FORO SOBRE EXCELENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO
Agosto 28 de 2006 (Bogotá – Cundinamarca)

Compatriotas:

Quiero saludar a todos los asistentes a este certamen convocado por Acción Social de la Presidencia de la República, y agradecerles su participación, que será tan importante para incentivar la eficiencia en el sector público colombiano.

Quiero felicitar a la Ministra de Educación (Cecilia María Vélez), a todo su equipo, por haber logrado la certificación en la modalidad más avanzada, que se constituye en un ejemplo para el Gobierno Nacional.

También a Luis Alfonso Hoyos y al equipo de Acción Social de la Presidencia de la República, que se han venido convirtiendo en pioneros en materia de eficiencia y de certificaciones de calidad.

Nosotros requerimos una administración pública con eficiencia, con agilidad, con austeridad y con transparencia. Un Estado al servicio de la comunidad, un Estado que finalmente sea bien calificado por la propia comunidad.

Ese Estado, para poder ser eficiente, ágil, austero, transparente, requiere una permanente fiscalización comunitaria, que es lo que garantiza la responsabilidad política de los funcionarios, para que los funcionarios, a través de esa responsabilidad, derivada de la participación comunitaria, se constituyan en garantes de que el Estado cumpla los cuatro objetivos propuestos.

Nosotros hemos buscado que la participación comunitaria sea la causa eficiente del Estado ágil, del Estado eficiente, del Estado transparente, del Estado austero. Y hemos implementado esa participación comunitaria en la contratación, en la toma de decisiones, en la ejecución de decisiones y en la supervisión de la marcha del Estado.

En la contratación, hace casi cuatro años expedimos el decreto 2170, decreto que obliga a una serie de procedimientos de participación comunitaria para garantizar la transparencia en la contratación.

Ese decreto, por ejemplo, creó la instancia del prepliego, para superar la suspicacia que existía en el sentido de que amplios sectores de la opinión pública, en cada pliego de condiciones que abría una contratación, veían una posibilidad de corrupción, veían un cierto sesgo en favor de alguno o de algunos de los proponentes potenciales.

Ahora, con la etapa del prepliego que se publica, que se somete a la discusión de la ciudadanía en general, de todos los posibles participantes, se garantiza allí no sólo transparencia sino también confianza de la ciudadanía en el proceso de contratación.

Ha sido muy importante la publicidad por parte del Estado para permitir participación de la ciudadanía y participación de los órganos de control en varios procesos del Estado.

Quiero referirme a dos: el proceso para superar una serie de litigios que encontramos en la administración pública, y también el proceso para acuerdos del Estado con los particulares sobre patrimonios públicos.

En cuanto a lo primero, es bastante difícil para una Nación avanzar en su desarrollo cuando casi todas las concesiones viales y todos los contratos de asociación con los particulares en el sector de las comunicaciones, están en litigio.
Nosotros nos propusimos superar esos litigios, pero encontramos allí dos grandes barreras: el temor de los funcionarios a los órganos de control y la suspicacia de amplios sectores de la opinión pública que en cada transacción veían un acuerdo vitando.

Entonces para poder superar esas barreras nos propusimos abrir las puertas de la comunicación y las puertas de la participación. ¿Qué hemos hecho? Antes de perfeccionar cualquiera de esos acuerdos, han sido publicados ampliamente para que la opinión los conozca, para que los órganos de control los conozca, y no se han perfeccionado sino después de que ha pasado un suficiente tiempo de esa etapa de publicación.

Eso ha ayudado mucho a que haya confianza en la ciudadanía sobre estas transacciones, a que haya confianza en los órganos de control, y finalmente, cuando hay confianza en unos y otros, el funcionario también recupera confianza para ejercer confiado las competencias, las atribuciones de la ley.

Y en el caso de las enajenaciones oficiales, de los diferentes actos que comprometen los patrimonios públicos, hemos procedido de manera semejante. Voy a citar solamente un ejemplo: el de Telecom.

El Gobierno Nacional, antes de perfeccionar el acuerdo que enajenó parte del patrimonio de Telecom, publicó ampliamente esas condiciones. Le puso a la contraparte la obligación de que no se perfeccionaría el contrato sin tener el visto bueno de los órganos de control, sin agotar una etapa de amplia publicación para facilitar el control ciudadano.

Y así fue. Y vinieron unas objeciones de la Contraloría General de la Nación. El Gobierno las recibió y las tramitó, y se reabrió el proceso y todo salió bien, con un buen resultado.

Eso nos está ayudando, entre otras cosas, a que en nuestra Patria se esté dando un sistema de administración bastante peculiar de los patrimonios públicos, y diferente de la tendencia que traía América Latina.

Hace pocos días, en la posesión del presidente Alan García en el Perú, tenía la posibilidad de hablar con muchos funcionarios peruanos, y ellos coincidían con nosotros en que muchos países de América Latina se vieron sometidos o a un extremo u a otro. O al extremo de mantener unos patrimonios públicos controlados por burocracias sindicales o políticas, ineficientes, llenos de dogmatismo, que finalmente llegaron a su propia ruina. O al otro extremo, el extremo neoliberal de la década de los 90, de desmantelar el Estado, de desmantelar el patrimonio público.
Nosotros hemos podido avanzar en el fortalecimiento del patrimonio público construyendo confianza en la ciudadanía: un patrimonio público que crezca, que sea sostenible, que ayude a satisfacer los grandes anhelos comunitarios y que no sea obstructor de la iniciativa privada. Y en ello contribuye muy eficientemente la participación comunitaria.

Creo que los dos episodios que vivió el país la semana pasada, son una clara muestra de la bondad de publicarlo todo, de esa participación comunitaria.

Me refiero a la licitación para la construcción, para la concesión del Aeropuerto Eldorado, y a la licitación para escoger el socio de Ecopetrol en la modernización de la Refinería de Cartagena. Ambas licitaciones le garantizan al país una inversión extranjera directa, solamente por esos dos conceptos, del orden de 1.300 millones de dólares.

¿Cómo se hicieron? En unos procesos cuya transparencia la protocolizó la publicidad. El jueves, desde horas muy tempranas, el país siguió a través de la televisión lo que muchos calificaron la tensa audiencia pública para adjudicar la concesión de Eldorado.

En lugar de un rumor, en lugar de que todo se manejara en voz baja, allí se permitió que todos los contratistas, todos los proponentes, conocieran las calificaciones hechas por el equipo calificador del Ministerio, de la Aeronáutica Civil. Que presentaran sus argumentos en contra, que todos los proponentes pudieran referirse a su propia propuesta y a las propuestas de los demás.

Y finalmente, en ese proceso público que generó confianza, se pudo tomar una decisión que el país recibió bien, que el país recibió con confianza.

Algo parecido ocurrió en el proceso para seleccionar el socio de Ecopetrol para la Refinería de Cartagena. Un tema político bien delicado, porque sectores políticos y sindicales han tenido resistencia histórica a que Ecopetrol vincule en este tipo de proyectos al capital privado.

No ha sido fácil para el Gobierno, primero, introducir las reformas que se introdujeron en la parte laboral y pensional de Ecopetrol, en lo que se llamó el conflicto laboral que vivimos durante tres años en la empresa, exitosamente conducido y cerrado por el entonces ministro Luis Ernesto Mejía y por Isaac Yanovich, presidente de Ecopetrol.

Y no fue fácil aclimatar en elpaís y responder a los sectores que se oponían a que se abriera el espacio de la participación privada en la Refinería de Barranca. Si esa decisión, antecedida por tanta discusión política, no se hubiera implementado con la transparencia con que se implementó, si no se hubiera perfeccionado de la manera pública como se hizo la semana anterior, habría creado dudas, suspicacias, en sectores de opinión. Y el país lo recibió bien, y con cuánto jubilo y con cuánto entusiasmo lo recibe la ciudadanía de Cartagena, que allí ve la posibilidad de una gran reivindicación económica.

Y esto ayuda a que crezca el patrimonio público, a que el patrimonio publico no tenga que someterse a cualquiera de los extremos que se vivían en América Latina: ni a destruirlo por la vía de desmantelar el Estado, ni al extremo de destruirlo por no transformarlo, por no reformarlo.

Por ejemplo, yo creo que hoy vale más mucho el patrimonio público, el patrimonio del Estado colombiano vinculado a la Refinería de Cartagena, que lo que valía antes de esta licitación. Teníamos el ciento por ciento de una refinería en vía a la ruina, en vía a chatarrizarse. ¿Qué valía eso? Empezaba a tener un valor negativo. Hoy tendremos el 40, el 50 por ciento de una refinería que empieza a recibir una inversión cercana a los 800 millones de dólares, y que va a tener un gran valor.

Entonces es mucho mejor para el Estado avanzar en estos procesos de reforma, con toda la transparencia, garantizar la eficiencia y el valor del patrimonio público, que permitir que esos patrimonios públicos se pierdan.

En el caso de Telecom, sí es cierto: hace cuatro años el Estado tenía el ciento por ciento, con un valor negativo, unas pérdidas de más de 400 mil millones al año, una gran incertidumbre para el futuro de los pensionados, de los trabajadores, de la inversión pública en telecomunicaciones en zonas donde no llegan las empresas privadas, de la inversión que se requiere en banda ancha en internet.

Hoy el Estado no es dueño del ciento por ciento, es dueño del 50 por ciento menos una acción, y eso tiene valor positivo y un promisorio valor futuro. Es mucho mejor que el Estado sea dueño de ese 50 por ciento menos una acción, con todo el valor positivo presente y futuro que se espera, a que el Estado hubiera seguido asistiendo, como dueño del ciento por ciento, a la muerte de la institución.
Y esto se ha hecho con unos procesos de participación comunitaria que garantizan eficiencia y confianza. Diría yo que finalmente toda esta tarea de mejorar la administración pública debe producir un resultado, que es la confianza del Estado en la administración pública.

Hace cuatro años, solamente el 36 por ciento de las entidades nacionales habían logrado el fenecimiento por parte de la Contraloría General de la Nación. En el ejercicio fiscal de 2005 ya no es el 36 por ciento sino el 72 por ciento. Dimos un salto importante, pero no estamos contentos.

A mí una profesora solía entregarme en la universidad las calificaciones en una libretica, y en el anverso me ponía las cosas positivas y en el reverso las negativas. Y yo le preguntaba: usted me entusiasma mucho cuando me pone las positivas, y después volteo la página y encuentro las negativas y me siento muy triste. La respuesta que me daba era: lo introduzco con las positivas para prepararlo mentalmente, no para que reciba las negativas, sino para que las mejore.

Entonces nosotros tenemos que introducir el tema del fenecimiento con las positivas. Ciertamente hemos pasado del 36 al 72 por ciento de fenecimiento. Hasta allí las positivas. ¿Pero cuál es la negativa? Que todavía tenemos ese 28 por ciento, que todavía tenemos 56 –57 entidades nacionales, muchas de las cuales en liquidación, que no han logrado el fenecimiento.

Uno de los objetivos de la administración que empieza: obtener el fenecimiento en el ciento por ciento de las entidades nacionales.

Y de la mano de este problema, otro: una gran cantidad de entidades en liquidación, patrimonios que se quedan períodos ilimitados de tiempo en liquidación. Una de las tareas en que estamos empeñados es ponerle punto final a esas liquidaciones, es someter esas liquidaciones a períodos definidos, razonables, de tiempo, porque continúan indefinidamente, no fenecen las cuentas, no resuelven el problema frente a los acreedores, y demandan permanentes gastos de parte del presupuesto nacional.

Pero tampoco podemos conformarnos con el fenecimiento. Hay que mejorar la calificación. De acuerdo con los rangos de calificación de la Contraloría General de la Nación, el esfuerzo que queremos hacer es que cada año, cada entidad muestre que avanzó en la escalera, en el rango de calificación de la Contraloría General de la Nación.

Necesitamos mostrarle eso al país, año tras año, para que el país pueda incrementar su confianza en la administración pública.

Y el otro objetivo es el de que todas las entidades nacionales tengan los certificados de calidad. Por eso celebro mucho los buenos ejemplos. Ahí está la buena noticia, la mala y el reto.

¿Cuál es la buena? Entidades ya como el Ministerio de Educación, con todos los procesos certificados; el Ministerio de Minas, buena parte certificado; Acción Social de la Presidencia, ha avanzado mucho en la certificación; Cultura y Ambiente, ya tienen parciales certificaciones o están próximos a recibirlas.

¿Qué es lo malo? Que apenas constituyen una mínima parte de todo ese gran conglomerado que es la administración pública nacional. ¿Cuál es la tarea? La tarea es avanzar para que todos se pongan al día, para que todos mejoren y todos puedan recibir esta certificación.

Les agradezco muchísimo a todos, especialmente a Acción Social de la Presidencia, la oportuna convocatoria de este foro. Muchas gracias a Cafam, por recibirnos acá, Luis Gonzalo. Muchas felicitaciones a la Ministra de Educación y a su equipo, a Luis Alfonso (Hoyos) y a su equipo. Y urjamos todos, trabajando denodadamente, para que de manera rápida veamos todas las entidades nacionales con los certificados, los más óptimos certificados de calidad.

Recordemos: el fin de la administración pública es la confianza de los ciudadanos en la administración pública. Hay unos objetivos para lograr esa confianza: un Estado eficiente, ágil, austero, transparente. Y para lograr ello, necesitamos amplia participación de la ciudadanía.

Finalmente, como dijera el ex presidente Laureano Gómez, el tema del Estado, más que de estructuras, es de seres humanos. El ser humano, responsable de la administración pública, logra esos objetivos en la medida que haya una participación ciudadana que lo compulse, que lo presione, que lo puye a asumir responsabilidades políticas, para que la entidad a su cargo sea una entidad modelo.

A todos, muchas gracias.