AÑO 2005

FORO "SOSTENIBILIDAD DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA"
Febrero 23 de 2005 (Bogotá – Cundinamarca)

Compatriotas:

Primero que todo quiero agradecer inmensamente a los organizadores la buena iniciativa, en un momento oportuno para la Patria, de convocar a este foro. Agradecer inmensamente el espacio que le han abierto al Gobierno Nacional, a los Comandantes, a los Ministros, y esta invitación a instalarlo esta mañana.

No podría estar más de acuerdo con las palabras patrióticas, valerosas, definidas, expresión de carácter y de compromiso, que acabamos de escuchar del Presidente de la ‘Fundación Buen Gobierno’, ex Ministro de Estado y uno de los convocantes de este foro, Juan Manuel Santos.

Quiero referirme al tema de la sostenibilidad desde tres puntos: el fiscal, el militar y el político.

SOSTENIBILIDAD FISCAL

El Gobierno para poder financiar inicialmente la política de Seguridad Democrática, dadas las circunstancias fiscales del país, derramó por una sola vez el impuesto para la Seguridad Democrática, a los sectores más pudientes de la Nación. Fue un impuesto sobre el patrimonio, sobre la riqueza. Los sujetos contribuyentes de ese impuesto fueron los colombianos, personas naturales o jurídicas, con patrimonios líquidos superiores a 160, 162 millones de pesos.

Es muy importante ver no sólo la temporalidad del impuesto sino el sujeto contribuyente del impuesto. Recaudamos alrededor de dos billones 600 mil millones. Eso nos permitió sostener la política de Seguridad Democrática en el primer tramo. Se pregunta por la sostenibilidad fiscal hacia adelante. Lo que empieza a mostrar el país de recuperación en el crecimiento, de recuperación en el recaudo, nos da la seguridad que superada la financiación de esa inicial temporalidad, como van a poderlo ver hoy con la presentación del Ministro de Hacienda (Alberto Carrasquilla), tenemos las condiciones para la sostenibilidad permanente adelante en el tiempo.

¿Qué hemos hecho? Hemos aumentado los ingresos del Estado. En el año 2003 los recaudos crecieron un 18 por ciento. En el año 2004, si se excluye la comparación de la Seguridad Democrática que era un recurso temporal y se compara simplemente el crecimiento del comportamiento del recaudo de los impuestos permanentes con el 2003, hay otro crecimiento del 22 por ciento.

¿Cómo hemos logrado ese crecimiento del recaudo? La Seguridad Democrática tiene con el crecimiento de la economía una relación de mucha implicación. Una señal de Seguridad Democrática estimula el crecimiento, y el crecimiento a su vez garantiza la financiación, la sostenibilidad financiera de la política de Seguridad Democrática.

Por ejemplo, hay que ver dos temas: ¿qué ha pasado con la inversión privada? De acuerdo con el Banco de la República, en el año 2003 ya creció el 23 por ciento y en el año 2004 el 19 por ciento.

¿Qué ha pasado con el crecimiento de la economía? Se han superado todos los pronósticos que incluimos en el Plan de Desarrollo.

El Plan de Desarrollo hablaba de un crecimiento del dos, dos y medio para el 2003. Y rayó el cuatro. Hablaba un crecimiento del dos y medio, tres, para el 2004, y todavía no se ha cerrado. Pero tenemos indicadores como éste: en la industria el crecimiento fue entre el 6 y el 7. En el comercio fue muy cercano. En la agricultura, a pesar de unas dificultades, en agricultura lícita debe ser superior al tres y medio.

No vamos a mostrar el crecimiento que hubiéramos querido, estábamos apuntando al 5 por ciento, fundamentalmente por el tema de obras públicas, donde ha habido unos problemas fiscales, unos problemas de trámite que esperamos ir superando.

¿Y qué ha pasado con la base de contribuyentes? Ese es otro de los puntos básicos de este Gobierno para aumentar ingresos. Nosotros nos propusimos pasar de 320 mil contribuyentes del año 2002, a dos millones de contribuyentes en el año 2006. Terminamos el año 2004 con 730 mil contribuyentes. Pasamos de 320 a 730 y aspiramos terminar este año con millón y medio de contribuyentes. Tenemos mucha fe en el programa antievasión de la DIAN, el programa Muisca. Creemos que allí hay un avance bien importante.

¿Qué ha pasado con el gasto militar? En su relación con el PIB, ha pasado del 3 al 3.3. O sea que ha sido un crecimiento absoluto muy importante, pero un crecimiento relativo frente al PIB, prudente. Porque cualquiera se imaginaría que nos hemos desbordado en el gasto militar al ver las cifras absolutas. Pero cuando se le aprecia en cifras relativas frente al PIB, aparece una evolución prudente.

¿Y qué ha pasado frente al gasto militar frente al presupuesto? Pasó inicialmente del 11.2 del presupuesto al 12.7. Pero este año baja al 12.2. Entonces vemos que ha crecido en este Gobierno del 11.2 al 12.2 sobre el presupuesto. Nosotros nos hemos dado a la tarea de reducir sustancialmente los gastos de personal y los gastos generales del Estado. Esos gastos en términos reales se han reducido en un 6 por ciento.

Tenemos este año tres crecimientos: en seguridad, en pensiones y el presupuesto de inversión en infraestructura, que estamos buscando recuperarlo, e inversión en el área social, donde, por ejemplo, después de haber completado un crecimiento de 4 millones 900 mil colombianos en el régimen subsidiado de salud, este año estamos buscando llegarle mínimo a otros dos millones de colombianos.

Porque hay un punto esencial: en los Estados de opinión, hay que llevar la política de seguridad de la mano de la política social. No se pueden presentar como excluyentes. Creo que ese es un punto político bien importante a considerar en nuestra Patria. El Gobierno es conciente que la una tiene que ir de la mano de la otra. Tienen un impacto conjunto en la aceptación popular a la política de seguridad y también una relación de mucha implicación.

¿Por qué? Porque si la política de seguridad es efectiva, se posibilita el crecimiento que permite la financiación de la política social. Y si la política social es efectiva y empieza a mostrar resultados, entonces eso le da enorme legitimación a la política de seguridad. También tienen una mutua implicación.

Para la sostenibilidad financiera es muy importante ver qué ha pasado en gastos del Estado, en el nivel central de la Nación y en las empresas de la Nación. Porque generalmente se mira solamente el nivel central de la Nación.

El déficit del nivel central de la Nación se ha reducido en un punto del PIB, no obstante que este año tenemos que pagar cuatro billones al Seguro Social por el agotamiento de las reservas. A este Gobierno le ha correspondido enfrentar el agotamiento de las reservas. Durante muchos años se habló en Colombia de que se agotarían las reservas del Seguro. No hicimos caso. Era como estar al pie de un edificio y le decían a las personas que estaban ahí abajo: retírense que se va a caer. No se retiraron y se cayó.

El año pasado nos tocó girarle al Seguro Social un billón 800. Este año el Seguro Social tiene que pagar en pensiones seis billones, recauda dos y el presupuesto de la Nación le tiene que trasladar cuatro.

Si ustedes me preguntaran: ¿para garantizar la política de sostenibilidad financiera hacia delante, qué reforma urgente se requiere? Sin perjuicio de las revisiones que haya que hacer en materia tributaria, donde todo el mundo tiene una acepción de lo que es reforma tributaria estructural. Yo he hecho una comparación entre lo que pensamos los colombianos de reforma tributaria estructural y el concepto de reforma constitucional que tenían los soldados que salían de la Guerra de los Mil Días, de las guerras civiles. Se terminaba una guerra civil en Colombia y en todos los procesos de paz se hablaba de una nueva Constitución. ¿Cuál era el problema? Que cada uno de los soldados que salía de la guerra llevaba en su morral un concepto diferente de Constitución. Lo mismo pasa con el tema de reforma estructural tributaria en Colombia. Yo hablo con muchos de mis compatriotas y el uno da un concepto de reforma estructural, el otro, el otro, pero con paciencia ahí iremos encontrando un mejor punto de acuerdo.

El problema grave son las pensiones. Por eso me parece fundamental que podamos aprobar en el período legislativo, que empieza ahora el 16 de marzo y que termina en junio, la segunda ronda del acto legislativo pensional.

Este Gobierno en matera de pensiones ha hecho los siguientes esfuerzos: primero, con el ex ministro Juan Luis Londoño que en paz descanse, el Congreso nos aprobó la primera reforma pensional, diciembre de 2002. Después hicimos el gran esfuerzo en el Referendo, fallido. Nos faltaron 40 mil votos para aprobar lo que habría sido la reforma pensional más importante de la vida de Colombia. El Consejo Electoral no quiso descontar cédulas de militares, cédulas de personas muertas, cedulas de personas que no las habían recibido. Bueno, pero uno no se puede arredrar. Como dice Juan Manuel Santos, hay que hacer de cada dificultad una oportunidad. Entonces empezamos a tramitar esa reforma fallida del Referendo por un acto legislativo ordinario legislativo del Congreso.

Se ha hecho un gran esfuerzo en otros frentes pensiónales. Por ejemplo la eliminación de regímenes privilegiados de pensiones en muchas entidades del Estado. Sostuvimos durante más de dos años un conflicto laboral en Ecopetrol. Se pudo lograr finalmente un ladudo arbitral que desmonta privilegios pensionales a futuro. Y así sucesivamente en muchas empresas del Estado.

Y estamos ahora en el cuarto esfuerzo: el esfuerzo de esta reforma constitucional, que si se aprueba en su segundo período, honorables congresistas, estoy seguro que le daremos mucha mayor sostenibilidad a la política de Seguridad Democrática desde el punto de vista fiscal. Llevada de la mano esa inversión con la inversión social, sostenibilidad que es el tema de este foro.

En la reducción de gastos generales, de gastos de servicios personales, a eso hay que sumarle otro tema: la reforma del Estado.

Nosotros hemos reformado 145 empresas del Estado. Telecom ha pasado de dar unas pérdidas de 480 mil millones a una utilidad de 950 mil millones en el año 2004. ¿Ustedes se imaginan, compatriotas, que llegara el Presidente de Telecom a pedirle al Ministro de Hacienda 480 mil millones para pagar las pensiones de Telecom?

El cierre del IFI, la entrega de los mejores activos del IFI a BANCOLDEX, le ahorra a la Nación 300 mil millones al año. Una reforma tan difícil y tan importante como la de INRAVISIÓN va a ahorrar 60 mil millones al año. Y así sucesivamente. Emcali, con unos pasivos de dos billones, en algún momento superiores al activo, gracias a la reforma a la que la hemos sometido, pasó de 500 mil millones de pérdida y ya dio el año pasado 120 mil de utilidad. Y creo que la vamos a sacar adelante. Todas las electrificadoras en las cuales era socio mayoritario la Nación han pasado de saldos en rojo a dar utilidades.

Todo eso ayuda muchísimo y no es fácil verlo. ¿Por qué? Porque generalmente se ven las cifras que más se publican, que son las cifras de las cuentas nacionales, todavía en la etapa de no consolidarlas con empresas del Estado.

Pero tengo confianza que esa reforma va a producir el impacto más importante y menos esperado para el saneamiento de las finanzas públicas. Nos falta mucho. Apenas estamos empezando la reestructuración de los hospitales públicos. Acabamos de dar un paso formidable con la red hospitalaria de Boyacá, la de Caldas, la del departamento del Huila. Por ejemplo, Santander, el hospital Ramón González Valencia: insostenible, unas pérdidas permanentes, a cada momento una súplica a la Nación para que le hiciera un giro. Lo acabamos de liquidar, pagamos a un altísimo costo la liquidación, lo sustituye una nueva empresa social hospitalaria blindada, que tendrá que garantizar equilibrio fiscal.

Porque a toda esta reforma también nos ha ayudado un concepto político: este Gobierno no ha estado en una carrera de privatización a ultranza sino de sostenibilidad del Estado. Hombre, por qué no deja morir tal hospital. No. Lo importante es que lo volvamos totalmente sostenible, que lo equilibremos fiscalmente. Entonces ha tocado liquidar hospitales y sustituirlos por hospitales nuevos, pero con estructura de administración totalmente blindada que garantice su equilibrio.

A mí me decían mucho: “con el sector privado en el área de telecomunicaciones, ¿para qué Telecom?”. Una razón política: no podemos seguir con esa contradicción aguda de neoliberalismo-social-burocracia. Tenemos que buscar puntos de acuerdo en esta Nación. Entonces dijimos: el sector privado tiene su espacio, pero nosotros tenemos que reservar instituciones del Estado para proteger a los colombianos frente a fallas del mercado, para poder tener quien intervenga para ayudar a racionalizar tarifas y también para proteger a Colombia frente a la globalización y para proteger comunidades rurales, comunidades remotas.

Yo quisiera sembrar en la mente de ustedes un gran interés para mirar lo que es la reforma del Estado, porque eso va a ayudar muchísimo, muchísimo, al equilibrio fiscal de la Nación.

¿En qué etapa estamos en este momento? Esta difícil coyuntura de tasa de cambio nos ha puesto en la tarea, por un lado, de buscar unas ayudas a los exportadores, pero pedagógicas, a cambio de que sean capaces de comprar cobertura frente a tasa de cambio. Y por otro lado, aprovechar esta tasa de cambio que infortunadamente se ha bajado, para resolver problemas de deuda pública.

El endeudamiento cuando empezó este Gobierno estaba alrededor del 54 por ciento del PIB. Creo que se ha rebajado unos 8 puntos. Hemos sustituido, aprovechando esta tendencia de tasa de cambio -que yo no comparto y me preocupa mucho por la productividad, la competitividad a las exportaciones pero tenemos que asumir la responsabilidad política de aprovecharla fiscalmente-, hemos sustituido ya 1.825 millones de deuda en dólares por deuda en pesos.

Se los desagrego: el Ministerio de Hacienda compró el año pasado 500 millones de dólares en el mercado, los giró afuera. El Banco de la República nos vendió 500 millones de dólares, los giramos afuera. Ahí van 1.000. Y hemos hecho tres operaciones por 825 millones de esta naturaleza: colocamos unos bonos en pesos en el mercado internacional. Eso es muy importante. Pocos países hoy del nivel nuestro, creo que ninguno, ha podido colocar en el mercado internacional bonos en su propia moneda.

Hemos colocado 825 millones en nuestra propia moneda. Recaudamos dólares, evitamos que esos dólares lleguen al país, prefondiamos deuda. Es muy difícil el prepago, porque los bonos colombinos están bastante valorizados. La única posibilidad que vemos cercana de prepago es de un crédito de emergencia del Banco Interamericano de Desarrollo, que para eso estamos, está Ministro de Hacienda concertando con el Banco de la República otra operación.

Entonces en esos 825 millones de dólares recibimos esos dólares, entregamos unos títulos denominados en pesos, hemos logrado una rebaja en la tasa de interés, no captamos pesos aquí, entonces no presionamos la tasa de interés en el mercado local.

Esa reestructuración de la deuda en este momento, a lo cual estamos esperando sumarle 1.300 millones de dólares adicionales este año, es un punto fundamental para la sostenibilidad fiscal de la política de Seguridad Democrática.

He querido traer estos temas porque algunos de los más distinguidos analistas todavía no se han referido en sus análisis económicos a temas como la reforma administrativa, la reestructuración de la deuda, la preconversión que se está dando en 145 empresas del Estado, donde todavía falta mucho.

SOSTENIBILIDAD MILITAR

Hemos crecido la Fuerza Pública aproximadamente en 96 mil hombres. Tenemos Policía hoy en 168 cabeceras municipales que no contaban con Policía. Sí, allí no había problemas, pero vivían a merced de guerrilla o paramilitares. Y estamos ahora atendiendo una gran cantidad de corregimientos, que son cascos urbanos de gran tamaño que no aparecen como cabeceras principales de municipios y que tienen la misma necesidad de Policía.

Tenemos hoy Soldados de mi Pueblo en 598 municipios y aspiramos terminar este año con 754 municipios con Soldados de mi Pueblo, a pesar de la dificultad que tuvimos, por ejemplo, en Iscuandé. Esa acción ha dado un gran resultado porque compromete mucho al joven para brindarle seguridad a su comunidad y compromete mucho a la comunidad con sus soldados.

Dentro de un punto cardinal de nuestra política de Seguridad Democrática, cual es la integración de la ciudadanía y la Fuerza Pública, el tema de Soldados de mi Pueblo es fundamental. Eso ha forzado esa integración entre ciudadanía y Fuerza Pública.

Nosotros hemos buscado dos conjuntos estratégicos. Primer conjunto: aislar a los violentos, desabastecerlos, crear confianza ciudadana y lograr total transparencia. Segundo conjunto: enfrentarles los corredores de movilidad, enfrentarles las áreas campamentarias y enfrentarles la retaguardia.

Hay que trabajar en todas partes. Recuerdo las milicias ‘Antonio Nariño’ en Bogotá, cuando era candidato a la Presidencia, y lo que vivimos el 7 de agosto de 2002, lo que vivimos posteriormente, se hace un gran esfuerzo para desmontarlas en Bogotá, pero nada nos ganamos si no les afectamos los corredores de movilidad con el Huila, con el Caquetá o con otros sectores que son sus áreas de retaguardia. Por eso hay que trabajar integralmente esos tres puntos que conforman este segundo conjunto.

Y en el primer conjunto rogaría conectar las acciones concretas que hemos desarrollado con los enunciados de ese conjunto, por ejemplo, con el aislamiento y con el desabastecimiento.

Hemos querido trabajar con la Fuerza Pública a partir de demostrarle a la Fuerza Pública que hay toda la voluntad política y con muchas consignas, de las cuales quiero destacar dos: agresividad y transparencia.

La voluntad política es fundamental. Cuando era estudiante universitario –no voy a decir cuándo para que no haya Gobierno que se pueda sentir aludido, advierto-, a mí me tocó estudiar en la universidad pública, debatir todos los días con los marxistas, con los mahoistas –para poder combatirlos me tocó estudiar el marxismo en sus diferentes vertientes más que el promedio de ellos-, y recuerdo que un día les propuse esta reflexión: Colombia no ha tenido ejércitos golpistas, pero sí ejércitos que saben hacer operación tortuga cuando los gobiernos no los motivan y los abandonan.

El Ejército de la Patria necesita una voluntad política permanente en sus comandantes civiles, una gran decisión de motivarlo. Lo indica la historia de la Patria. Nada se gana uno con crecer en Ejército si no lo motiva. Nada se gana uno con darle toda la posibilidad logística, si la Fuerza Pública no siente la voluntad política en los comandantes civiles. Por eso el tema de la voluntad política es fundamental en esto.

Y han venido trabajándose dos consignas: agresividad y transparencia. Hay que estar permanentemente a la ofensiva con toda la agresividad y proceder siempre con toda la transparencia.

Ayer me decía la Ministra de Relaciones Exteriores (Carolina Barco): ‘Presidente, a su tesis de que aquí no hay un conflicto sino un desafío terrorista, entre las objeciones que le surgen, le surge la objeción de que ahora hay más combates’. Por supuesto. Es que tenemos una Fuerza Pública toda a la ofensiva, con toda la agresividad. Y todo el mundo en la Fuerza Pública se acosa a ver quién va más a la ofensiva y esa dinámica hay que mantenerla.

SOSTENIBILIDAD POLÍTICA

La voluntad política es muy importante mantenerla en todos los momentos. Por ejemplo, la he relacionado con el acuerdo humanitario. Por eso he dicho que hay tres puntos inamovibles para un acuerdo humanitario, relacionados con la voluntad política que tiene que hacerse sentir en el alma de los soldados y policías de la Patria.

Un punto: no zonas de despeje. Pero hemos ofrecido alternativas, hemos estado dispuestos a una embajada, a la sede del Cardenal en Bogotá, a una iglesia.

Segundo punto: no entrar a liberar de la cárcel personas condenadas por delitos atroces. Habrá que buscar beneficios jurídicos en el momento de un proceso de paz.

Tercer punto: que aquellos guerrilleros que lleguen a salir de la cárcel no vuelvan a delinquir. Ustedes se imaginan, ¿qué pasa con la voluntad política que debe transmitirle el Gobierno a los soldados cuando hoy tenemos en la selva, en situaciones muy difíciles, 17 mil soldados de la Patria y entonces soltamos unos guerrilleros para que vuelvan a delinquir?

Por ejemplo, el doctor Santos hablaba de las dificultades militares que hemos tendido en los últimos días. El año pasado tuvimos muchas, siempre las hemos tenido. El año pasado, hombres de la Fuerza Pública, entre asesinados y mutilados o simplemente heridos por minas antipersona, fueron más de 600. ¿Sufriendo los hombres de la Fuerza Pública este rigor y entonces vamos a soltar unos guerrilleros de la cárcel para que vuelvan a delinquir?

Inicialmente, con la ministra Martha Lucía (Ramírez, de Defensa) le dijimos al gobierno de Francia, a Naciones Unidas: ‘bueno, si salen de la cárcel se tienen que ir al extranjero y un gobierno extranjero tiene que asumir las funciones de tutor y garantizarnos que no vuelven a delinquir’. Después, a raíz de nuestras conversaciones con la Iglesia, con otros facilitadores y a raíz del buen suceso de la estrategia de reinserción (en este Gobierno llevamos 11.600 reinsertados: 6.000 de los paramilitares, 5.600 de la guerrilla), aceptamos al salir de la cárcel, como compromiso para no volver a delinquir, tienen dos opciones: o se van al extranjero bajo la tutoría de un gobierno o se quedan en el país en el programa de reinserción. Pero es muy importante ahí mantener un punto de voluntad política que le transmita una señal permanente a la Fuerza Pública. No liberar gente de la cárcel para que vuelva a delinquir.

Y es muy importante el tema de la transparencia de la mano del tema de la agresividad.

La transparencia y la agresividad están llamadas a producir dos puntos fundamentales de la estrategia de sostenibilidad política: en la medida que la ciudadanía sienta que hay una Fuerza Pública con toda la abnegación, con todo el espíritu de combate, con toda la garra, con toda la agresividad, la ciudadanía se llena de confianza. ¡Y en este momento sí que se necesita! Porque ahora estamos en el reto de mostrarle a Colombia que tenemos que derrotar a los terroristas sin utilizar otros terroristas. Colombia no puede proteger a su ciudadanía con paramilitares. La protección tiene que radicarse exclusivamente en las Fuerzas institucionales del Estado.

Entonces surgen dudas de muchas regiones que preguntan: ‘¿y quién nos va a proteger eficazmente si aquí los únicos que nos protegían eran los paramilitares?’ Y eso ya no lo preguntan en voz baja, lo escriben en periódicos, lo dicen en emisoras, llegan a expresarlo en la televisión.

¡Sí que es importante demostrar ahora, con la agresividad de nuestra Fuerza Pública, que Colombia es capaz de derrotar un terrorismo sin apelar al otro. Que aquí para derrotar a la guerrilla, para proteger a los ciudadanos, no necesitamos renunciar a la protección institucional y entregarle ese espacio a grupos paramilitares!

En esta coyuntura es de gran importancia la agresividad y por supuesto la transparencia.

La transparencia nos va colocando con lo que es el concepto básico de Seguridad Democrática.

¿Nosotros por qué hemos hablado de Seguridad Democrática, por qué hemos calificado la política de seguridad con ese vocablo? Por razones históricas y por razones de legitimidad.

¿Cuáles razones históricas? En muchos momentos, América Latina vivió políticas de seguridad, pero esas políticas de seguridad se dieron, no para proteger el universo poblacional, sino para perseguir disidentes. Recordemos el recorrido que en el Continente hizo la doctrina de la Seguridad Nacional. Para distinguir nuestra política de Seguridad de ese referente histórico, nosotros la hemos catalogado como Seguridad Democrática.

Y segundo, por su significado. Esta política de Seguridad Democrática es para proteger a todos los colombianos. Le digo a Fuerza Pública, en privado y en público: para dar ejemplo de que esta política es para proteger a todos los ciudadanos, hay que proteger por igual al más fervoroso de mis seguidores políticos, que es el representante Juan Hurtado, o al más duro de mis antagonistas políticos, que es el representante Wilson Borja. Y hay que protegerlos eficazmente y con el mismo entusiasmo a todos.

Eso nos va dando una característica muy importante de sostenibilidad política de esta acción: que es una institución armada por encima de las ideas de los gobiernos de coyuntura.

Eso nos va conduciendo a un punto fundamental de la sostenibilidad política: aquí no hay un Ejército, aquí no hay una policía de Uribe, aquí hay unas instituciones armadas de la Patria al servicio de la democracia, al servicio de la convivencia. Ese es un punto fundamental que habrá de darle sostenibilidad política a esta acción.

Entonces, viene ahí el tema de los derechos humanos. La Fuerza Pública de la Patria es consciente que tiene que derrotar este terrorismo dando un gran ejemplo en materia de cumplimiento con los derechos humanos. Nosotros hemos negado la vía que utilizaron otros países, que en nombre de la seguridad suspendían las libertades democráticas y se daban licencias para violar derechos humanos.

Si algo va a enaltecer a las instituciones armadas de la Patria, es poderle decir al mundo: Colombia superó el terrorismo y la acción armada se llevó con una dualidad entre agresividad y respeto a los derechos humanos y a las garantías democráticas.

Este tema de las garantías democráticas nos lleva a dos cosas: a decir por qué la acción de estos grupos es una acción terrorismo y no una acción de conflicto político. Y a decir una segunda cosa: por qué la Fuerza Pública colombiana, cuando el Gobierno le desconoce a los grupos violentos el estatus de delincuentes políticos y los califica como terroristas, por qué eso no da licencia a la Fuerza Pública para combatirlos violando los derechos humanos.

Alguien me decía ayer: ‘es que si no se les reconoce como delincuentes políticos, si no se reconoce el conflicto y si el Gobierno del Presidente persiste en denominarlos terroristas, entonces aquí no va a haber posibilidades de acuerdo sobre derecho humanitario’. ¡Por Dios! El derecho humanitario es una categoría de un conjunto mucho más amplio, que es el conjunto de derechos humanos.

Cuando la Fuerza Pública respeta los derechos humanos, como existe toda la voluntad en Colombia, está respetando todos los subconjuntos, sus obligaciones del derecho humanitario, por ejemplo. Independientemente de la manera como proceden estos terroristas, el compromiso de nuestras Fuerzas institucionales con los derechos humanos es total.

En materia de cifras, para demostrar la eficacia, falta mucho pero quiero compartir con ustedes algunas cifras o algunas bastantes conocidas: ¿qué ha pasado en homicidios? En el año 2003 el homicidio cayó en 19 por ciento, en el 2004 cayó en 15 por ciento, en lo acumulado de 2005 va cayendo en un 28 por ciento a pesar de las dificultades.

¿Qué ha pasado en secuestros? En el año 2003 cayó en un 27 por ciento. El año pasado el secuestro extorsivo cayó en más del 42 por ciento, el secuestro consolidado en 35 por ciento. Este año el secuestro extorsivo va cayendo en 78 por ciento. Un homicidio es grave, un secuestro es grave, pero nosotros no podemos desconocer las tendencias.

Y vemos, por ejemplo, un indicador bien importante de la protección democrática: el país venía asistiendo a que le asesinaban –los diferentes grupos- 184, 121 sindicalistas por año. Yo quisiera decirle al mundo: ya no se asesina un solo sindicalista en Colombia. Infortunadamente los siguen asesinando, pero creo que la tendencia muestra resultados importantes. De 184 se bajó a 55, el año pasado ya fueron 40. En enero del año pasado fueron seis, en enero de este año fue uno. ¡Ojalá pudiéramos decir ninguno! Pero la tendencia es importante.

En maestros: infortunadamente nos fue mal en el 2004. Cuando había rebajado de 79 a 41, nos volvió a crecer a 63 maestros asesinados. Pero en enero del año pasado fueron siete, en enero de este año uno.

Periodistas: el año pasado tres –me he comprometido con la Sociedad Interamericana de Prensa a hacer todos los esfuerzos-, uno quisiera poder decir: ninguno. Hay una tendencia positiva. Pero es que en eso, uno no puede mostrar la tendencia sino la protección total, absoluta. Y en enero de este año asesinaron uno.

En indígenas: el 2003 nos creció frente a 2002, en 2004 bajó de 211 a 85. En enero del año pasado fueron 17, este año fueron nueve. Estamos haciendo un gran esfuerzo para proteger todos estos grupos de compatriotas.

Alcaldes que no estaban despachando en sus municipios: más de 300. Hoy: uno o dos.

Nosotros nos hemos dado a la tarea de garantizar las libertades democráticas efectivas. No basta con tener libertades democráticas retóricas. Hay que pasar de las libertades democráticas retóricas a las garantías eficaces. Creo que las elecciones del 2003 pusieron a prueba esa consigna de nuestra política de Seguridad Democrática.

Yo preguntaría: ¿qué habría pasado con candidatos a alcaldías y a gobernaciones provenientes de partidos de antiguas guerrillas, de partidos alternativos a los tradicionales, de movimientos contestatarios, si no hubieran tenido toda la protección de la política de Seguridad Democrática?

Esta protección marca un contraste con lo que pasó aquí, anteriormente, con movimientos políticos. Y esta protección da una razón para reclamar el calificativo de terroristas a estos grupos violentos y para reclamar la legitimidad de la política y el apoyo popular a la sostenibilidad de la política.

Creo que el referendo del 2003, las libertades disfrutadas por opositores, por abstencionistas, fueron plenas, los espacios fueron plenos, ese fue un gran paso para demostrar cómo la política de Seguridad es Democrática. Y tiene que ser un elemento a considerar para la legitimación de esta política.

¿Por qué llamo a estos grupos, grupos terroristas? Por varias razones. Una histórica: movimientos insurgentes, por ejemplo en América Latina, se propusieron luchar contra oprobiosas dictaduras. Aquí hay una democracia en profundización. Aquí los que han afectado esta democracia son estos terroristas.

Recuerdo que en las universidades colombianas, en los directorios políticos de la Patria, se recibían panfletos de los grupos violentos que decían: ‘mientras no haya elección popular de alcaldes en Colombia, persistiremos en nuestra acción violenta. Se incorporó la elección popular de alcaldes en la administración del Presidente Betancur. Vino la con Constitución del 91, amplió a la elección popular de gobernadores y creó un gran capítulo de democracia, de participación directa. Todos los instrumentos de democracia participativa que incorporó la Constitución del 91.

¿Quiénes han atentado contra esto? Estos grupos. ¿Quiénes han asesinado a los alcaldes, amenazado los gobernadores, constreñido la libertad política? Estos grupos.

Entonces estos grupos no están oponiéndose a una dictadura en Colombia que les diera alguna legitimidad a la luz de la historia. Al contrario, son unos grupos que están perturbando el proceso de profundización de la democracia colombiana.

Segundo, siempre invocaron la realidad social. Ellos la han agravado, espantaron la inversión, dispararon el desempleo, produjeron el éxodo de tres o cuatro millones de colombianos hacia el exterior y ocasionó el desplazamiento de más de dos millones de colombianos en el interior. Ellos son, hoy, causa y no resultado de la problemática social.

Sus acciones son plenamente configurativas de actos terroristas.

Y es muy importante mirar esto en cotejo con lo que ha pasado en legislaciones europeas. Muchas legislaciones europeas califican como terrorismo la apelación al uso de las armas o la simple amenaza de uso de armas por razones políticas, ideológicas, religiosas o de diversa índole. ¿Por qué? Eso se ha visto en las legislaciones europeas como una contraprestación a la democracia pluralista.

Eso es válido trasladarlo acá, porque si aquí hay una democracia en profundización, pluralista, la contraprestación es que a esa democracia no se le ataque ni se le amenace atacarla con armas. Ese ataque o esa amenaza, en las legislaciones europeas, se condena como terrorismo.

Yo le he dicho a la comunidad internacional: sí, nadie niega la problemática social de la Patria, tenemos una problemática social enorme que tenemos que superar, una tragedia social, una crisis humanitaria; pero eso es distinto de llamar lo que existe con estos grupos violentos “conflicto”. Con estos grupos violentos lo que hay es una amenaza terrorista a unas instituciones democráticas en profundización.

¿Se opone eso a que haya procesos de paz? De ninguna manera. Me han preguntado: ‘bueno ¿pero cómo puede ayudar la Unión Europea, cómo puede ayudar los Estados Unidos, cómo pueden ayudar otros países a procesos de paz, si ellos mismos, a instancias del Gobierno colombiano, han calificado estos grupos como terroristas? Por eso se ha pedido el cese de hostilidades.

Nuestro plan de paz es simple, no tiene mucha riqueza teórica, pero es práctica, tiene tres elementos: obligación del cese de hostilidades como principio para avanzar en procesos de paz. No hay urgencia para desarme, para desmovilización. Y garantía de derechos democráticos a los reinsertados.

Eso es fundamental, la mejor oferta de paz es decir: aquí tienen hoy protección efectiva y hay toda la voluntad para que reciban protección todos los luchadores políticos, independientemente de su acervo ideológico. Ese es el principal plan de paz, a la luz de los hechos que se reclamaron y que todavía se siguen reclamando del asesinato de muchos luchadores políticos.

Negociación con el ELN

¿En qué vamos con eso? Por ejemplo con el ELN. El Presidente Pastrana había autorizado una facilitación de paz del gobierno de Cuba, me consultó en el período de transición, yo dije: ‘continuémosla’. He hablado varias veces con el Presidente Castro, el Comisionado ha ido allí cuatro veces.

Hemos ofrecido al ELN todas las posibilidades. No ha querido. Han entrado facilitadores del grupo de países amigos del ELN, comunidad internacional, la sociedad civil colombiana tiene un grupo y ahora México.

Yo me reuní con Felipe Torres, una vez él salió de la cárcel. Le dije: ‘Felipe, es que la exigencia es, cese hostilidades de inmediato pero no se tienen que desmovilizar, no se tienen que desarmar. Hay tanta urgencia para el cese de hostilidades como paciencia para llegar al desarme y a la desmovilización’. Y él me contestó: ‘Presidente, eso está bien planteado, pero nos da dificultad creerla, porque nos van a matar mientras estemos en cese de hostilidades’. Le dije: ‘yo soy combatiente pero combato limpiamente, transparentemente, no los vamos a matar traicioneramente ni a la mansalva, les damos todas las garantías’.

Llego a México y en presencia del Presidente Fox preguntan por lo mismo y explico qué sería el cese de hostilidades y cómo no tendría que producirse una rendición, un desarme, una desmovilización. Me preguntan: ‘entonces ¿ellos tendrán garantías en el cese de hostilidades? Y dije: ‘por supuesto, las tendrán todas’. ¿Puede haber un garante? Claro, que lo haya. Que ese garante mire el comportamiento del grupo que ofreció el cese de hostilidades y el comportamiento del Gobierno que tiene que ser garantista durante ese cese de hostilidades. ¿Quién puede ser el garante? Pues que sea México. Lo aceptaron.

El ELN manda una carta a través del Embajador mexicano, una propuesta. Recuerdo que le dije, hace pocos días, a Luis Carlos Restrepo (Alto Comisionado para la Paz): mire con el Ministerio de Defensa, con el Ministro y los Comandantes, si es operativa. Me dijo Luis Carlos Restrepo: ‘tiene algunas dificultades pero las manejamos’. Dije: ‘¿es propuesta del ELN?’ Dijo el Comisionado: ‘sí’. Dije: ‘aceptésela’. Y después se echaron para atrás y se echó para atrás el señor Antonio García.

Por eso, no infundadamente, sino por eso, he repetido que es un saboteador de procesos de paz. Me lo han dicho ex presidentes de la República, personas muy metidas en el tema. Cada que estamos cerquita de la puerta de un proceso de paz con el ELN, aparece un saboteador que es Antonio García. Yo no sé a él, por qué lo enerva tanto que se le denuncie eso. ¡Entonces que ayude a la paz! De pronto ellos van a hacer la paz muy fácil.

Porque uno de los problemas que no podemos permitir que siga haciendo carrera es que aquí hay terroristas bien aceptados y terroristas repudiados. Infortunadamente el ELN parece ser un grupo terrorista muy bien aceptado en ciertos círculos.

Creo que hay que repudiar a todos los grupos terroristas, solamente hay que acogerlos en el momento en que produzcan expresiones de voluntad que conduzcan a la paz.

Proceso con Autodefensas Ilegales

Sobre los paramilitares. El gobierno del Presidente Pastrana también había autorizado una facilitación de la Iglesia, en el periodo de transición dije: ‘estoy de acuerdo con ella’. Empezó este Gobierno, seguimos trabajando con la Iglesia. ¿En qué momento dialoga el Comisionado con los paramilitares? En el momento en que ellos ofrecen el cese de hostilidades, para cumplir la regla.

La ley de alternatividad. Nosotros hemos dicho que esa ley debe reunir varios requisitos: creíble, universal, equilibrada.

Creíble: la credibilidad la da la oportunidad. Me parece que es más creíble esa ley con 6 mil desmovilizados, con posterioridad a 6 mil movilizados, que una ley anterior a hechos importantes de desmovilización. Pienso que la política de reinserción con 11.600 reinsertados (6 mil desmovilizados de las autodefensas ilegales) y algunas cifras de tendencias de seguridad en Colombia, le da credibilidad a una ley de esta materia, en el momento.

Segundo, tiene que ser universal, para todos. Hay que darle el mismo tratamiento a guerrilleros y a paramilitares. No creo que les podamos dar diferente tratamiento. Todavía hay algunos que albergan la ilusión de que algunos de estos grupos vayan a la guillotina y los otros al cielo. Eso es imposible hoy a la luz de la Constitución colombiana. Es imposible a la luz de los tratados internacionales.

Se decía antes –y todavía se dice por algunos-: ‘es que el guerrillero por estar en contra del orden económico establecido, es un insurgente, es un luchador político, y el paramilitar, por defenderse él o por defender el statu quo, es un delincuente común’. Esa diferencia es insostenible por varias razones. Uno no puede distinguir el delito atroz cometido por el uno, del delito atroz cometido por el otro. La distinción es imposible a la luz de las normas jurídicas nacionales e internacionales y a la luz del daño que se produce a las víctimas. Es imposible la distinción.

Y finalmente en ese punto: todos están violando el ordenamiento jurídico. Los unos violan el ordenamiento jurídico para enfrentar el orden establecido y los otros violan el ordenamiento jurídico supuestamente para defender el orden establecido. Por eso hoy no vemos manera de darles un tratamiento diferente.

Entonces creo que hay que aterrizar mucho en esta ley el principio de que tiene que ser universal, porque no creo que esta ley pueda ser un lacito muy corto para los paramilitares y muy largo para la guerrilla. El derecho nacional e internacional lo impiden. Por eso hay que saber poner esta ley en el punto justo que sirva para todos.

Me preocupa mucho entonces que ahora aprobemos una ley, que no puede permitir impunidad, que tiene que buscar unos años de cárcel para responsables de delitos atroces, y que mañana, cuando se desmovilice la jerarquía del Eln, se tenga que definir lo contrario porque ellos son de mejor familia frente a delitos atroces. Por eso es muy importante que esta ley sea universal.

Segundo: que sea equilibrada. Kofi Annan ha dicho que estos procesos tienen que ser una buena ecuación entre paz y justicia. Nosotros hemos desarrollado ese concepto. Por eso hemos dicho: estas leyes son marcos jurídicos para procesos de paz individuales o colectivos.

He insistido mucho en que es proceso de paz y que puede ser individual o colectivo. Porque si negáramos la posibilidad de aplicar esta ley a desmovilizaciones individuales, ¿qué hacemos con 5.600 desmovilizados de la guerrilla, que no se han desmovilizado colectivamente ni por acuerdos –y que esperamos que sean muchos más en el año y medio que le falta a este Gobierno–?

Segundo, como proceso de paz, no puede ser una ley de sometimiento, pero para poder respetar la justicia hay que evitar que sea una ley de impunidad.

En nombre de la paz no podemos llegar a la impunidad y en nombre de la justicia no podemos llegar al sometimiento. Estamos haciendo un gran esfuerzo con el Congreso de la República, dirigido por el Ministro del Interior (Sabas Pretelt de la Vega) a ver cómo podemos entregar un texto legal con estas características: creíble, que produzca el efecto de desmovilizar estos grupos.

Algo bien importante es que la aplicación de este proceso, de los hechos que se han venido produciendo y del marco jurídico que se está estudiando con el Congreso, nos permita el desmantelamiento definitivo de estos grupos.

Ustedes van a tener la oportunidad hoy, con expertos, militares, de finanzas públicas, de mirar estos temas.

Pregunta: En los principios de los proyectos de ley para Alternatividad se habló de la creación de una comisión de la verdad. Yo quisiera preguntarle si la concepción de la Política de Seguridad Democrática –en lo que tiene que ver con la negociación con autodefensas ilegales- se cobija una comisión de la verdad que sería media verdad, o un tercio de verdad. Porque si estamos hablando de la verdad absoluta de la agresión terrorista contra Colombia, tendría que hablarse de la verdad de los delitos cometidos por guerrilla y autodefensas ilegales.

¿Qué opina usted de esa comisión de la verdad?

Presidente de la República: La verdad absoluta es un imperativo ideal, es un punto ideal, pero es imposible en procesos de paz.

A los procesos de paz siempre les quedan deficiencias. Incluso, cuando uno estudia el proceso de paz de Sudáfrica encuentra que la verdad absoluta se exigió como contraprestación al perdón total, sin cárcel, pero finalmente fueron muy poquitos los beneficiarios.

Entonces ¿nosotros cómo tenemos divido el proceso? Colombianos de la base de estos grupos que se han desmovilizado, de guerrilla o paramilitares, frente a quienes no hay sindicaciones por delitos atroces, hasta hoy los hemos desmovilizado a la luz de la ley 782 y el Gobierno está convencido que la nueva ley de alternatividad no debe derogar la ley 782, porque la ley 782 facilita la desmovilización de estos ciudadanos.

Por supuesto hay que garantizar tres cosas: primero, una declaración a la Fiscalía –que la vienen dando-. Segundo, un seguimiento para que no reincidan. Y tercero, que si, al momento de la desmovilización no se conocía que hubieran cometidos delitos atroces y eso se conoce posteriormente, se le sancione y la sanción –lo estamos discutiendo- dependerá también del grado de cooperación que ellos demuestren frente a la justicia.

Y está el otro tema, el de los delitos atroces. Ese tema necesita ser juzgado por un tribunal especial. Ahí venimos mirando las diferentes opciones, o diferentes a las que tenemos hoy en la estructura de la justicia u opciones dentro de la estructura de la justicia. Estamos trabajando el mayor nivel de consenso con los ponentes en el Congreso de la República, en esa materia.

Y el tercer punto en eso, es que, independientemente de ese órgano de justicia haya un órgano de reconciliación –en lo cual ha insistido mucho el Vicepresidente- que será una comisión que no hará parte de la estructura de la justicia, pero una comisión que irá trabajando la verdad histórica, la génesis de estos grupos; que irá haciendo un seguimiento a los desmovilizados, que se irá constituyendo en una garantía de desmantelamiento de estos grupos y de verdadera reconciliación. Ese es el resumen frente a ese tema.

Pregunta: primero saludarte Álvaro, muchas gracias por todo el trabajo que haces…

Presidente de la República: Me gusta mucho, estos muchachos de ahora, en Antioquia, dicen que no le dicen “Don” ni a un pueblo que hay allá que se llama Don Matías.

Pregunta: enmarcando la situación que la estrategia o la equivalencia que se hace de que los litros de sangre son equivalentes al coeficiente de seguridad, es muy bueno, pero quiero saber en qué va lo de la agencia nacional de inteligencia. ¿Por qué pregunto esto? Porque considero muy importante el hecho de que globalicemos la política, la inteligencia como tal, para de esa forma poder conseguir el objetivo que es aislar a estos terroristas que tanto daño le han hecho al país.

¿Cuál va a ser el siguiente paso? Porque, hemos logrado aumentar el pie de fuerza y conseguir excelentes resultados, pero ya debemos entrar a –lo que yo llamaría- la estocada final. Por ejemplo, ir a buscar los dólares que matan a nuestros soldados y a nuestros niños, semana tras semana, donde estén o saber el lugar donde se consiguen los fusiles que le llegan a estos terroristas.

Presidente de la República: esta política necesita perseverancia. Este país tiene, del millón 200 mil kilómetros cuadrados, 578 mil kilómetros –afortunadamente- todavía en selva que a pesar de los embates de la droga, se ha logrado preservar, con una geografía muy accidentada.

Me contaban hoy que un analista francés, en uno de nuestros periódicos, dice que: ‘un grupo con tanta gente no es terrorista. Y lo asombra es que son 10 mil’. Aquí llegó a haber 50 mil. Sume 17 mil de la Farc, más 12 mil milicianos urbanos, más 3.500 a 4.500 del ELN, más 12 ó 18 mil de las autodefensas ilegales: casi 50 mil terroristas que no tienen control territorial pero si tienen inmensas oportunidades de escondite territorial.

Eso nos lleva a otro punto: ¿ha habido repliegue de ellos? Ellos no han tenido repliegue voluntario, cada que pueden salen. Aquí lo que ha habido es una acción contundente, ofensiva en crecimiento de la Fuerza Pública. Ante esa circunstancia, nosotros no podemos pensar que el resultado final va a ser rápido. Aquí lo importante no es tanto la urgencia por el resultado final, sino la perseverancia en la voluntad política, a nivel de la ciudadanía, a nivel del Gobierno y de la institución armada. Yo reclamaría perseverancia en esa voluntad política, porque el resultado final no se consigue fácilmente.

Preguntas por el tema de inteligencia. Nosotros necesitamos inteligencia humana, inteligencia técnica, inteligencia coordinada e inteligencia operativa.

Para la parte de inteligencia humana ha sido muy importante todo lo que es la acción de la cooperación ciudadana. En la Colombia de hoy, nosotros necesitamos un ideal y aproximarnos lo más cercanamente posible a ese ideal: que cada ciudadano sea un cooperante con la Fuerza Pública.

Le he dicho a la ciudadanía de Norte de Santander, le he dicho a la ciudadanía de Urabá, a la ciudadanía de sectores donde se han desmovilizado los paras: ¡por Dios! ustedes lo que tienen que hacer es, cada uno ser un cooperante con la Fuerza Pública.

La Fuerza Pública sola, en este tamaño de país, en esta accidentalidad geográfica del país, no puede. El éxito de la Fuerza Pública va a depender muchísimo del grado de cooperación de la ciudadanía y el grado de cooperación de la ciudadanía ayuda en ese componente de la inteligencia que es el componente humano, que por supuesto tiene que tener un gran apoyo en el componente técnico.

El Gobierno nunca tomó la decisión de la agencia central de inteligencia, pero sí, todos los días avanzamos más en la coordinación en materia de inteligencia entre las diferentes instituciones.

Pregunta: Desde hace más de un año el ex presidente Alfonso López viene escribiendo, en su columna de El Tiempo del domingo, sobre la necesidad de adelantar un proceso de acuerdo humanitario entre el Gobierno y la guerrilla de la Farc y el ELN para conseguir la liberación de los colombianos secuestrados desde hace bastante tiempo. El caso del Huila, usted la conoce perfectamente bien, cuatro congresistas fueron secuestrados.

¿En que lugar de su política de Seguridad Democrática, que comparto plenamente, esta ese pequeño capítulo para lograr la liberación de nuestros compatriotas secuestrados por este grupo insurgente?

Presidente de la República: Julio cada vez que visto su departamento, que lo hago con mucha devoción, cualquiera sea el motivo de la visita, siempre tengo una reunión adicional con los familiares de los secuestrados.

Para mi ha sido un tema muy difícil porque por una parte yo soy padre de familia, miembro de una familia de ese 50 por ciento de las familias colombianas que ha sufrido en carne propia este flagelo. Esas circunstancias me llenan de inmensa angustia cuando estoy frente a los familiares de los secuestrados. Por otra parte, tengo esta honrosa responsabilidad.

Yo prometí –en la campaña y empecé a aplicarlo como Presidente electo, como Presidente en ejercicio los primeros meses- que para un acuerdo humanitario era necesario reiniciar un proceso de paz a partir de un cese de hostilidades. Muchos me pidieron que sustituyéramos ese requisito, que elimináramos la iniciación del proceso de paz como requisito para el acuerdo humanitario: Koffy Anan, el Presidente de Francia, los familiares de los secuestrados, algunos facilitadotes. Aceptamos. Dijimos: ‘bueno, lo separamos, pero que liberan a los secuestrados, que haya una facilitación de Naciones Unidas y que los guerrilleros que salgan de la cárcel no vuelvan a delinquir, se vayan al extranjero.

A ninguna persona que me ha pedido ser facilitadora le hemos negado que sea facilitadota –le pediría, me aceptara la excusa de no referirme a nombres propios, pero sí a instituciones-, ha ayudado la Iglesia, han ayudado gobiernos extranjeros, etcétera. A nadie le hemos entorpecido el derecho a que facilite.

No se puede decir que se entorpece el derecho a facilitar porque se captura a un delincuente, que puede ser el facilitador de la liberación de Ingrid Betancur y al mismo tiempo el urdidor del asesinato de la señora Cubas, en Paraguay. Eso hay que mirarlo cuidadosamente.

¡A mi que no me vengan a decir, que por capturar a uno de los asesinos intelectuales de la señora Cubas en Paraguay, estábamos obstruyendo el acuerdo humanitario!

¡No se puede tener un posición internacional de doble moral, totalmente firme, para no ceder a chantajes cuando hay secuestros en Irak y totalmente condescendiente con los terroristas guerrilleros, para proponer un acuerdo humanitario en Colombia. Irak ha sufrido mucho, pero aquí hemos sufrido durante más tiempo! Entonces, en eso, el Gobierno tiene que tener todo el cuidado.

Nosotros, ya lo dije, aceptamos: ‘bueno, que no se vayan para el extranjero, que entren a un proceso de reinserción’, yo le pregunto: ¿que pasaría con la moral de la Fuerza Pública, después que el año pasado hubo más de 600 víctimas en la Fuerza Pública de minas antipersona de este grupo guerrillero terrorista, si el Gobierno simplemente suelta de la cárcel unos guerrilleros, va y los entrega en la selva para que sigan delinquiendo? Si yo fuera soldado no vuelvo a pelear y hago operación tortuga al Gobierno.

¡ Es que hay que conocer la historia del propio país para las decisiones que uno tiene que tomar! Aquí no ha habido un ejército golpista, pero si ha habido una institución armada que cuando, la voluntad política del Gobierno la desmotiva, ella procede en consecuencia con su desmotivación. Por eso nosotros no podemos aceptar la exigencia de liberar estos individuos de la cárcel para que vuelvan a delinquir.

El despeje. Nosotros hemos ofrecido alternativas, ofrecimos la alternativa de una reunión en una embajada y que los trajera a la embajada la Cruz Roja, en la Conferencia Episcopal, en una Iglesia de cualquier lugar colombiano. Pero sin despeje.

Es que, también hay que entender la psicología colectiva. La psicología colectiva de los colombianos hoy, comprende plenamente la improcedencia, la inconveniencia de un despeje. Es que el Gobierno Pastrana procedió con toda la buena fe ¿pero esos bandidos cómo respondieron?: aplicaron muy bien lo que Marx copió de Maquiavelo: "cuando sientas la generosidad de tu contrincante, no la tomes como generosidad, sino como debilidad para que lo golpees". Esa fue la respuesta de estos bandidos, a la buena fe del despeje. ¡El Gobierno no puede aprobar despejes!

Y hay un punto: ¿por qué a los que han pagado en el Huila –que son varios y usted y yo lo sabemos-, no les han exigido despeje? y los han liberado y pertenecían al mismo grupo. Entonces ¿por qué en unos casos, cuando está de por medio el dinero, no se necesita despeje y en el otro caso si se necesita el despeje?

Un gesto de enorme buena voluntad del Gobierno: liberamos más de 20 guerrilleros. No es como dicen algunos, que ya iban a salir de la cárcel, allí había gente que le faltaban 6, 8 años de cárcel. Ofrecimos ese gesto de manera unilateral ¿cuál fue la respuesta? para no hablar de lo que el país conoció como oferta gubernamental cuando se tramitaba la extradición de uno de estos señores.

¡ Qué difícil manejar la figura de la extradición en Colombia! Yo le he tenido que decir claramente al Congreso y hoy lo repito: esa es una figura que tiene múltiples implicaciones, una de ellas la dignidad del país. Por eso he dicho claramente que este Gobierno no está de acuerdo con afectar la extradición en la ley de alternatividad penal de ahora, porque no estamos dispuestos a crearle un debate al país que ponga a Colombia en el banquillo de los acusados como un país paria.

La dignidad del país hay que cuidarla muchísimo y mire el riesgo que tomamos para hacer un gesto de buena fe y buscar el acuerdo humanitario cuando el caso de la extradición de Trinidad. Ve usted que hemos ofrecido muchas opciones, también la Fuerza Pública está, afanosamente, buscándolos.

Entonces ¿ve lo difícil que es esto? Por un lado la angustia de estos compatriotas, que uno la siente, y por otro lado la responsabilidad para que decisiones que tomemos en materia de acuerdo humanitario no nos afecte en la política de Seguridad.

Tenemos tres inamovibles que hemos repetido. Respetando esos tres inamovibles, el Gobierno siempre ha estado dispuesto y sigue abierto a examinar opciones.