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INTERVENCIÓN
ANTE EL PLENO DEL PARLAMENTO EUROPEO
Febrero 10 de 2004 (Estrasburgo – Francia)
Señoras y señores:
Muchos, entre quienes visitan a Colombia,
suelen exclamar que es un país maravilloso, en franco
contraste con la imagen de analistas y noticias.
Otros expresan que es un Estado ilegítimo, autoritario
y elitista.
Con el fortalecimiento del Estado, nuestra democracia pluralista
ha hecho el tránsito de las garantías formales
y retóricas a las efectivas y reales.
El referendo propuesto por el Gobierno y votado el 25 de octubre
fue discutido y aprobado por el Congreso, modificado su texto
por la oposición, examinado y reducido por la Corte Constitucional.
Abstencionistas y opositores dispusieron de todos los espacios
para la expresión de sus tesis. Nadie pudo quejarse de
cercenamiento de libertades o de hostilidad gubernamental.
Al día siguiente, el pueblo eligió 30 gobernadores
entre 133 candidatos; 914 alcaldes entre 3.441 candidatos; 398
diputados entre 373 listas integradas por 2.723 candidatos. De
6.105 listas con 56.590 candidatos se eligieron cerca de 11.000
concejales municipales; y, de 3.156 listas con 13.387 candidatos
se eligieron las juntas administradoras locales. El número
de candidatos se duplicó en relación con certámenes
anteriores.
En varias ciudades y departamentos triunfaron candidatos de grupos
alternativos a los partidos tradicionales, de organizaciones
derivadas de antiguas guerrillas, de agrupaciones llámense
de izquierda o de oposición. En la campaña que
ellos adelantaron, la preocupación fundamental del Gobierno
fue rodearlos de plenitud de garantías. Y ahora que están
elegidos, la decisión del Gobierno es trabajar con ellos,
dentro de la Constitución, sin considerar el origen político
de su elección, con transparencia y por sobre todo, con
el designio patriótico de unir a Colombia dentro de la
diversidad.
Alcaldes y gobernadores de elección popular han sido víctimas
de presiones y asesinatos de terroristas. Al inicio de este Gobierno
416 alcaldes estaban amenazados por la guerrilla y 216 no podían
atender sus responsabilidades en el territorio de su jurisdicción.
La tarea adelantada en seguridad ha permitido que solamente en
14 localidades subsista el problema.
Colombia discutió durante más de un siglo la elección
popular de alcaldes, como paso esencial de ampliación
democrática. La guerrilla terrorista la demandaba como
condición de paz. Fue aprobada en los años 80.
Pero he aquí las paradojas del terrorismo: es el verdugo
que asesina la democracia local que reclamó.
Nuestro Estado es de instituciones que mutuamente se controlan
y de amplia participación de opinión pública,
lo cual somete a los ciudadanos al imperio de la ley y no al
capricho del gobernante autoritario.
El concepto de seguridad, del Gobierno que presido, es democrático
para proteger a todos los ciudadanos por encima de sus ideas,
su situación económica, su condición de
empresarios o trabajadores, su afinidad o desacuerdo con el Gobierno.
¡
Enfrentar 30 mil terroristas no es tarea fácil!
Somos conscientes que tenemos el reto de superar el desafío
terrorista con transparencia, como presupuesto para construir
la unidad nacional y dar sostenibilidad a la Seguridad Democrática,
que busca restaurar la ley y el orden.
Mientras el terrorismo es el gran violador de Derechos Humanos,
el Estado y la Fuerza Pública los acatan con devoción.
El año pasado fueron capacitados en Derechos Humanos 76.864
integrantes de las fuerzas institucionales. En el año
2002, la Defensoría del Pueblo recibió 231 denuncias
contra la Fuerza Pública por abusos en Derecho Internacional
Humanitario. El número se redujo a 160 en 2003.
Los órganos de control, la justicia y el Gobierno, compartimos
la determinación de sancionar con severidad cualquier
violación comprobada a los Derechos Humanos.
Colombia agradece y exalta el valor de sus soldados y policías.
Su sacrificio para darnos tranquilidad ha sido inmenso: desde
agosto de 2003, solamente por minas antipersonales han sido asesinados
277 soldados y policías y 854 han resultado heridos, muchos
de ellos definitivamente mutilados.
Nuestro país está abierto a la vigilancia de la
comunidad internacional. Contamos con la presencia, reclamada
por nosotros, de la oficina del Alto Comisionado de Derechos
Humanos de Naciones Unidas. Sus recomendaciones se reciben con
respeto, cuando no son atendibles, a juicio del Gobierno, se
discute con franqueza.
Reconozco el espacio de las Ong’s de Derechos Humanos,
valoro la tarea de muchas, sin perjuicio de expresar mis desacuerdos
en relación a informes que no correspondan a los hechos.
En casi 1.200.000 kilómetros cuadrados, con más
de 400 mil de selva, ha faltado por años la presencia
del Estado, suplida por las organizaciones terroristas. Nos hemos
propuesto ampliar la capacidad institucional de protección
a la ciudadanía.
De los 1.100 municipios, en 170 no había presencia de
policía. Hoy está en todos, aunque no descansaremos
hasta cuando el último de los cascos urbanos esté protegido.
En 450 municipios hemos instalado soldados e infantes de marina,
denominados de Mi Pueblo, que prestan su servicio militar en
la localidad donde residen. Los resultados son buenos y grande
la esperanza de contar con ellos, después de su período
activo en la Fuerza Pública, como líderes en el
respeto a la ley y por siempre.
Entre 2002 y 2003, los homicidios se redujeron en un 20 por ciento,
los secuestros en 26 por ciento, las masacres en un 33 por ciento,
los ataques a la población en un 84 por ciento. En enero
de 2004 se presentaron 51 secuestros frente a 186 en enero de
2003 y los homicidios se redujeron en otro 17 por ciento.
El asesinato de maestros, sindicalistas y periodistas ha disminuido
y, por fortuna, los asesinos de varios de los casos ya están
en las cárceles, como consecuencia de nuestra determinación
de derrotar la impunidad. Reafirmo nuestro afán y compromiso
de proteger con especial énfasis a maestros, sindicalistas
y periodistas, porque ninguna democracia puede permitir que los
asesinen.
Las muertes violentas de indígenas, de cooperadores indigenistas
y de ambientalistas, perseguidos cruelmente por los grupos terroristas,
han disminuido por la presencia del Estado en sus territorios
ancestrales.
El desplazamiento interno es una de nuestras grandes tragedias
derivada del terrorismo. En el último año disminuyó en
un 53 por ciento y 11.140 familias han retornado a sus sitios
de origen.
Si bien hemos avanzado, la tarea apenas empieza. ¿Qué país
puede conformarse con 2.200 secuestros en un año? Sólo
cantaremos victoria cuando las masacres y actos de terror estén
erradicados del todo, porque cada uno que sucede trae dolor a
la Nación entera, como el carro bomba que explotó la
FARC en el Club El Nogal hace precisamente un año, donde
murieron 33 personas y fueron heridas 173 o el campesino de La
Unión Peneya, que fue quemado vivo por los guerrilleros
terroristas porque se negó a abandonar su casa y a irse
a engrosar el número de los desplazados o la mujer campesina
de Tibú que perdió su pierna por una mina explosiva
cuando caminaba con su hija de 5 años.
La reforma constitucional que introduce normas antiterroristas
fue aprobada por el Congreso en medio del debate nacional e internacional.
Las competencias concedidas a la Fuerza Pública para capturar,
interceptar y allanar en casos de terrorismo, quedaron sometidas
a la aprobación posterior de una ley estatutaria. También
a otras garantías como la obligación de entregar
el caso a la justicia en las siguientes 36 horas, el informe
inmediato a la Procuraduría y el control periódico
del Congreso. La norma es menos fuerte que las existentes en
muchas democracias occidentales.
Creo que el mundo debe revisar el concepto de presumir que este
tipo de facultades entregadas a los gobiernos ponen en riesgo
los Derechos Humanos, pues estos, los Derechos Humanos, requieren
idéntica y plena observancia tanto por la justicia como
por el ejecutivo.
Califico de terroristas a los grupos violentos por la naturaleza
de sus acciones, el contexto democrático de Colombia,
la legislación internacional comparada, la fuente de sus
recursos y el resultado de su actividad.
A quien coloca minas antipersonales, asesina niños, se
solaza de su propia crueldad, procede con alevosía y sevicia,
solamente se puede denominar terrorista.
A quien actúa en contra de la democracia a través
de la acción violenta, en medio de la determinación
colombiana de dar garantías a todas las expresiones del
pensamiento político, solamente se puede denominar terrorista.
A quien por razones ideológicas o de diversa índole
proceda o amenace con violencia, la legislación de muchos
países lo define como terrorista. De igual modo, a quien
así procede en Colombia, solamente se puede denominar
terrorista.
A quien financia la violencia con drogas ilícitas y secuestros,
con destrucción de la dignidad del pueblo, de su libertad
y su ecología, solamente se puede denominar terrorista.
A quien invoca la pobreza y la desigualdad para justificar la
violencia y provoca más pobreza y más desigualdad
con el ejercicio de la violencia, solamente se puede denominar
terrorista.
No me opongo a la solución negociada, pero sin mezclarla
con el terrorismo. Con cese de hostilidades como requisito, no
obstante que el desarme y la desmovilización demanden
extensos plazos.
Colombia ha tenido una generosa tradición de solución
negociada con grupos violentos. Mi antecesor, el Presidente Andrés
Pastrana, hizo una apuesta inmensa para negociar con la FARC.
La buena fe y el patriotismo de aquel mandatario fueron cobardemente
estafados por la FARC que crecieron su imperio criminal mientras
la Nación esperaba y abrigaba el acuerdo de paz.
He asignado prioridad a la Seguridad Democrática porque
creo que ella hará entender a los violentos la necesidad
de negociar con seriedad, so pena de recibir la derrota total
por parte de las instituciones.
Sin embargo, se han hecho esfuerzos para iniciar negociaciones
con los violentos.
Con la ayuda de la Iglesia Católica, de Cuba, con la intervención
del grupo de Países Amigos y de la Comisión Facilitadora,
hemos buscado el diálogo con el ELN. Hasta ahora sin resultados
a pesar de nuestra disposición. Temen dar cualquier paso
a favor de la paz sin permiso de la FARC.
Recibí un proceso de mediación de la Iglesia Católica
con las autodefensas ilegales y decidí continuarlo. Acepté que
el Comisionado de Paz iniciara el diálogo cuando estas
organizaciones anunciaron el cese de hostilidades. Es hora de
perfeccionar y vigilar el cese de hostilidades, para lo cual
es de la mayor utilidad el apoyo de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), que debe conducir a una rápida
concentración de los integrantes de estos grupos que tengan
sincera voluntad de paz.
Se atenta por igual contra el ordenamiento jurídico cuando
se ataca violentamente al Estado y a la sociedad, como cuando
se aparenta querer defenderlos con apelación a la violencia
y a grupos de justicia privada.
Requerimos recuperar el principio de la protección institucional
exclusiva de los ciudadanos. A este propósito contribuye
la desmovilización de las autodefensas.
La acción militar del Gobierno ha sido implacable contra
los sectores de autodefensa que no han respetado el cese de hostilidades.
Así lo acredita el número de dados de baja que
aumento en un 85 por ciento en el año 2003 con respecto
al 2002 y el número de capturados que aumentó en
un 135 por ciento en el mismo periodo.
El proyecto de ley de alternatividad penal, que se discute ampliamente,
busca facilitar acuerdos de paz, sin impunidad, en armonía
con la justicia. Aunque su trámite coincide con el proceso
que se adelanta con las autodefensas, se necesita mayormente
para la guerrilla, que es superior en integrantes y registra
la mayor cantidad de desmovilizados en el curso del actual Gobierno.
En esa ley debemos mirar el pasado y anticipar el futuro. Los
indultos del pasado a delitos atroces hoy son inaceptables y
también lo sería que mañana se modifique
la ley que aprobemos, en función de la predisposición
política hacia otros actores de terror que quieran negociar.
En el período de Gobierno se han desmovilizado casi 4.500
integrantes de grupos violentos, 78 por ciento de ellos miembros
de la guerrilla de la FARC. Han sido acogidos con toda generosidad
y el Estado realiza ingentes esfuerzos para ayudar a su reinserción
a la sociedad. Este número supera lo logrado en procesos
de paz de las últimas décadas.
La FARC tiene más de mil secuestrados en su poder, entre
ellos congresistas, integrantes de la Fuerza Pública y
la excandidata presidencial Ingrid Betancur, quien es ciudadana
colombiana y francesa.
Comprendo el dolor de sus familias y el
interés internacional
en un acuerdo humanitario. Inicialmente lo condicioné al
cese de hostilidades y a la iniciación del diálogo.
Mis conversaciones con la Iglesia, el Gobierno Francés,
el Secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan y los familiares de
las víctimas, me llevaron a aceptar la búsqueda del
acuerdo sobre la base de una negociación realizada a través
de Naciones Unidas, la liberación de todos los secuestrados
y el compromiso de los guerrilleros terroristas que salgan de las
cárceles de no volver a delinquir, con garantías
eficaces, como podría ser su residencia en un país
que tutele el acuerdo.
Sin la garantía efectiva de que no volverán a delinquir
el Gobierno no puede liberar guerrilleros terroristas. Lo contrario
sería maltratar el sacrificio de la Fuerza Pública,
desmotivar su acción y marchitar el espíritu popular
de respetar la ley. Sería abrir la puerta de una extorsión
recurrente al Estado y a la sociedad.
Debemos tener en cuenta que los unos son ciudadanos de bien,
secuestrados por el terrorismo y los otros son terroristas que
están en las cárceles. Debemos tener en cuenta
que una cosa es la guerra y otra el terrorismo. En la guerra
hay contendientes a quienes se reconoce legitimidad para efecto
de acuerdos humanitarios, en cambio, en el terrorismo hay un
verdugo y una víctima que es la sociedad, cuyos derechos
y virtudes debemos proteger con la fuerza de las armas institucionales.
Por eso la autoridad no puede renunciar al rescate de los secuestrados,
a pesar de la crueldad del verdugo, demostrada en el asesinato
de Gilberto Echeverri, Guillermo Gaviria Correa, Doris Gil, Helmut
Bickenback, Chikao Muramatsu y un gran número de integrantes
de la Fuerza Pública. Asesinato de ciudadanos indefensos
cometido por la FARC, cuando presumió la presencia de
la autoridad en la vecindad del cautiverio.
Ninguna negociación puede fortalecer al verdugo.
Colombia es una democracia social. El 63 por ciento del presupuesto
de la Nación, excluido el servicio de deuda, se destina
a protección social, educación y salud, directamente
y a través de la descentralización.
El terrorismo ha agravado la pobreza. La construcción
de paz requiere que superemos esa pobreza. El Gobierno trabaja
un plan denominado Siete Herramientas de Equidad, que son: la
revolución educativa, la protección social, el
impulso a la economía solidaria, el manejo social del
campo, el manejo social de los servicios públicos, el
país de propietarios y la calidad de vida urbana.
La cobertura de educación básica y media alcanzó el
86.3 por ciento, el servicio estatal de educación técnica
logrará su meta de pasar en el cuatrienio de millón
70 mil estudiantes por año a 4 millones. Los diferentes
programas de nutrición infantil favorecen a 5 millones
de niños, el crédito para pequeñas empresas
creció en el último año en un 57 por ciento.
Tenemos muchos problemas sociales pero nos acompaña toda
la decisión de superarlos.
La economía creció el último año
entre el 3.7 por ciento y el 4 por ciento, cuando se esperaba
el 2 por ciento. En el último año las tasas de
desempleo descendieron 3 puntos y ese flagelo del desempleo se
ubicó en el 12.3 por ciento.
En Colombia la desigualdad no se debe a la empresa privada sino
a la falta de empresa privada. La empresa privada organizada
tiene altas cargas para contribuir a la solidaridad con sus trabajadores
y el resto de la población. Nuestros empleadores pagan
la mayor parte de las obligaciones para fiscales y las últimas
reformas tributarias han aumentado sus impuestos.
El terrorismo ha frenado la expansión de la empresa privada
y esto ha aumentado la informalidad con miseria.
Impulsamos con entusiasmo las empresas de trabajadores, las cooperativas
y la participación de usuarios y trabajadores en la prestación
de servicios públicos. Creemos en el capitalismo social.
Para combatir los focos de concentración de propiedad rural
en cabeza del narcotráfico y del terrorismo vinculado, aprobamos
una ley para agilizar los trámites de extinción de
dominio. En el último año pasamos de 5 sentencias
en firme a 61.
La Unión Europea nos ha prestado un valiosísimo
apoyo que quiero agradecer a ustedes. La Declaración de
Londres nos compromete profundamente. Ha sido una gran fuente
de compromiso democrático, un gran marco de apoyo europeo.
La financiación de los Laboratorios de Paz es bienvenida
por la comunidad.
Necesitamos más cooperación para derrotar la droga.
Sin droga no habría terrorismo. No es la hora de recriminar
a unos porque la producen y a otros porque la consumen. El problema
es de tal magnitud que todo país permisivo termina siendo
productor, traficante y consumidor. Es la hora de derrotar la droga.
Nuestros campesinos que la cultivan se
sienten engañados
por los terroristas y afectados en su dignidad, ellos añoran
alternativas. Ya tenemos 20 mil familias guardabosques para cuidar
las áreas libres de coca y supervisar la recuperación
de la selva. Cada una recibe alrededor de 2 mil dólares
al año. Necesitamos llegar a 50 mil familias.
Los jóvenes europeos deben saber que la droga ha destruido
un millón 700 mil hectáreas de selva tropical en
Colombia, justamente en el acceso a la cuenca amazónica,
seriamente amenazada por este flagelo.
En la Comunidad Andina nos preocupa que la Unión Europea
no tome la decisión de negociar un tratado de libre comercio
con nuestros países, cuando lo ha perfeccionado con México
y Chile y se propone adelantarlo con MERCOSUR. Las imperfecciones
de la integración andina que se alegan para no negociar
ese tratado se superarían a partir de las obligaciones
que imponga el acuerdo con la Unión Europea.
Agradecemos la extensión del Sistema General de Preferencias
y solicitamos respetuosamente que se mantenga hasta que sea sustituido
por un acuerdo permanente.
Acudo a este Parlamento con profundo respeto, con gratitud por
el interés prestado y la ayuda permanente a Colombia.
Soy consciente que las soluciones que mi
Gobierno busca para la compleja problemática de mi Patria,
desatan controversia.
Reitero mi fe en la deliberación creadora. Construye más
la deliberación que la ausencia. Construye más el
debate que el retiro. Construye más la controversia constructiva
que el abandono de las curules.
Ustedes saben de mi intransigencia frente
al terrorismo. Mi generación
no ha vivido un día de paz. La Patria que queremos para
nuestros hijos y quienes habrán de venir tiene que ser una
Patria de paz y equidad.
Ruego a ustedes, distinguidos parlamentarios
de Europa recibir la reiteración de mi profundo amor por
la democracia.
Muchas gracias.
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