RESPUESTA AL INFORME DEL ALTO COMISIONADO DE LA ONU
PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Abril 13 de 2004 (Ginebra – Suiza)
El siguiente es el texto de la intervención del Gobierno de
Colombia en respuesta al Informe del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, durante el 60º período
de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Señor Presidente:
El Gobierno de la República de Colombia agradece el Informe
del Alto Comisionado y reitera su decisión de seguir trabajando
por la plena vigencia de los derechos humanos como el mejor homenaje
al inolvidable Sergio Vieira de Melho y a los demás mártires
de la intolerancia y la insensatez.
Esta ocasión es propicia para reconocer el trabajo de la
oficina del Alto Comisionado y de los países amigos en Colombia.
Ellos hacen grandes esfuerzos para comprender cada día mas
profundamente la realidad colombiana, se han ganado la confianza
de amplios sectores de la sociedad, apoyan y acompañan a las
victimas, y cooperan con el Estado y la sociedad en la construcción
cotidiana de la democracia. Con todos ellos mantenemos un diálogo
permanente y basado en la sinceridad que caracteriza las verdaderas
amistades.
Así mismo agradecemos las visitas de Relatores especiales
hechas con motivo de la invitación abierta extendida por el
Vicepresidente de la República en el 59° período
de sesiones de la Comisión.
Tal como se expresó en la respuesta oficial, que invitamos
a leer a los honorables miembros de la Comisión, son gratificantes
para el gobierno, las instituciones estatales y la sociedad los múltiples
reconocimientos del Informe del Alto Comisionado.
El Informe da testimonio de las garantías para el pluralismo
político en Colombia, del fortalecimiento de la democracia
en las dos elecciones realizadas en el 2003, del propósito
de proteger los derechos humanos de la política gubernamental,
de la disminución significativa de algunas violaciones, de
la interlocución del gobierno con la comunidad internacional
y las Ong's, del respaldo popular y la legitimidad del Gobierno entre
otras cosas.
Vale la pena recordar que durante el año 2003 en Colombia
el desplazamiento forzado se redujo en un 50 por ciento, los asesinatos
en un 20 por ciento, los secuestros en un 26 por ciento, las masacres
en un 33 por ciento y el homicidio de sindicalistas en un 57 por
ciento. La conclusión es obvia y clara: en Colombia hay un
régimen democrático y legitimo que desarrolla una política,
con amplio respaldo ciudadano, la cual ha logrado mejorar la grave
situación de derechos humanos afrontada por la población
colombiana.
Estos hechos demuestran de manera contundente las reiteradas observaciones
del Gobierno respecto a la política de Seguridad Democrática:
- Que esta política no es una expresión de las
superadas tesis de la seguridad nacional, por el contrario
constituye su superación.
- Que la política de seguridad
democrática tiene como
objetivos primordiales: la protección de todos los
colombianos y colombianas sin discriminación alguna;
garantizar el ejercicio de todos los derechos y libertades
y lograr la
plena vigencia de
la autoridad democrática en todo el territorio.
- Que
con la política de seguridad democrática se
ha pasado de las garantías formales a las garantías
reales para la confrontación pacifica de las ideas
políticas.
- Que en las condiciones concretas de Colombia
se han enfrentado las amenazas contra la población
y las instituciones legítimas
sin sacrificar los valores y principios democráticos.
- Que la transparencia en el accionar del Estado es indispensable
para lograr la solidaridad ciudadana y por lo tanto el éxito
de esta política.
También reconoció el Gobierno en su respuesta que
falta camino por recorrer, que los resultados eran buenos pero insuficientes.
En esta respuesta se expresó la preocupación y el compromiso
por lograr una mayor eficacia de la justicia; la urgencia de controlar
la acción contra la población de todos los grupos armados
ilegales y el compromiso de que las acusaciones justas contra servidores
del Estado serán investigadas y sancionadas cuando haya mérito
para ello.
El Gobierno de Colombia desea destacar la coincidencia entre muchas
de las Recomendaciones y la política formulada desde el año
2002 y plasmada en el Plan de Desarrollo. De manera oportuna ha compartido
con la Oficina y la comunidad internacional sus logros y dificultades.
Por eso en relación con las recomendaciones del presente Informe
se propone evaluarlas de manera conjunta con las otras instituciones
estatales y la Oficina del Alto Comisionado; hará, cuando
lo crea pertinente, las observaciones a que haya lugar y definirá metas
y responsabilidades verificables para su implementación.
Considera el gobierno relevante referirse de manera transparente
a dos asuntos especialmente polémicos de la realidad colombiana:
En primer lugar a la discusión acerca de cuáles medidas
son necesarias para afrontar la situación colombiana y la
concordancia de estas medidas con los Convenios internacionales.
Sobre este tópico invocamos su comprensión respecto
a las circunstancias excepcionales de Colombia y las medidas adecuadas
que se requieren para enfrentar esta realidad; adicionalmente el
procedimiento público y democrático para adoptarlas
ha permitido que las medidas tengan rigurosos y abundantes controles.
El otro tema polémico ha sido la negociación con
los grupos de autodefensas y el Proyecto de Ley para facilitar su
desmovilización. Sobre este particular queremos insistir en
que la oferta de negociación está abierta para todos
los grupos armados ilegales y que en este caso al gobierno lo asisten
fundamentalmente los objetivos de desmovilizar estos grupos, superar
definitivamente este fenómeno y recuperar el monopolio de
la fuerza para las instituciones legítimas del Estado.
Vale la pena resaltar que en la búsqueda de una herramienta
jurídica que haga posible la desmovilización de cualquier
grupo que lo desee, el debate ha sido abierto, en las audiencias
públicas han participado actores nacionales y extranjeros
y se ha desarrollado sin precipitar decisiones como lo demuestra
que la primera votación para este Proyecto se hace 8 meses
después de presentado a consideración del Congreso.
Hoy, el Proyecto se ha enriquecido con los valiosos aportes recogidos
en ese debate público.
Por todo esto invocamos vuestra comprensión en estos dos
temas, es preciso entender que para hacer posibles los anhelos de
seguridad, paz y desmovilización del pueblo colombiano, el
gobierno requiere instrumentos especiales los cuales está adoptando
con transparencia y ceñido a los valores, procedimientos e
instituciones democráticos.
Colombia viene realizando crecientes esfuerzos para afianzar la
democracia y la vigencia de los derechos humanos; en poco más
de una década se aprobó una de las constituciones más
progresistas del mundo, se han adoptado tratados y convenios internacionales,
se ha adecuado la legislación interna, se han intentado varios
procesos de negociación de paz, se han abierto todas las puertas
al escrutinio internacional, se ha mejorado el respeto del Estado
por los derechos humanos y se ha fortalecido su capacidad para proteger
y garantizar estos derechos y libertades, se ha combatido por igual
a todos los grupos ilegales, se han desarrollado políticas
a favor de sectores vulnerables, se ha mejorado la situación
social de colombianos y colombianas, se ha ampliado el respaldo ciudadano
y la legitimidad, el mundo ha sido testigo de estos esfuerzos.
Por estas circunstancias considera el Gobierno de Colombia de elemental
justicia solicitar el respaldo de quienes comparten los valores de
la dignidad humana y la democracia para proteger a la población
de los ataques de todos los grupos armados ilegales, para defender
las instituciones democráticas y la voluntad popular expresada
en ellas, para fortalecer la capacidad del Estado para proteger y
garantizar los derechos en el territorio y para que la cultura de
los derechos humanos se afiance en toda nuestra sociedad.
El mundo puede estar seguro que ni el pueblo ni el Estado colombiano
serán inferiores al compromiso que ese respaldo implica y
que de nuestra parte seguiremos trabajando con todo el empeño
para lograr el sueño de que en todo el territorio estén
vigentes todos los derechos para todos y todas en Colombia.
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