CONDECORACIÓN CON LA MEDALLA JOSÉ IGNACIO DE MÁRQUEZ AL MÉRITO JUDICIAL A LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Diciembre 14 de 2004 (Bogotá – Cundinamarca)

Compatriotas:

Hago presencia esta tarde para rendir mi homenaje a la justicia, sin la cual es imposible construir el lazo vinculante que ate a un ciudadano con el otro, a cada uno con el todo y forme la Nación a partir de la individualidad.

Había escrito unas palabras para referirme a este acto de condecoraciones, pero la brillante intervención del magistrado José Alfredo Escobar Araújo, me obliga a referir unos comentarios con el mayor respeto en relación con la justicia de la Patria.

El Fiscal General de la Nación empezó la tarea por introducir el régimen acusatorio. En la primera etapa de esa reforma constitucional tuvo todo el apoyo de la administración del presidente Pastrana y en la segunda etapa ha contado con todo el apoyo de la actual administración.

Un paso bien importante, que incorpora la oralidad, que además separa al fiscal de la tarea de fallar instancias intermedias, lo consagra exclusivamente a investigar, con lo cual se tiene mucha eficacia en la mayor eficacia de la justicia.

Por supuesto, está gran transformación se aplicará escalonadamente. Empezará en Bogotá, en el Eje Cafetero. Ha requerido la actualización de los códigos y recursos presupuestales importantes que, en medio de la escasez, hemos logrado, en compañía del Congreso de la República, arbitrar. Es un buen paso que ha dado Colombia.

Hemos estado estudiando otros aspectos de reforma a la justicia. No es fácil, porque si algo hay que manejar delicadamente en Colombia es la relación entre las ramas de poder, relación que finalmente institucionaliza o desestitucionaliza a la Nación.

Cuando nosotros procedemos con paciencia, tenemos toda la franqueza para proponer lo que pensamos, pero también toda la receptividad para escuchar las voces opuestas, demoramos la presentación de los proyectos para construir consenso, es porque queremos contribuir a la armonía entre las ramas, que es la base sobre la cual se funda la institucionalidad.

Ahora estamos en frente de la Ley Estatutaria. Si bien desde el punto de vista de la descongestión de la justicia es mucho lo que se puede hacer con simples decisiones de la misma justicia, con apoyos del Gobierno Nacional y con recursos presupuestales, hay otros puntos, como el de la desjudicialización de las pequeñas causas, que requieren que avancemos en reformas. Por eso la necesidad de este tipo de reformas.

Reclamaba el magistrado Escobar Araújo que una de las maneras de descongestionar la justicia es por la vía de la conciliación y de la transacción. Estoy de acuerdo. Pero el país se lleno de pánico y va a tomar tiempo para curar ese pánico.

Cuando este Gobierno empezó, teníamos en pleito todas las concesiones viales de primera generación, los contratos de asociación que se habían suscrito con Telecom, concesiones de aeropuerto, ferroviarias. Con eso no hay posibilidades de construir confianza en la inversión y nadie se atreve a dar pasos hacia la conciliación.

Nosotros hemos buscado abrir pasos hacia la conciliación, hacía las transacciones. Desde un principio expresé a mis compañeros de Gobierno: hay que en lo posible acelerar transacciones para construir confianza en la inversión en Colombia. Para que no todo se convierta en un litigio.

Y esas transacciones deben soportarse en tres pilares: ceñimiento absoluto al ordenamiento jurídico. Toda la delicadeza y el cuidado para garantizar la justicia conmutativa en las prestaciones de las partes. Y confianza a la ciudadanía.

A lo cual ayuda inmensamente publicitar esas transacciones, permitirle a la ciudadanía que las conozca, una vez estén acordados los textos, antes de ser perfeccionados los acuerdos.

Así lo hemos hecho. Hemos resuelto bastantes problemas de concesiones. Hemos resuelto bastantes problemas de los que afectaban a Telecom. Nos falta mucho. Y lo hemos hecho además con todo el respeto a la institución de la justicia.

Por ejemplo, el honorable Consejo de Estado ha anunciado al mediodía la revocatoria de la transacción sobre la concesión Comsa. Un pleito desde la adjudicación hace dos administraciones presidenciales.

El Gobierno Nacional ha buscado, con toda la buena fe, desatrancar ese proceso que necesita el país. Y nos proponemos, primero, lo elemental, recibir la sentencia del Consejo de Estado, la providencia, con todo el respeto, acatarla plenamente.

Segundo, reaccionar con alternativas constructivas para el país. Buscar en lo inmediato que esos recursos que se han venido recaudando en el peaje, que ya suman 160 mil millones, podamos aplicar rápidamente una suma de esos recursos para reparar la carretera del Magdalena Medio, que está muy destruida. Segundo, en 60 días abrir una nueva licitación, tramitarla y adjudicarla con toda la transparencia.

Quiero recordarle al país que hemos venido exigiendo la audiencia pública en estos procesos que, en aras de la transparencia, por ejemplo, la concesión de Bogotá a Girardot fue adjudicada en una audiencia televisada de seis horas, después de un largo período de discusión.

Y finalmente, en esto de Comsa, cumplir con las instrucciones del Consejo de Estado para la liquidación del contrato que entró en litigio desde sus comienzos.

Respetamos la justicia. Le buscamos alternativas al país. Deseamos sí que el Consejo de Estado nos dé instrumentos jurídicos, para poder aplicar de inmediato los recursos que están en la fiducia, para poder abrir de inmediato la licitación para las obras, y que eso no vaya a depender de que previamente se agote el proceso de liquidación del antiguo contrato.

Una lección, punto fundamental para curarle el miedo a las transacciones, es que los contratos nazcan transparentes. Arbolito que crece torcido se queda torcido. Es muy difícil, cuando los contratos no nacen con absoluta transparencia, enderezarlos en el camino.

Hago ese llamado al oído de todos mis compatriotas.

Nos toca, además de la Ley Estatutaria, insistir en el tema de reforma constitucional. Ahí hay dos temas fundamentales: el Consejo de la Judicatura y la tutela.

Déjenme hablar sin rodeos, pero con inmenso respeto. Yo propuse, como candidato presidencial, eliminar el Consejo de la Judicatura. Lo dije abiertamente, doctor Escobar Araújo, en ningún momento para echar para atrás en aquello de la independencia de la justicia.

Aprendí con los magistrados y jueces de mi tierra que era posible que ellos mismos administrasen la justicia con absoluta independencia, sin tener que crear estos entes.

Entonces, buena o mala mi propuesta, aceptada por algunos, discutida por otros, sí pido que por lo menos se supere un punto: que no haya dudas del respeto del Gobierno a la independencia de la justicia.

Ese es un paso muy importante que ha dado la Patria y que no vamos a hacer nosotros en este Gobierno los promotores de reversarlo.

Confío que concertadamente, concediendo la razón o reclamándola, en un proceso analítico totalmente desprevenido, podamos llegar al mayor nivel de consenso sobre esta materia.

Se han abierto algunas alternativas que se están estudiando, se han discutido ampliamente con el Consejo Superior de la Judicatura, con las diferentes Cortes, y creo que todos, aportando nuestro granito de arena, podemos construir ese consenso.

Nadie discute la tutela. Si ustedes me preguntaran, compatriotas, cuál es en mi concepto el principal problema de la Patria, diría: la falta de credibilidad en las instituciones. Y es lo primero que hay que recobrar.

Ha ayudado inmensamente la tutela a recobrar la credibilidad en la institución superior, que es la Constitución. La tutela ha logrado que la Constitución pase de ser un cuerpo abstracto, en ocasiones inerte, a un cuerpo dinámico, totalmente asible por el pueblo colombiano.

La revisión de tutela. Incluso a mí me sorprende que muchos de los que se oponen a que la Corte Constitucional la revise, cuando como funcionarios públicos se convierten en los sujetos pasivos de una tutela, inmediatamente dicen: necesito que la Corte las seleccione entre las que va a revisar. Atacan la instancia de la revisión de la tutela, mientras en su propio interés no necesite que la Corte Constitucional la revise.

Por eso estos temas hay que manejarlos tan desapasionadamente, tranquilamente. Creo que ahí el tema es el de unas Cortes que, estando en el mismo nivel de la estructura del Estado, nos tienen que ayudar sobre qué pasa con las sentencias de las unas y la competencia de revisión de las otras.

Punto bien delicado. Llamaría también la atención para que, en este intervalo de vacaciones de la justicia, todos reflexionemos desprevenidamente sobre el tema.

Se refirió el honorable magistrado Escobar Araújo a la Ley de Alternatividad.

Déjenme hablar de la oportunidad de uno de los principios generales de esa ley y de la propuesta del magistrado Escobar Araújo sobre el tribunal especial, que en su concepto no se debe crear, sino que esa competencia se debe radicar en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como acabamos de escucharle.

La oportunidad. En un país con 50 mil terroristas, que llegó a tener 180 mil hectáreas de droga y desconfió porque muchas veces los terroristas utilizaron los procesos de paz como oportunidades para afianzarse en el terrorismo y derrotar las instituciones, un marco legal anterior a hechos de paz es muy difícil de adoptar.

Se genera cualquier cantidad de suspicacias. La ciudadanía no tiene certeza de que ese marco vaya a servir para producir hechos de paz.

Otra cosa es cuando se dan hechos de paz. Hemos logrado que se mejore sustancialmente el cumplimiento del cese de hostilidades por parte de los grupos mal llamados paramilitares. Se han presentado unas desmovilizaciones importantes. En este Gobierno se han desmovilizado cerca de 10 mil integrantes de todos estos grupos. Alrededor de 5 mil de las Farc, los que se están desmovilizando de los paramilitares y algunos del ELN.

Con los hechos de paz que se vienen dando, ya se facilita entrar a producir ese marco jurídico.

Ahí hay que tener en cuenta dos o tres puntos fundamentales. El equilibrio y los destinatarios.

El equilibrio debe ser un equitativo balance entre paz y justicia. Equidistante. Tiene que tener un concepto de paz, pero distanciarse de la impunidad. Y tiene que tener un concepto de justicia, pero distanciarse del sometimiento.

Un proceso de paz en la Colombia de hoy, con la Constitución de hoy, con las normas jurídicas de hoy, con los tratados internacionales que hemos adherido, tiene que ser un proceso sin impunidad. Pero para que sea proceso de paz requiere ser algo diferente a una política de sometimiento.

He ahí, pues, una reflexión bien importante que hay que hacer para adoptar ese marco jurídico.

Los destinatarios deben ser todos los grupos. Quiero llamar la atención sobre esto: algún sector de la doctrina política durante muchos años expresó en Colombia que el delito del guerrillero siempre era político y el de paramilitar siempre era un delito ordinario.

Se dijo que el del guerrillero era político porque estaba en contra del orden establecido, y que el delito del paramilitar siempre era ordinario porque quería defender el orden establecido o defenderse a sí mismo.

Creo que esos criterios están rebasados por la evolución de los hechos. Que son anacrónicos. Que en ambos casos se está por fuera del ordenamiento jurídico. Y estar por fuera del ordenamiento jurídico es simplemente estar en contra del ordenamiento jurídico.

Por eso pienso que hoy no es factible hacer la diferencia entre el delito cruel, atroz, del guerrillero y el delito cruel, atroz, del paramilitar. Ambos son atroces. A ambos hay que darles el mismo tratamiento.

Por eso quiero invitar a todos mis compatriotas a que pensemos que ese marco jurídico lo tenemos que concebir con todo el equilibrio para que sea útil frente a todos estos grupos.

No se puede pensar que a un grupo hay que llevarlo per se, porque sí, a la guillotina, y al otro grupo hay que concederle la impunidad. Necesitamos todo el equilibrio.

A mí no me gusta rechazar propuestas. Mi actitud siempre es deliberar en busca de opciones. Creo en una Colombia en profundo debate democrático. En una Colombia en la cual la deliberación sirva para hallar opciones.

Aquí vi que premiaron ahora a distinguidos jueces y juezas de la República por esa tarea de estar conciliando. Y esa tarea sí que nos enseña que en la deliberación hay que buscar opciones. Que hay que tener una mente muy abierta para encontrar opciones. Que el debate no puede ser un debate ácido, de antagonismos insuperables. Que el debate siempre tiene que orientarse a la búsqueda y al hallazgo de opciones. Por eso he creido que tenemos que discutir estas propuestas con toda receptividad.

Sin embargo, honorable magistrado, déjeme proponerle una inquietud, no un rechazo a la propuesta: un tribunal de un proceso de paz es un tribunal con un elemento político, el inherente al proceso de paz, que rebasa el imperativo puramente jurídico, que debe guiar a la Sala Penal de la Corte Suprema en un tema distinto a un proceso de paz.

Me surge esa inquietud, pero me parece que su propuesta hay que discutirla ahora. Que dentro del marco de alternatividad debe definirse ese tribunal.

Seguridad Democrática y justicia. La Seguridad Democrática: ¿por qué la llamamos democrática?

América Latina la recorrió durante un tiempo la doctrina de la seguridad nacional. Se utilizó para castigar al disidente, para aporrear a quien pensaba de manera contraria a aquellos que ejercían el poder.

Nuestra Seguridad Democrática es para todos. Para el sindicalista, para el empresario, para el trabajador, para el propietario. He dicho, he pedido a la Fuerza Pública, que siempre, para consolidar esta Seguridad Democrática, la Fuerza Pública tiene que estar por encima aun del Ejecutivo. Por encima de que lo que es la emulación política.

Y que para esta seguridad sea democrática, enraizada plenamente en la aceptación del pueblo colombiano, hay que cuidar por igual al más duro de los opositores al Gobierno o al más convencido de las tesis del Gobierno.

Esta seguridad para ser democrática tiene que estar sometida a la justicia y al ordenamiento jurídico. Esa es la primera relación. Y la segunda: en la medida que esta seguridad produzca resultados, va ayudarle a la justicia a ser más eficaz.

Simplemente un escenario: con la tasa de criminalidad de Inglaterra, aquí debería haber 200 homicidios al año. A principios de los años 2000, se presentaron 30 mil homicidios al año. No hay aparato de justicia en el mundo que funcione con 30 mil homicidios, más 3 mil secuestros, más las masacres.

Los resultados de la Seguridad Democrática se van produciendo. Falta mucho. Falta muchísimo. Pero el año pasado tuvimos un descenso de homicidios del 20 por ciento. Este año va por el 14. El año pasado tuvimos un descenso del secuestro del 27. Este año los secuestros extorsivos han descendido por encima del 50.

Creo que ese efecto disuasivo de la Seguridad Democrática sobre la criminalidad, tiene que ayudar finalmente a que la justicia sea más eficaz. Por eso hago una relación mutuamente dependiente entre justicia y Seguridad Democrática.

La justicia se impone sobre la Seguridad Democrática y la Seguridad Democrática produce una acción de réplica que le ayuda a la justicia a ser más eficaz.

Tenemos inmensas dificultades con la delincuencia organizada. Pero la hemos venido derrotando. Los indicadores en este país, un país libre, es que aquí hemos adelantado la política de Seguridad Democrática, a diferencia de otros países de América Latina, sin guerra sucia.
Le he dicho a la Fuerza Pública que esta batalla contra el terrorismo hay que ganarla con eficacia, agresividad y transparencia. Sin guerra sucia, con plena adhesión a los Derechos Humanos, sin limitar las libertades públicas.

Recuerdo otros países de nuestra América Latina cómo limitaron las libertades públicas en nombre de la lucha contra el terrorismo. Aquí no. Esas libertades públicas que se ejercen plenamente en Colombia impiden distorsionar indicadores. Los indicadores de delincuencia han venido empezando a ceder en Colombia.

Por supuesto, el principal esfuerzo en materia de prevención tiene que ser el esfuerzo educativo. Por eso nosotros estamos empeñados en la Revolución Educativa, que es lo que finalmente construye una sociedad con igualdad de oportunidades, presupuesto necesario para el acatamiento general de los ciudadanos al ordenamiento jurídico. Creo que ese es el gran componente preventivo.

Nos ha tocado trabajar con unos recursos muy escasos. Por eso al mirar los recursos de la justicia, creo que hay que mirarlos en el marco de las cuentas fiscales de la Nación.

El país estaba inviable fiscalmente. Todavía hay muy serios nubarrones. Por ejemplo, en el Gobierno Nacional central todavía no hemos logrado lo mínimo, que es un superávit primario, cuando ya Brasil lo tiene de 4 puntos.

Para obtener ese superávit primario, tenemos que consolidar al Gobierno Nacional central con las empresas descentralizadas, con las entidades territoriales.

Déficit fiscales del 4.2 ó 5.3, con endeudamientos del 54 por ciento del PIB y servicios de deuda del 40 por ciento del presupuesto, dificultan mucho la disponibilidad de recursos.

Hemos tenido muy serias dificultades para la financiación general del Estado, pero hay toda la buena voluntad de ir concertando salidas.

Así como lo hemos hecho para apoyar con recursos la implementación del régimen acusatorio y también hace poco en un gran foro en Pereira, presidido por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que aquí nos acompaña, pudimos reiniciar nuevamente los diálogos que nos permitieron llegar a un acuerdo sobre las asignaciones salariales de un sector de magistrados y de fiscales.

Ahí vamos dando pasos, en medio de dificultades y de restricciones, pero creo que los vamos logrando.

Quiero defender respetuosamente la fusión de los ministerios del Interior y de la Justicia. Es que son dos Colombias para este efecto. La anterior a la Constitución del 91 y la de ahora.

Antes de la Constitución del 91, si no estoy desacertado, en la estructura del Ministerio de Justicia se encontraba un cargo, una jerarquía: la Dirección Nacional de Instrucción Penal Criminal. Estaba en la estructura, dependía totalmente del Ejecutivo. Eso se eliminó en la Constitución del 91. Se creó la Fiscalía en el nivel del Presidente. Más todos los otros pasos en dirección a la independencia de la justicia.

Es distinto un Ministerio de Justicia cuando la justicia depende tanto del Ejecutivo, como dependía antes de la Constitución del 91, a un Ministerio de Justicia post-Constitución del 91, cuando hay una justicia independiente. Hoy es más de coordinación, de diálogo.

Y el del Interior. Es distinto un Ministerio del Interior con un país centralizado, sin elección de gobernadores y sin elección de alcaldes, que un Ministerio del Interior después de la descentralización de la Constitución del 91, de la elección de alcaldes, del Gobierno del presidente Betancourt, o de la elección de gobernadores, del Gobierno del presidente Gaviria.

Y déjenme expresarles, con todo respeto, que hoy la relación del Ministerio del Interior y de Justicia con el orden público, no es una relación tan directa como la tiene que tener por ejemplo el Ministerio de Defensa.

Porque me ha sorprendido que algunos han dicho que con esa reforma se afectó la independencia. Al contrario, se respetó la independencia.

Y además, en esta situación fiscal, uno no debe hacer una reforma administrativa si no da ejemplo. El país había expedido la Ley 617 y había exigido una profunda reforma de departamentos y municipios, y la Nación no la hacía.

Nosotros empezamos por reformar la Presidencia, para ahorrarnos allí el 26 ó 30 por ciento de los egresos. Seguir con algunos ministerios. Hemos reformado 160 instituciones, empezando por Telecom, Ecopetrol, el SENA, etcétera.

¿Para dónde iban las finanzas públicas? Telecom estaba perdiendo 500 mil millones al año. No tenía con qué pagarles a los jubilados. Eso se lo iba a reclamar al Ministro de Hacienda (Alberto Carrasquilla), sumárselo al déficit fiscal de la Nación. Este año da más de 800 mil millones de utilidad, lo que le permite pagarle 500 mil millones a los jubilados que están a cargo de la antigua Telecom en liquidación y reiniciar un proceso de inversiones en toda la Patria.

Creo muchísimo en la independencia de las ramas y en su relación armónica. La relación armónica exige un diálogo permanente. No se puede romper el diálogo. Y el puente del diálogo hay que mantenerlo. Francamente.

Es que en nombre de la discrepancia uno se puede aislar, para volverse un tirapiedra. Ni en nombre del diálogo, uno debe perder la franqueza. No. Hay que tener diálogo con franqueza. Discrepancia con diálogo. Buscando los intereses de la Patria, buscando opciones.

Qué bueno que así como le hemos dado hoy una medalla a los jueces y juezas, dedicados a estimular procesos de conciliación, nos ganemos la medalla de ser capaz de lograr un acuerdo entre el Ejecutivo, el Congreso y las Altas Cortes para las reformas que faltan a la justicia.

Discrepancia creativa, discrepancia con permanentes fuentes de diálogo y siempre mirando cómo, a partir de la discrepancia, construimos la opción que más le favorezca a Colombia.

Muchas felicitaciones, distinguidos presidentes de nuestras Altas Cortes, distinguidos magistrados, distinguidos jueces y juezas. Ustedes son los Soldados de la Ley. Y sin la Ley no hay virtud y sin virtud perece la República, como lo dijera bellamente El Libertador en el mensaje a Ocaña.

Quiero desear a todos ustedes, a sus familias, una Feliz Navidad. Y desear con todos ustedes, para el bienestar de las nuevas generaciones de colombianos, que el año 2005 nos acerque definitivamente al rescate de la seguridad. Muchas gracias”.