
en otros títulos explícitamente como derechos fundamentales?, ¿o
además aquellos que la honorable Corte Constitucional considere
que, no obstante que la Carta no los calificó como fundamentales,
encuentra que tienen toda la caracterización de derechos
fundamentales?
Expresé en esa reunión que es claro que la Carta
define derechos fundamentales en el capítulo consagrado
para ellos y en otras normas del articulado. Pero que lo controversial
es que, cuando la Carta dio la apariencia de un listado restringido
de derechos fundamentales, en la interpretación se le dé alcance
a ese listado meramente enunciativo. Eso crea mucha inseguridad
jurídica.
Y viene entonces el tema de la conexidad. Necesariamente se requiere
la conexidad, lo importante es definir reglas claras para que de
la conexidad no se abuse.
Por ejemplo, el derecho a la seguridad
social. Se ha aceptado universalmente que ese derecho tiene un
trámite legislativo
como derecho social y una protección constitucional como
derecho fundamental, por su conexidad con el derecho a la vida.
Pero hay que definir esa conexidad, hay que tener unas reglas claras
sobre lo mismo. Una conexidad sin rumbo es inmanejable.
Está el otro tema: la tutela a las sentencias. Por lo menos,
creo que debemos considerar en este debate, respetar la sentencia
ejecutoriada. La sentencia ejecutoriada deberíamos considerar
que sea una sentencia inmodificable, aun por tutela.
La sentencia no ejecutoriada. No niego
la tutela para esa sentencia pero deberíamos tener allí un orden de competencias.
Debería ser a través de la jerarquía que en
la rama se da sobre la materia, donde se asignen las competencias
para conocer de tutelas contra sentencias no ejecutoriadas.
El tema de la jurisprudencia. Tiene que
tener valor, por eso creo que debemos considerar muy seriamente
la propuesta del Ministro
(del Interior y Justicia, Fernando Londoño) de exigir mayor
cuidado para el cambio jurisprudencial. Yo no vengo esta noche,
de manera dogmática, a decir que la fórmula tiene
que ser esta o aquella, sino a pedir opciones, para que quede consagrada
en la Carta constitucional una norma que exija mayor cuidado para
el cambio de jurisprudencia.
ORGANIZACIÓN DE LA RAMA
Ese tema lo propuse como candidato, está en el Manifiesto
Democrático de 100 puntos: la eliminación del Consejo
de la Judicatura. Ha creado muchísima controversia, hemos
escuchado a los presidentes de las altas Cortes, al Presidente
del Consejo de la Judicatura. Yo, respetuosamente, insisto en dar
ese paso.
Me parece que podemos encontrar tres sustitutos
más ágiles,
menos complicados, menos costosos. Para el control disciplinario
de los abogados, sus propios colegios. Para el control disciplinario
y el análisis de las conductas irregulares de los integrantes
de las ramas, una jurisdicción especial, una especie de
Tribunal Disciplinario reducido. Y para los asuntos administrativos,
en lugar de tener la magistratura central y las regionales, simplemente
una Dirección Ejecutiva, sin dispersar la responsabilidad
en varias personas, con una Junta conformada por las cabezas de
las Altas Cortes.
Hay un tema inmensamente controvertido
en nuestra historia: ¿quién
y cómo se eligen los Jueces y Magistrados? Hemos encontrado
que lo que se aprobó durante muchos años se criticó la
cooptación. Y ahora hemos encontrado a lo largo y ancho
del país, una muy severa crítica a la manera como
funciona el esquema adoptado por la Constitución de 1991.
El Ministro Londoño ha insistido en que haya una elección
por parte de las mismas Cortes, pero sometida a la configuración
de unas listas previas, a través de concursos de méritos.
Por supuesto, ahí aparece un debate de grueso calibre: el
de la elección de los Magistrados de la Corte Constitucional.
Y voy a desviarme un poco aquí a la carrera administrativa.
Porque en la Reforma Política, por iniciativa del Gobierno,
ya aprobada, se adoptó para la Registraduría un régimen
de carrera administrativa que consideramos sano: concurso para
el ingreso, libre remoción para la desvinculación.
Que la gente no ingrese por recomendación politiquera, pero
que tampoco la carrera administrativa les dé allí un
estatus de inamovilidad que les tolere la ineficiencia y las prácticas
irregulares.
Por eso creemos que la combinación de la carrera administrativa,
después de la experiencia en Colombia, debe ser: concurso
para ingresar, libre remoción para desvincular, por supuesto
sometida a razones de buen servicio, que no necesariamente tengan
que ser motivadas. Eso está aprobado para la Registraduría.
Hemos propuesto en una reforma Constitucional,
ya presentada al Congreso, que se generalice ese concepto de
carrera administrativa.
Al generalizarlo, sería para la administración nacional
y territorial, central y descentralizada. Sería para los
organismos de control y sería también para la Fiscalía.
CORRUPCIÓN
Yo no se qué es peor: si la sensación de la impunidad
o la sensación de la corrupción. A pesar de que están íntimamente
relacionadas, uno se da a la tarea de tratar de mirarlas aisladamente
y son dos flagelos, cuya gravedad todos compartimos.
La norma que encabeza nuestra lucha contra
la corrupción
es el referendo. Allí está la propuesta de que las
personas condenadas por corrupción contra el patrimonio
público, no puedan regresar al Estado ni por elección
ni por nombramiento ni por contrato.
Yo me formé en una facultad de derecho donde nos inculcaron
aquel principio caro de que no hay condenas perpetuas ni obligaciones
irredimibles. Personalmente tuve serias dificultades de convencimiento
para abandonar ese principio pero ante el flagelo de la corrupción,
no he vacilado en proponer esta norma.
También para luchar contra este flagelo, se han aumentado
las causales de pérdida de investidura y se ha extendido
a asambleas y concejos.
Después del referendo, en orden jerárquico, el Gobierno
ha expedido el decreto 2170, que es un gran paso en la lucha contra
la corrupción. Ese decreto obliga al prepliego antes de
la adopción definitiva del pliego de condiciones y que ese
prepliego se publique ampliamente para que la ciudadanía
pueda hacer observaciones y esas observaciones se tengan en cuenta
para adoptar el pliego definitivo.
Creemos que eso está en la dirección correcta de
evitar que haya sastrería de pliegos de condiciones al tamaño
de la corrupción. Y la evaluación que venimos haciendo
en Colombia, es que está dando buenos resultados.
También exige ese decreto la audiencia pública para
la adjudicación de los contratos del Estado, las veedurías
comunitarias. Juan Alejandro Sánz, a quien hoy enterramos
en Pereira, de Jóvenes por el Referendo, venía trabajando
en el Programa de Control Social de la Presidencia en Risaralda,
en la motivación de las veedurías comunitarias.
Ese Decreto hace obligatorias las veedurías comunitarias
en todas las ejecuciones de contratos del Estado. Avanza pero no
suficientemente en selección objetiva, entonces hemos propuesto
una reforma a la Ley 80, que sí nos va a permitir la selección
objetiva completa. Porque el país fue inventando asociaciones
y cooperativas de bolsillo, que se presentaron con la más
noble motivación y terminaron al servicio de la evasión
de los requisitos de contratación y de la corrupción.
Por eso una de las propuestas normativas en la reforma a la Ley
80, es que ninguna de estas instituciones pueda evadirse de las
normas de selección objetiva de licitación, etcétera.
LAS CÁRCELES
Este Gobierno tiene hoy 10 mil ciudadanos
más en cárceles,
más de los que había hace un año. Y una de
las obsesiones es meter a la cárcel a los corruptos y a
los terroristas, yo no sé con cuántos más
vamos a terminar el 7 de agosto de 2006.
Por supuesto, para que todo el mundo esté tranquilo, eso
se está haciendo de manera transparente. Aquí no
tenemos todavía la facultad de la captura administrativa
y si se hubiera aprobado el acto legislativo que estamos proponiendo,
esa captura administrativa estaría inmediatamente sometida
al control y a la revisión de jueces y fiscales.
Lo bueno es que estas capturas han sido
confirmadas en un 95 por ciento, eso es un indicativo de que
se han venido realizando con
toda la prudencia. Allí hay toda la decisión de capturar
a los terroristas, a sus auxiliadores, pero también toda
la decisión de hacerlo transparentemente, aplicando de manera
rigurosa las normas del Estado de Derecho.
Tenemos hacinamiento carcelario. La semana
entrante, posiblemente, entran al servicio dos cárceles con 3 mil cupos adicionales,
muy poco. El Viceministro (del Interior, Juan Carlos Vives) está buscando
la manera de concretar unas convocatorias de cárceles concesionadas,
a ver si podemos salir adelante en esta materia.
INVERSIÓN
En el tema de la confianza a la inversión extranjera y
a la inversión en general. Cuando presenciábamos
la firma del convenio entre la Corporación y el Comité Gremial,
hice en voz baja al doctor Rafael y a Mauricio González,
el comentario de la conveniencia del proyecto de ley de arbitramento
que está en el Congreso presentado e impulsado por el Ministro
Londoño.
Han estado buscando una concertación con el Procurador
General de la Nación (Edgardo Maya), ojalá eso se
dé rápidamente y el país tenga ese proyecto
convertido en Ley. Es imperativo un arbitramento ágil, confiable,
para la confianza inversionista y también, que esa figura
se desarrolle para las pequeñas causas. Es una modalidad
de justicia de conciliación que puede incorporar para las
pequeñas causas autores como los consultorios jurídicos
y ayudar a la descongestión.
Hay temas de gran controversia, como el
proyecto de alternatividad de penas. Creo que en algún momento el país lo necesita,
hoy porque se desmovilicen unos, mañana porque se desmovilicen
otros. Al terrorismo hay que derrotarlo o por desmovilización
o por acción militar. Este Gobierno, ayer llevaba 2.090
desmovilizados, ¿qué hacemos entonces en el caso
de aquellos incursos en delitos atroces?
Nosotros no tenemos actitud dogmática, que esto lo discuta
el Congreso, claramente, que busque las mejores opciones. Escuchando
el debate a lo largo de estos días, he pensado que entre
las reformas que hay que introducir está la de la vigencia
temporal del proyecto, para no mantenerlo indefinidamente.
Y me parece que el tema hay que afrontarlo
con claridad, porque en estos días me hacía esta reflexión: el
país adelantó procesos de paz, cuya conveniencia
nadie discute, pero desde el punto de vista rigurosamente de técnica
legal, allí, o se violó la prohibición de
amnistiar e indultar a responsables de delitos atroces o para firmar
las resoluciones de esos procesos de paz el Estado se hizo el de
la vista gorda. Porque se reincorporaron a la vida civil, con plenitud
de derechos políticos, cabecillas de organizaciones que
habían cometido actos terroristas de aquellos que nuestra
legislación, nuestra Constitución y los tratados
internacionales señalan como impedimentos para la amnistía
o el indulto.
Tener que repetir eso es hacer una trampa.
Luego, lo mejor es enfrentar el tema claramente, con una discusión nacional
a ver cómo encontramos salidas transparentes.
En el tema de la inversión no quisiera dejar de mencionarles
esto: hemos avanzado con la aprobación de la Ley de Arrendamientos,
del proceso ejecutivo hipotecario. Y hemos presentado un proyecto
de estabilidad de exenciones tributarias.
Nosotros nos propusimos en lo tributario
eliminar exenciones caprichosas, pero sí crear estímulos que tengan relación
con la reactivación económica y con la generación
de empleo. Por ejemplo, uno a la hotelería. Y me decían
potenciales inversionistas: ‘bueno, ¿pero quién
nos asegura que no nos quiten ese estímulo, que hoy hagamos
la inversión, estimulados por la norma tributaria, y mañana
la deroguen?’
Yo les he contestado: primero, en Colombia
no hay esos antecedentes, se ha intentado, pero finalmente se
ha reflexionado. Lo último
ocurrió el año pasado: nos estaban aupando para eliminar
las exenciones del Páez, ¿qué decisión
tomó el Gobierno?: los que ya están establecidos
allá, tienen el derecho. Dejemos que gocen de esa exención
durante todo el plazo fijado en la ley, bajo cuya vigencia esas
inversiones se instalaron y si eso es inconveniente, eliminemos
ya la exención, pero hacia adelante.
Sin embargo, no convence del todo a los
inversionistas. Por eso hemos propuesto al Congreso que nos autorice
convenios, por lo
menos para garantizarle a los inversionistas, que esos beneficios –al
impulso de los cuales instalen sus inversiones- no van a ser derogados
por el tiempo inicialmente aprobado en la Ley.
Dos reflexiones finales.
Es muy difícil comparar la impunidad de nuestro país
con la de otros países, 43 millones de habitantes, años
de 34 mil homicidios agravados. No hay justicia que sea capaz de
atender esa emergencia. Años de 3.500 secuestros reportados,
más los no reportados, por eso he creído que un gran
camino de justicia es el fortalecimiento del aparato coercitivo
del Estado.
En la medida que el aparato coercitivo
del Estado contenga y disuada la criminalidad y vaya rebajando
la criminalidad, es menos difícil
la acción de la justicia.
Y, la reflexión final sobre el referendo. Yo creo en dos
grandes intangibles del referendo, que pueden ser más importantes
que sus efectos juridicofiscales y en la estructura del Estado,
de inmediato.
Esos dos grandes intangibles son: la movilización de una
gran conciencia nacional contra la corrupción y la politiquería,
a favor de las prioridades de inversión. Un debate, sin
candidatos, con textos complejos –para muchos- tiene que
producir ese efecto.
Y segundo, un referendo sin normas populistas,
en un país
pobre, con estas dificultades sociales, que el pueblo apruebe y
que apruebe normas como la eliminación de los privilegios
pensionales, se convierte en una gran señal a la comunidad
internacional.
Si yo fuera asesor de mercados y me llega
la noticia en la noche del 25 de octubre, que el pueblo aprobó el referendo, inmediatamente
le mejoraría la calificación a Colombia porque diría:
Colombia no solamente ha tenido un tradicional buen manejo de la
economía, sino, por sobre todo, una gran responsabilidad
de su pueblo. Para mi este es un gran intangible del referendo.
Doctor Rafael, doctor Mauricio, muchas felicitaciones
por esta gran tarea, todos se las agradecemos y muchas gracias.
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