CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES
Octubre 28 de 2005 (Cali – Valle del Cauca)

Compatriotas:

Déjenme introducir esta respuesta a ustedes, apreciados concejales, con unas consideraciones generales sobre tres temas: el tema de la gobernabilidad, su relación con la propuesta de Visión Colombia al 2019, el tema de la credibilidad nacional e internacional en las instituciones colombianas y el tema de lo que consideramos una democracia moderna.

La gobernabilidad se basa en el grado de aceptación que el pueblo y las instituciones tienen a la forma de gobierno imperante, al ordenamiento jurídico vigente.

Y uno de los puntos que hemos considerado básicos para poder avanzar en esa aceptación es la combinación entre la visión de largo plazo y la ejecución diaria. No puede haber visión sin ejecución, y tampoco puede haber ejecución sin visión.

Por eso le hemos propuesto a Colombia un documento para la discusión democrática, que se llama Visión de Colombia para el 2019.

Para el 2019, cuando el 7 de agosto cumpliremos 200 años de vida independiente, con metas parciales, porque las visiones de largo plazo solamente generan credibilidad en la medida que haya periódicas evaluaciones que muestren avances.

Tendrá que haber mesta parciales de manera constante y metas parciales muy importantes el 20 de julio de 2010, cuando nuestra Patria cumplirá los 200 años del grito de independencia.

Cuando un pueblo puede entrar a discutir una visión de largo plazo se crea un gran consenso, y ese nivel de consenso construye y facilita gobernabilidad. Cada ciudadano se siente integrante, de veras, del todo colectivo.

Necesitamos esa combinación porque si se tiene una visión de corto plazo, pero no se hace un gran esfuerzo en el trabajo cotidiano, entonces no se avanza hacia la visión de largo plazo, la visión se convierte de quimera en frustración.

Y además de la visión necesitamos el trabajo cotidiano, el esfuerzo de todos los días, además del esfuerzo de todos los días necesitamos la visión, porque un esfuerzo cotidiano en una nación sin una visión, también genera incertidumbre, porque la ciudadanía se queda sin saber para cuál puerto está haciendo el esfuerzo de remar.

Este documento lo presentamos a consideración de los compatriotas el pasado 7 de agosto, el doctor Santiago Montenegro (director de Planeación Nacional), lo titulamos el primer borrador; queremos que sea la discusión pública la que lo mejore.

Ha empezado el debate en el país, y quiero invitar a los concejales y a la Federación de Concejales a que intervengan en este debate, como he invitado a los gobernadores, a los alcaldes, al Congreso, a los sectores sociales y a los gremios.

Confiamos que en los primeros cuatro meses del año entrante podamos producir el segundo borrador, después de recogidas las inquietudes de la primera etapa de debate.

Creo que en ese ejercicio participativo que ustedes estimulan, y a lo cual se han referido sus voceros esta mañana y que es la base subyacente del proyecto de ley que han presentado por iniciativa de ustedes a consideración del honorable Congreso, la participación es de gran importancia, y este esfuerzo de participación para definir una visión de la Patria que queremos, es esencial.

Además nos va a permitir tener elementos esenciales, que sean políticas de Estado y que se trasladen de un plan de desarrollo a otro plan de desarrollo.

El país no puede tener estancamiento que equivale a continuismo, pero el país tampoco puede vivir de bandazo en bandazo. Una cosa es el ajuste dialéctico, ordenado, razonable, de todos los días, y otra es estar dando bandazos.

El ajuste dialéctico, razonado, como consecuencia del ejercicio democrático, permite que el país avance en una agenda de mejoramiento continuo. El estancamiento es tan grave como los bandazos: ambos generan incertidumbre, no permiten que el país avance en esa senda de mejoramiento continuo.

La queja de que no hay políticas de Estado no se puede atender forzando con el ordenamiento jurídico planes de desarrollo más allá de los períodos presidenciales o congresionales, entonces el remedio es una solución democrática, es una discusión democrática que construya el mejor nivel de consenso sobre cuál es la visión de largo plazo, cuyos elementos fundamentales sean los puentes que vinculen un plan de desarrollo con otro.

He invitado a los departamentos a que cada uno trabaje un anexo para este documento, y me gustaría también que esto descendiera al orden municipal, y no hay una institución más importante de la vida colombiana para trabajar esa visión de largo plazo, que los concejales.

Es una tarea que les pido, que creo que pone a los concejos municipales en un horizonte y en un grado de conexión con los superiores intereses del pueblo, trascendental.

El otro tema al que me quiero referir es el de los grandes compromisos colombianos con la credibilidad internacional, yo diría que tres: el país tiene que mostrar eficacia y transparencia en la seguridad democrática, el país tiene que demostrar voluntad y capacidad de cumplir las metas del milenio, y el país tiene que demostrar capacidad de derrotar la corrupción.

Eso armoniza con lo que hemos venido proponiendo, deben ser los elementos caracterizadores de una democracia moderna.

Yo creo que está obsoleta la vieja división que nos han querido imponer entre izquierda y derecha. Era valida cuando se enfrentaban las dictaduras militares del continente. Hoy, cuando todo el mundo acepta girar alrededor de la regla democrática, esa división es obsoleta, esa división es polarizante, como se demostró en la reciente elección del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y esa división es impráctica.

Una periodista internacional me decía a mí: “Colombia se va a sentir muy mal, su gobierno, aislados, un gobierno de derecha aislado en una corriente de izquierda en América Latina”.

Y le dije: “déme un solo hecho del gobierno del presidente (de Brasil, Luis Inacio) Lula para que lo califiquen de izquierda, y un hecho del gobierno que presido, para que lo califiquen de derecha”. Enmudeció la periodista.

Seguía insistiendo, ya le decía: mire, una cosa es la proposición del discurso, otra cosa es la realidad; una cosa es la campaña, la autoidentificación, el descrédito, otra cosa es la el ejercicio gubernamental. Y ella en esa discusión me dijo: lo que pasa es que yo soy de izquierda.

Le dije: ¿dígame usted por qué es de izquierda? Y enmudeció.

Hoy viendo esos conceptos, que se han tornado en simples afirmaciones emotivas para ganar o para descalificar, he invitado a la reflexión a mis compatriotas para que los dejemos atrás, y pensemos en lo que caracteriza una democracia moderna, para saber si una democracia es una democracia progresista o regresiva, moderna o anquilosada hay que preguntarnos si esa democracia está regida por liderazgos constructivos o caudillismos caprichosos. Hay que preguntarnos cuál es el grado de participación que esa democracia tiene en los procesos de cambio.

Esto sí que es importante. La verdad es que cuando ustedes piden participación y capacitación para la participación y hablamos de que Colombia debe estar con una visión de largo plazo y una ejecución cotidiana en una senda de mejoramiento continuo, eso es invitar ustedes e invitar el Gobierno a que vivamos en un permanente proceso de cambio ordenado, regido por una visión de largo plazo y eso no lo hacen hoy cuatro o cinco sabios, eso lo hace una comunidad, el colectivo, el grupo guía de un proceso de cambio en nuestra época, no es un reducido grupo de privilegiados o inspirados o de educados. Tiene que ser el colectivo.

Todos los textos de Sociología contemporánea, de Ciencia Política indican que cuando los procesos de cambio no tienen en el equipo liderante del cambio al colectivo, esos procesos de cambio se frustran porque hay una gran brecha entre quienes los proponen y el pueblo destinatario.

Pues bien, apreciados concejalas y apreciados concejales, para saber si una democracia es una democracia moderna o anticuada, hay qué preguntarse si esa democracia tiene unos gobernantes que den ejemplo en materia de respeto al ordenamiento jurídico, a la Constitución o a la Ley o si son gobernantes que imponen sus comportamientos en contra del ordenamiento jurídico.

Y todo eso nos ha llevado a proponer que esa democracia debe responder a cinco parámetros: la seguridad con alcance democrático, el respeto a las libertades públicas, la cohesión social, la transparencia y el respeto a las instituciones independientes.

Eso además es el gran camino para responder a otra pregunta: ¿Es la democracia incluyente o excluyente? Yo he venido proponiendo a mis compatriotas en este ejercicio de 39 meses una democracia pluralista en permanente debate pero al mirar un debate hay que preguntarse si es un debate edificante o destructivo, si es un debate con antagonismos de odio, con acidez o es un debate fraterno con contradicciones superables para hallar soluciones.

El debate que requerimos en Colombia tiene que ser tan libre como constructivo, tiene que ser tan permanente como fraterno, tiene que ser tan profundo como dispuesto a superar antagonismos y a proponerle al país soluciones y eso apunta a otro derrotero para nuestra Patria: el modelo tiene que ser un modelo sin exclusiones pero sin odios. Es tan grave una sociedad estimulada por los odios, estimulada por el desplazamiento de la fraternidad por parte del ánimo visceral como una sociedad con exclusiones.

Creo que la combinación es que en la mente y en la actitud de los colombianos nos propongamos una sociedad sin exclusiones y sin odios. Ese primer parámetro, el de la seguridad democrática, democrática porque es para todos los colombianos, independientemente de su grado de coincidencia con las tesis del gobierno de turno o de su actitud de oposición, permanentemente he pedido a las Fuerzas Militares y de Policía que ellos, que no constituyen la fuerza pública de Uribe, ni del gobernante de turno sino la fuerza pública de la Constitución, le muestran a este país que nuestra seguridad es democrática con su decisión de proteger por igual a todos los colombianos, que protejamos por igual al dirigente gremial que al dirigente sindical, al campesino que al empresario agrícola, que protejamos por igual a los más duros opositores del gobierno que a los más fervorosos defensores de las tesis del gobierno.

Me duele mucho que de este ejercicio que hemos buscado que sea consecuente de todas las horas, congruente entre el predicamento y la acción, todavía tengamos que lamentar estos asesinatos de concejales. Mientras escuchaba al doctor Antonio Galán, a su director ejecutivo, a los vicepresidentes, revisaba esta cartilla que publica la Presidencia una, dos veces por semana sobre los avances de la seguridad democrática. Este país lleva tres años en descenso del homicidio.

El primer año de gobierno el homicidio descendió en Colombia en un 20 por ciento, el segundo año en un 15 por ciento y este año lleva un nuevo descenso del 16 por ciento. En Cali llevamos hoy 560 homicidios menos que el año anterior pero nosotros no nos podemos conformar con esto. Una tendencia positiva menos cuando se trata del respeto al derecho fundamental, de los fundamentales que es el derecho a la vida, no es para tranquilizarnos. Hay que mantener un norte que es la derrota de estas conductas violentas.

En el secuestro, esta Patria que llegó a tener 3.050 secuestros, este año tiene 271 secuestros extorsivos. En total 599 pero no estamos conformes, necesitamos llegar a cero secuestros. He propuesto unas mediciones, unos indicadores, para que lo digan a la comunidad nacional e internacional, de nuestra preocupación por ser congruentes en la práctica con el discurso de la seguridad democrática.

El homicidio de sindicalistas. Colombia llegó a ver el asesinato de 168 sindicalistas en un año. Todavía no hemos llegado a cero como debíamos haber llegado a cero. Todavía este año nos han asesinado 13 compatriotas afiliados a organizaciones sindicales. Nuestra lucha es para que Colombia pueda decir, cero asesinato de sindicalistas.

La libertad de prensa no puede ser objeto de una simple declaración retórica del ordenamiento jurídico o del discurso de los voceros institucionales, tiene que ser una libertad eficaz. Un país que llegó a ver el asesinato de 12 periodistas por año, es un país que no puede reivindicar que su libertad de prensa es eficaz. Hemos hecho todo el esfuerzo pero todavía no hemos logrado lo que necesitamos. Aún nos han asesinado este año dos periodistas.

Mis antecesores se refirieron al homicidio de concejales. Sí, que hubo 80 en el 2002 no es para tranquilizarnos porque ha habido 22 este año. La verdad es que la diferencia de las cifras no amortigua la tristeza. A los pocos días del asesinato de los concejales de Puerto Rico, Caquetá, allá realizados sendos consejos de seguridad y comunitarios. ¡Qué duro encontrar esa comunidad en desespero! A los pocos días del asesinato contra el Presidente del Concejo de Campoalegre, al siguiente día, con ese intento de asesinato que le costó la vida a familiares suyos y a varios de sus compañeros, pude hablar con él. Eso es desgarrador.

El Ministro del Interior y Justicia se ha referido al esfuerzo que se está haciendo para mejorar la protección de ustedes. Quiero decirles esto apreciados concejales: si este país le hubiera hecho caso a Luis Carlos Galán oportunamente, cuando él nos convocó con toda firmeza para enfrentar la delincuencia, ah sangre y tiempo que habríamos ahorrado! Pero nunca es tarde.

La Fuerza Pública está haciendo creciente exposición al sacrificio. Está actuando con todo el heroísmo, hoy tiene en la dirección civil la voluntad política que se reclamaba, la tenemos toda. El Gobierno, empezando por mi persona, que he tenido el infinito privilegio de dirigir los destinos de mi Patria, tiene toda la voluntad para derrotar el terrorismo. No vamos a desmayar. El terrorismo no negocia sino cuando sabe que instituciones y pueblo han hecho el pacto democrático de derrotarlo.

Era yo todavía estudiante universitario y llegaban a mi universidad panfletos de la FARC aduciendo que como no había elección directa de autoridades locales, ellos justificaban su acción violenta. Años después, concluyó un debate centenario en Colombia cuando el senador Álvaro Gómez Hurtado presentó el proyecto convertido en acto legislativo para adoptar la elección popular de alcaldes.

Vino la Constituyente del 91, se extendió a la elección popular de gobernadores, se crearon mecanismos de democracia directa, de democracia participativa de gran importancia y quienes en la víspera habían propuesto el discurso apologético de la ampliación democrática, cuando esa ampliación democrática se convirtió en realidad, ellos se tornaron en los sicarios de la democracia.

Propusieron la elección popular de alcaldes y después se dieron a la tarea de asesinar a los alcaldes. Cuando este gobierno empezó, en la tarde de aquel 8 de agosto de 2002, yo visité el Caquetá después de haber llegado a las 5:30 de la mañana al departamento del Cesar. ¡Qué tristeza! Encontré todos los alcaldes de los municipios del Caquetá arrumados en la Gobernación en Florencia. No podían despachar. Hay problemas pero hemos avanzado.

Para que todos los alcaldes, independientemente del origen político de su elección puedan cumplir transparentemente, esforzadamente los mandatos del pueblo y las normas de la Constitución, vamos a insistir en esa tarea.

La verdad es que en esto no podemos descansar. Me preocupa mucho cuando escucho al doctor Antonio Galán denunciar que subsisten esas presiones de los grupos mal llamados paramilitares pues bien, ellos tienen dos opciones: o cumplen con la Ley de Justicia y Paz o los derrotamos militarmente. Y si esto no lo dice y no lo hace cumplir el Presidente de la República, ¿entonces quién?

Quiero desde aquí convocar a todos mis compatriotas para que cada uno sea un vigilante de la transparencia del proceso electoral que se inicia en nuestra Patria. Transparente fue el proceso del referendo. Los colombianos sintieron todas las libertades para oponerse o abstenerse. El Gobierno en la defensa del Referendo no infringió maltrato a los colombianos. Transparente fue el proceso electoral de 2002 para concejales, alcaldes, diputados, gobernadores.

Muchos de la verdadera oposición provenientes de partidos alternativos a los tradicionales, provenientes de partidos con adherentes que pertenecieron a antiguas guerrillas, ganaron su elección porque además del respaldo popular tuvieron la garantía efectiva de sus libertades. Eso sí que puso a prueba nuestra consistencia con la Seguridad Democrática.

En los últimos meses Colombia ha elegido más de 300 alcaldes, el Gobierno y las Fuerzas Armadas y la Policía nos hemos dedicado a rodear a todos los candidatos de garantías, por eso no vamos a permitir que grupos armados participen en el proceso electoral, intentarán hacerlo por todos los medios, pero los teléfonos del Ministro del Interior, del Ministerio de Defensa, de los Altos mandos, y los de la Presidencia serán líneas abiertas para enfrentar estos fenómenos.

La Ley de Justicia y Paz advierte que aquellos que se acojan a ella si interfieren el proceso político, pierden los beneficios. Lo mejor que pueden hacer quienes se acojan a la Ley de Justicia y Paz es respetar la democracia, observar la democracia, no interferirla, no se entiende que haya unos individuos en armas y otros del mismo grupo, tratando de intervenir en política. Eso no lo permitiremos.

Cuando nos dolemos de lo que pasó con la Unión Patriótica allí concurrieron dos errores: las Farc quiso estimular simultáneamente la lucha política y la lucha armada, en la democracia las únicas armas valederas son las argumentales. Y un segundo error, falta de contundencia del Estado para proteger a los luchadores de la política.

Ahora no podemos permitir ni el engaño de las Farc de combinar el terrorismo con un supuesto partido político, ni tampoco estrategias paramilitares de mantener gentes en armas y salir ellos a hacer política. Ni lo uno ni lo otro, apreciados compatriotas y frente a esto hay que hablar duro, claro, en tiempo oportuno y hay que pedir con la responsabilidad principal del Presidente de la República, un ejercicio eficaz de la administración de justicia, un ejercicio eficaz de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Si realizamos este debate con transparencia mucho habrá ganado la Seguridad Democrática, mucho trecho habremos recorrido para que la Seguridad Democrática se torne en paz, mucho habrá ganado la legitimidad de la Ley de Justicia y Paz.

Es menos difícil aclimatar procesos de paz con paramilitares y ojalá rápidamente con guerrillas cuando se respetan los procesos democráticos que cuando se interfieren con acciones violentas las decisiones democráticas del pueblo.

Quiero referirme al tercer elemento de aquellos parámetros para construir una democracia moderna incluyente, pluralista, fraterna, es el de la cohesión social.

No podemos seguir en la vieja contradicción de creer que hay una exclusión entre la propuesta del respeto a las garantías individuales y la propuesta de construcción de cohesión social.

En una comunidad es tan importante hacer sentir a cada ciudadano que tiene total consideración por sus garantías individuales, como que cada ciudadano le haga sentir su responsabilidad solidaria a ese colectivo que es la nación al cual pertenece.

Bobbio bellamente demuestra en unos de sus libros como no hay exclusión entre la protección de las garantías individuales y la construcción de cohesión social.

Las garantías individuales, su respeto, es una de las características democráticas de la seguridad. Su respeto nos permite decir que la Seguridad es Democrática. Y la cohesión social, la construcción de justicia social es el puente que nos permitirá el tránsito de la Seguridad Democrática a la paz.

Y eso lo relaciono con las Metas del Milenio. Hay que conquistarlas, no las podemos aplazar, cumplir con las Metas del Milenio es una obligación de credibilidad de la comunidad internacional en Colombia. La vamos a cumplir en educación, tenemos que garantizar un ciento por ciento de cobertura en educación básica, estamos en el 91 por ciento. Han ayudado muchos concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, el Congreso de la República.

Pero tenemos problemas graves como el de deserción. Por eso tenemos que seguir aumentando los restaurantes escolares, todos los programas de Bienestar Familiar, en ese proceso de integración entre los diferentes niveles de Gobierno.

En esta administración hemos pasado de 6 millones 100 mil usuarios de Bienestar Familiar a casi 10 millones, hemos crecido en más de 600 mil el número de estudiantes en los restaurantes escolares, emprendimos un nuevo programa, el programa de desayunos para niñitos menores de 5 años, y dentro de poco podremos decir en Pereira que nos quedamos en los 500 mil la meta inicial sino en un millón. Todo eso ayuda a que haya menos deserción.

El Gobierno anterior concibió el programa de Familias en Acción que nosotros pusimos en marcha. Vamos a terminar este año con 500 mil Familias en Acción en más de 700 municipios de la Patria. Pero no es suficiente, el año entrante hay que llegar a 650 mil y para garantizar ese ciento por ciento de cobertura escolar con la mínima deserción, hay que aproximarnos a un millón.

Así como hemos podido decir que el SENA ha llegado a todos los municipios de la Patria, también queremos dentro de poco poder decir que el programa Familias en Acción ha llegado a todos los municipios de la Patria.

Se la noble preocupación de ustedes por la educación, me comprometo que los funcionarios del Ministerio, con la coordinación del Ministerio del Interior, van a poner en práctica con ustedes rápidamente el acuerdo con un aporte nacional de más de mil millones para la capacitación de los concejales.

Reconozco que es totalmente insuficiente y le voy a pedir al viceministro (del Interior, Hernando) Angarita, con la venia del doctor Sabas (Pretelt de la Vega, Ministro del Interior y Justicia), que trabajemos con la ESAP a ver hasta dónde puede atender la petición de educación de capacitación de los concejales. Y que pongamos en marcha un programa con el SENA para capacitación de la base democrática de la Nación que empieza en ediles y concejales.

Por lo menos al evaluar nuestros compromisos de hace un año en Pereira encontramos que a pesar de los daños que nos ha hecho el terrorismo, hemos avanzando con ustedes en la defensa de lo que se llaman los derechos humanos de los concejales.

Y hemos avanzando en este programa del Ministerio de Educación, que cuando nos volvamos a reunir rápidamente podamos decir, se está ejecutando el programa del Ministerio de Educación, ha empezado un programa con la ESAP y ha empezado un programa con el SENA. Si hay una aspiración noble de cualquier institución del pueblo de la Patria, es la aspiración de tener más y mejor educación.

Hace pocos días lanzando un programa para que a los colombianos no les de pereza ni vergüenza formarse como tecnólogos y técnicos, un programa que consiste en que una persona que se gradúe de técnico o de tecnólogo después pueda ir a una universidad a los años y decir “quiero completar las materias y graduarme en educación superior”, proponía yo a mis compatriotas que necesitábamos una Colombia en la cual se pueda estudiar y trabajar toda la vida.

Uno de los filósofos chinos solía repetir: “El ser humano empieza a morir el día que deja de estudiar”. Uno de los objetivos de nuestra revolución educativa es crear condiciones para que los colombianos puedan estudiar y trabajar roda la vida. Tenemos limitaciones presupuestales severas, apreciados concejales de mi Patria, pero le vamos a sumar del esfuerzo del Ministerio de Educación, esfuerzos de la ESAP y esfuerzos del SENA para esa noble aspiración de ustedes de más y mejor formación democrática.

Otra de las metas sociales del milenio es la meta de la salud. Hay que cumplirla. Hemos avanzado mucho en la disminución de la mortalidad infantil, de la mortalidad de mamás al momento de dar a luz, pero nos falta en muchas regiones. Vemos retrasos en algunas regiones. Esas metas hay que cumplirlas. El Senado ya aprobó la reforma al régimen subsidiado, la ley 100, que ahora se discute en la Cámara. Confío que antes del 16 de diciembre sea ley, para que en dos años Colombia le pueda decir al mundo que tiene plena cobertura en seguro de salud para los estratos 1, 2 y 3 de la población. Los pobres por los cuales tiene que responder el estado en nombre de la solidaridad.

Cuando este gobierno empezó había 10 millones y medio de colombianos afiliados, terminaremos este año con más de 18, pero los estratos 1, 2 y 3 suman 26 millones de compatriotas, suponemos que hay cuatro millones en el régimen contributivo, entonces tenemos que completar 22 millones afiliados al régimen subsidiado, nos quedan faltando cuatro millones. Un trabajo grande y costoso pero lo tenemos que lograr.

Propongo lo siguiente. Revisar la afiliación a salud de los concejales de las categorías de los municipios que ustedes estimen pobres y empezar ahí la aplicación de la nueva ley. La nueva ley abre las posibilidades de que para el régimen subsidiado de salud en el estrato 3, haya diferentes modalidades, una modalidad es que por ejemplo que el estado subsidie un porcentaje de cotización para que el afiliado tenga plan obligatorio de salud, no de régimen subsidiado sino el más completo, de régimen contributivo.

El doctor Angarita, viceministro del Interior, delgado por el Ministro para el enlace permanente con los concejales, coordinará con el Ministerio de Protección cómo a través de esos mecanismos logramos que todos los concejales, de los municipios con mayores dificultades –yo no me referiría ahora a categorías, ustedes lo dirán en la discusión- pueden beneficiarse de esa ley y recibir rápidamente la afiliación con extensión familiar a la seguridad social en salud.

Como estos encuentros tienen que generar credibilidad, yo no me atrevo a comprometerme hoy en el tema pensional. Ahí vamos con mayor lentitud. Por es totalmente urgente el tema de salud.

Eso sí voy a pedir un favor de ustedes. Si ustedes me dijeran: Presidente, ¿cuáles metas del Milenio tenemos dificultades en cumplir?, yo les diría: la de saneamiento básico.

Cuando se discutía la ley 715 hubo dos tendencias en el Congreso: una que decía: dejen esos recursos para la libre discrecionalidad de los municipios. Y otra que dijo: no, hay que destinarlos a saneamiento básico. Fue la tendencia que se impuso.

Este año las transferencias del Gobierno Nacional a las regiones para saneamiento básico, valen casi un billón de pesos. En los últimos años han sido crecientes. Sin embargo, los problemas son muy graves en acueductos y alcantarillados.

Hay que empezar con tres soluciones: la de Bogotá con el Río Bogotá; la de Cali con el Río Cauca, y la Medellín con el Río Medellín. Y ustedes nos tienen que ayudar a que en cada municipio definitivamente resolvamos el problema del acueducto y el problema del alcantarillado.

Es un imperativo con el medio ambiente. Es un imperativo con la salud pública. Es un imperativo con las metas del Milenio. Es un imperativo con la calidad de vida de nuestros compatriotas.

Para eso hay que revisar cómo se aplican los recursos, derrotar corrupción, construir consensos. Y le he pedido a los gobernadores que tengan comprensión. Pienso, honorables concejales, que el Gobierno Nacional con sus limitaciones no podrá seguir enviando partidas importantes de dinero para vías terciarias. Nos vamos a tener que dedicar a metas del Milenio, como el saneamiento básico, y nos vamos a tener que dedicar a las vías de competitividad.

Estamos empezando ahora, en todas las regiones de la Patria, un programa de pavimentos que se llama Plan 2.500 para más de 3 mil 146 kilómetros. Hay que preparar uno nuevo. Le he pedido al Gobierno que prepare para la siguiente administración presidencial, cualquiera la presida, dos borradores que entreguemos. Uno sobre un nuevo proyecto de pavimentos y otro sobre un nuevo proyecto de acueductos y alcantarillados.

Este Gobierno se demoró más de dos años en empezar el nuevo proyecto de pavimentos, no sólo por razón de escasez de recursos, sino porque se tomó mucho tiempo para hacer el proyecto. Si le entregamos al siguiente gobierno un proyecto elaborado, el siguiente gobierno tendrá menos demoras. Pero he pedido que en esa discusión democrática, como la hicimos en esta oportunidad para el Plan 2.500, al proponer desde las regiones cuáles son las vías a pavimentar, nos propongan vías que contribuyan a la competitividad. Es una necesidad.

Entonces tocará hacer un gran esfuerzo de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, para poner a funcionar sistemas participativos y económicos de mantenimiento de vías terciarias. Bancos de maquinaria en cada municipio o asociativos, cooperativas regionales, contratos con la Acción Comunal, aportes de vecinos. Quiero que ustedes nos ayuden reflexionando sobre esto. Ahí veo que tienen una gran posibilidad de participación.

Nos hemos demorado mucho con los recursos que el honorable Congreso, en las audiencias públicas, destinó a más aumento de acueductos y alcantarillados, entre otras cosas porque no estaban los proyectos. Había ideas pero no proyectos.

Por eso pido a ustedes que se urja en cada municipio tener no en nivel de ideas sino en nivel de proyectos, lo que requerimos en acueductos y alcantarillados, a ver cómo podemos avanzar más velozmente y resolver este problema, que es una de las metas más exigentes del Milenio.

Ustedes han planteado unas aspiraciones en materia de vivienda. Tienen toda la razón. El país todavía tiene un déficit de millón y medio de viviendas sociales. En este Gobierno nos propusimos a hacer 400 mil. Vamos a terminar este diciembre con 300 mil. Vamos a hacer todo el esfuerzo para aproximarnos lo más cercanamente posible a la meta de 400 mil.

Estoy preocupado de que no la podamos alcanzar. Pero también preocupado de que el país necesita hacer más en esa materia. Entonces uno choca, uno ve el choque entre la necesidad y el faltante de recursos. El Congreso tiene que revisar ahora el monto de la partida anual para vivienda social. Yo estoy seguro que se va a elevar sustancialmente, y tenemos que buscar cómo superar esa limitación de recursos.

Quiero ofrecerles lo siguiente: quienes de ustedes no puedan participar en la búsqueda de subsidios a través de los esquemas del Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional está dispuesto a ayudarles a acceder a la línea de crédito convenida con Findeter, cajas de compensación familiar y el sector financiero.

En esa línea de crédito hay este compromiso: colocar entre el primero de julio de este año de 2005 y el 30 de junio del año entrante, un billón de pesos para vivienda social, a tasas más o menos de inflación + 9, inflación + 11.

Ya hay una corporación que las está ofreciendo a inflación + 8. El Gobierno Nacional puede hacer este compromiso, doctor Antonio (Galán).

No quiero meterlo en la construcción de eso. Yo sugeriría lo siguiente: para que las construyan y el proyecto sea una realidad, por qué no seleccionan ustedes una entidad en el país, puede ser una caja de compensación o varias, que les adelante un programa de vivienda para concejales, y el Gobierno les entrega a esa o a esas entidades la línea de crédito del sector financiero – Findeter.

Creo que en esto, con la coordinación del Ministerio de Interior y el delegado del Ministro, el viceministro Angarita, y con Findeter, podemos lograr un acuerdo con ustedes. Les pediría seleccionar las entidades con las cuales se va a adelantar el proyecto para poder canalizar los recursos.

Ayer hubo una reunión aquí. Ahora que venía del ingenio del Cauca con el señor Gobernador, él me contó de la reunión ayer donde estuvo representado el Gobierno Nacional y, con la ayuda de Dios, el Gobierno Nacional aportará ahí una buena cantidad de subsidios.

Angelino Garzón, gobernador del Valle del Cauca: A ver, no, mire. Yo venía comentándole ahora que veníamos del ingenio Cauca al señor Presidente de la República, lo siguiente, señores concejales de Cali: ayer hemos llegado a un principio de acuerdo Gobierno Nacional, Gobierno Departamental del Valle del Cauca y Gobierno municipal de Cali. También hemos incluido la CVC.

Consiste en lo siguiente: estamos hablando de Laguna del Pondaje, Charco Azul y Jarilló.

El municipio coloca todo el lote del potrero grande. Con Emcali le hemos pedido, le hemos la solicitud que coloque los servicios públicos domiciliarios. Yo ahora le venía contando al Presidente para ver si el Presidente nos ayuda a que Emcali asuma esta responsabilidad.

El Gobierno Nacional va a estudiar, incluso por vía del Fondo de Desastres, 2.700 subsidios de vivienda para una reubicación de 2.700 viviendas.

Y la Gobernación del departamento del Valle del Cauca se ha comprometido con el Gobierno Nacional, a que por cada subsidio coloca dos millones, o sea que colocaría 5.400 millones en vivienda.

Esto nos permitiría hacer una reubicación, con autoconstrucción, donde prácticamente ninguna familia quedaría endeudada por el tema de vivienda, Presidente. Ayer se acordó esto como principio de acuerdo.

Presidente de la República: Entonces el Gobierno Nacional va a cumplir con el aporte de esos subsidios, y aquí le he pedido al doctor Juan Lozano, alto consejero de la Presidencia, que intervengamos ante Emcali, empresa que hemos recuperado, gracias a Dios, muchísimo, y que le muestra hoy un mejor porvenir a la ciudad, para que Emcali se comprometa a instalar la infraestructura que se requiere allí. Vamos a buscar eso.

Suprimir parcialmente el texto del artículo 20 de la Ley 617. Yo les quiero hablar con toda franqueza. Una de las características que debe tener el período de innovación y profundización democrática que se inicia en Colombia, es que no se deje de gobernar y no se deje de construir credibilidad.

Ustedes han presentado una serie de propuestas, vamos a analizarlas desprevenidamente, a examinar con todo cuidado la iniciativa de ley que ha presentado el honorable Concejo, y reciban estos comentarios como unas primeras reacciones llenas de buena fe y muy francas.

La Ley 617 ha sido muy dura, pero muy importante. La ley 617 en alguna forma ha ayudado a salvar fiscos departamentales y municipales. Tiene respaldo en el pueblo, en la opinión.

Hoy no hay gobernabilidad si no hay opinión. Si ustedes quieren tener gobernabilidad en los concejos, tienen que tener opinión. Si alcaldes y gobernadores quieren tener gobernabilidad, no les basta con apoyarse en asambleas y concejos, tienen que tener opinión. Todos tenemos que buscar estar conectados con esa expresión de la democracia directa que es la opinión.

Yo no buscaría, doctor Fabio, hoy, introducirle unas reformas en esta dirección a la Ley 617. Buscaría reivindicar los concejales de otra manera: con la seguridad social, con la vivienda, con las inhabilidades.

Me parece importante discutir el tema de la prima. Ustedes piden que la prima que se reconoció a los alcaldes se les extienda a ustedes.

Tienen que hacer una cosa: tienen que explicarle muy bien al país y mirar con cada presupuesto. Y ustedes tienen un elemento a favor: ustedes no están vinculados como asalariados. Ustedes son una categoría de servidores públicos vinculados por honorarios. Hay que explicar bien eso, para que el país entienda por qué.

Mi proposición sería que esta como otras reivindicaciones, las estudiemos selectivamente. Solamente para el caso de aquellos municipios donde los concejales tienen una remuneración inclusive que es inferior al salario mínimo. Que estudiáramos esto selectivamente. Les pediría esto al Ministro y a Hernando Angarita.

Eliminar la retención. Tengo dos propuestas. La primera: hagamos el esfuerzo de universalizar el seguro de salud familiar en los concejales. Si lo logramos, bien. Si no lo logramos, entonces miremos el tema de las retenciones, que también habría que mirarlo selectivamente, para aquellos casos de los municipios cuya categoría genera una retribución a los concejales, bastante precaria.

Ya hablamos del tema de seguridad social, del tema de capacitación, del tema de vivienda.

El tema de inhabilidades. Ustedes tienen razón en esto, lo recogió muy bien el ministro Sabas: para ser concejal hoy hay que expatriarse. Una cosa es la honradez y otra cosa es el fundamentalismo. No por ser fundamentalista se es honrado.

A mí lo que me preocupa es que, como lo denuncian ustedes, la ley de inhabilidades haya excedido las inhabilidades constitucionales. Una cosa es que ustedes vayan a robar y otra cosa es que puedan trabajar lícitamente. Yo soy partidario, con mucha franqueza con la opinión pública y con mucha lógica argumental, de revisar las inhabilidades, como lo he venido diciendo.

Todos estos temas puntuales, más los otros que están en su proyecto de ley, convirtámoslos en una agenda de trabajo. No en un compromiso demagógico, porque perdemos la credibilidad, sino en una agenda de trabajo, a ver qué es posible, qué no es posible, a ver qué opciones aparecen, y creo que podemos salir adelante.

Ustedes tienen que ser los garantes de la transparencia en este país, ánimo en eso, y vamos a luchar por la seguridad de ustedes, apreciados concejales.

El acuerdo humanitario. No tengo nada que repetir, querido amigo. Hemos aceptado un trabajo del Comisionado con las familias de los diputados vallecaucanos, para buscar un sitio, no una zona de despeje. Ah bueno que hubiéramos hecho ese acuerdo humanitario.

¿Qué limitaciones tiene el Gobierno? El tema de la zona de despeje y que aquellos guerrilleros que salgan de la cárcel no vuelvan a delinquir.

Hemos ofrecido en lugar de la zona de despeje, un sitio con todas las garantías. Garantías para que lleven allí a los voceros de la guerrilla, garantías para que negocien allí durante el tiempo de la estadía, garantías para que los regresen. Y que esas garantías las dé una entidad nacional e internacional, o muchas. El buen pagador no se pega de las prendas, el buen pagador no rechaza prendas.

Esta mañana me decían por allí al oído, aquí al sur de Cali, pero sin que yo tocara el tema –yo fui a una cosa muy distinta, yo fui a inaugurar una planta de alcohol carburante y a pedir que resolvamos el problema en la Hoya del Río Suárez en Santander, y a pedir que desarrollemos proyectos de alcohol carburante a partir de yuca para generar empleo, y a pedir lo de biodiesel a partir de la palma africana–, y se me arrimaron varios ciudadanos a decirme: Presidente, somos de Florida, de Pradera, no vaya a despejar.

Un país que está pidiendo que en lugar de guerrilla o paramilitares haya Fuerza Pública, expresión de la Constitución, no puede ponerse a despejar zonas del territorio, queridos amigos.

Las hemos tenido despejadas por parte del Estado para que se apoderen de ellas los bandidos. Ahora que estamos en el proceso difícil de recuperarlas, no podemos reversar.

¿Cuál es el interés de la guerrilla? El interés de la guerrilla es tener un sitio, poder negociar seguramente, con seguridad, en un sitio, el que quieran escoger. Les hemos ofrecido una embajada, la Nunciatura, una escuelita rural o urbana, un sitio. O sea el Gobierno está dispuesto a dar todas las garantías, con garantes nacionales e internacionales para que puedan negociar.

Y yo sí creo que los colombianos no me acompañarían en esto. ¿Qué les parece a ustedes soltar los guerrilleros para que vuelvan a delinquir? ¿Que los soldados que están mutilados en las clínicas vean que salen los tipos nuevamente a ponerse el camuflado y a llenarse de explosivos terroristas?

Yo he dicho: miren, si salen de la cárcel que no vuelvan a delinquir, que se vayan al extranjero a un país como Francia y que ese país se comprometa a darles todas las condiciones de vida digna y a que no vuelvan a delinquir.

O si se quedan en Colombia que se entren al programa de reinserción. Esas dos son las dos condiciones, que son razonables. Si no fueran razonables, amigo, las hubiéramos retirado hace rato.

Muchas gracias.