INSTALACIÓN
SESIONES ORDINARIAS DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA - PERIODO 2004 - 2005
Julio 20 de 2004 (Bogotá – Cundinamarca)
Muy respetados Senadores y Representantes:
El sueño elemental de muchos colombianos es tener una Nación
segura, sin exclusiones, con equidad, sin odios, con pluralismo,
en debate fraterno, sin antagonismos insuperables. Una Nación
que genere confianza y ofrezca oportunidades. Entonces se requiere
el pleno imperio de las instituciones democráticas y la
cohesión social.
La política social, concebida alrededor de las 7
Herramientas de Equidad, tiene que ser sostenible y agregar valor. Para que
sea sostenible, debe ir acompañada de un permanente y elevado
crecimiento de la economía, que provea los recursos. De
lo contrario, solamente es posible financiarla durante algunos
momentos y en favor de pequeños grupos. Para agregar valor,
no puede quedarse en la esfera asistencialista, tiene que contribuir
a la incorporación de los excluidos y a la apertura de los
canales de movilidad social, propios de los pueblos democráticos.
REVOLUCIÓN EDUCATIVA
Nada mejor para la incorporación de los excluidos que la
Revolución Educativa. Desde agosto de 2002 se han creado
más de 750.000 nuevos cupos en educación primaria
y secundaria. Se ha elevado la carga por profesor a casi 30 alumnos,
lo cual denota un gran esfuerzo en productividad, liderado por
el Ministerio de Educación con el apoyo de alcaldes, gobernadores
y maestros.
La cobertura en educación básica y media ha pasado
del 82 por ciento al 85 por ciento durante el período de Gobierno.
Para continuar avanzando y cumplir la meta de 1.500.000 nuevos cupos
en el año 2006, se requiere una aplicación muy eficiente
del incremento de las transferencias y la mayor asignación
posible a este propósito educativo de las regalías
indirectas, aquellas que maneja la Nación.
Lo que aún falta en cobertura de educación básica,
ilustra la imposibilidad de hacer una reforma estructural de impuestos
por la vía de la reducción de las transferencias.
Se han creado 103.901 cupos en los dos últimos años
en educación superior. De los nuevos cupos, el 87 por ciento
corresponde a las universidades públicas.
Se percibe gran entusiasmo por la creación de los centros
regionales universitarios. En la primera etapa se conformarán
10, que mediante un operador independiente y con la oferta virtual
de programas de varias universidades que muestren pertinencia para
la región, empezarán a atender 7.000 estudiantes.
Con el ICETEX se benefician hoy 70.641 estudiantes mediante créditos
con recursos propios de la entidad, un 53,7 por ciento más
que aquellos beneficiados a julio de 2002. La cartera pasó de
$474.000 millones a $698.000 millones.
En 2002, las tasas de interés para los créditos del
ICETEX eran del 24 y del 22 por ciento. Desde 2003 se redujeron a
12 por ciento para los estratos 1, 2 y 3. Antes se requería
2 codeudores con finca raíz. Hoy se exige un solo codeudor,
sin finca raíz y al menos con un salario mínimo. Estos
créditos se otorgaban en las grandes ciudades capitales; hoy
cubren 970 municipios, junto con la posibilidad de hacer el trámite,
ingresando por Internet.
Los resultados de las Pruebas Saber nos empiezan a mostrar las
grandes deficiencias de calidad en educación básica
y media y los caminos para corregirlas. Cada institución
educativa debe desarrollar un plan de mejoramiento con el liderazgo
de sus directivos y profesores.
En calidad de educación superior han sido acreditados 113
programas.
En el SENA se capacitaron 1.100.000 jóvenes en 2002 y se
llegó a 2.200.000 en 2003. La meta para este año
es capacitar 2.600.000 y llegar a 4.000.000 en 2006. Todo ello
de la disminución de los gastos administrativos no misionales,
la suspensión de nuevas construcciones y la mayor apelación
a la formación virtual.
El último seguimiento a los egresados del SENA mostró que
el 62 por ciento ha encontrado vinculación laboral u oportunidad
de trabajo. En Diciembre evaluaremos la meta de presencia de esta
entidad en todos los municipios de la Patria.
El SENA se ha hecho cargo del programa Jóvenes en Acción,
que ahora se complementa con Jóvenes Rurales. La graduación
por estos días de 19.000 jóvenes en ese programa,
será sucedida por un nuevo curso para 25.000 muchachos.
Estos programas benefician a jóvenes de estratos 1 y 2,
bachilleres que no han ingresado a la universidad, que además
carecen de alternativas económicas. Hace pocas semanas en
Simití, Bolívar, iniciamos la convocatoria para más
de 64.000 jóvenes rurales.
Gracias a la reforma del SENA, estos 2 programas son hoy sostenibles
con recursos de la entidad, sin apelación a contratación
de créditos.
Dentro del Programa de Bandas Musicales han sido creadas o fortalecidas
189 en municipios pobres. Con ello se han beneficiado directamente
4.700 niños y jóvenes.
Como parte del programa País de Lectores, la Red Nacional
de Bibliotecas ha creado o fortalecido 348 bibliotecas.
El turismo cultural y la afluencia de los colombianos a los eventos
folclóricos muestran una magnífica recuperación.
16.962 promotores de convivencia se han capacitado para formar
en la solución pacífica de conflictos a otros colombianos,
mediante la cual se enseña a respetar la diversidad, a convivir
fraternamente, a pesar de que existan intereses o derechos en discusión.
Con los recursos que se garantizaron mediante el cobro del 4 por
ciento por llamada de celular, Coldeportes atiende de modo preferente
los proyectos para los juegos nacionales, los Bolivarianos y los
centroamericanos.
Ampliación de la protección social
Durante el año 2003, 1.123.658 colombianos ingresaron al
Régimen Subsidiado de Salud, de los cuales más de
600.000 hallaron su posibilidad gracias a la corrección
de la multiafiliación. La meta de 2004 es afiliar 1.500.000
colombianos. Empujemos para que esta meta se supere, para que sean
1.700.000. A la fecha de la meta de 2004, ya se ha superado el
1.000.000 en vinculación efectiva. Además, en septiembre,
estará en marcha la entrega a 1.500.000 compatriotas de
un seguro básico contra enfermedades de alto costo. Por
primera vez, en largo tiempo, los recursos del fondo de solidaridad
en salud se aplican en su totalidad y no se utilizan para financiar
otros rubros de gasto público.
Durante el Gobierno hemos reducido la cuota de administración
de las administradoras de Régimen Subsidiado del 15 al 8
por ciento. El Congreso aprobó que cualquier nueva administradora
que se autorice debe ser sin ánimo de lucro; hemos incrementado
el número mínimo de afiliados; hemos sancionado sin
vacilación casos de corrupción; pero es mucho lo
que falta por hacer para tener un Régimen Subsidiado plenamente
confiable.
Son frecuentes las quejas de corrupción por la contratación
de las actividades de prevención en salud.
Aspiramos a concertar y aprobar con el Congreso la reforma definitiva
que nos garantice transparencia, el mejor uso de los recursos y un
salto definitivo hacia la cobertura universal.
La nueva reforma debe crear mecanismos para sacar adelante la red
pública hospitalaria, con la condición de que los
hospitales públicos sean reestructurados y viables. Este
año se aplican más de $100.000 millones del presupuesto
nacional para financiar reformas estructurales de hospitales públicos.
El hospital público debe ser una fuente de servicios y no
un órgano de destrucción de recursos presupuestales
y de desatención a los pacientes.
Desde agosto de 2002 a diciembre de 2003, 639.738 colombianos han
ingresado al Régimen Contributivo de Salud. A las cajas de
compensación familiar lo han hecho 281.559 entre diciembre
de 2002 y marzo de 2004.
Para impulsar la ampliación de la afiliación a la
salud se disminuyó a 1.5 salarios mínimos la base
de cotización de los trabajadores independientes. Estaba
en dos salarios mínimos, no ha sido posible reducirla por
razones financieras a un salario mínimo, pero haberla reducido
en medio salario mínimo ha sido un paso importante.
Los afiliados al régimen de pensiones aumentaron en cerca
de 1.000.000 desde agosto de 2002, entre el Seguro Social y los fondos
de pensiones.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atiende 4.600.000
niños. Especial atención se ha prestado a un nuevo
programa de desayunos infantiles iniciado en Arauca, Sucre y Bolívar,
que completará este año la meta prevista para el
cuatrienio de 500.000 niñitos y esperamos poder llevarlo
a 1.000.000 de niños beneficiarios en 2005. Su más
importante impacto es la retención escolar.
La reforma administrativa, en aras de la productividad del Estado,
asignó al Instituto de Bienestar Familiar el manejo del
programa de subsidios a la tercera edad. Venimos de atender 62.837
ancianos en 350 municipios, con irregularidad en los pagos. Este
año serán 170.00 ancianos atendidos en la totalidad
de los municipios. El reto es pagarles cumplidamente. Tenemos que
crecer el programa de alguna manera porque, a pesar del esfuerzo
presupuestal y del aumento en cobertura y territorio, la Patria
tiene alrededor de 500.000 ancianos indigentes. Este programa cohesiona
la familia y reconcilia la Nación.
Nos hemos propuesto cumplir en los pagos a 340.000 Familias en
Acción. El cumplimiento es la única manera de ganar
credibilidad para la política social. El costo oscila en
$37.000 millones cada 2 meses. Se subsidia a la familia para la
alimentación del niño con la condición de
que acredite su asistencia escolar. Beneficia alrededor de 800.000
niños. La evaluación del programa demuestra excelentes
resultados en nutrición y asistencia escolar.
La ganancia en nutrición infantil y en asistencia escolar
hace de Familias en Acción un típico programa de
política social que agrega valor comunitario y abre oportunidades
de movilidad a los beneficiarios. Ojalá podamos superar
tanta estrechez presupuestal para incorporar otras 60.000 familias
el próximo año.
La prioridad del Gobierno ha sido pagar cumplidamente a las 340.000
familias beneficiarias. Estamos explorando los recursos para poder
llegar a la cifra de 400.000.
El Programa de Seguridad Alimentaria tiene como meta para 2006 la
atención de 3.000.000 de campesinos. A la fecha hemos llegado
a 500.000. Es una manera de evitar el desplazamiento.
Si bien el desplazamiento ha disminuido de 400.000 a 100.000 desplazados
por año, este número sigue siendo alarmante.
El programa de retorno de desplazados ya ha favorecido cerca de
16.000 familias. Este año ingresarán otros 100.000
desplazados al régimen subsidiado de salud. Este flagelo del
desplazamiento es de las peores tragedias que ha sufrido la Patria.
Si bien no hemos podido reducir el desempleo en la proporción
anhelada, la economía privada reinició el proceso de
generación de empleo. En efecto, 1.200.000 nuevos empleos
han sido creados.
Los incrementos de salario mínimo han superado la inflación.
Manejo Social del campo
La oferta exportable que se avizora, la población rural que
todavía crece, la dependencia del campo de muchos centros
urbanos, nos obligan a promover un tonificado sector agropecuario.
La recuperación del campo es imprescindible para recuperar
el empleo y asentar la paz.
En 2003 se reactivaron 160.000 nuevas hectáreas y este año
la meta es llegar a otras 140.000.
En financiamiento agropecuario, FINAGRO aumentó sus colocaciones
un 48 por ciento en 2003 y un 42 por ciento en lo corrido de 2004.
El Banco Agrario en 55 por ciento en 2003 y en 41 por ciento en los últimos
meses, comparables del 2004.
El incentivo de Capitalización Rural en 2003 financió 4.500
proyectos, que gracias al aporte que hacen quienes intervienen en
los proyectos y que complementa el incentivo, ejecutaron inversiones
por $275.000 millones.
Se han creado 58 Bancos de Maquinaria agrícola, fundamentalmente
administrados por campesinos.
No hemos ahorrado esfuerzos para superar la crisis de la caficultura.
La promoción de los cultivos de maíz y fríjol,
en las áreas de soqueo, ha adicionado ingresos a los campesinos.
El año pasado, esos dos cultivos, en las áreas agrícolas
cafeteras de soqueo, sumaron 33.000 hectáreas. Este año
aspiramos que consoliden 40.000.
Es esencial continuar con el incremento de los cafés especiales,
orgánicos, con mayor valor agregado nacional y con las tiendas
Juan Valdez - Café de Colombia, a fin de que el mejor producto
y el más directo canal de mercadeo defiendan el ingreso de
los productores.
La mejor manera de recuperar la prima del Café de Colombia,
ha sido con la publicidad remunerativa de abrir las tiendas Juan
Valdez. El compromiso con la Federación nos anticipa, que
al terminar este año, ya debe haber un buen número
en el extranjero.
Con las reformas y agilización de los procesos de extinción
de dominio, esperamos acelerar el programa de dotación de
tierra a los campesinos. Hasta ahora se han entregado 3.527 hectáreas
que benefician a 611 familias.
Ustedes aprobaron, al inicio del Gobierno, el proyecto que agiliza
los procesos de extinción. Aspiramos que empecemos a tener
sentencias ejecutoriadas para poder hacer la asignación definitiva
y masiva a las comunidades campesinas.
Un programa importante es Familias Guardaboques al que se han integrado
21.000 familias. Las familias reciben $5.000.000 al año, cuidan
553.000 hectáreas para mantenerlas libres de droga y recuperar
el bosque.
Este programa es esencial en fábricas de agua como el Macizo
Colombiano y la Sierra Nevada.
Manejo Social de los servicios públicos
En el tema de los servicios públicos el Gobierno ha trabajado
para introducir armonía en las relaciones entre prestadores
y usuarios, por ejemplo, en la provisión de energía
en la Costa Caribe. En lugar del enfrentamiento que ahuyenta al inversionista
y maltrata al usuario, necesitamos relaciones constructivas, basadas
en la solidaridad, la ausencia de abusos, el pago oportuno. Vale
la pena destacar el experimento de microempresas de distribución
de energía, con alta participación de los usuarios.
Se han incorporado 280.000 nuevos usuarios de energía eléctrica.
Se ha dado un incremento en los subsidios de energía contra
el presupuesto nacional, debido a la decisión de atar a
la inflación la elevación de tarifas en los consumos
básicos de los estratos populares.
Debo registrar la preocupación por la desproporción
entre el aumento de las trasferencias nacionales para acueductos
y alcantarillados y los pobres resultados en mejoramiento y cobertura
obtenidos en muchos municipios. Durante 2003 se amplió el
total de suscriptores en acueducto, alcantarillado y recolección
de residuos sólidos en un poco más del 2 por ciento,
cifra muy baja. Con la partida de $365.000 millones asignada en las
audiencias públicas, daremos un buen impulso a tan angustiosa
preocupación.
Confiamos construir un gran consenso, lo estamos trabajando, para
emprender en forma definitiva la limpieza del río Bogotá.
En telecomunicaciones se han instalado 19.000 nuevas líneas
y se han repuesto 24.000. Se han creado 56 puntos de comunicaciones
para personas con deficiencia visual y auditiva. Hemos continuado
con mayores crecimientos el programa Compartel, que ha contratado
la instalación de 3.000 puntos de Telefonía Rural Comunitaria
y 500 telecentros.
Los 1.097 municipios de Colombia cuentan con telefonía básica
e Internet. En estos dos años se pasó de un cubrimiento
de servicio telefónico del 67 al 83 por ciento de las 21.000
localidades de la geografía nacional. En muchas de ellas
la densidad telefónica todavía es muy baja.
Mediante el programa de Computadores para Educar se han entregado
23.104 computadores en 2.523 instituciones educativas públicas,
que han beneficiado a 769.515 niños y niñas.
En la tarea de reestructurar empresas sensibles de servicios públicos
debe destacarse el caso de Emcali, próximo a ser concluido.
Continuará siendo estatal, sostenible y con un Fondo de
Capitalización Social, del cual serán socios todos
los usuarios, que la dotará de apalancamiento e independencia
financiera. Capitalismo Social.
La empresa firmará con el fondo un plan de desempeño
y unos compromisos de administración con transparencia y austeridad,
que den al pueblo caleño las mejores garantías de prestación
del servicio.
Hoy están en proceso de reestructuración EIS de Cúcuta,
Enertolima, Telesantamarta, Cedelca, y la Empresa Distrital de Telecomunicaciones
de Barranquilla. Se han superado las crisis de las electrificadoras
de Caldas, Tolima y Quindío.
En presencia de algunos de ustedes, distinguidos congresistas, se
realizó hace poco la reunión de todos los prestadores
de servicios públicos, que contó con asistencia de
representantes de los usuarios. A pesar de todo lo que falta, pudimos
notar un gran mejoramiento en el clima de confianza en Colombia y
en las relaciones entre prestadores y usuarios. Esas relaciones no
pueden seguir con el antagonismo insuperable, con la acidez. Vamos
a insistir para construir unas relaciones fraternas que permitan
consensos eficaces.
En esa reunión nos comprometimos a dictar una norma administrativa
que introduzca la audiencia pública obligatoria para tramitar
reclamos ante las comisiones de regulación. La reclamación
a puerta cerrada corre el riesgo de ser objeto de sospecha. La reclamación
y su trámite en audiencia pública, obligan a mayor
objetividad en los argumentos, a mayor equidad en la decisión
y, sobre todo, genera credibilidad.
País de Propietarios
Nadie puede sentirse dueño del País y nadie excluido
del derecho de propiedad. Colombia nos debe doler a todos.
Para aproximarnos al País de propietarios trabajamos como
instrumentos el micro crédito, los fondos de capitalización
social a la manera de EMCALI, las empresas con participación
propietaria de trabajadores, la asignación campesina de los
predios rurales de extinción de dominio y la vivienda.
El micro crédito es uno de los ejes fundamentales para la
construcción de un país de propietarios.
Entre agosto de 2002 y junio de 2004 se ha realizado un desembolso
efectivo de $3,2 billones para microcrédito. De ellos, $2,1
se otorgaron a 1.027.000 microempresarios a través de las
líneas IFI- Bancoldex, la Banca Comercial, ONGs especializadas
en microcréditos, FINAGRO y Fundaciones. Y $1,1 billones se
destinaron a la financiación de 11.500 pequeños y medianos
empresarios.
La cartera a favor de los microempresarios ha crecido un 44 por
ciento y hoy el saldo asciende a billón 378.000 millones
de pesos. Ha sido definitiva la vinculación de gobernaciones
y alcaldías para otorgar garantías que protejan el
70 por ciento del valor del crédito.
A pesar de este avance, el reclamo de la pequeña empresa
y del microempresario, por microcrédito, continúa siendo
aquello que prima. Por eso el Gobierno no se puede conformar con
este avance, la idea es duplicar esta meta año tras año,
para que los colombianos puedan acceder al crédito y sacar
adelante la pequeña empresa y la microempresa.
Necesitamos que las buenas fundaciones y el SENA, que forman y acompañan
a los microempresarios, hagan presencia en todas las regiones de
la Patria.
Los trabajadores se han convertido en copropietarios de tres empresas
de servicios públicos: Hydros Melgar, Hydros Mosquera e
Hydros Chía. Y se están adelantando otros 7 procesos
similares.
Anoche me informaba el señor Superintendente de Sociedades,
en la empresa Titán ya hay un arreglo para que sea de propiedad
y administración de los trabajadores.
En Paz del Río se logró un modelo empresarial participativo.
Con el aporte de los líderes sindicales y la administración
de la empresa, los trabajadores pasaron a ser dueños del 43
por ciento. Antes poseían el 9 por ciento. En 2003 las utilidades
netas llegaron a $40.000 millones. En lo que va corrido de 2004,
ascienden a $68.620 millones.
Hace pocos días me decía un grupo de empresarios que
cómo insistía el Gobierno en recuperar a Paz del Río,
que esa era un empresa muerta desde hace tiempo. Se ha logrado recuperar
por muchos factores, por supuesto, lo que la ha pasado en el mercado
mundial de hierro y aceros, la reactivación de la construcción,
pero quiero destacar, por el sacrificio de los trabajadores, por
el sacrifico de los pensionados, porque se entendió el paso
del sindicalismo meramente reivindicativo al sindicalismo de participación
con responsabilidades empresariales.
Creo que hoy el ambiente social de Boyacá ha tenido alguna
mejoría, gracias a este proceso de recuperación de
Paz del Río. Capitalismo social dentro de una sociedad sin
exclusiones, de una sociedad sin antagonismos insuperables.
Continúa la recuperación de la construcción,
pero estamos retrasados en la ejecución de vivienda social.
No obstante, tenemos confianza en que las reformas introducidas a
esta política, permitirán mostrar unos mejores resultados
en los meses que vienen. Se ordenó la liquidación de
Inurbe. Fue reemplazado por las cajas de compensación y un
fondo en Findeter. Hemos dictado las normas para levantar bloqueos
de ciudades a la vivienda social. En muchas ciudades y municipios
se reclama subsidios para vivienda social, pero los planes de ordenamiento
urbano local excluyen la vivienda social. Por eso el Gobierno, en
aras de las normas constitucionales, ha debido dictar un decreto
para posibilitar la vivienda social en aquellas ciudades que la han
excluido.
En el caso de los desplazados, para buscar agilizar la entrega de
subsidios, la exigencia de ahorro será posterior, no requisito
previo.
Buscamos que los adjudicatarios de subsidios tengan los requisitos
para poder acelerar la ejecución de los proyectos. Todavía
tenemos alrededor de 120.000 millones de subsidios adjudicados en
el pasado sin desembolsar, porque los adjudicatarios no acreditaron
los requisitos.
En el período gubernamental se han asignado 99.352 subsidios
y se han entregado 9.541 créditos de vivienda, para un total
de 108.893 soluciones de interés social.
Hay que agilizar la ejecución para poder completar la meta
de 400.000 en los cuatros años.
Con la línea de redescuento de Findeter, alimentada por el
sector financiero, se han aprobado recursos a 27 entidades por $250.000
millones, lo que permitirá financiar 25.000 familias para
vivienda social.
Aspiramos a ejecutar $60.000 millones este año en mejoramiento
de vivienda rural, lo que equivale a duplicar el presupuesto inicial.
Con los microhoteles hemos empezado a desarrollar el concepto de
vivienda social productiva. Esperamos terminar el año con
cerca de 500 en el País y de 150 en el Cabo de la Vela en
La Guajira, con la comunidad Wayuú. La posada Wayuú.
Infraestructura y calidad de vida urbana
Cada día es más urgente mejorar la infraestructura
en aras de la competitividad y la calidad de vida de los ciudadanos.
A la fecha se han logrado 1.039 kilómetros de pavimentaciones
y repavimentaciones. A esta cifra se adicionarán los 2.500
kilómetros de nuevos pavimentos, con un sistema de patrimonio
autónomo y vigencias presupuestales futuras, para cuya estructuración
financiera se estudia una propuesta de la Corporación Andina
de Fomento.
La reciente adjudicación de la doble calzada Bogotá-Girardot
y de la primera etapa del túnel de La Línea, tendrá una
gran incidencia en el transporte entre Bogotá y el Pacífico.
Para asegurar el mantenimiento de los corredores viales principales,
durante un período relativamente extenso, fue cerrada la licitación
que se espera adjudicar en los próximos días, también
en audiencia pública televisada.
Uno de los objetivos de la política internacional, que es
la participación de Colombia en el capítulo de infraestructura
del plan Panamá-Puebla, resucita el proyecto de la vía
panamericana entre el Chocó y el Istmo. Esperamos el acuerdo
de los dos gobiernos para definir el punto de encuentro en la frontera,
que debe beneficiar el futuro del corredor turístico de esta
parte del Caribe chocoano. En ese momento emprenderemos la gestión
de los recursos internacionales.
Con los recursos de la ley de puertos y gestiones ante gobiernos
europeos nos acercamos a la ejecución de un ambicioso plan
de obras en el puerto de Barranquilla. Estamos en plena ejecución
del dragado del canal de acceso a la bahía de Cartagena, y
en diciembre el puerto debe despachar buques con el doble de capacidad
de contenedores.
El movimiento de carga por el río Magdalena ha crecido en
un 37 por ciento. Con el Gobierno de Brasil se examina la posibilidad
de un crédito de largo plazo para mejorar la navegabilidad
del río Meta, arteria fundamental en la comunicación
con el Caribe y con la hidrovía suramericana.
Se adelanta un plan aeroportuario que va desde la aviación
social en zonas aisladas hasta el Plan Maestro para el Dorado que,
con la necesaria consulta a la comunidad de Bogotá, al señor
Alcalde y a las autoridades distritales, debe adjudicarse en los
próximos dos años.
La Nación financia el 70 por ciento de los sistemas de transporte
masivo. La obra se ejecuta con velocidad en Bogotá, ya se
inició en Cali y estamos agotando estudios y procesos de contratación
en Pereira, Bucaramanga, Valle de Aburrá, Cartagena y Barranquilla.
Reitero la voluntad política del Gobierno de que los concesionarios
de esos sistemas de transporte, sean los transportadores locales.
Han sido activados 650 kilómetros de las concesiones férreas
del Pacífico y del Atlántico. En esta última,
a pesar de haber duplicado su capacidad de carga, para superar el
límite actual de 24.000.000 de toneladas por año, se
requiere definir el litigio entre el concesionario, el usuario y
la Nación.
A propósito de litigios, es imposible que crezca la inversión
y mejore la infraestructura cuando la mayoría de los grandes
contratos terminan en pleitos y frustraciones. Litigios en telecomunicaciones,
litigios en concesiones viales, litigios en ferrocarriles.
Tenemos la voluntad política de seguir adelantando conciliaciones,
donde se pueda, con 3 requisitos: ajuste riguroso al ordenamiento
jurídico, equidad en las mutuas prestaciones y transparencia.
Presupuesto esencial de la transparencia es la difusión amplia
a la opinión ciudadana de los términos de los acuerdos,
antes de su perfeccionamiento.
Pensiones
Nuestro programa de saneamiento macroeconómico incluye más
confianza, más seguridad, más ingresos fiscales, más
base de contribuyentes, más estímulos productivos,
más inversión social, menos nómina estatal,
menos gastos generales.
Los dos nubarrones fiscales que debemos despejar son la deuda pensional
y la declinación en la explotación de petróleo.
Después de la ley 100, el primer siguiente paso para corregir
el déficit pensional fue la ley 796 de 2002, aprobada durante
los primeros meses del Gobierno. Se hizo el intento no aprobado del
Referendo. En las entidades públicas sometidas a reformas,
se ha avanzado bastante en la solución del problema pensional.
Lo mismo en el Fondo Prestacional del Magisterio.
Sin embargo, el problema continúa con el agravante del agotamiento
de las reservas del Instituto de los Seguros Sociales. Este peligro
se desestimó durante años, pero ahora demanda una transferencia
anual de la Nación al Instituto, que este año alcanza
la suma de $1 billón 700.000 millones y el entrante $3 billones
800.000 millones. La proyección anticipa años de transferencias
de $5 billones.
Es grave continuar difiriendo el problema hacia adelante para que
lo resuelvan los futuros gobiernos y las futuras generaciones. Es
grave poner a los pensionados del Seguro Social ante la incertidumbre
de no contar con los recursos para pagar sus pensiones. Es grave
sacrificar otras inversiones sociales por dedicar el poco dinero
disponible al pago de pensiones. Es urgente resolver el problema
pensional. Las soluciones generan más debate político
inmediato, pero la falta de soluciones aleja más la recuperación
de la economía y del tejido social.
En consecuencia, proponemos una Norma Constitucional para pensiones,
una ley y unas normas tributarias que ayuden a resolver el tema.
La Norma Constitucional se examinó en el consenso político.
Propone eliminar los regímenes privilegiados a partir del
año 2008. En el caso del Presidente de la República
sería de aplicación inmediata. También de inmediato
elimina la mesada 14 para los nuevos pensionados y adopta un techo
de 25 salarios mínimos para las nuevas pensiones públicas.
Respeta derechos adquiridos para no crear el precedente de desconocerlos
con reformas constitucionales.
La ley vigente fija la edad pensional en 62 años para los
hombres y 57 para las mujeres, que regirá en el 2014. El
proyecto de ley propone anticipar la fecha.
Estos esfuerzos son insuficientes y no contribuyen al pago inmediato
de pensiones. Por eso agregamos en la propuesta un impuesto a las
pensiones altas, de la misma forma que opera la retención
a los altos salarios. Y conectamos el tema con unas normas tributarias.
Es necesario que la tributación general contribuya al pago
de pensiones y debemos entender que este pago constituye un gasto
o inversión social.
En el esquema de beneficios y requisitos pensionales no tenemos
espacio sino para lo propuesto en los anteriores renglones, pues
en leyes anteriores se aumentó la cotización, el número
de semanas de cotización y se redujo el valor de la pensión
como porcentaje del salario.
La propuesta de generalizar el IVA con una tarifa pequeña
que no grave servicios públicos, educación ni salud,
la presentaremos por descarte de otras opciones. También con
el compromiso de devolver al estrato más pobre el costo que
el impuesto implique para los sectores populares. Así lo han
propuesto algunos congresistas liberales, conservadores e independientes
de la bancada Primero Colombia.
La devolución debe ganar credibilidad con el cumplimiento
que el Gobierno ha demostrado para devolver a los usuarios de dinero
plástico el valor de 2 puntos del IVA del 16 por ciento.
Una reflexión: la especulación muchas veces grava
la canasta familiar con alzas inmoderadas de precios y no hay protesta
ni solución. Al derramar el impuesto se frena la especulación,
el porcentaje no lo acapara el especulador sino que lo apropia el
Estado, y al ciudadano pobre se le devuelve el recurso.
Se propone el IVA general porque hemos gravado el patrimonio, aumentado
la tarifa de renta y las cotizaciones pensionales. El IVA general
crea disciplina impositiva, ayuda a controlar evasión y quien
paga impuestos eleva su sentido de pertenencia a la Nación.
Para los sectores populares es mejor que el Estado les devuelva
el dinero, a que el dinero lo acaparen los especuladores. Nos oponemos
mucho a un IVA general, pero nunca protestamos cuando los especuladores
trasladan aumentos de precios en la canasta, inconsultamente y sin
consideración a la capacidad adquisitiva de los sectores populares.
Para garantizar la destinación al pago de las pensiones debidas
se crearía una cuenta especial.
En exenciones tributarias no disponemos de margen para incrementar
el recaudo. Las más importantes son el Banco de la República,
cuyas utilidades pasan al Gobierno; los ingresos laborales hasta
determinado monto, que por una razón social debe mantenerse
su exención; y los dividendos, que se gravan previamente en
la empresa.
Este Gobierno ha marchitado beneficios tributarios que no tenían
justificación social ni aportaban al crecimiento de la economía.
Además, ha introducido beneficios para actividades nuevas,
que necesitamos, y para expandir la economía y el empleo como
la deducción del 30 por ciento a las nuevas inversiones. Dada
la alta tasa de tributación, sin esos beneficios un buen porcentaje
de las nuevas inversiones no estaría en ejecución.
El crecimiento económico que de ellas se infiere será también
bondadoso para el fisco en los próximos años.
Hemos logrado una tributación elevada para quienes no quieran
crecer y estimulante para quienes crezcan y generen empleo.
Un grupo de senadores, encabezados por el Doctor Luis Guillermo
Vélez Trujillo, ha insistido en la tesis de utilizar por parte
del Gobierno 500 millones de dólares de las reservas que administra
el Banco de la República. Ya hemos utilizado 100 millones
y creemos que deben utilizarse los 400 restantes, pero con el buen
cuidado de no estimular la revaluación que tanta preocupación
nos causa. Para que estas medidas no nos afecten el riesgo país
y el costo de deuda, deben acompañarse de esfuerzos tributarios
adicionales como los que proponemos.
Energía e Hidrocarburos
El otro nubarrón en el frente fiscal es la crisis en la declinación
de la producción de petróleo. Este año las exportaciones
de carbón darán el enorme salto a 52 millones de toneladas.
En el 2002 alcanzaron 39.5 millones de toneladas. Pero sigue decayendo
la producción de petróleo y aun no se confirman hallazgos
que tranquilicen.
Los estímulos tributarios y la racionalización de
regalías, la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
la extensión de contratos y el mejoramiento de la seguridad,
han ayudado a aumentar el área de sísmica, los contratos
efectivos de exploración y los pozos explorados. En el año
2003 regresamos a 28 pozos explorados, cifra que no conocíamos
desde 1992. En junio completamos 18 en 2004. Grandes compañías
que habían abandonado a Colombia están de regreso.
La reforma de ECOPETROL la hace más competitiva, más
austera y más sostenible. No somos partidarios de privatizar
la empresa, pero requerimos su sostenibilidad y pujanza.
En gas natural ha empezado una etapa de recuperación de la
producción.
Con Venezuela hemos acordado la construcción del gasoducto
para suministro de gas de La Guajira a Maracaibo, que en sentido
contrario y en años venideros, permitirá alimentar
a Colombia, una vez Venezuela conecte el occidente con los yacimientos
del este.
Tan pronto concretemos el ingreso al Plan Panamá-Puebla,
que ya está bastante adelantado, el gasoducto deberá extenderse
hasta la región centroamericana, lo mismo que la línea
de transmisión de energía.
Firmamos con Venezuela el acta de intención para la construcción
del oleoducto de Maracaibo al Pacífico, que hará posible
la exportación de combustibles de Venezuela al Asia, el desarrollo
del Puerto de Tribugá en el Pacífico chocoano y dará a
Colombia una alternativa de abastecimiento.
Los puertos de la Patria, como todos los intereses de la Patria,
tienen que mirarse de manera convergente y no excluyente. El sueño
de convertir a Tribugá en una realidad no se excluye con el
afán que debemos imprimir para que Buenaventura todos los
días sea un puerto con mayor capacidad y más moderno.
Ese oleoducto de Venezuela a Tribugá también le dará a
Colombia una alternativa de abastecimiento.
Una política energética integral y eficaz debe evitar
que seamos víctimas de la crisis de energéticos que
amenaza el desempeño de la economía mundial.
Las exportaciones de energía harán factible el desarrollo
de nuevos proyectos hidroeléctricos, por ejemplo Sogamoso
y Pescadero, que se sumarán a los que están en marcha
como Porce III, Brazo Seco en el Pacífico Caucano y Amoyá en
el Tolima.
La interconexión de Puerto Carreño que realizamos
después de 20 años de reclamos, nos invita a proceder
con obras semejantes en la Amazonía y el Pacífico.
Debemos mezclar interconexiones, pequeñas hidroeléctricas
y sistemas pelton.
Me sorprendió negativamente que las soluciones de consultoría
para estos problemas de la Patria dan unas recetas excesivamente
costosas. Por eso estamos teniendo el buen cuidado de adoptar unos
mecanismos y unas soluciones eficientes, modernas, pero que estén
al alcance de los recursos escasos de la Patria.
Gracias a los estímulos tributarios, Empresas Públicas
de Medellín instaló en La Guajira el primer complejo
de 20.000 kilovatios de energía eólica o de brisa,
fuente que tiene en ese departamento un porvenir brillante.
Colombia cuenta con grandes posibilidades para combustibles de origen
biológico. El año entrante se dispondrá de las
primeras plantas de alcohol carburante. Estamos empeñados
para que también se instalen en zonas tradicionalmente paneleras
como la Hoya del Río Suárez.
Invito al Congreso a aprobar el estímulo tributario para
la producción del diesel biológico, que en el caso
de la palma africana ofrece enormes posibilidades. Creo profundamente
en las energías alternativas. La Patria es promisoria y los
más experimentados estudiosos del tema petrolero, coinciden
en que en 50 años es posible que en el mundo no se utilice
petróleo. 50 años para sustituir un energético
de esa magnitud es un periodo corto. Por eso este esfuerzo que invito
a ustedes a complementar para desarrollar las alternativas energéticas.
Reactivación Económica
Durante el primer trimestre de 2004 la economía colombiana
creció 4,08 por ciento. La empresa privada se ha constituido
en el principal dinamizador. El índice es alentador al considerar
que este crecimiento se da no obstante el necesario combate a la
economía de la droga y la reducción del déficit
fiscal.
La reducción del déficit no es ideológica.
Al contrario, tuvimos que imponerla por las dificultades para financiarlo,
que eran crecientes, debido a su desbordamiento. Nadie financia un
déficit en una economía sin recursos para pagar a los
soldados, a las mamás de las Familias en Acción o a
los ancianos.
Y qué difícil resulta reducir el déficit cuando
simultáneamente es necesario mejorar la seguridad, ampliar
la protección social y reanudar el ritmo en desatraso de infraestructura.
Por eso ha sido fundamental la reforma del Estado, que aún
no ha culminado. Este Gobierno es ajeno a la moda privatizadora que
recorrió el continente. Creemos en la necesidad del Estado
para proteger a la comunidad frente al mercado; para proveerla de
servicios a tarifas accesibles cuando el mercado no lo haga, o para
dar una opción frente a este; o para ejercer una función
oficial exclusiva.
La cláusula social, que debe ser rectora de una economía
privada, necesita la presencia garante del Estado.
Los gastos de funcionamiento del sector central y descentralizado
de la Rama Ejecutiva, sin tener en cuenta el sector defensa, disminuyeron
en un 7,7 por ciento real en 2003, comparado con el año anterior.
A mayo de 2004 se registró una reducción del 13,5 por
ciento, frente al primer trimestre del año anterior.
En 2003 el sector defensa creció en 8,4 por ciento, en virtud
de la política de Seguridad Democrática. En la financiación
de esta política han contribuido los sectores más pudientes
del país a través de los impuestos al patrimonio.
Culminada la primera fase de las reformas el pasado 31 de enero,
de las 302 entidades de la rama ejecutiva del orden nacional que
había en agosto de 2002, hoy tenemos 276. Se han rediseñado
142 entidades: 99 han modificado su planta o estructura organizacional,
se crearon 6, se escindieron 3, se liquidaron 30 y se fusionaron
4.
Con el Plan de Protección Social, introducido por el Congreso
en la ley que nos dio las facultades para la reforma administrativa,
cerca de 14.000 personas se han beneficiado del retén social
para madres cabeza de familia, discapacitados y personas próximas
a cumplir los requisitos de pensión, además con formación
en el SENA.
Solamente tres preguntas para ilustrar el escenario que se avizoraba
en ausencia de la reforma administrativa: ¿qué habría
pasado con los pensionados de Telecom, cuando la vieja empresa perdía
medio billón de pesos al año?; ¿de dónde
habrían salido los $350.000 millones para sostener al IFI?; ¿cómo
habría logrado el SENA dar el salto en estudiantes formados,
asumir la carga de los Jóvenes en Acción y lanzar el
programa Jóvenes Rurales?
Entre las reformas más importantes que hacen falta está la
de las clínicas del Seguro Social.
La reforma del Estado contribuye a construir condiciones más
favorables para la reactivación económica.
Necesitamos que la economía crezca de manera sostenida por
encima del 5 por ciento para combatir el flagelo del desempleo. Propuestos,
sin vacilación, lograremos la meta. La mayor confianza, la
tendencia de las tasas de interés y la afluencia de inversión
privada, son buenos augurios.
El Honorable Congreso conoce las razones por las cuales impulsamos
acuerdos de comercio para ampliar los mercados de la producción
colombiana.
Hemos logrado el acuerdo entre la Comunidad Andina y MERCOSUR, facilitado
por un alto nivel de consenso nacional. Los efectos pueden ser no
muy significativos en el corto plazo. En el futuro lo serán.
Se crea un mercado muy grande y se espera mejor desempeño
de las economías que lo integran. Surgen posibilidades de
que el bloque Comunidad Andina – MERCOSUR realice convenios
con países y bloques asiáticos que hoy nos son distantes.
El acuerdo Comunidad Andina – MERCOSUR tiene un notable valor
para la unidad política suramericana.
En la compañía de Perú y Ecuador, estamos en
la negociación del acuerdo con los Estados Unidos. Bolivia
participa como observador pero ya ha empezado a manifestar intenciones
de ser socio activo y aspiramos que a ello, el referendo recientemente
aprobado por los bolivianos, permita que el Gobierno le de vía
libre. Hemos dado plenas garantías a Venezuela y deseamos
su participación.
Es diferente la situación de una economía petrolera
que le arrebatan su producto en los países industrializados,
a una economía como la nuestra, que debe franquear toda suerte
de barreras para que sus productos accedan a destinos comerciales.
Los sociólogos de los años 70 señalaban una
gran injusticia en los términos de intercambio entre los países
industrializados, única fuente de bienes de capital y tecnología,
con recursos fiscales para subsidiar agricultura, y países
como Colombia exportadores de productos básicos.
Los procesos de sustitución de importaciones se agotaron
sin corregir esos desequilibrios. Finalmente no nos abrieron mercados
y la tecnología volvió a dejarnos atrás. Las
aperturas unilaterales tampoco han causado reciprocidades en acceso
a mercados. Los acuerdos de comercio deben dar pasos de equidad.
Equidad debe ser la palabra tutelar de esos acuerdos. Equidad con
la pequeña empresa, con el agro, con los productos sensibles.
Equidad para que la propiedad intelectual derivada de la biodiversidad
amazónica pueda ser apropiada solamente por los países
concurrentes a la cuenca.
A todos mis compatriotas de la cuenca amazónica, del oriente
de la Patria, quiero reitera este compromiso: que en los acuerdos
de comercio se diga claramente que los derechos de propiedad intelectual
sobre la biodiversidad amazónica, solamente pueden ser reclamados
y reconocidos a los países concurrentes a la cuenca.
Estamos a la expectativa de la confirmación oficial de la
Unión Europea para una extensión por 10 años
del sistema general de preferencias, ya anticipado positivamente
por los mandatarios europeos. Esos 10 años deberían
servir para el acuerdo definitivo.
El Gobierno es consciente que este acuerdo con los Estados Unidos
debe basarse en un gran consenso nacional. El proceso seguirá su
curso hombro a hombro con el Congreso.
Largo plazo
Planeación Nacional labora en un documento de visión
de largo plazo, que será sometido al debate popular. Servirá de
insumo para proyectar las diferentes tendencias y aquello que empieza
a ser conocido con el nombre de agenda interna de competitividad.
Estamos en la exploración de un proyecto especial para el
Vichada, para su conquista definitiva. El Presidente Betancur concibió a
Marandúa, donde hoy la Fuerza Aérea dispone de 64.000
hectáreas. Allí sería el principio de un desarrollo
agro-ambiental con palma africana, caucho, pino caribe, y otras especies.
El proyecto buscará inversión internacional financiada
por los mercados verdes.
Ese departamento tiene en los ríos Meta-Orinoco una vía
privilegiada y 6.300.000 hectáreas de sabanas, sin incluir
los ríos ni las protecciones forestales de los nacimientos
de agua. El régimen de lluvias es muy aceptable. Con las tierras
idénticas de los departamentos vecinos, se convierte en alternativa
para el direccionamiento de las tendencias poblacionales del futuro.
La construcción de una barrera de protección a la selva
se proyecta como ventaja adicional.
En ejercicio del control político podrá examinar el
Congreso la marcha detallada del Gobierno, de la cual me he atrevido
a hacer mención con el ánimo de señalar avances
y dificultades concretas.
El Gobierno agradece a todos ustedes el gran esfuerzo en la legislatura
que concluyó. Todos ansiamos que la que se inicia sea pródiga
para la Patria.
Extiendo de manera muy especial nuestra gratitud a las mesas directivas
encabezadas por el Senador Germán Vargas Lleras y el Representante
Alonso Acosta Osío. En medio de tanto debate, con abnegación
y austeridad, presentaron un balance de trascendencia.
Este 20 de Julio, día de la Patria, día de júbilo,
día de reencuentro, día para hacer balances y proyecciones
ha sido engalanado por los actos del Congreso.
Que emocionante fue haber asistido anoche a la inauguración
de la biblioteca ‘Luis Carlos Galán’, con colecciones
de obras tan importantes como la de Juan Lozano y Lozano y la colección
de Luis Eduardo Nieto Caballero y de Luis Eduardo Nieto Calderón.
Que importante haber asistido anoche a esa detallada rendición
de cuentas que hicieron el señor Presidente del Senado y el
señor Presidente de la Cámara. Abordaron lo macro y
lo micro, la agenda legislativa, el recuento, las proyecciones, el
capítulo de administración del Congreso. Qué bueno,
lo hicieron de cara al país, eso recupera enormemente credibilidad
en las instituciones.
Me acompaña en este acto Francisca Sierra, una de las mamás
de Familias en Acción. Tiene cuatro hijos: Paula Andrea, Lina
Matilde, Leonel Armando y Franklyn Rodolfo. No le estamos financiando
sino uno. En esto hay alegrías y faltantes. Por intermedio
de Francisca un saludo lleno de afecto a todas las Familias en Acción
de la Patria. Ojalá podamos avanzar para que no sean solamente
800.000 niños los beneficiarios, sino muchos más.
Me acompaña en este acto Pedro Nel Alzate. Como otros miles
de muchachos abandonó los actos terroristas y se acogió al
programa de reinserción en un encuentro fraterno con sus compatriotas.
Pedro Nel es un ejemplo de rectificación para quienes insisten
en el camino tortuoso de la violencia. Hace rato le pregunté si él
esperaba que un Gobierno presidido por mi lo tratara peor, y fue
muy generoso en la respuesta. Actualmente está estudiando
mecánica automotriz en el SENA y se gradúa en dos meses.
Es el llamado a un compromiso del Gobierno y la sociedad para albergar
a todos los compatriotas que regresen a la vida Constitucional.
Ha escrito bellos versos, uno de ellos para llamar a todos quienes
insisten en el camino tortuoso de la violencia a que sigan su ejemplo.
Qué compromiso tan grande con Pedro Nel y con casi 5.500 compatriotas
que han abandonado las armas en este Gobierno y han buscado reencontrarse
con la Constitución.
Me acompaña en este acto María Esperanza Córdoba,
una de tantas colombianas y colombianos que han sufrido el secuestro
y regresado a la libertad. María Esperanza recuperó la
libertad por el Ejército de la Patria. Es un llamado de atención
para derrotar el secuestro y para que los secuestrados regresen sin
que su liberación implique fertilizar el delito. Si mantenemos
el secuestro en Colombia, quienes quieran escaparse del riesgo tendrán
que vivir desplazados en el extranjero. Muchas gracias María
Esperanza.
Me acompaña en este acto Janeth del Rocío Quintero,
quien como miles de microempresarios ha recibido por primera vez
un crédito. Como Janeth, millones de colombianos esperan una
oportunidad para que su talento pueda ser de mayor utilidad a la
Patria. Suerte Janeth, qué buen ejemplo y qué reto.
Me acompaña en este acto Heiber Herrera Cuyare, soldado de
la Patria, de la Patria Nuestra, de mi Patria. El sufrimiento de
su mano, de su cara, es el producto de su batalla heroica contra
el terrorismo. Sufrió graves quemaduras en la cara y en el
cuerpo, como consecuencia de la explosión de un carro bomba
en Arauca. Como Heiber Herrera, cientos de héroes, policías
y soldados, en las ciudades y campos de Colombia, exponen a esta
hora su salud, su vida y su tranquilidad para garantizar la salud,
la vida y la tranquilidad de la Patria.
Gratitud infinita con los soldados y policías que hacen este
sacrificio por la Seguridad Democrática. Su trabajo permitirá rescatar
el poder real que había perdido el Estado a manos del terrorismo.
La experiencia de la Patria es clara: las fuerzas institucionales
proceden con eficacia, más allá de las disponibilidades
presupuestales, cuando hay indeclinable voluntad política
en el mando civil, acompañamiento de las otras instituciones
del Estado y apoyo del pueblo.
La paz se obtiene cuando las instituciones aterran y disuaden al
delincuente y ganan la confianza ciudadana; cuando el Gobernante
busca que al Estado se le respete aunque al Gobierno se le ataque.
Cuando las instituciones estatales ceden el poder real y preservan
solamente el formal o de apariencia, el vínculo como Nación
que une a los ciudadanos empieza a disolverse, cada quien busca cómo
defenderse y se esfuma la solidaridad.
La Seguridad Democrática busca el imperio de las instituciones;
el imperio de las instituciones que es el poder basado en la legitimidad
o aceptación popular y por ende, el único poder generador
de confianza y unidad.
El imperio de las instituciones, apoyado en la Seguridad Democrática,
restablece la confianza entre quienes piensan de manera diferente,
estimula el debate fraterno, primero obtiene la seguridad y finalmente
propicia la discusión reconciliada entre todos los ciudadanos.
Hemos ganado terreno en la seguridad. La paz definitiva necesita
el diálogo. La seguridad es condición y fuente generadora
del diálogo sincero que reconcilie a todos.
Sin seguridad eficaz y transparente, no hay diálogo sincero
y por ende no hay reconciliación.
La política de seguridad que practicamos es firme y libre
de jactancia. La ausencia de jactancia mantiene abiertas las puertas
del diálogo.
Un Estado con amplia participación de la comunidad, asegura
que esta sea la beneficiaria y el juez de la tarea pública.
Con amor por la Patria continuaremos laborando día y noche,
de cara a la comunidad, a fin de que las instituciones ganen credibilidad,
que es el presupuesto fundamental para que lleguen las soluciones
que el País demanda en todos los campos.
Yo me atrevería a afirmar que lo primero que necesita Colombia,
antes que soluciones a los problemas concretos, es el más
alto y sostenido nivel de credibilidad en sus instituciones, es el
camino que posibilita las soluciones.
Otra reflexión: ¿qué es primero la credibilidad
o las soluciones? La credibilidad porque es lo único que posibilita
las soluciones.
En cada nueva hora debemos proceder con el ánimo de quien
empieza, porque cualquier difícil logro es apenas minúsculo
para las necesidades de esta gran Nación.
Bienvenidos distinguidos Congresistas de mi Patria a esta legislatura.
Bienvenidos a que busquemos opciones para resolver los problemas
de la Patria sin dogmatismo, con agilidad para encontrar alternativas
y sin aplazamientos.
Mil gracias a la Mesa Directiva que concluye, y que este 20 de julio
abra un buen periodo para esta gran Patria que tanto amamos.
Muchas gracias.
Declaro oficialmente instaladas las sesiones ordinarias para la
legislatura del año 2004 – 2005.
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