CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA RAMA JUDICIAL
Diciembre 13 de 2005 (Bogotá – Cundinamarca)

Compatriotas:

Hace poco tuve oportunidad de acudir al edificio de la justicia de la Patria, con ocasión de una nueva conmemoración de la luctuosa fecha del holocausto de la justicia a rendir tributo a los héroes que fallecieron en aquel holocausto. Servidores de la justicia que el país nunca olvidará.

Hoy, tengo la oportunidad de regresar a esta sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia, a participar con ustedes, del homenaje que se le rinde a los actuales servidores de la justicia por su abnegada y patriótica labor.

Los condecorados representan las virtudes del juez colombiano: honradez, dedicación, abnegación, respeto a la ley, respeto al estado de normas, respeto a una estructura de instituciones independientes, pero que tienen que colaborar armónicamente.

Como lo recordaba el doctor José Alfredo Escobar Araujo, Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la independencia de las ramas del poder es fundamental para poder constituir el estado de leyes y la colaboración armónica entre ellas es fundamental para la gobernabilidad y no solo para ella, sino también para la eficacia y la eficiencia del Estado en su conjunto, en el cumplimiento de sus deberes con la comunidad.

Quiero felicitarlos pues, en este día que Colombia tradicionalmente dedica a honrar a distinguidos servidores de la justicia y a poner sobre el pecho de ellos, la condecoración José Ignacio de Márquez que honra la memoria de aquel Presidente, ejemplo de virtudes democráticas, ejemplo de acatamiento a la justicia, ejemplo de dedicación a la promoción del civismo y a la promoción de la permanente reconciliación entre los colombianos.

Indudablemente el tema de la administración de justicia es un tema fundamental en un país como Colombia, caracterizado por los elementos que configuran una democracia moderna, caracterizado por una lucha por la seguridad con alcance democrático, caracterizado por una lucha por el respeto eficaz a las libertades públicas, por la construcción permanente de cohesión social, por un ejercicio que busca que todos los días haya más transparencia, especialmente en el ejercicio de las tareas públicas y caracterizado por el respeto a la independencia de las instituciones que integran el Estado de Derecho.

Hemos hecho esfuerzos bien importantes para mejorar condiciones de remuneración de magistrados de tribunales, de fiscales, de jueces. Procesos dispendiosos, reclamos a los que no era fácil de responder por la situación fiscal de la Nación y lo hemos logrado en un proceso dedicado de concertación con la administración de justicia.

Hemos logrado avanzar para que el país tenga, a partir del próximo mes de enero 290 jueces administrativos que ya cuentan con la debida partida presupuestal.

Hemos hecho esfuerzos muy importantes para buscar cooperación internacional para que funcione el sistema penal acusatorio, para financiar con el presupuesto de la Nación los mayores recursos que exige, sobre todo en ésta primera etapa las de implementación del Sistema Penal Acusatorio –uno de los logros más importantes, de las innovaciones más trascendentales, de la justicia de nuestra Patria-.

Con el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministro del Interior y de Justicia, el doctor Sabas Pretel de la Vega –quien no nos acompaña porque esta terminando una visita oficial al Reino Unido- y la señora viceministra (del Interior), la doctora Ximena Peñafort, adelantan una tarea bien importante para poder avanzar en propósitos de descongestión, en tareas que nos permitan mayor celeridad en la extensión de dominio, para implementar la oralidad en lo laboral –que es uno de los grandes anhelos en la reforma de justicia en Colombia-, para avanzar en temas de revisión de lo civil y lo agrario, en general del programa de descongestión.

Sobre el Sistema Penal Acusatorio quiero decir lo siguiente. En primer lugar, reconocer que es una de las reformas más atrevidas, más innovadoras que se han introducido en Colombia. Es una verdadera reforma estructural en materia de justicia penal.

La implementación no es fácil, ha demandado mucha capacitación, ha demandado más cooperación de la Policía, de todas las entidades del Estado y también ha demandado más recursos.

Hay que hacer ajustes permanentes, como hemos hablado con el señor Fiscal General de la Nación (Mario Iguarán Arana) y entonces, en alguna ciudad se queja la comunidad porque ha habido aumento en el robo de vehículos debido a instituciones como la excarcelación, etc. Todo eso es corregible en la medida que ese proceso de implementación se administre con una actitud dialéctica, con una actitud receptiva a los cambios que hay que introducir.

Y se presentan resultados muy buenos en disminución de tiempos procesales. Por ejemplo, el tiempo procesal para el hurto –en las ciudades donde se ha implementado el Sistema Penal Acusatorio- presenta una disminución del 93 por ciento. El tiempo procesal para lesiones personales, del 84 por ciento. Para el tema de tráfico de importación de armas, del 92 por ciento. Del 78 por ciento para el tráfico y consumo de estupefacientes. Y el 90 por ciento para homicidios.

Dos mil 343 servidores públicos se preparan ahora para seguir avanzando en ésta tarea, cuando a partir del próximo mes de enero, otras ciudades de la Patria empezarán a experimentar el Sistema Penal Acusatorio.

Indudablemente hay temas allí –todavía- de escasez presupuestales que el Gobierno Nacional no es indiferente a esa situación y hemos buscado con el Fiscal General de la Nación, como atender uno u otro reclamo.

Para hablar de reformas de la justicia, lo primero que tiene que hacer el Gobierno o su vocero –en este caso mi persona- es reiterar el principio de respeto total a la autonomía de la justicia. Cuando hemos hablado de reformas al Consejo Superior de la Judicatura, ha sido de reformas al ente, en ningún momento a la institución y autonomía de la justicia.

Creo que a pesar de grandes avances, de eficiencia en muchos resultados, caben unas reformas importantes y caben en la estructura del Consejo Superior de la Judicatura. Muchos de los magistrados son consientes de esa reforma y pienso que, con buena voluntad, en un proceso de construcción de consensos, se pueden lograr.

Hay otras reformas, que hay que irlas buscando todas, a través de construcción de consensos.

En un país de instituciones independientes, en un país donde todos los días hay que profundizar el respeto por la Constitución y por la justicia, reconozco que ninguna reforma de esta naturaleza se puede pretender implementar sin antecederla del mayor esfuerzo para lograr el más alto nivel en la construcción del consenso.

Es muy importante que nos podamos reunir Gobierno y Altas Cortes para hacer el inventario de las reformas que se requieren en la justicia y construir el consenso a ver cómo se introducen por ese mecanismo, el único posible en un Estado de instituciones independientes.

Hay discrepancias entre las Cortes sobre algunas instituciones, el único camino es el entendimiento entre las Cortes. Debemos buscar cómo, para que la autonomía de las justicia sea cada vez más real, le entregamos independencia en el manejo de los recursos, pero diría que eso no es suficiente. Hay que buscar fuentes de recursos propios para la administración de justicia.

Nada logramos con consagrar la plena independencia en el manejo de los recursos, que hoy yo diría, la justicia tiene independencia para manejar los recursos, el problema con el Gobierno Nacional y con el Congreso no es sobre el manejo de los recursos sino sobre los montos asignados. Y esa definición sobre montos no es una limitación que se impone por capricho del Gobierno o del Congreso, sino por la escasez de recursos presupuestales.

Yo confiaría que, en la medida que encontremos rentas propias para la justicia y vamos configurando un fondo de autonomía en financiación de recursos para la justicia, va siendo menos difícil la definición de los montos que requiere la justicia.

Por supuesto, eso no se puede desvincular de otros temas de gran trascendencia como es el tema de las finanzas nacionales. Yo quiero que ustedes piensen también en esas finanzas nacionales, porque si bien hemos superado algunas de las dificultades, los problemas de las finanzas nacionales siguen siendo muy agudos.

Este país, en poco tiempo, saltó de un endeudamiento del 12,16 por ciento del PIB, a un endeudamiento del 56 por ciento del PIB.

Recuerdo agosto – septiembre del 2002, prácticamente teníamos cerrado el acceso a los bancos multilaterales, los TES –que son unos papelitos que coloca el Gobierno en el mercado local- estaban en crisis, la gente no quería invertir en ellos. La tasa de interés se había subido al 17 por ciento.

Hemos logrado que ese endeudamiento baje al 44 por ciento, pero no es suficiente, hay que ponerlo por debajo del 40 por ciento.

En muy pocos años, este país saltó de unas finanzas públicas prácticamente en equilibrio, a un déficit que en agosto de 2002 se proyectaba en el 4.2 por ciento del PIB y no había manera de financiarlo. ¿Por qué? Porque cuando crece el déficit y hay espacios para financiarlo con endeudamiento, los gobiernos generalmente acuden a ese mecanismo. Pero cuando coincide un altísimo déficit, un altísimo endeudamiento y se cierran las fuentes para seguir financiando ese déficit, se presenta una crisis muy severa que es la que nosotros debimos afrontar en aquel momento.

Hemos tomado una serie de decisiones, entre ellas la de reformar 252 empresas del Estado. Ello nos ha obligado a reformar 111 hospitales públicos, frenamos el cierre de los hospitales públicos. Los hemos reestructurado, faltan muchísimos, pero vía reestructuración hemos salvado 111 hospitales del Estado.

El dilema ha sido: en nombre de mantenerlos, no reestructurarlos y dejar que se cierren o, enfrentar la gran responsabilidad política de reestructurarlos para poder mantenerlos abiertos y garantizar su sostenibilidad y lograr que no estén al servicio de maquinarias politiqueras, que no estén al servicio de privilegios, de trabajadores o de políticos, sino al servicio real de la comunidad.

El concepto del Estado sostenible al servicio de la comunidad, en este Gobierno, ha sustituido el concepto tácito que imperó en algunos lustros anteriores, de dejar que el Estado y sus expresiones –como los hospitales públicos- se fueran muriendo.

Toda esa reforma nos ha permitido darle mayor sostenibilidad a entidades del Estado y empezar a reducir el déficit. Pero ese déficit, si bien en lo consolidado es muy diferente a lo que había en agosto de 2004, en el Gobierno Nacional central sigue siendo muy elevado.

En lo consolidado ese déficit puede estar este año alrededor del uno por ciento, muy diferente al 4.2 de agosto de 2004, pero en el Gobierno Nacional central ese déficit sigue siendo superior al 5 por ciento.

Ahí le quedan al país unas reformas pendientes de gran importancia porque la mayor responsabilidad la tiene el Gobierno Nacional central. Los recursos para la administración de justicia, provienen del Gobierno Nacional central. Los recursos para la Fuerza Pública, provienen del Gobierno Nacional central. Las transferencias para las regiones, provienen del Gobierno Nacional central. El pago de pensiones, la inversión social, todo eso proviene del Gobierno Nacional central.
¿ Qué nos pasó, apreciados magistrados y respetados compatriotas servidores de la justicia? Muchas cosas, entre ellas: el agotamiento de las reservas del Seguro Social. Se le decía al país: ‘pongamos cuidado que se van a agotar las reservas del Seguro Social’. Yo creo que hicimos caso omiso y se agotaron. Se amenazaba con la ruina de ese edificio y se le vino encima ese edificio a este Gobierno.

Este año, las pensiones del Seguro Social nos valen 6 billones, los recaudos del Seguro Social ascienden a 2 billones, los 4 billones de la diferencia los tiene que pagar el Gobierno Nacional central. Y hemos cumplido. El agotamiento de reservas no ha servido de excusa para incumplirle a los pensionados de la Patria. A pesar del agotamiento de reservas, hemos cumplido rigurosamente el pago de pensiones.

¿Saben ustedes cuánto valen las pensiones que paga el estado colombiano? Este año valen 16 billones y hemos logrado cumplir con esos pagos.

Allí hay un tema bien importante es el de mirar cómo han crecido los grandes rubros de gasto del Estado.

Sí, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en seguridad, 170 municipios que no tenían presencia de policía, hoy la tienen. La falta de la institución constitucional la habían suplido terroristas de origen guerrillero o paramilitar, financiados por el narcotráfico.

Lo propio hemos hecho en centenares de corregimientos y veredas, reconociendo –como reconozco- que falta mucho en este vasto y difícil territorio y por eso comprendo el clamor del doctor Escobar Araújo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, para que avancemos hacia la votación de juzgados en aquellos municipios que aún no cuentan con ellos. Ese es un paso fundamental para poder tener allí plena presencia institucional.

Tenemos Soldados de Mi Pueblo en casi 700 municipios de la Patria.

Los esfuerzos no han sido poquitos, Colombia llegó a tener 32 mil homicidios en un año, uno quisiera hablar de cero homicidios, cuantificar el derecho a la vida casi es un absurdo, es tan grave un homicidio como 32 mil, pero con la ayuda de Dios, este año ya no serán 32 mil ni veintitantos mil, estaremos por debajo de 17 mil. Sin embargo, sigue siendo una tasa muy alta y el país tiene que hacer un gran esfuerzo para derrotar ese flagelo.

Es posible que este año la tasa de homicidios no supere el 38 por ciento, el 38 por cada 100 mil habitantes. Venimos del 66, apreciados Magistrados.

Hemos hecho un esfuerzo muy grande en secuestros, Colombia llegó a tener 3.650 secuestros por año, este año los secuestros extorsivos están por debajo de 400, pero esa es una cifra todavía enorme.

Hemos hecho un gran esfuerzo para que nos validaran los hechos, nuestra prédica de que la seguridad nuestra no es una de seguridad fascista ni dictatorial ni hace parte de los capítulos de la Seguridad Nacional en nombre de los cuales se suprimieron las libertades públicas y se persiguió a la oposición en otros países.

Hemos hecho grandes esfuerzos para que los hechos legitimen nuestra prédica de Seguridad Democrática.

Cuando este Gobierno empezó, había 400 alcaldes que no podían ejercer en sus municipios por la presión de los grupos terroristas. Hoy todos pueden ejercer. En nombre de la Seguridad Democrática nos hemos propuesto brindar seguridad a todos los alcaldes, independientemente del origen político de su elección.

Nuestra seguridad es democrática porque es para todos los colombianos. El Ejército, la Policía no son el Ejército o la Policía del gobernante de turno ni los partidos políticos que lo apoyan, sino de todos los ciudadanos como lo manda la Constitución.

En esta Patria nuestra, se asesinaba a 165 dirigentes sindicales en un año, quisiéramos decirle al mundo que ese flagelo está totalmente superado, se ha disminuido mucho el número, pero no está totalmente superado. Todavía este año nos han asesinado 13 afiliados a organizaciones sindicales.

En esta Patria nuestra la libertad de prensa no se ha afectado en virtud de acciones de los gobiernos, pero sí por omisión de políticas de seguridad para enfrentar a los terroristas. Quince, 20 periodistas asesinados en un año, todavía nos asesinan, todavía este año tenemos 2 periodistas asesinados. Pero en la medida que continuemos esta tarea, los indicadores tienen que ir mejorando.
¿ Saben ustedes cuánto ha representado el crecimiento presupuestal en valores reales en materia de seguridad? 22 por ciento.

¿Saben ustedes cuánto ha crecido el pago de pensiones en Colombia en el mismo periodo? 78 por ciento.

¿Y saben ustedes cuánto ha crecido la inversión social, diferente a pensiones, en el mismo periodo? 36 por ciento.

Esta mañana en una emisora de Bogotá convocaba a las familias desplazadas que viven en la ciudad para que se registren en el programa Familias en Acción.

Hemos estado muy atentos para poder cumplir los mandatos de la Honorable Corte Constitucional en materia de atención de desplazados, haciendo todos los esfuerzos posibles en materia presupuestal. Este año, el país termina con 500 mil Familias en Acción, familias pobres que reciben un subsidio para garantizar la educación y la nutrición de sus hijos. De ellas, 100 mil desplazadas.

Hemos encontrado muchas dificultades, no sólo las presupuestales sino también las de ubicación. En la convocatoria en las grandes ciudades para que los desplazados se registren en el programa Familias en Acción, en promedio sólo se ha registrado el 40 por ciento de los que aparecían censados como desplazados. Ese tema también lo vamos a tener que revisar para ver qué es lo que ha pasado con esos censos.

Estamos haciendo todos los esfuerzos presupuestales posibles. En pesos reales: en este Gobierno, el promedio anual de atención a desplazados es de 448 mil millones, cuando venimos de 78 mil.

El año entrante, para atender desplazados, Familias Guardabosques y reinsertados, el presupuesto de la Nación es de 1.5 billones. Se ha aprobado un Conpes que obliga a la Nación colombiana, en los años que vienen, a invertir en atención de desplazados, en promedio, un billón de pesos al año. Entonces tenemos unas grandes exigencias en todos los temas.

El Magistrado Escobar Araujo reclama más atención a la Justicia y tiene razón, más presupuesto para juzgados y tiene razón. Voy a Buenaventura el jueves de la semana pasada y los mismos que dicen: ‘Uribe se gasta la plata en la guerra’, ese día me pedían allá más policía para poder enfrentar el terrorismo de Buenaventura.

Y he encontrado una cosa saludable para el país: ya no hay exclusión entre la mayor demanda por inversión social y la mayor demanda por seguridad. Si algo bueno, resultado de la pedagogía de la Seguridad Democrática, empezamos a encontrar en Colombia, es que todos los ciudadanos, los alcaldes, los gobernadores demandan que se lleve de la mano la política de seguridad con la política de inversión social. Pero, los afanes y las angustias de los colombianos exceden en sus reclamos las posibilidades presupuestales.

Por eso, hay que hacer crecer esta economía, manejar los recursos con transparencia, hacer al mismo tiempo un gran esfuerzo por mejorar la asistencia presupuestal a la justicia –ojalá con rentas propias-, hacer un gran esfuerzo para continuar expandiendo la Seguridad Democrática, hacer un gran esfuerzo en materia de inversión social y de inversión física. Porque, los reclamos son muchísimos.

Voy a La Mojana a enfrentar las inundaciones –en la tierra del Presidente de la Corte Suprema de Justicia- y los ciudadanos reclaman atención inmediata y reclaman bancos de materiales para reparar las casitas y reclaman unas obras de contención de los ríos Cauca y San Jorge –que valen más de 100 mil millones- y reclaman unos pavimentos –que valen más de 63 mil millones- ya contratados y reclaman presencia de la autoridad y reclaman más inversión social.

Es un país que se nos ha atrasado mucho en todos los frentes de inversión, pero que todos, trabajando de buena fe, con amor por Colombia, lo vamos a sacar adelante.

Diría yo que tenemos grandes retos. Los pueblos necesitan visiones de largo plazo y trabajo cotidiano, por eso le hemos propuesto a Colombia discutir democráticamente la Visión del país 2019.

El 7 de agosto de 2019, nuestra Patria cumplirá 200 años de vida independiente, es muy importante tener desde ya, construida por la vía del debate democrático, una visión de la Colombia que queremos para ese día. Plantación Nacional entregó el 7 de agosto, a consideración de los colombianos, lo que llamo el ‘primer borrador’. Es un documento de referencia para discutir la visión de país que queremos al 7 de agosto de 2019, con metas parciales permanentes. Entre ellas, una muy importante: la evaluación que deberá hacerse sobre esas metas el 20 de julio de 2010, cuando cumpliremos 200 años del Grito de Independencia.

Vengo hoy a invitar a ustedes, que regentan la justicia de mi Patria, a que nos ayuden con la construcción de lo que ser el anexo de visión de justicia en Colombia para el 7 de agosto de 2019.

Que la justicia, dentro de su autonomía, dé ese debate y nos entregue a Plantación Nacional, lo que la justicia considera ese documento de Visión de país al 7 de agosto de 2019, con metas parciales, bien importantes como aquellas del 20 de julio de 2010.

Le pediré al doctor Santiago Montenegro que esté en permanente coordinación con los presidentes de las Altas Cortes y al doctor Sabas Pretelt, ministro de Interior y de Justicia, para que las Altas Cortes, en su sabiduría, miren cómo coordinan ese debate democrático en la justicia para poder tener en la Visión Colombia 2019, un gran anexo sobre la visión de la justicia.

Y eso hay que acompañarlo con el trabajo cotidiano, nada gana un pueblo que tenga visión de largo plazo, si no hay un gran esfuerzo de todos los días para convertir esa visión en realidad, sobretodo una visión exigente, una visión muy exigente en materia de erradicación de la pobreza, una visión muy exigente en materia de mejoramiento del ingreso y de su distribución en Colombia.

Y nada gana un pueblo que haga un gran esfuerzo cotidiano, si no tiene una visión de largo plazo porque entonces, así como no cumplir la visión por falta de trabajo, torna la ilusión en frustración, carecer de la visión no obstante el esfuerzo de todos los días, crea el vacío de falta de objetivos que es un vacío que hace dispersar los esfuerzos de todos los colombianos.

Confío, que superados periodos, donde por la naturaleza de los fallos que se esperaban, había un natural distanciamiento del Ejecutivo y las Altas Cortes, podamos sentarnos ahora, en virtud del mandato la Constitución –que nos obliga a respetar la independencia de cada quien, pero a trabajar armónicamente- a construir consensos sobre las reformas que la justicia de la Patria necesita para que esta justicia sea cada vez más autónoma, más eficiente, como lo añoran ustedes y como lo demandan todos los colombianos.

Apreciados presidentes de las Altas Cortes, condecorados hoy con la medalla José Ignacio de Márquez, muy distinguidos servidores de la justicia que la han recibido: a todos ustedes muchas felicitaciones.

¡Qué gran patriota fue el presidente José Ignacio de Márquez! ¡Qué gran demócrata! ¡Qué gran promotor del respeto a la Ley! ¡Qué gran promotor del respeto a la justicia! ¡Qué gran promotor del civismo! ¡Y qué gran promotor de la conciliación!

A todos les deseo una Feliz Navidad, un Feliz Año y que compenetrados todos en el objetivo de querer a Colombia y servirla honradamente, esta Patria le depare a las nuevas generaciones, felicidad, todas las ilusiones posibles para desempeñarse aquí, en este suelo sagrado de Colombia.

Muchas gracias a todos.