VII ENCUENTRO DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA
Octubre 21 de 2004 (Pereira – Risaralda)

Compatriotas de la Justicia, compatriotas todos:

Si ustedes me preguntaran qué es lo primero que necesita Colombia: pregunta fácil y difícil. Fácil, porque necesita de todos. Difícil por las dificultades de priorizar, yo diría, credibilidad en las instituciones.

Con credibilidad en las instituciones hay posibilidad de recuperar el orden público, de hacer crecer la economía, de ordenar la vida social, reivindicar la pobreza.

Esa credibilidad en las instituciones tiene un soporte fundamental en la justicia, diría yo, el primero de todos los soportes. ¿Por qué? Porque las instituciones solamente son posibles a partir de que cada individuo se sienta parte del colectivo.

Y para hacer el tránsito de la individualidad al colectivo, se requieren dos presupuestos: una gran acción cultural que cunda de individuo en individuo y que forme el lazo vinculante. Y el acatamiento de todos a la justicia, a la normatividad y a quienes la aplican. Sin este segundo, es imposible formar la sociedad a partir del individuo.

Esa sociedad, finalmente, es una sociedad estable, sólida, en la medida en que crean en las propias instituciones que la atan. En las propias instituciones que logran que un individuo se sienta vinculado al otro, que todos se sientan vinculados al colectivo y sometidos a las reglas que han dispuesto trazarse.

Pero la justicia cumple un papel todavía más importante en su contextura ética que el Ejecutivo, porque la justicia es la institución que finalmente tiene que cotejar la conducta de cada individuo con la ley que ha fijado el colectivo. Y se necesita en quien ha de hacer ese cotejo, la superior contextura ética.

Entendida la ética, en la más elemental de las acepciones, en aquella disposición interior, reflejada en la acción externa, de proceder solamente con el criterio de servir el bien público, el bien general, de no hacer daño al prójimo.

Por eso, acudo con inmenso respeto a esta reunión convocada por la Honorable Corte Suprema de Justicia y organizada por el Tribunal de Risaralda, en un momento de dificultades de la vida nacional y también de un renacer de alguna dosis importante de optimismo.

Algún compatriota me preguntó: ‘¿usted por qué le ha dado más importancia a la política de seguridad que al apoyo a la justicia? ‘. Diría yo que, en las convicciones, no.

La Seguridad Democrática tiene que ser estable en el tiempo para garantizar la confianza de los ciudadanos en el país y esa estabilidad no se logra sino con la justicia.

La Seguridad Democrática tiene que ser eficaz y transparente para obtener el respaldo de opinión que le permita se prolongación como garantía para la convivencia de la ciudadanía. Y eso no se logra sino con la debida y correcta aplicación de la justicia.

Por supuesto, el país ha debido hacer un esfuerzo presupuestal enorme en estos dos últimos años en materia de seguridad para asumir el control territorial por parte de la Fuerza Pública, en amplias regiones del país donde se había perdido el imperio de las instituciones, eran derogadas las instituciones, por la acción de los violentos. Los violentos han asumido en muchas partes de Colombia el poder real, la capacidad de tomar decisiones y de hacerlas cumplir coercitivamente, el poder que corresponde a las instituciones democráticas.

Así no hay solidez de Nación, así no hay garantía de estabilidad de Nación. 170 municipios sin Policía, la necesidad de dotarlos de Fuerza Pública ha implicado un enorme esfuerzo presupuestal. Un avance en el control territorial, aún insuficiente, dada la dimensión de la geografía colombiana y la complejidad de sus accidentes.

Creo que hemos avanzado en seguridad. A 15 de octubre encontramos lo siguiente: en el 2001 hubo 27.840 homicidios en Colombia, en el 2002 la suma se elevó a 28.837, en el 2003 ya se redujo a 22.992. Se salvaron 5.845 vidas, una disminución del 20.3 por ciento.

Entre el primero de enero y el 14 de octubre de 2003 el país registró 18.814 homicidios. En el mismo periodo de 2004, ha habido 2.610 menos. Una disminución del 14 por ciento.

Si miramos esas cifras acumuladas, vemos que falta mucho, pero que hay un descenso importante.

Por ejemplo, en secuestros: pasamos de 2.986 del 2002 a 2.200 del 2003. Una caída del 26.3 por ciento.

Este año, en secuestro extorsivo, hemos pasado de 1.216 a 535. Una caída del 56 por ciento. Si ha eso se le suma el secuestro de integrantes de la Fuerza Pública, del secuestro simple, hemos tenido una caída del 42 por ciento.

Hemos venido haciéndole el seguimiento a una serie de delitos que incomodan enormemente al ciudadano. Como las lesiones comunes, el hurto a residencias, al comercio, a personas, el hurto de vehículos, automotores, motocicletas, la piratería terrestre y todos estos delitos, presentan disminuciones.

Por ejemplo, lesiones comunes del 18 por ciento, hurto a residencias del 11 por ciento, al comercio del 12 por ciento, a las personas del 14 por ciento, el hurto de automotores este año en Colombia ha caído en un 25 por ciento, el de motocicletas en un 19, la piratería terrestre ha caído en un 42 por ciento.

Pero, el delito como la vida, finalmente para las sociedades, no puede ser objeto de medida.

El Gobierno no puede estar tranquilo por la simple reducción en la tipificación de estos delitos, la lucha del Gobierno tiene que ser por devolverles plenamente a los colombianos la seguridad. El derecho eficaz, efectivo a la vida y a la libertad.

Este esfuerzo, es un esfuerzo que creo va a producir un gran efecto para derrotar la impunidad y ahí entro a relacionar el esfuerzo en materia de Fuerza Pública, con el esfuerzo en materia de justicia.

Era yo candidato presidencial y en muchos foros se discutía la impunidad en Colombia, se traían las cifras del número de delitos tipificados en un año, los denunciados, los conocidos por la justicia, los finalmente evacuados con sentencias, y me preguntaba cómo se compara, por ejemplo, la justicia en Colombia con la de Inglaterra o con la del Japón o con la de Estados Unidos, cuando aquí tenemos 28 mil crímenes al año y de acuerdo con la tasa de Inglaterra, deberíamos tener solamente 200.

Una criminalidad que rebasa cualquier posibilidad de justicia. Una cosa es exigirle a la justicia eficacia en un país con 200 crímenes y otra cosa es exigirle eficacia en un país con 28 mil crímenes.

Por eso he dicho que en la medida en que tengamos éxito en la política de Seguridad Democrática, en lo que llamamos esta fase de contención y de disuasión, eso va a contribuir a que la justicia pueda ser más eficaz, a reducir la impunidad.

El disuasor, a partir de la Seguridad Democrática, se convierte –finalmente- en un apoyo a la administración de justicia. Pero por supuesto, ahí viene la acción de réplica de la administración de justicia, porque en la medida en que no haya una administración de justicia eficaz, no se consigue la confianza ciudadana que se requiere para poder consolidar en el tiempo la seguridad.

Si ustedes me preguntaran ¿cómo lo entiendo en la cronología?, inicialmente una política de choque, de Fuerza Pública para frenar la delincuencia, sucedida por una política de fortalecimiento de la justicia para consolidar la confianza y garantizar la permanencia de la seguridad en la aceptación ciudadana y en la eficacia del Estado.

Por supuesto, todo esto nos toca en medio de inmensas dificultades fiscales. En el año 2002 la Nación tenía un déficit del 4.2 por ciento, un endeudamiento del 54 por ciento. En 10 años Colombia pasó su endeudamiento del 24 al 54 por ciento del PIB, eso ha exigido que los presupuestos tengan que gastarse el 40 por ciento en servir deuda. Y todo eso ha estado acompañado de una profundización de la crisis social.

Entre el año 1994 y el año 2000, el desempleo de jefes de hogar en Colombia pasó de 4 al 10 por ciento. Y en el mismo periodo, el desempleo general pasó del 7.5 a casi el 20 por ciento.

Mientras la economía colombiana entre el año 60 y el año 80 creció al 4.5 por ciento, entre el año 80 y el 2002 creció a un promedio del 2 por ciento. Una comunidad creciendo y una economía sin crecer. Una comunidad derrotada y conducida a la informalidad y a la miseria.

Todas esas tendencias hay que reversarlas, por eso el Gobierno se ha propuesto trabajar de la mano la Seguridad Democrática, la recuperación de la economía, la transparencia y la política social. Pero toma tiempo, es imposible producir los resultados deseados en cortos periodos de tiempo.

Nosotros recibimos, cuando empezó el Gobierno, con algún grado de avance, el proyecto del Fiscal (General de la Nación, Luis Camilo Osorio) para incorporar el sistema acusatorio. Lo apoyamos con toda determinación.

Le ha correspondido a este Gobierno, en el ciclo de aprobación y de implementación del sistema acusatorio, parte de la aprobación y perfeccionamiento de la enmienda constitucional, todo lo que ha sido la modificación de los códigos. Ahora los esfuerzos presupuestales para poder poner en marcha el sistema acusatorio. Tenemos inmensa confianza en que producirá muy buenos resultados para el país, en las zonas en donde inicialmente empezará a operar: la Capital de la República y esta gran tierra de la Patria, del Eje Cafetero.

En medio de todas las dificultades hemos venido buscando los recursos para que pueda operar, para que no se diga que ha sido la falta de apoyo presupuestal la que no ha permitido que opere.

Confiamos que el Fiscal, por un lado, y el Defensor del Pueblo (Volmar Pérez), por otro, van a tener ese apoyo presupuestal dentro de la austeridad que requiere hoy el país y siempre con la expectativa de que eso va a redundar en menores costos a futuro.

Tenemos fe en el esquema de la oralidad que lo acompaña, eso es inmensamente innovativo y particularmente creo que va a dar la agilidad que aspiramos los colombianos, de esta rama de la justicia.

Hemos venido discutiendo desde el principio del Gobierno la reforma constitucional a la justicia. Quiero agradecer, inmensamente, todo el apoyo de la Honorable Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no hemos presentado la reforma constitucional? Por falta de acuerdo en puntos fundamentales. Si algo necesita Colombia es un manejo muy delicado en la búsqueda de acuerdos institucionales para no provocar choques institucionales.

Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos para lograr el mayor grado de consenso entre las diferentes Cortes, a fin de avanzar con esa reforma constitucional. No lo hemos logrado sobre algunos puntos.

¿Qué nos proponemos hacer?: trabajar el tema en dos etapas. Inicialmente en una ley estatutaria y posteriormente en la reforma constitucional.

La ley estatutaria. El Ministro del Interior y de Justicia (Sabas Pretelt de la Vega), quien no nos acompaña en esta tarde por tener que atender la sesión de la Comisión Primera de la Honorable Cámara, tiene el compromiso de presentar la semana entrante el proyecto gubernamental de ley estatutaria a consideración del Congreso, que seguramente habrá de acumularse con el que ya ha sido radicado allí, de otro origen.

Esa ley estatutaria tiene puntos importantes, como la extensión de la oralidad a las diferentes ramas. Me parece que en eso hay que avanzar con mucha celeridad.

Cuando el país registre la agilidad que se va a dar por la introducción de la modalidad oral en el derecho penal y observe que no hemos hecho lo mismo en las otras ramas, va a haber frustración. Por eso el Gobierno tiene el mayor interés en generalizar la oralidad.

Hay un tema de mucha discusión que algunos lo conocen como la desjudicialización de las pequeñas causas. Conozco la discusión política y de doctrina judicial que se da sobre la materia, el temor de que eso pueda desjudicializar las causas de los pobres y dejar la justicia solamente para las causas de los ricos, el temor de que en nombre de la agilidad administrativa se acabe con los imperativos de la justicia.

Creo, que debemos acertar en los textos que se aprueben, pero no eliminar la necesidad de avanzar por esa dirección para poder descongestionar la justicia.

Ustedes han dado ejemplos muy importantes como el que acabamos de escuchar en la muy brillante intervención del presidente de la Corte Suprema, que ayudan a agilizar, a descongestionar la justicia.

Pero eso hay que complementarlo con otras instituciones, con otros pasos. Por eso yo los invito, respetuosamente, a que miremos cómo en la ley estatutaria podemos avanzar en decisiones que ayuden a descongestionar la justicia. Y hay muchas instituciones que están esperando mayores atribuciones: los consultorios jurídicos de las universidades quieren competencia para poder cumplir una acción más eficaz en favor de la justicia.

Hay otros temas bien importantes en el proyecto de ley estatutaria, como el tema de la prelación.

Y para la reforma constitucional quedan temas de gran controversia. El tema del Consejo Superior de la Judicatura.

Me pregunté por qué lo creó Colombia, yo lo ví innecesario, con todo respeto.

En mi condición de Presidente de la República, con la obligación de velar por la armonía entre las diferentes instituciones del poder público, tengo que ser respetuoso de la tarea de los Magistrados del Consejo de la Judicatura, pero sigo creyendo que a falta de la posibilidad de eliminarlo, necesita una reforma profunda.

No hemos logrado el nivel de consenso que se requiere entre las instituciones de justicia y hay que buscarlo también con el Congreso.

El compromiso del Gobierno es presentar nuevamente el texto de reforma constitucional el 20 de enero, para que entre el 20 de enero y el 16 de marzo, se de una profunda discusión alrededor de este tema.

Está el tema de competencias, como aquellas que se refieren a la acción de tutela. Tema de una inmensa sensibilidad. Yo soy el primer defensor de la acción de tutela, salva fundamentalmente la Constitución de 1991.

La tutela ha permitido que los colombianos dejen de ver en la Constitución algo trascendente, lejano, inaccesible y empiecen a entender la Constitución como algo cercano al ciudadano de carne y hueso.

Pero, hay unas discusiones sobre el tema de sentencias, sobre el tema de competencias. Hay que decirle claramente al país: ‘esas discusiones son unas discusiones técnicas, para el mejor proveer de la institución’. A partir del consenso de todos, de la garantía de la acción de tutela.

Esa discusión es una discusión muy delicada ante la opinión pública y muy delicada entre las Cortes, el Congreso y el Ejecutivo.

Por eso, los invito a que trabajemos a ver cómo buscamos el mayor nivel de consenso. Creo que allí, finalmente, no hay sino un elemento que divide: ¿quién tutela la sentencia del otro? Y es un elemento que no se refiere tanto a la institución de la tutela, como a la distribución de competencias.

A mi me da miedo hablar sobre el tema, porque lo único que cabe en Colombia para hablar de la tutela es aplaudirla. Cualquier discusión jurídica sobre competencias también genera interpretaciones muy difíciles de aclarar.

Tenemos con la justicia unos temas también, de carne y hueso, de presupuesto que con, infinita elegancia, el Presidente de la Corte Suprema de justicia lo desarrolló esta tarde, pero yo no puedo.

El tema de los porcentajes de las asignaciones, objeto de reclamos hoy de fiscales y magistrados que va ha producir un efecto de rebote en los jueces. Yo reitero la disposición del Gobierno de encontrar un acuerdo.

Aquí me acompaña el Viceministro de Justicia, el director jurídico de la Presidencia, la Viceministra de Hacienda, la directora de Presupuesto. Hay toda la voluntad del Gobierno en encontrar un acuerdo, así me lo reiteró esta mañana el ministro Sabas Pretelt, un acuerdo que sea alcanzable por el presupuesto, que sea sostenible en el tiempo, que no se convierta en un dolor de cabeza año tras año, para la aprobación y para la ejecución presupuestal. Y un acuerdo que proteja al Estado de nuevas acciones judiciales.

El Gobierno tiene toda la voluntad, pero tenemos que pedirles a ustedes una ayudita, porque la situación presupuestal es muy delicada y la situación salarial del Estado en general sí que lo es, sí que lo es. Entonces a esto le suma uno los déficit en todos los frentes: en el de pensiones, en el de seguridad social, etcétera.

Cómo hiciéramos para que funcione esa mesa de trabajo y logre de manera tranquila y pronta un acuerdo definitivo sobre el tema. Ahora, yo no puedo venir, me sentiría faltar al respeto de ustedes, si viniera en una simple actitud demagógica a decirles ‘sí, sí, como ustedes lo quieran’. El Gobierno tiene inmensas dificultades, manejar este déficit, manejar este endeudamiento, manejar estos costos del Estado colombiano es muy complicado.

Pero así como les digo que nos tienen que ayudar a ver cómo acomodamos la proposición y cómo con ese arreglo podemos proteger al Estado de nuevas acciones judiciales, también les digo que hay toda la voluntad del Gobierno de lograr un acuerdo, un acuerdo que lo necesita la Nación.

No faltaba más que el Gobierno mirara a los magistrados y jueces de la Patria, como enemigos, cuando integran el vértice de la sociedad y del ordenamiento jurídico.

Entonces quisiera preguntarles eso y abrir el diálogo sobre este y los diferentes temas: cómo podemos implementar la mesa de trabajo para encontrar un acuerdo razonable. Les ofrezco la palabra.

Muchas gracias.