Compatriotas:

Quiero saludarlos muy respetuosamente, y felicitar a Empresas Públicas de Medellín por este aniversario. Una empresa que es orgullo y punto de referencia para los colombianos.

El sábado en la celebración oficial tendremos la posibilidad, Dios mediante, de compartir ésta efemérides que a todos nos llena de alborozo.

Recuerdo una de mis profesoras, que al entregarme la calificación de la materia me la entregaba por dos laditos: en el anverso me ponía todo lo bueno y en el reverso todo lo malo.

Y le decía yo: ¿por qué, profe, utiliza ese método?

Y me decía: tiene que estar preparado animado con lo bueno para que resista lo malo.

Entonces yo voy a empezar con lo bueno, queridos amigos, porque yo entiendo que tarea de ustedes como voceros gremiales es exponer dificultades; y tarea del Gobierno es ser receptivo y buscar soluciones.

Dice la DIAN: Los ingresos netos del sector de servicios públicos se incrementaron en un 12.6 por ciento en 2004. El total de costos y deducciones aumentó a una tasa inferior a la de los ingresos. Las utilidades en el período fiscal aumentaron un 26 por ciento. La renta líquida tuvo un crecimiento del 69.1.

La deducción del 30 por ciento en activos fijos productivos también fue utilizada por el sector, y la misma le permitió reducir su base gravable en 400 mil millones, de lo que se infiere unas mayores inversiones en el sector, cercanas a 1.3 billones. El saldo a pagar por concepto del impuesto de renta creció en un 122.7 por ciento.

La verdad es que por ejemplo cuando escuchaba algunos reclamos muy difíciles para atender por parte del Gobierno Nacional, como los de los generadores, especialmente dos o tres de esos reclamos, el tema de industria y comercio: nosotros tenemos que respetar la autonomía de los municipios, tenemos inmensas, prácticamente barreras constitucionales para entrar allí.

El tema de Caucasia, el tema de Chocó, donde no es un problema de voluntad, sino un problema de normatividad.

En Colombia hay unos procesos para liquidar empresas. En Colombia hay una norma que el Estado no puede violar, ni los particulares, que se llama la norma de prelación de créditos. Y nosotros no tenemos facultades, como se reclaman que las ejerzamos en el caso del Chocó, para pagar saldos insolutos después de liquidar esos patrimonios.

Entonces yo siempre quería recordarles, que de pronto hay que tener paciencia con algunos problemas que se han presentado, que se dejaron acumular en el pasado, y que hoy lo que pensaría que deberían estar superados en las preocupaciones de las empresas por los buenos resultados generales, como lo acreditan estas cifras.

Yo tengo alguna preocupación hoy, porque debo atender esta noche una reunión de seguridad en Bogotá, y tengo que salir mañana de la ciudad muy temprano a compromiso con el señor Presidente de Estados Unidos en Texas, entonces no vamos a tener ya a esta hora tiempo de examinar en detalle todos los temas que ustedes han planteado, pero quisiera proponerles lo siguiente: primero, estas cifras que acabo de leerles son contundentes de la buena salud del sector. Segundo, ¿por qué no definimos el plan de trabajo de este último año de gobierno?

Yo le pediría al gremio que con la señora Superintendente, el Ministro de Minas no está acá – me encuentro con él mañana en los Estados Unidos- a pesar de que está representado por un viceministro (de Minas y Energía) joven, inteligente y preparado, como (Manuel) Maiguashca.

Ustedes saben que la experiencia del Ministro de Minas en este tema y su manejo nos hace mucha falta, es bien importante que él esté para definir ese plan de trabajo del último año. Con el Viceministro y con las Ministras de Comunicaciones y de Vivienda y Medio Ambiente, y lo mismo con representantes de las comisiones de regulación.

A estas alturas del Gobierno uno tiene que poner fechas críticas y cumplirlas, de manera inaplazable.

Doctor Gustavo (Galvis, presidente de Andesco), ministras: ¿cuándo es posible que tuviéramos definido ese acuerdo sobre temas críticos para el último año de gobierno? Hoy es 2 de agosto.

Entonces Evamaría (Uribe, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios) te rogaría coordinar, y que el 20 de agosto tengamos esa agenda y todo sometido a fechas.

Ahí tengo que implorar el apoyo de las comisiones de regulación, respetando toda su independencia, pero que nos ayuden con eso, porque lo que no podemos es estar dilatando decisiones.

Fuera de estas cifras de la DIAN, que son bien positivas y bien contundentes, yo veo un panorama muy distinto. Yo veo un panorama con unas empresas intervenidas en franca recuperación.

Nosotros hemos reformado 152 empresas del Estado. Una cosa es hablar de la cifra y otra cosa es hacer ese número de reformas.

La primera fue Telecom, la última Inravisión, el Banco Cafetero, y pasa por electrificadoras como el Tolima, la Chec, la del Quindío y sigamos. Emcali, el problema de la Empresa de Acueducto de Cúcuta, de la Empresa de Teléfonos de Barranquilla, etcétera.

Los temas que ustedes plantearon: Ustedes tienen hoy varios incentivos. Uno el que introdujimos a principio de Gobierno, para aquellas empresas de acueducto y alcantarillado que inviertan en empresas regionales puedan descontar hasta el 40 por ciento del valor de la inversión, con el limitante de que eso no exceda el 50 por ciento del impuesto liquidado.

Eso ha ayudado muchísimo. A mi lo que me preocupa es que no en todas partes lo han utilizado. Veo una gran utilización en Barranquilla, una utilización muy tímida en Cartagena, no así en otras partes.

Y la deducción del 30 por ciento que se aprobó en la reforma tributaria de diciembre de 2002, que repito la cifra, redujeron gracias a esa deducción, su base gravable, en 400 mil millones, de lo que se infieren unas mayores inversiones en el sector, cercanas a 1.3 billones.

No obstante el crecimiento que se presentó en ingresos, los costos y deducciones crecieron más.

Las utilidades del período aumentaron en un 26 por ciento, pero la renta líquida tuvo un crecimiento del 69.

Y ha pedido el Gobernador de Antioquia que le extendamos ese incentivo al sector privado. No hay condiciones hoy para entrar a discutir eso. Último año del Gobierno, cuando hay un problema bien grave en el sector central del Estado en las finanzas públicas.

Si nosotros miramos qué está pasando con la situación fiscal, yo les diría: ha mejorado inmensamente en departamentos y municipios. Ahí hay que hacerle un reconocimiento a la Ley 617, aquí está su autor, el ex ministro Juan Camilo Restrepo. Este Gobierno la ha aplicado con toda la disciplina.

Las 152 empresas del Estado reformadas en este gobierno han logrado que pasemos de una empresa nacional que era súperavitaria: Ecopetrol, a un superávit en casi todas las empresas del Estado. Eso ayuda enormemente.

Hemos hecho un gran esfuerzo en gastos, en aquellos que son discrecionales, salvo en Defensa -donde ha habido muy grande expansión- hemos tenido que hacer esas transferencias al Seguro Social que ustedes conocen, por el agotamiento de las reservas.

Yo diría que de un déficit del 4,2 en agosto de 2002 a un déficit de 2,5 este año, hay un paso bien importante, sin embargo hay un problema muy grave por resolver que es el problema del sector central de la Nación.

Hay que entrar a discutir otros temas tributarios. En el informe del 20 de Julio yo se los planteé al Congreso, quisiera hablarlos con ustedes esta noche pero debo concentrarme en los temas que ustedes han planteado.

Si tengo una tesis general, un Gobierno que ha aumentado impuestos, que ha reformado 152 empresas, que le falta por reformar muchas más, que ha aumentado de 400 mil a un millón la base de contribuyentes de renta y que eso sigue creciendo, que le ha tocado elevar el precio de la gasolina en la misma proporción en que el petróleo ha pasado de 26 dólares el barril a 60-62 dólares, que ha tenido que hacer un gran ajuste en pensiones, que ha pasado la base del IVA del 37 al 53 por ciento, es un Gobierno que también tiene que plantearle al país así no llegue a corresponderle, otras reformas del futuro, que no se pueden hacer coincidir todos los ajustes.

Si a mí me preguntaran, por ejemplo ¿en qué momento debería pensar el país en seguir extendiendo la base del IVA?, yo contestaría sin duda, ‘en el momento en el que hayamos terminado el ajuste de pensiones, el ajuste de tarifas de servicios públicos y el ajuste de combustible’. Uno no puede hacer un ajuste sobre otro ajuste.

No veo, Gobernador hoy, posibilidades de extenderle ese incentivo al sector privado, pero es que el sector privado en este Gobierno ha tenido unos incentivos bien importantes. La filosofía nuestra ha sido encarecer los impuestos para quienes no crezcan y no inviertan e introducir estímulos para quienes crezcan e inviertan.

Yo quiero hacer una enumeración de estímulos. Esa deducción general del 30 por ciento de inversiones generadoras de renta, bien importante, ya oímos el impacto en el sector de los servicios públicos.

La eliminación del IVA a los bienes de capital. Se devuelve de manera general y de manera particular no se cobra a las empresas altamente exportadoras. Antes para calificar a una empresa como altamente exportadora se le exigía exportar el 50 por ciento, hoy el 30.

Unos estímulos sectoriales bien importantes al alcohol carburante, al biodiesel, a la madera, a los cultivos de tardío rendimiento, a la hotelería, etc, a algunas actividades relacionadas con la búsqueda de hidrocarburos.

Yo invitaría entonces Gobernador, a que el sector privado que ustedes estén pensando, quieran participar en los programas de agua, utilicen ese incentivo general que es la deducción del 30 por ciento, ante la imposibilidad de poderle extender ahora el incentivo específico del descuento tributario del 40.

Me parece muy importante el anuncio de un solo mercado de energía en Antioquia. El Gobierno Nacional está dispuesto a ayudar.

Yo les hago esta propuesta, señor Alcalde; doctor Juan Felipe, gerente de Empresas Públicas. El Gobierno Nacional les vende la participación en Eade (Empresa Antioqueña de Energía).

¿Cómo lo hacemos? Que allí lo estuve pensando y estudiando las fórmulas jurídicas menos complicadas y es un contrato totalmente transparente entre entidades de derecho público.

Constituyamos ya la empresa para acueductos regionales de Antioquia, que no incluya solamente Urabá, sino occidente y bajo Cauca, una empresa general, liderada por Empresas Públicas, definamos los aportes de capital y lo que valgan las acciones de la Nación en Eade, lo permutamos por acciones en esa empresa de acueductos. Creo que puede ser un esquema transparente y un esquema ágil.

¿Qué porcentaje tiene (Manuel) Maiguashca (Viceministro de Minas y Energía) la Nación en Eade?

Manuel Maiguashca, viceministro de Minas y Energía: Tenemos 14,9 por ciento.

Presidente de la República: Que la Nación quedara con el mismo porcentaje en la nueva empresa de acueducto y ustedes saben que lo que invierta Empresas Públicas de Medellín en esos acueductos regionales, en la capitalización de esa empresa, tiene derecho a un descuento tributario del 40 por ciento. Ahora tuve oportunidad de mostrarle nuevamente el artículo de la Ley al doctor Juan Felipe. Yo creo que eso nos ayudaría mucho y ojalá lo pudiéramos hacer rápidamente.

He tomado aquí nota de lo que dijo cada uno de mis antecesores en el uso de la palabra.

Cuando escuchaba al doctor Orduz, hace un año uno de los problemas que teníamos era la exigencia de los Estados Unidos en el acuerdo del TLC para que nosotros elimináramos en Colombia empresas estatales de comunicaciones, con la tesis de que no podía coincidir una naturaleza estatal en operación con la regulación a cargo del Estado. Eso está superado.

Ahí hay otros temas del TLC como la circunstancia de que hasta ahora está por fuera por falta de acuerdo el tema de la telefonía móvil.

Han pedido tanto el doctor Orduz como el doctor Ceballos, eliminar el IVA a los computadores. No tenemos condiciones y yo no puedo este año entrar a pedir eliminaciones de IVA al Congreso.

La verdad es que venimos de una tasa de cambio que llegó a tocar casi 3 mil pesos en enero de 2003 y que está en 2.300. Eso que nos preocupa bastante para el sector exportador, para la adquisición de computadores en el país ha sido una bendición y además, yo le he sugerido mucho al sector específico que se utilicen los leasing por el beneficio tributario de los leasing. Estamos haciendo algunos ensayos en Boyacá para que las empresas comercializadoras de computadores a través de mecanismos leasing presten el servicio en colegios y en otras entidades.
Yo no creo que la solución hoy, sobretodo con lo que ha ocurrido en tasa de cambio, sea el desmonte de ese IVA.

Ministra (de Comunicaciones) Martha (Pinto de De Hart), ahí han presentado unos temas el doctor Alejandro y el doctor Orduz sobre la regulación, las dificultades en telefonía fija, telefonía móvil. Yo quisiera que en unos minuticos tú te refirieras a esos temas. Sí, de una vez, con la venia de Gustavo.

Martha Pinto de De Hart, ministra de Comunicaciones: Gracias Presidente. Bien, el sector de las comunicaciones en Colombia tiene en este momento importantes amenazas y oportunidades y dentro de esto vamos a mencionar las más relevantes que ya han sido mencionadas aquí por los antecesores.

Una es la disminución del atractivo del negocio de la telefonía fija por la creciente sustitución que ha habido de los teléfonos móviles y la caída en los precios de la larga distancia, lo que ha reducido significativamente los ingresos de estas empresas.

El otro punto es un rezago importante en la penetración de la banda ancha y aquí todos han expresado la importancia que tiene la banda ancha para el desarrollo del país.

Y el tercer tema es el incremento significativo y continuo que tiene el negocio de la telefonía móvil en Colombia.

Entonces, dada la evolución de estos tres temas y el potencial impacto que puede representar cada uno de ellos para el sector de las comunicaciones pero también para el país, para la sociedad en general; el Ministerio debe intervenir y redireccionar el sector para minimizar los impactos que estos hechos pueden tener.

Uno de los temas que se ha mencionado acá y que estamos trabajando es el de la larga distancia. Las licencias de larga distancia se otorgaron por 10 años, que podían ser prorrogables y vencen en el 2008. Ante este escenario y ante la pérdida de mercado y la posible reducción de precios que se puede dar cuando entren otros operadores, va a haber una pérdida de ingresos muy importante para estas empresas de larga distancia, y creemos que ya estamos en conversaciones, como lo mencionó el doctor Ordúz, para ver cómo podemos permitirle a estos tres operadores de larga distancia que rediseñen su negocio.

Y dado que tienen unas redes tan importantes y una infraestructura administrativa también muy importante, una de las cosas que hemos conversado ellos pueden explotar muy bien y redireccionar su negocio hacia la banda ancha y esto requeriría que probablemente nosotros otorguemos un espectro para que ellos puedan prestar esos servicios muy seguramente con telefonía fija inalámbrica, y en la banda de 4, 3,5 megas. Es una de las cosas que estamos estudiando y estamos estudiando un decreto para esto.

En general tenemos el compromiso y lo dijimos como una de las tareas que nos falta en el año que queda de este Gobierno, es que debemos impulsar, ya, en el inmediato plazo, el desarrollo de la banda ancha. ¿Cómo lo podemos hacer? Incentivando a los operadores privados a que lo hagan en aquellos sectores donde puede ser rentable el negocio, en los estratos más altos, nosotros mismos con programas como Compartel donde hemos venido instalando infraestructura de banda ancha y desde luego dando subsidios para estas zonas menos favorecidas, y además promoviendo definitivamente la masificación del internet en Colombia. O sea, a la banda ancha hay que darles contenidos pero el internet necesita de banda ancha para su masificación.

En cuanto a TLC, como usted bien lo dijo, el punto que quedó por fuera en la mesa de negociación fuel el tema de la inclusión de los móviles en las obligaciones de los operadores dominantes. Aquí mencionaron también que la Comisión de Regulación y que el Ministerio deberían redefinir el tema del operador dominante, y la posición que ha sostenido el Gobierno es que no cree que los móviles deban ser excluidos porque hoy día, si se quiere, pueden ser más dominantes que los operadores fijos. Estas operaciones básicamente son reventa, interconexión y desagregación de las redes.

En cuanto a la ley de telecomunicaciones, que es otro tema que se mencionó aquí, el proyecto de ley de telecomunicaciones que había en el Congreso fue retirado por los ponentes de acuerdo con el autor, en este momento nosotros estamos trabajando con la Comisión Sexta de Cámara apoyándolos a ellos en un nuevo proyecto que va a tratar básicamente sobre telecomunicaciones sociales, pero los pilares de la ley son los siguientes:

Uno, que todos los proveedores de comunicaciones deben estar sujetos a una contribución de solidaridad destinada a la inversión social.

El otro es que los recursos del Fondo de Comunicaciones se distribuirán para garantizar la provisión de servicios de telecomunicaciones de calidad a tarifas asequibles y en especial en aquellos sectores donde no es rentable la operación, como el sector rural o algunos sectores muy deprimidos.

Y tercero, que el Fondo de Comunicaciones cuando lo considere conveniente podrá autorizar a los operadores para aportar la contraprestación que hoy pagan por el uso del espectro bajo el cumplimiento de una obligación de hacer, de permitir que en algunas ocasiones no nos paguen esa contraprestación, sino que la inviertan obviamente en inversiones decididas y direccionadas de acuerdo a la política que tenga el Gobierno en materia de telecomunicaciones sociales.

Básicamente el Ministerio tiene que ser muy cuidadoso en mantener un equilibrio y un balance en tres dimensiones: una es las empresas sanas, que haya empresas que puedan recuperar la inversión, que sean viables, cumplir los objetivos del Gobierno de llevar las comunicaciones y tener una mayor cobertura, el acceso y el servicio universal y otra, es que los usuarios sean beneficiados con unos servicios a bajo costo y eficientes.

En general el Ministerio y la Comisión de Regulación propenden por una política de cada vez regular menos, ojalá se pudieran fijar los precios de una manera libre pero sí tiene que haber un control y hay que propender por una vigilancia para que estos precios no sobrepasen los precios promedios de nuestra región en Latinoamérica.

Presidente de la República: Yo simplemente quisiera agregar allí lo siguiente. Está muy bien pensar en el tema de regulaciones, y ojalá la comisión nos ayude para hacer los ajustes que se vienen pidiendo y a los cuales también se acaba de referir la Ministra.

Pero yo creo que nada ganamos con simples regulaciones si las empresas del sector especialmente las estatales, que todavía tienen índices críticos de productividad, no los corrigen.

¿Qué ganaríamos nosotros pidiendo regulaciones para Telecom si no hubiéramos hecho el cambio en Telecom? Yo creo que allí hay que darnos unas pelas políticas. Reformar estas empresas del Estado desgasta, pero es necesario.

Qué mas desgaste, por ejemplo Gustavo usted que lo conoce, que reformar el hospital González Valencia de Bucaramanga. ¡Qué tal que no lo hubiéramos hecho¡ Yo si pediría que en el acuerdo que hagamos para lo que tengamos que hacer este año, se definan las reformas que se necesitan en empresas estatales, que no se han hecho, y que no dependen del Gobierno Nacional.

Yo creo que hay que avanzar allí, no solamente cabalgando sobre regulaciones o protecciones porque muchas veces se habla de regulaciones más pidiendo protecciones, sino también buscando cómo vamos a ser más competitivos. Yo sugeriría que ahí hay que pensar en reformas al interior de esas empresas, en fusiones, para ganar muchísimo en economías de escala y también hay que pensar en alianzas estratégicas con las grandes ligas. A mi me parece muy difícil por más regulaciones que introduzcamos, que mientras no hagamos una reforma profunda en las empresas que aún no se han reformado y mientras no realicemos esas alianzas que nos permitan estar en las grandes ligas, me parece difícil pensar que las regulaciones nos van a sacar a flote.

Ministra Sandra (Suárez, de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) en el tema de aseo, el Conpes está bien avanzado. Yo quisiera que antes se le hiciera una final revisión para lograr con ustedes el mayor nivel de consenso.

El tema de tarifas. La verdad es que yo entiendo que hay unos factores extras de costos, por ejemplo, donde no se encuentre un sitio para un relleno sanitario a una distancia cómoda, ahí se presenta un extracosto que no depende de la empresa, y que definitivamente hay que compensarlo. Pero no podemos confundir este tipo de extracostos con los costos de ineficiencia, con los costos de clientelismo, así sean herencias, con los costos de convenciones colectivas de trabajo exorbitantes. Ahí también yo insto a los gobiernos locales a darse ese palo, porque nada hacemos.

Es como lo que hablábamos el año pasado en esa crisis hospitalaria. Nosotros llevamos reformados hasta hoy 111 hospitales y faltan muchísimos. Yo les decía en esa crisis, porque todo el mundo era pidiendo plata, ¿para qué le mandamos dinero al Ramón González si no se reforma? ¿Para que a los seis meses esté otra vez moribundo y haya que sacar otro platal del Estado simplemente para aliviarlo unos meses? La verdad es que si estas empresas locales estatales de aseo no se reforman, unas tarifas bien elevadas mortifican mucho al usuario y no alivian la empresa.

Entonces yo rogaría que en ese esquema tarifario estableciéramos la diferencia entre costos extras, no imputables a la empresa, y esos costos de baja productividad, altísimas convenciones, clientelismo. Que esos hay que corregirnos dándonos el palo.

La verdad es que el pueblo colombiano ha sido bien comprensivo con nuestras reformas. Ustedes saben que tuvimos hace dos años y medio un conflicto laboral en ECOEPTROL, se había intentado en 40 años solamente en una ocasión, denunciaron la convención y echaron para atrás y sacaron al gerente.

Ahora llevamos eso hasta el laudo y lo peleamos en la Corte Suprema de Justicia y salimos bien. Y nos comprendió la base de la Nación. Dijimos ‘mire, lo que hay que escoger es, entre unas empresas estatales insostenibles y unas empresas estatales sostenibles y transparentes. Yo no creo que el dilema sea privatización a ultranza, estatismo clientelista y derrochador de recursos. Yo creo que hay buscar ese esquema, ese punto tan importante que es el estado sostenible, el Estado transparente, el Estado competitivo, el Estado con costos razonables, el Estado que cumpla bien su misión. Entonces a mí me preocupa mucho cuando escucho a los gerentes de las empresas del Estado simplemente pedir regulaciones, pedir prebendas tarifarias, pedir protecciones y no hablan de las reformas a fondo que aún estamos en necesidad de hacer en muchas de esas empresas.

Yo estoy de acuerdo que en esas tarifas de aseo también se aplique la gradualidad como lo han pedido. Yo le sugeriría a la Ministra y a la Comisión, respetuosamente, que se mire cómo se compensa el tema de costos extras, el ejemplo es, la distancia excesiva, los rellenos sanitarios, siempre y cuando haya compromiso de reformar a fondo esas empresas y de recortarle los costos de clientelismo, baja productividad o convenciones colectivas de trabajos exorbitantes.

Ministra qué quisieras agregar tú en ese tema.

Sandra Suárez, ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: Presidente, básicamente en aseo qué estamos trabajando, la política a través de un documento Conpes de gestión integral de residuos sólidos. La dificultad ha sido que el aseo es un sector muy atomizado y no teníamos información que pudiera servirnos como base para tomar decisiones. Ya esta información la hemos acopiado con la Superintendencia y las corporaciones autónomas y las alcaldías y hoy tenemos un panorama mucho más preciso del sector.

También hay unas reglamentaciones que entran en vigencia, por ejemplo, hay que eliminar todos los botaderos a cielo abierto del país. Hay cerca, estimamos, de 700 municipios que tiene botaderos a cielo abierto y no uno sino varios, lo cual tiene un gran impacto ambiental, económico – social y adicionalmente, en la seguridad aérea como el incidente que pasó hace por el botadero de Soledad, con el aeropuerto de Barranquilla.

Entonces en ese sentido tenemos ya recogida la información base, tenemos una política en borrador para un documento Conpes, que saldrá en septiembre. También estamos trabajando en el tema de la política de rellenos regionales, rellenos sanitarios regionales, tuvimos la oportunidad de lanzar una campaña nacional con el apoyo de la Procuraduría en el mes pasado en Villavicencio, donde hay un botadero que cumple las especificaciones técnicas y que lo hemos mostrado como un ejemplo de un relleno sanitario regional.

Entonces tenemos que ir de la mano con el ejercicio de autoridad ambiental, hay que cerrar esos sitios de disposición que no cumplen con normas ambientales y estamos dándole solución a problemáticas grandes particulares con asistencia técnica, como por ejemplo, la situación del Basuro de Navarro, en la ciudad de Cali, también estamos atentos, aquí está el alcalde de Santa Marta, el problema de Veracruz que ya está el nuevo relleno Palangana y hemos hecho un trabajo de asistencia técnica que como el sector bien nos lo ha dicho, tal vez es la primera vez desde este proceso de descentralización que el Gobierno Nacional se ocupa del tema de la disposición, de la gestión integral de residuos sólidos.

Realmente era un tema abandonado por decirlo así, en términos de política nacional, y estamos trabajando también con la creación de esa compensación que tendría que ser por regulación, o sea la Comisión de Regulación, tendría que establecer el incentivo o la compensación porque como hemos dicho, todos los alcaldes están de acuerdo con rellenos sanitarios regionales, pero siempre y cuando no sean en su municipio.

Entonces la dificultad es qué municipio acoge la propuesta de recibir el relleno y cuáles son los incentivos. También se han hecho procesos de concertación, aquí también está el director de Corpocaldas.

Presidente de la República: Ministra qué rellenos sanitarios han funcionado bien.

Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: por ejemplo el de Villavicencio, Presidente, es un muy buen ejemplo de un relleno.

Presidente de la República: No. A mí me tocó con el alcalde de Medellín la discusión del relleno sanitario de la curva de Rodas, donde introdujimos la figura de un operador privado. Una discusión tremenda. Y lo sacamos adelante. Yo creo que ahí no hay quejas sobre eso. ¿Por qué no le muestran al alcalde los rellenos sanitarios que han funcionado bien?

Ministra de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial: Hay 10 que los hemos evaluado de manera muy positiva, que operan además como regionales, a pesar de que no se constituyeron así, pero han tenido que recibir a los distintos municipios y atienden 6 ó 10 municipios cercanos y están funcionando muy bien.

Entonces en residuos sólidos tenemos además los Pegirs, que es la reglamentación que todos los municipios del país tienen que tener Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Hay unos plazos que ya se vencen, por ejemplo, el 3 de octubre hay algunos municipios que ya tienen que tener su Pegirs adoptado y también estamos cofinanciando con las corporaciones proyectos para implementación de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Entonces, en aseo, además de la metodología, que estamos de acuerdo, tiene que reflejar la política nacional y buscar esa manera de los incentivos pero también con el propósito de un manejo social de los servicios públicos tiene que haber un equilibrio en, como usted bien dice, que las empresas sean empresas eficientes y que no trasladen costos de ineficiencia a los usuarios.

¿Entonces aquí qué estamos trabajando? La política ya estamos recogiendo la información que tenemos bastante buena, vinculando a las autoridades ambientales, no solamente en el ejercicio de autoridad ambiental ni en los procesos sancionatorios, sino también en la solución a los temas.

Presidente de la República: Ahora, para ponerle el cascabel al gato, hay una preocupación porque algunas empresas ven que las regulaciones de tarifas que vienen les van a rebajar ingresos. Eso no es caprichoso, están cobrando un volumen per cápita de basuras superior al que existe.

Para no eludir el tema, mi sugerencia sería la siguiente, apliquen eso gradualmente. Denle a la empresa para aplicar esa tarifa el mismo plazo que la empresa pida para hacer sus reformas internas y que se ajusten los cronogramas. Para qué nos ponemos a eludir el tema aquí, si ese es un tema de fondo en esa discusión.

Ahora, el tema de agua, yo no veo preocupaciones graves en el planteamiento que hicieron. Yo respetuosamente a lo que si los invito, es a que las empresas que van bien en esto nos ayuden en las soluciones regionales, para eso introdujimos el incentivo de diciembre de 2002 y se ha utilizado poco.

El sábado el Consejo Comunitario en Mompóx, como tantos Consejos Comunitarios, le muestran a uno que ese problema sigue siendo muy grave en el país. Este año la transferencia nacional para saneamiento básico vale casi un billón. Y uno habla con Planeación Nacional y le dicen ‘la plata no se ve’. Le mira las cifras a alcaldes y gobernadores y le dicen ‘la plata no alcanza’.

Entrar hoy a modificar normas de la ley 715 es abrir una Caja de Pandora. La Ministra ha sugerido que lo mejor para que los municipios destinen a subsidio el dinero que debe corresponder a subsidio, son los acuerdos. Esta tarde lo hablábamos con el doctor Juan Felipe, lo que si podemos hacer en el caso concreto de Urabá es que los municipios se comprometan, autoricen a la Nación para que ese dinero la nación lo gire a un fondo que administre directamente la empresa que para el desarrollo regional de acueducto y alcantarillado se constituya, forzar esos convenios, es una vía que encuentro más expedita que pretender la modificación de la Ley.

Bueno, muchas gracias a todos y les ofrezco la palabra.